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viernes, diciembre 06, 2013

RSE: Acción RSE elige a cuatro nuevos directores

Acción RSE elige a cuatro nuevos directores

5 de diciembre de 2013 - 12:10 | Por:  | 0   comentarios
accion rse

Altos ejecutivos de Masisa Andina, Gerdau Aza, Telefónica y Aguas Andinas asumirán cargos en el Directorio de Acción RSE a partir de enero de 2014, por un período de dos años.

Jaime Valenzuela, Gerente General de Masisa Andina, con 43 votos; Jorge Manríquez, Gerente de Marketing y RSE de Gerdau Aza, con 40 votos; Andrés Wallis, Director de Asuntos Corporativos de Telefónica, con 40 votos; y Anita Olate, Gerente Corporativo de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Aguas Andinas, con 38 votos, se integrarán al Directorio de Acción RSE a partir de enero de 2014 y cuyo período se extenderá hasta el 2016.

Después de un proceso de  tres semanas de participación, y a través de los votos de 123 empresas socias, lo que equivale al 72,7% de los miembros de la organización, finalizó la elección del tercio de directores de la organización correspondiente al período 2014-2016.

En esta elección participaron 17 candidatos y el proceso fue conducido por el comité de nominación y elección, integrado por Cristián Fierro (Chilectra), Elke Schwarz (Banco Santander), María Paz Epelman (VTR) y Charles Kimber (Arauco).

Cabe recordar que ACCIÓN es una organización sin fines de lucro que agrupa a empresas socias que trabajan por la Responsabilidad Social Empresarial y el desarrollo sostenible del país, a través de proyectos, actividades e iniciativas que abarcan cinco áreas de trabajo: ética y gobierno corporativo, calidad de vida laboral, medio ambiente, clientes y cadena de valor y comunidad.

Fuente:

Saludos
Rodrigo González Fernández
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CASCADAS

Caso cascadas: fiscal pidió información a imputados y a corredoras de Bolsa
 

la tercera / Como parte de las diligencias previas a los interrogatorios por el caso cascadas (sociedades controladoras de SQM), el fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad José Morales envió oficios reservados a varios de los involucrados, para comunicarles que están siendo investigados en calidad de imputados y solicitarles información sobre sus sociedades de inversión, tanto en Chile como en el exterior. 

En este caso están quienes fueron sujetos de cargos por presuntas infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas y Ley de Mercado de Valores, cuyas sociedades intervinieron en las supuestas operaciones ficticias, como es el caso de Julio Ponce y Roberto Guzmán. Siguiendo los procedimientos establecidos en la ley, se les explicitó que la entrega de dichos antecedentes significa una renuncia a su derecho a guardar silencio. 

También les solicitó, o estaría en vías de hacerlo, la misma información a otros  mencionados por la Superintendencia de Valores y Seguros en la argumentación de la formulación de los cargos realizada el 6 de septiembre , pero que no fueron sujetos de estos, como Leonidas Vial, Alberto LeBlanc y Luis Saldías Varas.  

Abogados penalistas comentaron que estas acciones están en línea con los cargos de la SVS. Y que el procedimiento se basa en una disposición legal que obliga a tratar como imputado a toda persona de quien se afirme o sugiera algo que podría acarrearle responsabilidad en un caso. Esto, por cuanto se debe garantizar el derecho a defensa desde las etapas iniciales de la investigación.

El  ejecutivo y el ex director de las cascadas a los que se les formularon cargos −Aldo Motta y Patricio Contesse Fica− aún no habrían sido notificados.

CORREDORES DE BOLSA 

Morales envió oficios a corredoras de Bolsa de la plaza pidiendo información sobre las transacciones de las sociedades de las personas investigadas, lo que amplía el radio de la indagación administrativa, porque las facultades de la SVS están restringidas a las sociedades anónimas abiertas sometidas a su regulación y fiscalización. 

