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jueves, julio 14, 2011

LOS LÍMITES DE LA POLÍTICA 2.0

LOS LÍMITES DE LA POLÍTICA 2.0

FACEBOOK Y TWITTER FACILITAN EL CONTACTO ENTRE CANDIDATOS Y ELECTORES, PERO LA COMUNICACIÓN MUTUA ES TODAVÍA VERTICAL

El uso de las redes sociales registró un gran avance cuantitativo en la última campaña electoral pero, salvo excepciones locales, no contribuyó a modificar la estricta verticalidad de la política convencional. ¿Por qué? Los candidatos utilizaron Internet como un medio más para comunicar sus programas electorales, olvidando que la política 2.0 obliga a llevar a cabo otra forma de hacer política, más horizontal y en las dos direcciones.

Martiño Noriega, médico de 36 años, es un político 2.0 recompensado por las urnas, en las que el 22 de mayo revalidó su cargo de alcalde, esta vez con mayoría absoluta. Lo hizo en una coyuntura de nuevo retroceso de su partido, el Bloque Nacionalista Galego (BNG), y en un ayuntamiento que fue durante lustros un feudo inexpugnable del Partido Popular (PP), Teo, un municipio de 17.940 habitantes de la periferia de Santiago de Compostela. Con dos millares de amigos en Facebook, Martiño usa habitualmente esta red social, no solo en campaña, para comunicarse con sus vecinos, que le trasladan a su vez sus preguntas, quejas y preocupaciones, mientras el alcalde les cuenta su actividad cotidiana o cuelga fotos de paisajes que le gustan y vídeos musicales. No es nada espectacular, sino todo lo contrario, natural.

 
Martiño Noriega, alcalde de Teo (La Coruña). / MONCHO RIVADULLA El de este alcalde es un ejemplo del potencial transformador que tiene la política 2.0 desde la base, la de la interactividad del ciberespacio. Mientras en el nivel macro los expertos la ven estancada, encapsulada en los estrechos límites fijados por los aparatos de los partidos, en muchos ayuntamientos de toda España ha permitido en estas municipales intensificar el contacto directo entre los electores y los candidatos. Pero la política 2.0, que se mueve todavía en círculos minoritarios, no hace milagros, sino que acostumbra a reflejar la realidad, que no deja de ser decepcionante, como se ha puesto de manifiesto con las movilizaciones del 15-M en demanda de una democracia real.

Las acampadas de la madrileña Puerta del Sol y otras decenas de plazas de toda España surgieron de un movimiento nacido en las redes sociales, especialmente Twitter, para expresar el malestar por la desbocada tasa de paro juvenil, los abusos de los mercados financieros y la desnaturalización de la democracia. Así, el gran hito de la política 2.0 de las últimas elecciones no se produjo en la esfera institucional convencional, sino en la reacción de una parte de la ciudadanía contra ella. Como escribió en su blog César Calderón, consultor político, esta movilización pilló desprevenidos a "partidos e instituciones unplugged, alejados de los movimientos emergentes, de las nuevas formas de participación y que no han aprendido aún a escuchar a los ciudadanos en la red".

Abandono de perfiles tras las elecciones. La última campaña electoral ha servido de contradictorio termómetro del compromiso de los políticos con las redes sociales. "Los partidos no cuestionan ya la presencia y la participación en Internet. De hecho, seis de cada diez candidatos a la presidencia de una comunidad autónoma han tenido cuenta en Twitter. Y datos similares se han dado en Facebook", apunta Albert Medran, consultor de comunicación, que incide en el ya habitual abandono de las páginas, blogs y perfiles que se produce inmediatamente después de la cita electoral.

