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sábado, noviembre 22, 2008

TITULARES DE LA DISCUSION DE CHILLAN


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Rodrigo González Fernández
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[Posible SPAM] Farkas se defiende ante querella de sus socios en minera

Farkas se defiende ante querella de sus socios en minera

El empresario rechazó las acusaciones de inversionistas australianos sobre apropiación indebida de fondos.

por Jorge Poblete | 22/11/2008 - 10:34

"Lo único que quiero es salir con mi nombre bien y que digan la verdad. Porque si dicen que (Leonardo) Farkas robó y se compró un Rolls Royce, O.K., y tienen que probarlo, pero si tú dices que di una donaciones para las monjitas y para la Teletón y parte salió de Santa Bárbara, it´s cheap, es una cuestión barata. Especialmente una empresa que está en Dicom, que está demandada y con la que las navieras no quieren nada".

Con estas palabras, el empresario minero rechazó ayer la acusación de apropiación indebida que formuló la empresa Admiralty Resources, su socio australiano en Vallenar Iron (ex Santa Bárbara), en una querella donde lo acusan de malgastar cerca de $ 175 millones de la empresa.

En el líbelo, interpuesto por el abogado Davor Harasic, se cuestionan  $ 50 de los $ 100 millones donados por Farkas a la Teletón 2007, asegurando que ésta no fue una donación personal de él y que se trata de fondos de la firma, que comparten.

La querella también cuestiona otra donación por US$ 50 mil para una universidad de Copiapó y otros montos para organizaciones sociales. Además, se impugnan viajes y viáticos de Farkas por $ 15 millones.

Farkas ayer aseguró que desde que comenzó sus negocios con los australianos en 2005, estos tenían claro que para él la "responsabilidad social" es una prioridad y que como controlador de Santa Bárbara siempre realizaba donaciones, que nunca fueron cuestionadas en las auditorías semestrales que tenían.

Agregó que, al momento de hacer las donaciones, él seguía siendo el socio mayoritario de la minera, condición que sólo perdió el 22 de enero pasado. 
Sobre por qué dijo que era un aporte "personal" en el Estadio Nacional y no especificó que eran dineros de sus firmas, respondió que "si es mi empresa, es mi bolsillo".

"En Santa Bárbara se hacían auditoría semestrales, todos mis cheques iban con copia a Australia. Ellos siempre supieron y nunca dijeron nada. ¿Por qué se querellan ahora, entonces? Quieren matar mi imagen", dijo.

Farkas asegura que todo se debe a la pugna que, desde hace meses, tiene con Admiralty, que ahora controla el 60% de la minera. Los problemas se han judicializado y en Australia, donde Admiralty y Wydham (la firma a que él representa y que posee el otro 40%) se han demandado mutuamente.

En Chile los fuegos se abrieron con la querella de los australianos, firma que -según Farkas- está prácticamente quebrada en Australia y ha realizado una mala administración de la mina. "Ellos jamás cumplieron su parte del acuerdo, que era enviar los recursos para explotar la mina de hierro", dice el empresario, que el año 2005 se asoció con Admiralty para reflotar el negocio familiar, tras recibir US$ 20 millones.

Ayer, Vallenar Iron descartó que la querella tenga un ánimo de revancha. "Las acciones criminales dicen estricta relación con la comisión de delitos", dijo un comunicado


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Seguimos llegando tarde..... y con anuncios repetidos

Seguimos llegando tarde..... y con anuncios repetidos
Por Baldo Prokurica, Vicepresidente del Senado

 

Nuevamente queda de manifiesto que las medidas que anuncia la Presidenta Michele Bachelet se esfuman en el aire sin cumplir con su objetivo, porque sus ministros siguen sin "anticiparse", como les pide la mandataria desde hace rato. 

Esta semana, el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, anunció un instructivo con carácter de urgencia a todas las reparticiones públicas, para dar celeridad a los pagos de los servicios que prestan las empresas a la administración del Estado. El fondo de esta medida administrativa, acordada por el Comité Político de La Moneda, ha sido presentado como parte de los paquetes reactivadores que el gobierno está impulsando para paliar los efectos de la crisis financiera internacional, así como también dentro de la agenda modernizadora. 

