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sábado, mayo 14, 2011

CASOS DE ASTREINTES

EN CHILE SE DEBERIA LEGISLAR SOBRE LAS ASTREINTES
 
Justicia intima a docentes a acatar la Conciliación Obligatoria
Infoglaciar
De no avenirse a la Conciliación, el juez Carlos Arenillas fija astreintes
de mil pesos por día, en que se continúe en la huelga. ...
<http://www.infoglaciar.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=13047:justicia-intima-a-docentes-a-acatar-la-conciliacion-obligatoria&catid=16:asia&Itemid=33>

La Justicia intimó a los gremios a acatar la conciliación obligatoria
PrensaLibreonline
... bajo apercibimiento de fijar astreintes de pesos un mil, por cada día
de demora e incumplimiento, sin perjuicio de dar intervención,
oportunamente, ...
<http://www.prensalibreonline.com.ar/dblog/noticia.asp?id=16310>

El Tribunal de Familia ordena medida cautelar contra el abogado Torres
LaHoradeJujuy
bajo apercibimiento de aplicar astreintes y solicitar la intervención
policial inmediata, remitiendo las presentes al Juez de Instrucción Penal
de Turno, ...
<http://www.lahoradejujuy.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=29545:el-tribunal-de-familia-ordena-medida-cautelar-contra-el-abogado-torreso&catid=91:policiales&Itemid=280>

Fuente:

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Rodrigo González Fernández
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ARDID LA PALABR CLAVE EN CASP KODAMA, QUE SIGNIFICA

ardid
 
Es un sustantivo masculino
 
 
 
Con artificio, maña, amaño, astucia, treta, añagaza, estratagema, engaño y red se hace hincapié en la habilidad e ingenio con que se realizan las acciones; maña y amaño se emplean generalmente en plural; trastada, manejo y triquiñuela se usan para referirse a las acciones injustas y perjudiciales que realizan una o varias personas en daño de otras, principalmente para beneficiarse de ellas; red se usa generalmente con el verbo tender.

Diccionario Manual de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L.


Fuente:RG

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Contraloría acusa "ardid" de ex jefes del Serviu y dice que deuda a Kodama no supera $ 131 millones

ARDID ES LA PALABRA CLAVE EN CASO KODAMA

Contraloría acusa "ardid" de ex jefes del Serviu y dice que deuda a Kodama no supera $ 131 millones

Acuerdo entre los ex colaboradores del Minvu y la constructora fijó indemnización en $ 17 mil millones.

por J.M. Wilson y M. Valencia
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A una reunión extraordinaria convocó ayer el Presidente Sebastián Piñera, a las 17.40, al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter; la vocera de Gobierno, Ena von Baer, y la jefa de asesores presidenciales, María Luisa Brahm.

La Moneda había recibido una hora y media atrás el informe de la investigación especial de Contraloría sobre la polémica indemnización pactada entre el Serviu Metropolitano y la constructora Kodama. La indagación había surgido por una denuncia del senador Alejandro Navarro, quien fue el primero en recibir una copia del informe, a las 15.24 horas, vía correo electrónico.

En el documento, la entidad fiscalizadora advierte un "ardid" para evitar que la Contraloría revisara el monto de la indemnización y cuestiona las "conductas destinadas a obtener rápidamente" una autorización del Ministerio de Vivienda para pagar a Kodama sin antecedentes técnicos ni jurídicos que avalaran la medida.

El acuerdo -que se fijó en $ 17 mil millones- se basaba en el reclamo de la constructora por mayores gastos en la construcción de un corredor vial en avenida Pedro Aguirre Cerda, según una licitación realizada en 2006.

Producto de esto la empresa demandó al Serviu por más $ 41 mil millones, pero desistió de la acción luego de que se alcanzara un acuerdo entre abogados de la firma y funcionarios del Serviu y del ministerio, entre ellos, Alvaro Baeza, asesor jurídico de la ex ministra de Vivienda, Magdalena Matte.

En sus conclusiones el informe menciona que si hubiese procedido un pago sólo correspondían $ 131.351.373, un monto 126 veces más bajo que los $ 16.636.412.630 que visó Matte, por sugerencia de Baeza y las autoridades del Serviu. Aun así, la entidad fiscalizadora desliza que la indemnización estaba prescrita y no se ajustaba a las bases contractuales.