El oficio requiere que −conforme lo dispuesto en los artículos respectivos del Código Procesal Penal− le informen en un plazo inferior a 15 días, sobre las operaciones de compra o venta de acciones, entre los años 2007 a 2013, de las sociedades Inversiones SQYA S.A. e Inversiones SQ S.A., relacionadas a Julio Ponce; Inversiones del Parque y Inversiones Silvestre Corporation Limitada, de Roberto Guzmán; e Inversiones Saint Thomas, de Leonidas Vial.  

Solicita expresamente que se incluya el detalle de cada una de estas operaciones, la identificación del título, el tipo de operación; los intervinientes, intermediarios, fechas, hora y segundo, orden de compra y venta registrada como oferta en cada operación, forma y plazo de difusión, monto intermediario, operador, precio de la oferta y precio final de la operación.

Fuentes que son parte del proceso comentaron que Morales además ofició a las Administradoras de Fondos de Pensiones, solicitándoles que le indiquen cuál era el precio de mercado en las operaciones investigadas por la SVS y cómo lo calcularon. Sin embargo, en las administradoras desmintieron esta información.

En entrevistas sobre el caso cascadas el fiscal −que también tiene a su cargo las investigaciones sobre las repactaciones de crédito en La Polar y la supuesta colusión de las cadenas de farmacias− ha declarado que se tomará hasta fin de año para recopilar y analizar la información del caso e iniciar los interrogatorios. Abogados especialistas en el área creen que el persecutor esperará hasta que se conozca la formalización de cargos por parte  del superintendente Fernando Coloma para intensificar las diligencias. 

Morales también está a cargo de la querella por prevaricación contra Coloma, que presentó el controlador de SQM Julio Ponce.

Fuente:

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ESCANDALO CASCADAS: Bofill arremete contra Coloma: “No tiene ninguna independencia”

ABOGADO QUE REPRESENTA A JULIO PONCE EN LO PENAL RECALCA QUE LAS QUERELLAS NO SON UNA MANIOBRA

Bofill arremete contra Coloma: "No tiene ninguna independencia"

El experto penalista explica los alcances de la querella que presentaron contra el superintendente de Valores y Seguros y otras dos autoridades de dicho organismo, y a la que acusa la filtración de documentos.

Por José Carlos Prado 



 
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En los últimos días, los tribunales de Justicia han declarado admisibles dos querellas presentadas por la defensa de Julio Ponce. La primera, contra el superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, y otras dos autoridades de dicha institución; y la segunda, que pide investigar las diversas filtraciones que se han sucedido tras la formulación de cargos contra el controlador de SQM. (ver nota en pág. 19) 
Jorge Bofill, el abogado penalista que encabeza esta arremetida judicial de Ponce, explicó a 
Diario Financiero los motivos para iniciar dichas acciones, aclarando de entrada que "esto no es una maniobra". 

- ¿Cuáles son las razones para presentar la querella contra las autoridades de la SVS? 


- Esta querella obedece a que la defensa de Julio Ponce hizo todo lo posible por mantener la discusión en su sede original -la SVS-, pero con condiciones mínimamente aceptables de debido proceso. A la SVS se le hicieron múltiples presentaciones denunciando hechos en los cuales estaban involucrados Moneda y otros actores del mercado y se le solicitaron diligencias de investigación. A su vez, en las investigaciones que inició en contra de Julio Ponce, a las cuales puso mucho menos dificultades, o en realidad ninguna, se le pidió respetar esos mismos estándares mínimos. Sin embargo, todo eso fue en vano. Cuando nos convencimos de que la única forma de enfrentar este trato injusto e ilegal era requerir la intervención de otros órganos del Estado, nos querellamos.

- En la querella se presentan una serie de resoluciones de la SVS que serían abiertamente injustas y perjudiciales para su defendido. ¿Están considerando pedir al Ministerio Público la suspensión de la investigación que lleva la SVS por los hechos denunciados en la querella?