En la política actual, en la que los márgenes de actuación son cada vez más estrechos debido al estricto dictado de los mercados financieros y en la que las diferencias entre los partidos resultan a menudo poco perceptibles, imperan las modas. Así, por ejemplo, a partir del éxito de Lula da Silva se hicieron habituales los escenarios con el público detrás del orador, como en los que se presentaba el brasileño. Del mismo modo, los discursos de Obama, construidos a través de historias concretas, a partir de las que emerge el mensaje principal, fueron profusamente emulados, con suerte desigual, por los candidatos españoles. Y el exitoso uso de Obama de Facebook creó una nueva pauta. De esta forma, igual que hace unos años todos los partidos pusieron un ".com" en sus carteles, ahora se va haciendo inevitable agregar la dirección de esta red social.

Por Anxo Lugilde para Revista Entrelíneas
Foto:Martiño Noriega, alcalde de Teo (La Coruña). / MONCHO RIVADULLA

 
 

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La imparcialidad del New York Times en tela de juicio por el último escándalo de David Pogue

La imparcialidad del New York Times en tela de juicio por el último escándalo de David Pogue

new-york-times-headquartersDavid Pogue uno de los más prestigiosos columnistas del New York Times, con más de un millón de seguidores en Twitter, se ha visto envuelto en un escándalo tras haber aceptado grabar un vídeo en el que ilustra a las propias agencias de prensa cómo redactar las notas dirigidas a él para que tengan más posibilidades de ser publicadas.

Según publica El Confidencial, Pogue habría sido contratado por la agencia Ragan Communications para impartir su particular lección. Las propias agencias de prensa comenzaron a recibir las invitaciones: por 159 dólares podían acceder al visionado en directo del vídeo en el que Pogue explicaba cómo tenían que hacer su trabajo para alcanzar el éxito. Una segunda lectura, que fue la que finalmente ha desatado la polémica, podía ser interpretada como un claro "paga la matrícula para así tener más posibilidades de ver tu nota de prensa publicada por el mismísimo David Pogue".

Rápidamente empezaron a llover las críticas a Pogue y al propio New York Times. El diario neoyorkino no dudó en prohibir fulminantemente dicha presentación, aunque no fue fácil, puesto que Pogue es un freelance y no está en nómina del periódico.

No es el primer escándalo que protagoniza Pogue, acusado de herir a su ex esposa con un iPhone en la cabeza, pero el periódico de alcance mundial no quiere perder su talento. Aunque, a partir de ahora,dará el visto bueno con anterioridad a todos los contenidos que quiera publicar el columnista especializado en tecnología, para así dilucidar si existe o no un conflicto de intereses que pueda echar por tierra la imparcialidad del medio.

Fuente: Marketing Directo.com

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PRESIDENTE PIÑERA Y CULTURA DE SEGURICDAD EN EL TRABAJO

"Vamos a seguir dando pasos más profundos para crear una cultura de seguridad en el trabajo y una política nacional que nos conduzca en esa dirección"

14 de julio de 2011

Anuncios en materia de seguridad laboral

En la comuna de Quilicura, el Presidente Piñera presentó cuatro nuevas iniciativas para mejorar la seguridad laboral, que incluyen la creación de una Intendencia, con más facultades de fiscalización, un Consejo Asesor y un Comité de Ministros sobre la materia. Además, promulgó el Convenio Nº 187 de la OIT, por medio del cual Chile se compromete a promover la seguridad y salud en el trabajo.

Aseguró que para el Gobierno evitar o reducir los accidentes y muertes laborales "constituye un imperativo moral, del cual nuestra sociedad no podía seguir simplemente eludiendo su responsabilidad", subrayando que esa fue una "gran lección que aprendimos con el accidente de la Mina San José. Por eso, inmediatamente, mientras todavía estábamos haciendo todos los esfuerzos humanamente posibles, primero para encontrar y luego para rescatar sanos y salvos a nuestros mineros, iniciamos un trabajo serio y profundo".

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado por la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, anunció hoy cuatro nuevas iniciativas que permitirán mejorar las condiciones de trabajo y seguridad laboral en nuestro país, durante la visita a una planta de galvanizado de acero, en la comuna de Quilicura.