¡Pero esta misma medida ya se había anunciado! Y así consta en la circular 23, firmada por el Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, bajo el título "Tareas de los primeros 100 días de gobierno" de abril de 2006. 

Ese mismo año, en el Encuentro Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, Enape, la Presidenta de la República, hizo un resumen de las medidas adoptadas a favor de las pequeñas y medianas empresas. Dentro de dichos anuncios se establecía esta misma promesa de dar celeridad a los pagos de servicios contratados por la administración pública ¿Y se cumplió? 

A poco más de 2 años de dichos anuncios, nuevamente nos encontramos con muchas palabras y pocos hechos. Por el bien especialmente de las pymes del país, que necesitan ahora, más que nunca, mantener la liquidez, es de esperar que esta vez esas promesas sí se cumplan.

Algo similar ha ocurrido en el ámbito de la salud pública. El gobierno se ha comprometido, reiteradamente, a asumir una completa modernización del sector y, hasta hoy, sólo nos encontramos con cifras negras, escasez de recursos y sucesivos escándalos de gestión, que involucran la vida de miles de chilenos.

 

Lo ha reconocido la renunciada ministra Soledad Barría y el actual titular Alvaro Erazo. Lo admiten parlamentarios y dirigentes de la Concertación. La situación se puede convertir en una crisis sanitaria aún mayor: faltan hospitales, faltan camas críticas, faltan especialistas en todo el país, faltan ambulancias; los funcionarios y médicos de consultorios evidencian el desgaste de operar en un sistema bajo permanente presión, que ya no cuenta con la confianza ciudadana, donde escasean los profesionales calificados y las remuneraciones no se condicen con todo ese esfuerzo. Para peor, la deuda hospitalaria supera los 65 mil millones de pesos.

Lo he manifestado antes, en este mismo espacio y en similares términos: el gobierno, hace rato que reprobó en gestión. Y ante un escenario de crisis económica internacional y, a nivel local, las sucesivas denuncias de mala administración en la salud, es de máxima urgencia que ahora los ministros, de una vez por todas, le hagan caso a la Presidenta y no actúen para apagar incendios.

 



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proyecto de Propiedad Intelectual coartaría los derechos de los chilenos

proyecto de Propiedad Intelectual coartaría los derechos de los chilenos

Senador Carlos Cantero advirtió que "a los precios prohibitivos que tienen libros, CD o eventos masivos, habría que sumar un nuevo impuesto adicional por concepto de uso de canciones, dejando de lado a los sectores de menos ingresos".

Su preocupación por el fuerte "encarecimiento" que produciría el proyecto que modifica la Ley sobre Propiedad Intelectual manifestó el senador Carlos Cantero quien explicó que "de acogerse la peticiones que realiza la Sociedad del Derecho de Autor (SCD), se estarían instaurando nuevos cobros por concepto de uso de canciones.

 

El parlamentario explicó que "en la actualidad la SCD  tiene el monopolio de la representación de los artistas y ella fija -a su arbitrio- cuánto cobra a radios, productoras, locales y otros por usar sus canciones, es decir, que de una supuesta organización sin fines de lucro, estamos hablando de una que busca mucho lucro".

 

Calificó este hecho como "un abuso que limitaría el acceso a la información y encarecería servicios que deben ser universales, como el acceso a la Internet", pero además, "a los precios prohibitivos que tienen libros, CD o eventos masivos, habría que sumar un nuevo ítem al cobrar un impuesto adicional, dejando de lado a los sectores de menos ingresos, lo cual me parece que coarta los derechos de todos los chilenos, por sobre el beneficio de unos pocos".

 

Argumentó que "la arbitrariedad de ciertos sectores de poder que lo mercantilizan todo restringe el libre acceso a un espacio público, ya que la SCD al poder imponer tarifas libremente, sin que exista un sistema adecuado para poder objetarlas, queda con todas las herramientas a su favor para poder efectuar esos cobros desmedidos sin que ninguna persona tenga un medio de defensa".

