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jueves, octubre 31, 2013

evelyn matthei




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Matthei sobre caso Cascadas: "Se debe investigar hasta el final, caiga quien caiga"

Noticias Agricultura

Publicado el Jueves 31 de Octubre del 2013 a las 13:02

La abanderada oficialista retomó los dichos sobre el caso que envuelve al dueño de Soquimich Julio Ponce. "Me llama la atencion que nadie de la Concertación haya dicho una palabra al respecto", reiteró.


La candidata oficialista Evelyn Matthei, en antes de reunirse con un grupo de pastores evangélicos para celebrar el día Nacional de las Iglesias Evangélicas, retomó sus dichos relacionados al Caso Cascadas que está siendo investigado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por eventuales infracciones a las leyes de Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas realizadas por el dueño de Soquimich, Julio Ponce.

"Ese es un tema importante porque hay 800 millones de dolares de fondos de pensiones, que tienen que ver con pensiones de los trabajadores. Es un caso que no se debe dejar pasar", afirmó la abanderada agregando que, a pesar de conocer y "querer" a los involucrados, "queremos un país que funciona, donde se cumpla la ley".

"Por los antecedente que tenemos se debe investigar hasta el final, caiga quien caiga. Con todas las aristas que debe tener", enfatizó y añadió que "estos casos marcan la diferencia entre los paises que funcionan y los que no".

Al respecto manifestó que "me llama la atención que nadie de la Concertación haya dicho una  palabra al respecto". Durante el debate de Anatel, la exministra del Trabajo afirmó que ese silencio opositor se debería a que quien está manejando las comunicaciones de los inculpados sería Enrique Correa, exministro de la secretaría general de gobierno durante el mandato de Patricio Aylwin, actualmente dedicado a la comunicación estratégica y al lobby a través de Imaginacción.

Con respecto a los temas valóricos, resaltó nuevamente su postura. "No estoy por el matrimonio homosexual. No a la eutanasia. Sí a que un paciente pueda decidir seguir o no con su tratamiento", sostuvo.

Con relación al aborto precisó que "presenté dos proyectos, pero ninguno iba en contra de la vida". Detalló que lo que pretendía con la primera de esas iniciativas era que en un caso en que una mujer en riesgo de muerte fuera intervenida para salvarle la vida y a causa de eso muere el feto, no se considerara como aborto. Y el segundo caso era permitir la decisión de la madre ante un feto inviable probado por médicos. Ambas fueron rechazadas principalmente por su propio sector. "Esos casos van de acuerdo a los valores que hemos expresado", destacó.

En cuanto a las iglesias evangélicas, anunció que pretende cambiar la ley de culto para hacer un registro estricto de los pastores evangélicos y las iglesias, para que puedan postular a fondos públicos para sus proyectos y un mejor acceso a cárceles y otros lugares.

Ante lo que queda de elección y tras los dos debates Anatel y los resultados de la encuesta CEP, la candidata dijo que la única estrategia que seguirá será la de "trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo".






Fuente:

Saludos
Rodrigo González Fernández
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QUERELLA POR FRAUDE AL FISCO CONTRA BACHELET Y OTROS

La querella por fraude al Fisco que cayó como bomba en el comando de Bachelet a un mes de la elección

18 de octubre de 2013 - 15:08 | Por:  | 367   comentarios
/Agencia Uno/Agencia Uno

La acción judicial de pobladores de la Pintana se presentó también contra Sergio Bitar y Alberto Arenas, y esta semana recibió luz verde por parte de la Corte de Apelaciones. Acusan a la ex mandataria de saltarse procedimientos y de entregar dinero sin control a una concesionaria presidida por el primo del Presidente, Herman Chadwick.

Nada es casual, pero quienes se querellaron contra Michelle Bachelet y sus ex ministros, Sergio Bitar y Alberto Arenas, aseguran que no están guiados por fines político electorales.

Se trata de las esquirlas de un conflicto que estalló durante los primeros meses de gobierno de Bachelet y que luego se sumergió para reaparecer en la puerta del horno, cuando en la Nueva Mayoría están cada día más seguros de un triunfo en primera vuelta en las próximas elecciones presidenciales, donde la ex presidenta corre como favorita.