- No quiero comentar el contenido de la querella, pues eso es materia de la investigación del Ministerio Público. Pero en todo caso, el Ministerio Público no tiene facultades para suspender el proceso administrativo. Esto no es una maniobra, es una acción penal seria que tiene por objeto se sancione a los funcionarios públicos que la investigación determine como responsables de las decisiones arbitrarias y manifiestamente injustas que hemos denunciado, y por no haber dispensado a un ciudadano, que tiene derechos como cualquier otro, la protección que la ley le otorga.

- En la querella mencionan "los manifiestos intereses económicos" del presidente Sebastián Piñera en Soquimich y sus sociedades controladoras y señalan que dicha autoridad mantendría acciones de las Cascadas a través del fideicomiso ciego que administra Moneda. ¿Han solicitado o van a solicitar alguna diligencia que permita dilucidar esta afirmación que hacen ustedes?


- Como ya dije, no voy a comentar el contenido de la querella. El Ministerio Público es el que en esta etapa debe decidir qué diligencias le parecen relevantes y cuándo. En cuanto a lo que vayamos a pedir, eso lo haremos donde corresponde: ante el fiscal.

- ¿Pero ustedes están convencidos de que el presidente Piñera tiene acciones en las cascadas a través del fideicomiso?


- En cuanto a la posesión de acciones o no por parte del presidente Piñera, lo relevante no es que nosotros estemos convencidos o no. De hecho, nuestras convicciones son irrelevantes. Lo que importa es otra cosa: si se confirma que el presidente tiene acciones, entonces él será uno más de los interesados directos en este conflicto, y si eso fuera así, la pregunta es qué independencia le queda al superintendente, cuyo cargo es de exclusiva confianza del presidente, para decidir en el caso. Mi opinión es que no tiene ninguna independencia, pero es obvio que hasta la fecha el señor Coloma ha insistido en querer ver las cosas de otra manera. Eso es sospechoso en sí mismo y constituye una justificación por sí sola de la querella. Ni Julio Ponce ni su defensa tienen ningún miedo de que resuelva respecto de los cargos que formuló la SVS, pero no podemos aceptar que la autoridad que está a cargo de resolver no sea imparcial. 

- ¿Los tres querellados deberían quedar inhabilitados para continuar con esta investigación? 


- Quien indudablemente está inhabilitado para actuar es el superintendente. Tal como lo ha venido diciendo la defensa de don Julio Ponce en la sede administrativa, no se puede ser funcionario de exclusiva confianza de alguien y cuidar los intereses económicos de esa misma persona, que ha reconocido ser una "posible víctima" en este caso.

- ¿Qué penas arriesgan por los delitos que acusan a los querellados?


- Las penas que señala la ley son de suspensión del empleo o cargo y multa, pero para que lleguemos a discutir eso falta mucho. Por ahora, lo importante es que se deje al Ministerio Público investigar, sin injerencias externas.

- Respecto a la querella por la filtración de documentos. ¿Cuál es su objetivo?


- Existen varias etapas del proceso que han vulnerado la norma administrativa que rige a la SVS. Por ejemplo, nuestros descargos fueron filtrados de una manera bien sesgada, con una lógica de litigante particular que es impropia de un organismo público, porque se dieron a conocer en aquello que 
le resultaba más cómodo a quien los dio a conocer, pero guardándose todo lo que tenía que ver 
con las situaciones más incomodas para la propia SVS, especialmente 
lo que tiene que ver con la intervención de terceros en estas operaciones y también con el hecho de que 
hay sociedades vinculadas directa o indirectamente con el presidente de la República que intervinieron en operaciones que son idénticas a aquellas que motivan los cargos. La lógica con la que se ha actuado desde la SVS no se condice con su rango de autoridad pública. 

- Los descargos de Julio Ponce ante la SVS acusan "presiones indebidas" de Pablo Echeverría para conseguir la fusión de la cascadas. ¿Esto puede ser motivo de querella? ¿Qué detiene a la defensa para presentarla?


- La defensa de don 
Julio Ponce no tiene por costumbre comentar lo que pueda o no hacer en el futuro. Cada cosa a su tiempo.

Fuente:

Saludos
Rodrigo González Fernández
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