En la oportunidad, el Mandatario firmó el proyecto de ley que crea la Intendencia de Seguridad Laboral, además de los decretos que crean el Consejo Consultivo de Seguridad Laboral y el Comité de Ministros de Seguridad Laboral, junto con promulgar el Convenio OIT N° 187, que compromete a Chile a promover en forma permanente la seguridad y salud en el trabajo.

En este sentido, explicó que "en nuestro país trabajan más de 7 millones de trabajadores y, de hecho, sólo el año 2009, 250 mil trabajadores, es decir, más de 1 de cada 20, sufrió accidentes en el trayecto hacia el trabajo o en el propio lugar de trabajo", subrayando que "cada accidente y cada muerte en el trabajo es mucho más que una estadística, es una verdadera tragedia que sacude a las familias de nuestro país".

Por ello, aseguró que "si podemos hacerlo mejor para evitar o reducir esos accidentes y esas muertes, eso constituye un imperativo moral, del cual nuestra sociedad no podía seguir simplemente eludiendo su responsabilidad", precisando que esa fue una "gran lección que aprendimos con el accidente de la Mina San José. Por eso, inmediatamente, mientras todavía estábamos haciendo todos los esfuerzos humanamente posibles, primero para encontrar y luego para rescatar sanos y salvos a nuestros mineros, iniciamos un trabajo serio y profundo".

Al respecto, detalló que "después de 90 días de un trabajo extenso, el grupo de trabajo presentó un informe que contenía un sólido conjunto de propuestas y reformas muy concretas, tendientes a reducir la tasa de accidentabilidad y, especialmente, las muertes en el trayecto o en los lugares de trabajo", por lo que "estas propuestas se tradujeron en una política nacional de seguridad y salud en el trabajo, algunas de las cuales ya se encuentran en marcha, otras son las que acabamos de promulgar, porque requerían cambios legales o administrativos".

En este marco, el Presidente Piñera reafirmó que "hoy día hemos dado, y vamos a seguir dando pasos más profundos en esa dirección, de crear una cultura de seguridad en el trabajo y una política nacional que nos conduzca en esa dirección", añadiendo que "de esta manera no solamente vamos a estar beneficiando a nuestros 7 millones de trabajadoras y trabajadores, sino también vamos a estar beneficiando a los empleadores y a la sociedad entera. A los empleadores, porque, definitivamente, mejores condiciones de trabajo, más justas y más seguras, permiten trabajadores más comprometidos, más productivos, con menor ausentismo laboral y, además, con mayor compromiso con el desarrollo de sus empresas".

Finalmente, anunció que el Gobierno presentará un proyecto de ley que revisa las sanciones y las multas, cuando se producen infracciones en materia de seguridad del trabajo, "para evitar lo que tantos trabajadores nos han dicho, de que hay algunos empleadores que prefieren pagar las multas que corregir el problema de seguridad que existe en su empresa. Y esa realidad, a través de este proyecto de ley, queremos empezar a erradicarla de raíz", explicó, agregando que también se implementará un programa orientado a las pequeñas y medianas empresas que "también necesitan asistencia para poder mejorar sus estándares en materia de seguridad".

Cuatro nuevas iniciativas

1.- Proyecto de ley que modifica la ley orgánica de la Superintendencia de Seguridad Social y crea la Intendencia de Seguridad Laboral. Incorpora a las funciones de la Superintendencia el sistematizar y proponer la estandarización de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo. Con ello, se fortalecerán las facultades de fiscalización de la Superintendencia y se aumentará la dotación de personal.

Fija también como una nueva función la administración y mantención de un Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el trabajo. Este instrumento permitirá diseñar, evaluar y mejorar políticas y programas; centralizará los datos de denuncias de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; diagnósticos de enfermedades profesionales; exámenes y evaluaciones realizadas; calificaciones de accidentes y enfermedades; actividades de prevención fiscalización.

2.- Decreto que crea el Consejo Consultivo de Seguridad Laboral. Será un órgano asesor permanente del Presidente de la República en materias relacionadas con la seguridad y salud laboral, analizando y opinando acerca de la Política Nacional y Sectoriales de Seguridad y Salud en el Trabajo, sobre modificaciones reglamentarias y legales en este ámbito, y también solicitando opinión de organizaciones más representativas de trabajadores y empleadores sobre modificaciones a normas legales y reglamentarias.