Son los vecinos de La Pintana que rodean el acceso sur a Santiago. En su momento se tomaron la calle, hicieron barricadas, paralizaron las obras y se fueron presos. Les aplicaron la Ley de Seguridad del Estado y debieron firmar mensualmente en un Juzgado durante un año. Su situación hizo ruido cuando las cámaras de televisión mostraron las rejas de las viviendas a solo centímetros de las obras que construían la moderna autopista. Los pobladores cuentan que todo se había solucionado cuando una mesa de diálogo ofreció compensaciones, como la construcción de un parque, hecho que nunca se concretó. Quedaron enojados, detectaron irregularidades y las llevaron a la Justicia.

La querella criminal presentada el nueve de septiembre en el Séptimo Juzgado de Garantía, acusa a Michelle Bachelet; al ex ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar; y al entonces ministro (s) de Hacienda, y hoy encargado programático del comando, Alberto Arenas, de fraude al fisco.

La querella había sido rechazada por el Séptimo Juzgado por razones de forma, sin embargo, el martes 15 de octubre la Corte de Apelaciones revocó esa decisión y le dio curso a la querella, quedando la investigación en manos de la Fiscalia Centro Norte. El documento acusatoria solicita llamar a declarar a todos los acusados, además de funcionarios de la Contraloría que han visto este tema, y a los propios afectados de La Pintana.

Según el documento, al que tuvo acceso El Dínamoy que se puede revisar de forma íntegra aquí, la ex mandataria y sus secretarios de Estado firmaron un decreto supremo que permitió la aprobación de un convenio que modificó el contrato con la concesionaria a cargo de la construcción del acceso sur a Santiago,permitiendo el traspaso directo de 30 mil millones de pesos a la empresa, presidida entonces por Herman Chadwick, primo de Sebastián Piñera y hermano del actual ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Citando un informe de la Contraloría, que puede revisarse aquí,  la querella establece que la concesionariaAutopista del Maipo incurrió en irregularidades al falsear datos entregados al órgano contralor, posibilitando así el fraude al Fisco. Como ejemplo, el documento señala que la empresa comunicó que a cada guardia que resguardaba las obras se le pagaba mensualmente un millón 200 mil pesos, cuando en realidad el salario no habría superado los 159 mil.

Otras cifras que se comentan en la acusación: El gasto de 830 millones de pesos por lavado de ruedas y carrocerías de los vehículos a cargo de las obras, o los 592 millones destinados a gasto extra de bencina, por la obligación de transitar a no más de 30 kilómetros por hora dentro de la zona de trabajo. Todos, gastos considerados excesivos por los querellantes, y por tanto sospechosos de ser evidencia de fraude.

En general, el citado informe de la Contraloría establece que faltan documentos que acrediten los gastos manifestados por la empresa, la que se defiende señalando que el contrato que celebró con el Estado fue a suma alzada, por lo que no es necesario acreditar cada uno de los gastos, ya que se pactó un monto fijo de dinero.

"Respecto a los querellados, al dictarse y ejecutarse el Decreto Supremo N° 142/2008, incurre en el ilícito del artículo 240 del Código Penal, respecto a que estos habrían consentido, en que se defraudase al Estado de Chile", acusa la querella.

La firma de Michelle

La abogada patrocinante de la causa, Marta Sánchez, explica el fundamento de la acción judicial: "¿Por qué llegamos a la señora Bachelet y a sus dos ministros? Es por la envergadura del negocio en si, las licitaciones, en este caso estaban a cargo de la Presidenta de la República  su autorización. Y ella, a través de un decreto supremo, fue la que autorizó la entrega de dinero, y también los ministros, entonces, a ellos nosotros tenemos que recurrir no por una cuestión política o por mero capricho, sino porque  existen antecedentes que dan cuenta que ellos lo autorizaron saltándose un procedimiento".