"Se advierte la existencia de un 'ardid', toda vez que, algunos funcionarios del servicio y del ministerio, por una parte, realizaron actuaciones destinadas a omitir el control de legalidad de esta Contraloría General", se lee en el documento, que sostiene que una transacción de ese tipo debía someterse "necesariamente" al trámite de toma de razón.

Si bien Contraloría no incluye a Matte en el supuesto "ardid", establece que la ex ministra no fue asesorada debidamente y no ejerció un control efectivo de los servicios bajo su dependencia.

La conclusión del órgano fiscalizador alude a una de las principales dudas sobre una presunta colusión entre funcionarios del Serviu y representantes de la constructora para pactar un monto. Esto, además, fortalece la línea de investigación que lleva adelante el fiscal José Morales, que indaga un eventual fraude al Fisco.

En La Moneda, los cálculos apuntaban a que el informe daba piso para anular el proceso de indemnización y, de paso, no salpicaba a nuevas autoridades.

El documento de 60 páginas -elaborado conjuntamente por dos divisiones del organismo: Auditoría Administrativa e Infraestructura y Regulación- centraba las indagaciones en seis personas.

Además del rol de Matte y Baeza, el informe menciona, además, al ex director del Serviu, Antonio Llompart, el ex subdirector jurídico del servicio Rafael Marambio, el ex subdirector de Pavimentación, Franz Greve y la jefa jurídica del Minvu, Mirna Jugovic.

El texto finalmente notifica que Contraloría iniciará un sumario en atención a que algunas actuaciones de "servidores, funcionarios y agentes públicos podrían constituir una transgresión de sus deberes y a las normas sobre probidad administrativa". Con esta frase el órgano fiscalizador da cuenta de que el sumario podría abarcar desde Matte, (en vista de la calidad de "servidor público" que poseen los ministros), hasta Baeza (quien era funcionario a honorarios y cae en la categoría de "agente público").

Ofensiva de La Moneda

En la reunión realizada ayer en la tarde en La Moneda, la instrucción de Piñera fue reforzar que el contrato había sido heredado del gobierno de Michelle Bachelet y que la actual administración actuó en forma transparente frente a las denuncias.

Si bien la Contraloría no profundizó en la gestación del contrato con Kodama, ayer, la vocera de Gobierno, Ena von Baer, dijo que "el informe también pone sobre la mesa el hecho de que en este caso se cometieron errores desde un principio, desde el año 2006, en la forma en que se realizó la licitación".

A su turno el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, dijo que su cartera "reconoce que se cometieron errores en los procedimientos de control interno". Para evitar episodios similares el ministro anunció que mejorarán los procesos y controles internos, estandarizarán las bases para licitaciones y, además, iniciarán auditorías al interior del Serviu.

En la oposición, en tanto, se levantaron voces que buscan reflotar la presentación de una acusación constitucional en contra de Matte.


Fuente:LT

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Von Baer asegura que "hemos actuado como nunca antes se había realizado en el Estado Chileno"

Von Baer asegura que "hemos actuado como nunca antes se había realizado en el Estado Chileno"

La vocera de gobierno aseguró que en el caso Kodama "no se va a pagar ningún peso que no esté 100% acreditado", y que desde ya el ministerio de Vivienda está trabajando en mejorar los mecanismos de control para este tipo de casos.

14/05/2011 - 17:51
© AgenciaUNO

La vocera de gobierno, Ena von Baer, se refirió al reciente informe de Contraloría, que cuestiona el millonario acuerdo entre el ministerio de Vivienda y la constructora. La secretaria de Estado recordó que "se frenó el pago y por lo tanto, no se ha gastado ningún peso del Estado. Acá no se va a pagar nada, ningún peso que no esté 100% acreditado, y eso queda reflejado en el informe que entrega Contraloría", dijo a CNN

"Hemos actuado en el caso Kodama como nunca antes se había realizado en el Estado Chileno, reconociendo cuando hay un error, asumiendo la responsabilidades, actuando con 100% transparencia, y entregando todos los antecedentes a aquellas instituciones que están investigando, en este caso Contraloría y los tribunales de justicia"agregó la titular de la Segegob.

La vocera, además, aseguró que el ministerio de Vivienda está haciendo los cambios necesarios para prevenir situaciones como éstas. "Se está trabajando fuertemente para que el ministerio tenga muchos más controles, y con eso se recoge una de las conclusiones más importantes de este informe de Contraloría", dijo.

