Comisión investigadora de cárceles concesionadas adjudica responsabilidades al Gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos.

Comisión investigadora de cárceles concesionadas adjudica responsabilidades al Gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos.

 

"Quedó demostrado en la comisión que no hubo una política completamente seria en relación a la implementación del proceso de cárceles concesionadas. Ello se vio reflejado en un cúmulo de impedimentos que frustró que el conjunto de cárceles, que se habían prometido a través de un discurso presidencial, no se entregaran en tiempo y forma", señala el informe aprobado este jueves por 39 votos a favor a favor, 4 en contra y una abstención.

El documento señala que "de las declaraciones de los ex Ministros Jaime Estévez y Eduardo Bitrán, junto con las del Ministro de Justicia, se concluye una falta de preparación en la puesta en marcha del proceso de concesiones de cárceles".

Añade que "las situaciones descritas anteriormente, denotan que la implementación y posterior puesta en marcha del proceso de concesiones carcelarias obedeció a lógicas poco técnicas en su implementación, corroboradas por la Contraloría cuando ha planteado que se omitieron auditorias, como, asimismo, en que los controles internos de fiscalización tampoco funcionaron adecuadamente".

"Tampoco la Institución de Gendarmería estaba preparada presupuestariamente para avocarse al nuevo sistema de concesiones carcelarias. La escasez de personal, hizo que los turnos de los funcionarios se extendieran más allá de lo previsto, como asimismo, el vestuario y otros elementos de seguridad, no fueron considerados al inicio de este plan", señala el informe.

Perjuicio para las PYMES

El documento también describe el perjuicio para las Pequeñas y Medianas Empresas que participaron en el proceso de construcción de las cárceles.

"A partir de las declaraciones de los invitados, se develó una serie de situaciones que, si bien se encuentran amparados en la ley de concesiones y en general en el ordenamiento jurídico que regula este tema, condujo a una serie de dificultades de carácter económico, laboral y social, tanto para los representantes de las PYMES como para los trabajadores que se desempeñaban en cada una de estas empresas.

"A modo de ejemplo, la ley no contemplaba mecanismos de solución de controversias rápidos y expeditos que solucionaran las controversias entre las PYMES y las empresas concesionadas. Así las cosas, al tratarse de "problemas entre particulares" debieron recurrir a la justicia ordinaria con el objeto de hacer efectivos sus derechos y acreencias. En este punto, creemos, el Estado tomó una actitud pasiva al no preveer eventuales conflictos entre las propias PYMES y las concesionarias. En este orden de ideas, pensamos que uno de los fundamentos centrales de la situación catastrófica que vivieron las empresas chilenas se debió a una improvisación en la implementación del plan de cárceles concesionadas.


Capital menor

El informe dice que "se observó que el capital de las empresas concesionarias estaba por debajo de las obras ofertadas, lo cual no da satisfacción del cumplimiento de las obras, amén que permitía que se ofertara a un precio mucho menor, con lo que se dejaba afuera a empresas más solventes en el rubro de la construcción y más grandes que podrían satisfacer mejor los intereses demandados por el MOP".

"Asimismo, se aprecia que estas empresas concesionarias de bajo capital, han monopolizado la construcción de las distintas obras licitadas. A lo anterior se suma el reglamento del MOP, que establece que debe adjudicarse al proyectista más barato, los que presentan deficiencias en la ejecución de las obras, que luego hay que arreglar a través de modificaciones de obras".

Perjuicio al Estado de Chile por indemnizaciones millonarias

"También se dejó presente que la propia Contraloría General del República emitió un informe denominado "programa horizontal de fiscalización de obras públicas concesionadas" (lo anterior a nivel nacional), de fecha 17 de febrero del año 2000, en el cual se efectuaron observaciones al procedimiento de conciliación que se llevaba a cabo en el proceso de concesiones carcelarias".

"La excesiva lentitud, lo que implicaba mayores costos para el Ministerio -y, en consecuencia, para el Estado- ha implicado un mayor pago por parte del Ministerio de Obras Públicas perjudicando, sin lugar a dudas, el patrimonio económico del Estado de Chile.

Inoperancia de los sistemas de control de los Inspectores Fiscales del MOP

El informe es particularmente crítico del actuar del Director General de Obras del MOP, al señalar que "sabido es que la designación de los Inspectores fiscales corresponde al MOP, a través de la dirección del Director General de Obras Públicas. Es precisamente este funcionario en el que recaen las mayores responsabilidades, sobre todo, en consideración a que la Contraloría emitió un informe donde expresa que es el Inspector Fiscal quien debe fiscalizar la construcción de las edificaciones en terreno que se estaban realizando, informando detalladamente de los estados y avance de las obras".

Indica el informe que "los establecimientos correspondientes a Iquique, Valdivia y Puerto Montt recibieron la puesta en servicio definitiva, no obstante persistir observaciones, vulnerando con ello, claramente, las bases de licitación, visadas y autorizadas por la autoridad designada para estos efectos".

En cuanto a las cárceles de Valdivia y Puerto Montt, debido a su condición atmosférica y geográfica, fueron aquellas en que más se reflejó las fallas en la construcción y diseño, de acuerdo a lo dictaminado por la Contraloría.

Inspectores no son funcionarios públicos

Señala el informe que "si bien la responsabilidad que la Contraloría General de la República ha consignado respecto de los Inspectores Fiscales es directa, también es dable a considerar que estos Inspectores no tienen la calidad de funcionarios públicos, en consecuencia, su responsabilidad sólo es perseguible desde el punto de vista civil".

"Lo anterior, agrega, reviste una importancia máxima por cuanto lo que en parte se pretende en la presente comisión investigadora es dilucidar eventuales responsabilidades políticas de quienes siendo funcionarios públicos cometen actos que irrogan perjuicio al Estado".

"Naturalmente, como es sabido, la responsabilidad de los inspectores fiscales deberá perseguirse en la esfera de competencia propia de los particulares. Lo que no puede quedar sin sanción política es la responsabilidad de quienes, teniendo la obligación de implementar el proceso de concesiones carcelarias, no lo realizaron de acuerdo a parámetros que aseguraran un óptimo resultado, o bien, implementando dicho plan lo hicieron negligentemente".

"De tal manera, es necesario consignar en el informe de esta comisión, la responsabilidad ministerial, al menos de los ex jefes de las Carteras de Justicia y Obras Públicas, por sus responsabilidades en el diseño y posterior implementación del proceso de concesiones carcelarias", señala el informe cuyo texto completo se adjunta.

Jueves 6 de agosto de 2009

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Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU

 

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