La jurista dice que en estos casos la entrega de recursos a privados debe pasar por una comisión arbitral que autorice el traspaso de los dineros. Esa instancia, compuesta por cargos administrativos de entidades fiscalizadoras como la Contraloría, visó la entrega de platas a la misma concesionaria durante el 2006, pero la abogada alega que el 2008 la ex mandataria se saltó esta instancia: "El conducto regular en estos casos es pasar por una comisión arbitral que autorice la operación, y en el caso de la entrega de dinero del año 2008,este procedimiento no se cumplió".

El decreto citado puede revisarse aquí. En el documento emitido el 30 de abril del 2008 por la ex presidentaefectivamente aparece un cambio en las reglas del juego, aunque también registra la firma del Contralor de la República, el que según la abogada querellante no habría revisado el cambio en el contrato.

En la querella se acusa que hubo intención explícita de beneficiar a la empresa en detrimento de los pobladores: "La negativa de la autoridad de reconocer su obligación de construir el parque comprometido, derivaba del compromiso de estos fondos para beneficiar a esta empresa concesionaria, esto es, estos recursos en vez de ser destinados a la construcción de nuestro parque, terminó dentro del patrimonio de la empresa concesionaria".

El documento plantea que la COREMA, al momento de autorizar el proyecto, estableció el compromiso de la construcción de 35 hectáreas de áreas verdes, donde se incluían las 20 que comprendería el parque urbano allegado a las viviendas afectadas por la construcción de la autopista.

Otra crítica al decreto firmado por Bachelet, Bitar y Arenas el 2008, es que permitió suscribir un contrato a suma alzada, es decir, con cifras fijas y sujetas a escaso control: "Solo dio lugar a los abusos (…) ya que permitió el aumento de los costos, sin que existiese en principio obligación de justificar y acreditar el efectivo pago de las obras comprometidas".

Deudas del pasado

La vocera de los pobladores de La Pintana que están tras la querella, Roxana Ramírez, explica que siempre se han sentido pasados a llevar en este tema y que ahora buscan que se investigue a fondo lo que pasó:"Nuestros derechos fueron violados en todo sentido, se rieron en nuestra cara. Nos aplicaron la Ley de Seguridad Interior del Estado, nos pegaron y nos llevaron presos. Queremos que se investiguen estas platas que se entregaron sin control, que se sepa que pasó. Y ojala que acá se cumpla con una resolución ambiental, y que finalmente se construya el parque que prometieron".

Según la dirigenta, la rabia que se acumuló entre los vecinos surgió de las numerosas molestias que sufrieron durante el proceso de construcción del acceso sur: "Las molestias más grandes las vivimos cuando estaban construyendo. Todo lleno de hoyos, no podíamos pasar a nuestras casas. No teníamos acceso a los colegios, a los liceos, al consultorio. Además se llenó de pandillas. Hubo violaciones, hubo accidentes. Hubo incendios donde los bomberos no pudieron pasar porque las pantallas acústicas estaban a 50 centímetros de las casas. Además, el movimiento que hacía la construcción de la autopista nos ha perjudicado en nuestras viviendas, que se han ido viendo afectadas".

Además de la querella criminal en contra de las ex autoridades, Ramírez cuenta que el año pasado presentaron una demanda solicitando ser indemnizados: "El año pasado presentamos una demanda pidiendo una indemnización de 40 millones de pesos por familia. Somos 42 las familias las involucradas". La vocera de los pobladores insiste en la necesidad de un parque en el lugar, cuenta que cuando les presentaron las maquetas de la carretera, estaba contempladas hectáreas para áreas verdes: "Cuando se fueron acabando los campamentos, se concentró mucha gente en este sector y no existen áreas verdes".

Sobre las eventuales consecuencias para los involucrados, la querella cita el artículo 239: "El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudase o consintiere que se defraude al Estado, a las Municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficiencia, sea originándoles pérdida o provándoles de un lucro legítimo, incurrirá en las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo, inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio y multa del diez al cincuenta por ciento del perjuicio causado".