En cuanto a las responsabilidades políticas por el caso, Von Baer dijo que "todas las personas que de alguna manera estuvieron involucradas en este caso renunciaron. Se están haciendo las investigaciones, y si hay que asumir alguna responsabilidad más, eso lo tendrán que definir los tribunales de justicia"

Respecto a  las acusaciones del senador MAS Alejandro Navarro, quien aseguró que los asesores del segundo piso de La Moneda habrían apurado el acuerdo entre Vivienda y la constructora Kodama, la vocera sostuvo que "yo no voy a responder esas conspiraciones febriles del senador Navarro. Me parece que hacer tantas acusaciones sin ningún fundamento no el hace ningún bien a nuestra democracia"

"Nosotros acá tenemos un informe de Contraloría que es muy serio, que establece todo lo que ha sucedido, y la verdad es que el senador Navarro está haciendo elucubraciones que no sé de dónde las saca".


Fuente:

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CASO KODAMA: Ente contralor establece "ardid" en el Serviu para evadir el control del pago a constructora

La indemnización que correspondía era de $131 millones y no $17.000 millones:
Ente contralor establece "ardid" en el Serviu para evadir el control del pago a constructora

Representantes de Kodama y el Serviu fraguaron operación para establecer monto compensatorio sin acuerdo del organismo. Demanda de Kodama fue una estrategia del ex subdirector jurídico Rafael Marambio, para dar rápida salida al conflicto.  


P. Gutiérrez y E. Droguett 

"Se advierte un ardid, toda vez que algunos funcionarios del servicio (Serviu) y el ministerio (Vivienda) realizaron actuaciones para omitir el control de la legalidad de esta Contraloría a sabiendas (...) de que sus acuerdos con la empresa serían objetados".

Así concluyó el organismo fiscalizador sobre las transacciones en que participaron el ex asesor Álvaro Baeza, consejero de la ex ministra Magdalena Matte; el ex director de Serviu metropolitano Antonio Llompart; el ex subdirector de pavimentación Franz Greve, y el ex subdirector jurídico, Rafael Marambio, junto a representantes de Kodama, para acordar la indemnización de casi $17 mil millones, en virtud de gastos generales y días de atraso del corredor Pedro Aguirre Cerda.

El conflicto comenzó el 25 de agosto, cuando Kodama exigió del Serviu compensaciones por atrasos de obra, que estimaban que no eran de su responsabilidad.

El principal obstáculo fue la objeción de Contraloría para autorizar un pago de poco más de $ 959 millones por gastos generales. Además, la empresa había firmado convenios donde renunciaba a percibir compensaciones.

En noviembre se efectuaron reuniones para poner precio al atraso de obras. Según Contraloría el Serviu indica que el órgano contralor "establece una posición complicada, porque define un valor irreal". Pero un funcionario del Serviu le dice a Kodama que "este tema no pasará por Contraloría".

Según explicó la ex contralora interna de Serviu, fue Rafael Marambio quien planteó una salida: "La demanda estaba acordada con la empresa, con el objeto de dar mayor rapidez a la solución". Así se daba legalidad a resoluciones que tenían que ser vistas por Contraloría.

Sin justificación

El ex subdirector de pavimentación Greve y el abogado Marambio establecieron que la idemnización a Kodama debía ser de $14.096.984.927, pero el desglose recién se presentó por escrito el 4 de marzo, con lo cual se envió a la ministra Matte un informe sin respaldo. La cifra llegó a los casi $17 mil millones cuando se le sumó una multa a Kodama por el corredor Santa Rosa.

El ex director del Serviu reconoció ante Contraloría que "no requerí informes técnicos, financieros ni jurídicos, sino que les pedí que me expusieran verbalmente los antecedentes". Además, la Contraloría establece que se le encargó a Kodama que le pusiera precio a los atrasos y la empresa basó su análisis en un estudio de Dictuc.

Marambio declaró a la Contraloría que prefirió llegar a acuerdo, porque podían ser condenados por una suma mayor, para lo cual Baeza planteó la etapa de conciliación como la fase de acuerdo. Baeza siempre actuó como representante de la ministra y fue quien apuró la transacción.

___________

REUNIONES

"Tengo reunión con Dios", decía Rafael Marambio cuando Álvaro Baeza pedía apurar la transacción.

COMPENSACIONES

Desde 2008, el Serviu transigió 23 litigios, pagando como promedio 16.500 UF (más de $359 millones)

 El abogado Álvaro Baeza podría tener responsabilidad administrativa en el caso

De acuerdo con la modalidad de contrato a honorarios mediante el cual Álvaro Baeza asesoró a la ministra Magdalena Matte entre julio de 2010 y abril de 2011, el abogado "no está exento de la posibilidad de que se determinen responsabilidades que le puedan corresponder en los hechos en análisis".