 

El senador Cantero puntualizó que "en la Comisión de Educación insistirá en que se apruebe un proyecto que sea equitativo para todos y no se cobren intereses que afectan aún más el bolsillo de la gente, especialmente a quienes poseen menos ingresos", ya que a su juicio, se los perjudica en su crecimiento educacional y cultural.

 

Señaló que si se incluyeran las peticiones de la SCD "muchos de los estudiantes que no tienen dinero para comprar un texto no podrían fotocopiar partes de un libro, las bibliotecas no podrían preservar digitalmente libros en riesgos de conservación y los niños que hacen un trabajo audiovisual deberían cancelar un costo por usar una canción en ese video".

 

Finalmente estimó que es "incomprensible que iniciativas tan arbitrarias como ésta se encuentren en este trámite legislativo sin que nadie se haya percatado del mal que generaría a un gran número de chilenos".

 

 


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Retiran urgencia a proyecto que sanciona discriminación para estudiar nuevos cambios a la iniciativa

Retiran urgencia a proyecto que sanciona discriminación para estudiar nuevos cambios a la iniciativa
Según explicó el presidente de la Comisión de Constitución, senador José Antonio Gómez, el Ejecutivo planteó que quería evaluar algunos de los planteamientos que hicieron diversas entidades sobre la materia.

Imagen

Comisión de Constitución

Con el objeto de evaluar nuevos ajustes al proyecto que sanciona la discriminación, el Ejecutivo anunció su intención de retirarle la urgencia a la iniciativa que está actualmente en trámite en la Comisión de Constitución.

 

Así lo informó el presidente de esa instancia legislativa, senador José Antonio Gómez, quien explicó que tras terminar la ronda de audiencias con las distintas instituciones que quisieron entregar su opinión sobre el proyecto , "el Ejecutivo planteó que retirarán la urgencia para discutirlo en la medida que se vayan estableciendo las indicaciones".

 

Cabe recordar que la Comisión de Constitución recibió a la Corporación Humanas y a la Universidad Diego Portales, entre otras entidades, las que hicieron un análisis de la iniciativa y debatieron acerca de la necesidad de crear o no una acción judicial especial contra la discriminación.

 

"El debate se centró fundamentalmente en la existencia de un recurso especial contra la discriminación y si es que debe modificarse o no el recurso de protección, en lugar de crear uno nuevo. Fue un análisis de fondo, jurídico y técnico que nos sirvió mucho para conocer las posiciones de las distintas organizaciones", señaló el parlamentario.

 

No obstante, el presidente del Movimiento de Liberación Homosexual, Movilh, Rolando Jiménez, señaló que "la tramitación de tres años y medio que tiene este proyecto, es un tiempo demasiado excesivo para legislar respecto de una realidad que clama a gritos".

 

En su opinión, "el recurso de protección no funciona en términos estrictos y por eso insistimos en que el proyecto de ley tiene que tener una acción especial de no discriminación. Cuando se intenta enredar las cosas y no se dice que uno de los temas que les preocupa es que se incluya dentro de las categorías de discriminación la orientación sexual, creo que avanzamos en términos de que develamos las verdaderas intenciones de una parte del congreso nacional".

 

MÁS INFORME

 

Pero además de estudiar este proyecto, la Comisión también se abocó a analizar algunas indicaciones a la iniciativa que crea el Ministerio de Interior y Seguridad, y la que establece la inhabilitación absoluta para ocupar cualquier cargo público al funcionario público que cometa fraude, entre otros delitos.

 

Respecto a este último punto, el senador Gómez señaló que "pedimos informes a dos penalistas para ver la implicancia que tienen estas modificaciones en el ordenamiento de la penalidad. En general estamos de acuerdo de establecer el criterio de la inhabilidad respecto de aquel que es condenado, pero el punto está en que puede que con las atenuantes la pena quede tan baja, que no signifique la inhabilidad por el período que se pretende".