Esta instancia tendrá cinco miembros designados por el Presidente de la República, uno de los cuales debe pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de empleadores; otro pertenecer o haber pertenecido a organizaciones de trabajadores; y los tres restantes ser profesionales con reconocida experiencia y trayectoria en el ámbito de la seguridad y salud laboral.

3.- Decreto que establece la creación del Comité de Ministros de Seguridad Laboral. Este Comité de Ministros asesorará al Presidente de la República en la formulación de lineamientos y Políticas de Seguridad y Salud Laboral.

Sus funciones específicas serán: someter a consideración del Presidente de la República la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo; proponer normas y estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo, nacionales y sectoriales, velando porque las mismas tengan una aplicación coherente con la Política Nacional en la materia; velar porque el conjunto de normas de seguridad y salud laboral, emanadas de distintas entidades y organismos con competencias para dictarlas, resulten armónicas, sirvan efectivamente para promover los objetivos que fije la Política Nacional, y sean coherentes con los objetivos de las políticas sectoriales; y dar cuenta al Presidente de la República sobre la Memoria Anual del Sistema de Seguridad y Salud Laboral.

Este Comité será presidido por el Ministro del Trabajo y Previsión Social y estará integrado por los ministros de Salud; de Economía, Fomento y Turismo; de Defensa Nacional; de Agricultura; de Transportes y Telecomunicaciones; y de Minería.

4.- Decreto que promulga Convenio OIT N° 187. Este convenio –ratificado en el mes de abril- fija un marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, por medio del cual Chile se compromete a promover en forma continua la seguridad y salud en el trabajo a través de políticas, sistemas y programas a nivel nacional que apunten a prevenir los accidentes, enfermedades y muertes en el lugar de trabajo.

Fuente:

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LA TARDIA REACCION DE LA DC

LA SANCION A LAS BLANCAS PALOMAS POR CORRUPCIÓN FISCAL Y PRIVADA

DC pasará a la comisión de ética del partido casos de Luis Ajenjo y René Cortázar

El presidente de la colectividad Ignacio Walker dijo que en ambos casos "no caben defensas corporativas" pero que también "hay que presumir inocencia".

SANTIAGO.- El presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, solicitará un informó a la comisión de ética de su colectividad sobre las situaciones que afectan al ex presidente del directorio de EFE Luis Ajenjo y al presidente de Canal 13, René Cortázar.


"Ahora será resorte de la comisión de ética del partido ver qué es lo que pasa con el tema de Ajenjo y Cortázar. Voy a sugerir a la directiva para que la comisión de ética nos sugiera un camino a seguir frente a lo que suceda con ambos casos", afirmó el senador.


Ajenjo está detenido desde ayer, luego de ser notificado de su procesamiento por fraude al fisco, por haber pagado sin justificación un bono de 23 millones de pesos al ex gerente general de la estatal Eduardo Castillo. Su libertad bajo fianza se vería mañana.


En tanto Cortázar, fue acusado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), debido a que en su periodo como ex director de La Polar (abril a noviembre de 2010) habría incumplido las obligaciones de cuidado y diligencia y los deberes que exige la ley al comité de directores.


Respecto a las medidas que adoptará el partido, Walker sostuvo que está funcionando la comisión de ética, presidida por el ex ministro Sergio Molina y que en ambos casos "no caben defensas corporativas".


Sin embargo, también apuntó que "hay que presumir inocencia de las personas", por lo que lo más adecuado es que la comisión señale "el camino a seguir".


Fuente:EMOL

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Cámara aprueba proyecto que amplía incentivos tributarios a la inversión privada en investigación y desarrollo

Cámara aprueba proyecto que amplía incentivos tributarios a la inversión privada en investigación y desarrollo

Publicado el 14 de julio del 2011

Con 74 votos a favor y una abstención, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación en general, en primer trámite constitucional, a un proyecto del Ejecutivo que modifica la Ley N° 20.241, que establece un incentivo tributario a la inversión privada en investigación y desarrollo.