Su dependencia con la cartera de Vivienda era equivalente a la de un funcionario público.

Aunque en las declaraciones que prestó a la Contraloría de la República Baeza siempre utilizó términos muy vagos y adujo desconocer muchas materias, el informe establece que incumplió con su labor de asesor de la máxima autoridad del servicio; que no podía no conocer decretos (DS 236 de 2002) que eran esenciales para la fiscalización del eventual perjuicio para la empresa (Kodama), dada su calidad de "asesor especializado". Tampoco "ilustró a la entonces ministra acerca de aspectos relevantes relacionados con la materia, como eran el monto calculado por el Serviu RM y el valor determinado por el Dictuc".

Otros funcionarios del Serviu que prestaron declaración, por el contrario, señalan que el abogado Baeza estaba al tanto de toda la gestión para el pago a Kodama, que ejerció presiones sobre algunos jefes de servicio y que impartió instrucciones "en orden a tener un criterio amplio o diverso en esta negociación", y que siempre calificó la operación como un buen negocio para el Serviu.

Funcionarios señalaron en el sumario de la Contraloría que en el servicio se entendía que cuando hablaba el abogado Baeza, era la voz de la titular de la cartera.

Rafael Marambio faltó al principio de probidad administrativa

Elementos relevantes para la Contraloría de la participación del ex subdirector jurídico Rafael Marambio en este caso son el viaje que realizó con ejecutivos de la empresa a Buenos Aires; haber concurrido solo él a las oficinas de la firma, oportunidad en que se le entregó el monto a transigir ($14.000 millones), y que fue partidario de "definir el monto de la indemnización a través de una modalidad que no se encontrase sujeta a control de juridicidad de esta Contraloría General, y que, asimismo, no implicase la dictación de un acto administrativo. Actos en los cuales faltó "al principio de probidad administrativa por no tener una conducta intachable y un desempeño honesto o leal de la función del cargo, con preeminencia del interés general por sobre el interés particular".

La ex ministra Matte falló en el control jerárquico

La ex ministra Magdalena Matte alegó en su defensa que le encargó a Baeza monitorear el tema, pero que ni su ex asesor ni el ex director del Serviu Antonio Llompart le comentaron sobre el pago de los $14 mil millones al Consorcio Kodama y que desconocía cómo se llegó a esa cifra, que no le llegaron respaldos de la operación, pero que estuvo de acuerdo en pagarla ya que consideraba una mejor cifra que los $41.000 millones que era el monto de la demanda de la empresa.

Por lo mismo, el informe de la Contraloría concluye que su conducta "puede involucrar una falta de aplicación de los principios de eficiencia, eficacia, coordinación, propia iniciativa en el cumplimiento de la función y control jerárquico... considerando los indudables efectos presupuestarios que para el Estado" podía significar la señalada transacción.

Llompart impidió el accionar de contraloría

Cuando el ex director del Serviu Antonio Llompart decide celebrar la transacción con Kodama, según el informe, no requirió informes técnicos, financieros ni jurídicos, limitándose a solicitar a los entonces director jurídico (Rafael Marambio) y subdirector de Pavimentación (Franza Greve) que él expusieran verbalmente los hechos. Así pidió la autorización al Ministerio de Vivienda para transigir.

L

La Contraloría señala, además, que Llompart "impidió que la contraloría interna efectuara la revisión de los actos previos a la celebración de la transacción".

Las 10 conclusiones del informe de la Contraloría General de la República

Conforme a la investigación que precede, relativa al contrato de obras denominado "Construcción Habilitación Corredor Transporte Público Avenida Pedro Aguirre Cerda, comunas de Estación Central, Santiago, Cerrillos y Maipú", que por mandato de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas el SERVIU RM adjudicó al Consorcio Kodama Ltda. y los distintos aspectos que se verifican para llegar a la celebración de un contrato de transacción entre estos últimos, esta Contraloría General puede señalar:

1. De los antecedentes que da cuenta este informe, resulta manifiesto que ciertos servidores del SERVIU RM y MINVU exteriorizaron directamente su voluntad en orden a definir el monto del pago de eventuales compensaciones que se deberían a una empresa, a través de una modalidad que no se encontrara sujeta al control de juridicidad de esta Contraloría General, excluyendo además la aplicación de la regulación propia de estos contratos de obras. En este sentido, de haberse celebrado un contrato de transacción sin presentarlo al tribunal, el acto aprobatorio de aquel acuerdo de voluntades debía someterse necesariamente al trámite de toma de razón, mismo control de legalidad que habría procedido si se hubiera optado por reconocer el pago de los gastos generales mediante la dictación de una resolución, lo cual, conforme a lo expuesto, estos funcionarios querían evitar.