 

El parlamentario agregó que "si la pena es muy mínima, puede que no se cumpla el objetivo que es que la pena sea más drástica para quien viola la fe pública, y por eso pedimos más información".

 

En cuanto al Ministerio de Seguridad, el senador Gómez explicó que se invitó al Instituto Libertad y Desarrollo y a la Universidad de Chile para que planteen sus opiniones acerca del protocolo que se firmó para crear las plantas de personal de las distintas subsecretarías que forman parte de esa cartera.

 

"Queremos que hagan un análisis respecto de si la forma de organización planteada cumple o no con los objetivos del proyecto de ley que estamos tramitando", sentenció.


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Senadores de la Alianza denuncian retraso en cumplimiento del acuerdo nacional sobre seguridad ciudadana

Senadores de la Alianza denuncian retraso en cumplimiento del acuerdo nacional sobre seguridad ciudadana

Andrés Chadwick y Alberto Espina, integrantes de la Comisión de Constitución, señalaron que sólo una de las 15 iniciativas del acuerdo se han cumplido.

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Senadores Andrés Chadwick y Alberto Espina

Una dura crítica al Ejecutivo por el retraso que ha tenido la materialización del acuerdo nacional de seguridad suscrito en noviembre del año pasado entre el gobierno y la oposición, hicieron los senadores e integrantes de la Comisión de Constitución, Andrés Chadwick y Alberto Espina.

 

Los parlamentarios, que tuvieron un rol preponderante en la construcción de dicho acuerdo, señalaron que sólo uno de los 15 puntos que contemplaba la agenda se ha materializado. Se trata de la ley que sanciona el robo de cables de cobre y de elementos que formen parte del mobiliario público.

 

A juicio de los parlamentarios, ello demuestra el "incumplimiento y la desidia" que han tenido las autoridades en la materia.

 

"Aquí hay una flagrante violación del gobierno a este acuerdo de seguridad ciudadana y una constatación de su falta de voluntad política para avanzar en un tema que es de los que más preocupa a la ciudadanía", manifestó el senador Espina.

 

Agregaron que pese que se estableció un calendario con plazos acotados para ir despachando las distintas iniciativas de ley, éste no se ha cumplido.

 

Ambos senadores manifestaron que uno de los objetivos de este acuerdo era darle celeridad a materias que ya estaban en tramitación y lamentaron que pese a que ha transcurrido casi un año desde que se firmó este acuerdo, muchos de ellos no hayan tenido avances.

 

PUNTOS DEL ACUERDO

 

Entre los proyectos que aludieron los senadores Chadwick y Espina se encuentran la reforma constitucional que consagra la obligación del Estado de proporcionar defensa penal a las víctimas, un proyecto sobre normas de orden público, otro sobre comercio ilegal, otro sobre el establecimiento de registros de teléfonos móviles de prepagos y la modificación de la ley de control de armas.

 

De ellos, el que crea un órgano responsable de la defensa de las víctimas se encuentra en la Cámara de Diputados cumpliendo su primer trámite y sin mayor movimiento; el que crea registros de teléfonos fue rechazado; mientras que los proyectos sobre orden público y comercio ilegal fueron aprobados por la Sala del Senado hace un par de semanas.

 

En cuanto a la creación de un Ministerio del Interior y de Seguridad Pública y del Conace como servicio público, la iniciativa está cumpliendo su primer trámite legislativo en el Senado y a un paso de ser despachado a la Cámara de Diputados.

 

No obstante, a juicio de los legisladores, lo más grave es que no se entregaron los 4 mil millones de pesos prometidos para las unidades de Atención de Víctimas y Testigos del Ministerio Público.

 

Asimismo, sostienen que no ha habido novedades respecto a los anuncios en materia de prevención de conductas delictuales y rehabilitación; y lamentaron que tampoco haya sido enviado al Congreso un proyecto que contemple una nueva institucionalidad para el Servicio de Menores.