AUTOPISTA DEL MAIPO

La Concesionaria a cargo de la construcción del acceso sur a Santiago opera desde 1999. Inicialmente controlada por capitales españoles, Cintra Infraestructuras S. A., vendió el 2010 su participación a ISA Inversiones Chile, de propiedad de capitales colombianos, los que hoy controlan el 100% de la compañía. En el directorio ha estado desde el principio Herman Chadwick, primo del Presidente Sebastián Piñera,  además de presidente del Consejo Nacional de Televisión y dirigente de Copsa, la agrupación gremial que representa a las concesionarias del país.

Desde el 2012 que en el directorio figuran también dos rostros de la Concertación, los economistas DC Alejandro Ferreiro y José de Gregorio, este último parte del actual comando de Michelle Bachelet.
Fuente:ELDINAMO

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CON BACHELET Y PARTIDO COMUNISTA HA SERIO RIESGO DE INESTABILIDAD INSTITUCIONAL

La Moneda redacta crítico documento sobre programa de Bachelet

Texto elaborado por ministro Cristián Larroulet advierte "riesgo de inestabilidad institucional" en agenda de ex mandataria.

por Lorena Ferraro L.

"Programa (de) Bachelet produce grave impacto en empleo (es antipymes); en educación (ataca libertad de enseñanza) y a democracia (dice no a acuerdos)".

Ese fue el primer diagnóstico que realizó el domingo -vía Twitter- el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Cristián Larroulet, tras conocer el programa de gobierno que la ex presidenta y candidata de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, dio a conocer esa jornada en el Teatro Huemul.

Ese mismo día, y luego de analizar en detalle las propuestas de la abanderada, el secretario de Estado comenzó a trabajar en un documento en el que plasma un crítico análisis sobre las propuestas de la ex mandataria y en el que advierte un "riesgo de estabilidad constitucional" en el programa de gobierno.

"El espíritu por el cual redacté el documento es una profunda preocupación por el país y porque las propuestas van en la línea contraria a lo que hemos hecho como gobierno durante estos años", señaló el ministro.

La minuta -que será socializada con el oficialismo en los próximos días- hace un desglose en cuatro grandes áreas: las reformas tributaria, educacional y constitucional y la agenda valórica.

En esa línea, en lo educacional plantea que "la prohibición efectiva del lucro" generaría el eventual cierre de dos mil colegios y un universo de 780 mil estudiantes, fundamentalmente de "estrato medio-bajo".

En materia constitucional, el texto afirma que "la eliminación de los quórum supramayoritarios" y la reforma a la Constitución "representan la voluntad de imponerse por sobre las minorías y concentrar fuertemente el poder y ofrece un serio riesgo de inestabilidad institucional".

Larroulet hace también un crítico diagnóstico de la reforma al Tribunal Constitucional que plantea la abanderada estableciendo que "abre las puertas a una (democracia) de carácter plebiscitario, de muy mal resultado donde ha sido aplicada".

En sus conclusiones, la minuta apunta a que un eventual triunfo de la ex directora de ONU-Mujeres provocará "una contracción en el empleo, se dañaría fuertemente la libertad de enseñanza y la calidad de la educación y se promoverían valores contrarios a la familia y la vida".

"Programa de izquierda"

El crítico documento de La Moneda se genera en momentos en que el gobierno ha decidido salir a contrastar los logros de la actual administración con el programa de Bachelet, como un intento de "atraer" al electorado de la centroderecha.

La estrategia toma relevancia, además, luego de la entrega de la encuesta CEP, sobre todo por la lámina que indica que sólo un 50% del electorado habilitado para votar lo hará el 17 de noviembre. De acuerdo al análisis de Palacio, dicha cifra demuestra que hay espacio para conquistar electores y una buena forma de hacerlo sería advirtiendo de los riesgos que, a juicio del gobierno, significaría apoyar a la Nueva Mayoría y su programa.

Por ello, la minuta hace hincapié en el "peso" del Partido Comunista (PC) en la elaboración del texto, a contrapelo de que "la Democracia Cristiana no pudo influir en él", según dice el documento.

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