2. En implementación de la voluntad antes aludida, se materializaron conductas destinadas a obtener rápidamente una autorización del MINVU para celebrar un contrato de transacción que permitiera pagar a la empresa Consorcio Kodama Ltda. la suma de 774.765 unidades de fomento (equivalentes al día de la transacción a $16.636.412.630), sin que existiesen antecedentes técnicos y jurídicos suficientes que respaldasen tal determinación, los que fueron elaborados con posteridad a la celebración del aludido contrato, sin aplicación de la totalidad de los parámetros previstos en el ordenamiento y con exclusión de los procedimientos normales de control interno.

3. El SERVIU RM al celebrar el contrato de obras con el Consorcio Kodama Ltda., estaba actuando en calidad de mandatario de la Dirección de Vialidad del Ministro de Obras Públicas, bajo el contexto normativo del artículo 16 de la ley N° 18.091, de las demás prescripciones legales aplicables al contrato de mandato y de los términos pactados en el convenio respectivo. Conforme a ello, ese servicio se encontraba en el deber de comunicar y de hacer partícipe a su mandante de las actuaciones y decisiones que llevaron a la transacción, puesto que en aquél se generaban los efectos patrimoniales del contrato de obras señalado.

4. Las actuaciones desplegadas conllevan también la voluntad de radicar en el patrimonio del SERVIU RM una obligación dineraria que conforme a la ley sólo debe ser asumida por el mandante en los casos en que se encuentra presente la figura del convenio mandato prevista en la norma antes señalada, circunstancia que los funcionarios del SERVIU RM y del MINVU no podían desconocer, desde que todos y cada uno de los actos administrativos que dieron cuenta de la ejecución del gasto de esta obra, expresamente consideraron que dicho financiamiento no afectaba presupuestariamente al servicio.

5. Asimismo, la modalidad elegida en orden a llevar el contrato de transacción a sede judicial buscaba, por una parte, que el financiamiento para tales pagos se obtuviera mediante la aplicación del subtítulo 26 del clasificador presupuestario, el cual tiene la particularidad de construir un ítem excedible en lo que se refiere a la imputación del cumplimiento de las resoluciones judiciales; y por la otra, omitir el trámite de toma de razón.

6. Se constató que el informe justificatorio de montos elaborado con posteridad al contrato de transacción, conforme con los antecedentes examinados, no se ajustó a la normativa aplicable en la determinación del valor $14.096.984.927 como procedente de indemnizar, resultando justificada administrativamente, de acuerdo a dichos antecedentes y normativa, la suma de $131.351.373 (ciento treinta y un millones trescientos cincuenta y un mil trescientos setenta y tres pesos), sin perjuicio de lo relativo a las multas pendientes de definir en este contrato.

7. Se estableció la existencia de indicios serios de que en el monto acordado para transigir, el SERVIU RM incorporó el valor de una multa del orden de $2.500.000.000 que éste debía cobrar a una empresa distinta, Kodama Construcciones Ltda., en el marco de otro contrato denominado "Habilitación Corredor de Transporte Público Avenida Santa Rosa Sur, entre Avenida Américo Vespucio-Eyzaguirre, comunas de San Ramón, La Granja, La Pintana y Puente Alto, de la Región Metropolitana", lo que resultaría de todo improcedente.

8. Se ha constatado que el MINVU no ejerció a cabalidad y conforme al ordenamiento el deber de control que como una expresión de supervigilancia le corresponde respecto del SERVIU RM.

9. Conforme a todo lo expuesto, y en atención a que las actuaciones de ciertos servidores, funcionarios y agentes públicos podrían construir una transgresión a sus deberes y a las normas sobre probidad administrativa, el presente informe y sus antecedentes serán incorporados en el sumario administrativo que esta Entidad Fiscalizadora se encuentra instruyendo al efecto.

10. Por su parte, ese Ministerio deberá, en lo sucesivo, velar por la efectiva operatividad de los sistemas de control interno y por que las personas que detenten la calidad de agente público realicen las labores previstas en las glosas correspondientes de la ley de presupuesto.


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