 

Según los senadores ni siquiera se ha respetado el informe semestral que el Ministerio del Interior debe entregar al Congreso Nacional sobre todas las políticas públicas y los programas vinculados a la seguridad ciudadana, puesto que sólo se habría hecho parcialmente el segundo semestre de 2007.

 

"Por eso le pedimos a la Presidenta Michelle Bachelet que le exija a sus ministros el cumplimiento de la palabra empeñada por el gobierno y ponga urgencia a todos los proyectos que incluye este acuerdo", dijo el senador Espina.

 


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SENADO, CHILE: Comisión de Minería solicitó a CODELCO que aclare informes contradictorios sobre cierre de la División El Salvador

Comisión de Minería solicitó a CODELCO que aclare informes contradictorios sobre cierre de la División El Salvador
La instancia que preside el senador Ricardo Núñez recibió a los representantes del Sindicato N° 6 de la División El Salvador quienes hicieron una exposición de los sucesivos estudios de la propia empresa que van desde el cierre de la mina hasta que es viable en determinadas condiciones y con ciertas inversiones.

Con el fin de resolver las inquietudes surgidas sobre una serie de informes de CODELCO que se contradicen entre sí respecto a la viabilidad de la División El Salvador, la Comisión de Minería invitó a los más altos ejecutivos de esta empresa para que se aclare esta información.

 

 

Así lo afirmaron los senadores Ricardo Núñez y Jaime Orpis, presidente e integrante de la instancia, respectivamente , luego de escuchar las exposiciones de los representantes del Sindicato N°6 de la División El Salvador quienes entregaron a la Comisión una serie de estudios de la propia empresa -e incluso algunos pertenecen al mismo autor- que por un lado sostienen que es necesario cerrarla y, por otro, que es posible continuar con los actuales yacimientos.

 

El senador Núñez aseguró que pese a que "ya era discutible la decisión de la empresa de cerrar la línea de producción de óxidos el año 2010 y de sulfuros el 2011, con los antecedentes que nos entregaron los miembros de este Sindicato hoy nos parece aún más dudosa la determinación que ha adoptado CODELCO de cerrar o cambiar el giro la División".

 

Agregó que esta situación "amerita que la Comisión tome en consideración cada uno de los antecedentes y por eso enviaremos un completo informe con estos antecedentes a la empresa cuprífera a fin de resolver las dudas que nos quedaron".

 

Indicó que además "hubo unanimidad en la Comisión para solicitar a la empresa que realice una investigación sobre la viabilidad de la División El Salvador a través de una entidad independiente que dé garantías a todos los sectores".

 

Recordó que "El Salvador costó mucho esfuerzo nacionalizarse, incluso cobró vida humanas hace varios años y hoy forma parte de todos los chilenos. Por eso, nos parece fundamental que, en su momento, el presidente ejecutivo de CODELCO, José Pablo Arellano, a partir de la información que le vamos a entregar concurra a la Comisión para entregar su opinión y ojalá acoja nuestra propuesta para que sea una entidad independiente la que estudie el potencial del yacimiento".

 

CONFIANZA SOBRE LOS ESTUDIOS

 

Por su parte, el senador Jaime Orpis coincidió con su par y recalcó la "sorpresa" con que los integrantes de la Comisión conocieron estos antecedentes contradictorios.

 

Puntualizó que "estos informes discordantes son realizados por la misma corporación pero llegan a conclusiones radicalmente distintas, ya que unos dan un horizonte viabilidad a la División EL Salvador y otros señalan que no tiene posibilidad alguna".

 

Por ello, "ante la gravedad del planteamiento de los trabajadores, la Comisión acordó oficiar a CODELCO para que se realice un estudio completo que dé garantías sobre cuál es el real potencial de la División, porque hoy día existe una falta total de confianza sobre los informes que avalan el eventual cierre y vida útil de este yacimiento".

 

Recalcó que lo más grave es que "con estos antecedentes no hay ninguna confianza sobre cómo se han hecho los estudios geológicos y proyecciones definitivas para tener una opinión".


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