    La idea matriz o fundamental de este proyecto (boletín 7503) es modificar la Ley Nº 20.241, perfeccionando ciertos aspectos de los incentivos tributarios establecidos para las inversiones en investigación y desarrollo que las empresas realicen a través de centros de investigación, otorgando nuevos beneficios tributarios a las inversiones de este tipo que hagan las empresas con sus capacidades internas.

    Una encuesta del año 2009 realizada por el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Estadísticas sobre datos del año 2008, determinó que el nivel de inversión que se realiza en Chile por concepto de investigación y desarrollo sólo alcanza un 0,4% del PIB, colocando al país bajo el promedio de inversión en investigación y desarrollo en relación al PIB de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), donde los gastos por este concepto representan el 2,26% del PIB, de acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles (2006).

    Una situación similar se presenta en Chile con la participación de las empresas en actividades de investigación y desarrollo, financiando sólo un 43,7% del total del gasto por este concepto. El resto es financiado por el Estado, universidades, instituciones privadas sin fines de lucro e inversión extranjera.

    A juicio del Gobierno se requiere la regulación del Estado para reducir las distorsiones que presenta el mercado y favorecer un nivel de inversión en investigación y desarrollo que sea socialmente óptimo, y la experiencia internacional demuestra que los incentivos tributarios son un instrumento efectivo para expandir el gasto en investigación y desarrollo que hacen los privados.

    Lo anterior hace necesario que no sólo se incentive la llamada investigación "extramuros" (Ley N° 20.241) sino que también la inversión en investigación y desarrollo que las empresas realizan con sus capacidades internas -llamada "intramuros" -, también pueda ser objeto de un beneficio tributario, habida consideración que existe un gran número de empresas que cuentan con las capacidades internas para realizar este tipo de investigaciones pero no tienen la posibilidad de realizarlo pues la ley sólo permite la modalidad "extramuros".

    Este proyecto plantea la creación de un incentivo tributario a los proyectos de investigación y desarrollo realizados al interior de las empresas, y la vez, perfecciona los incentivos contemplados en la Ley N° 20.241. Estos beneficios consisten en otorgar a las empresas que realicen proyectos de investigación y desarrollo con sus propias capacidades o de terceros, en la medida que tales proyectos sean previamente certificados por CORFO, la posibilidad de utilizar como un crédito tributario contra el impuesto de primera categoría un monto equivalente al 30% de los pagos por concepto de gastos en el marco de un proyecto de investigación y desarrollo, según se define en la ley. Respecto del 70% restante de los desembolsos que no dan derecho a crédito, puede ser deducido de la renta líquida de la empresa como gasto necesario, aun cuando éstos no sean necesarios para producir la renta del ejercicio.

    El proyecto de ley introduce ciertos perfeccionamientos formales y también sustantivos a la ley N° 20.241, y adecua de ciertos aspectos generales de la ley y de los beneficios tributarios para las inversiones en investigación y desarrollo que hagan las empresas con un centro de investigación registrado (investigación y desarrollo "extramuros) .

    Se fija el crédito contra el impuesto de primera categoría en una suma equivalente al 30% del total de los pagos en dinero efectuados conforme a los contratos de investigación y desarrollo y se aumenta de 5.000 a 15.000 unidades tributarias mensuales el monto máximo del crédito a que tienen derecho los contribuyentes, independientemente de sus ingresos brutos en el ejercicio. También se establece que los desembolsos cuya deducción como gasto no está permitida por la ley, como es el caso de la parte que puede utilizarse como crédito, no se afecten con la tributación del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

    Se introduce un nuevo título tercero a la ley N° 20.241, denominado "De los Proyectos de Investigación y Desarrollo", que contiene la reglamentación de los proyectos de investigación y desarrollo que realicen las empresas con sus propias capacidades o las de terceros, y los beneficios tributarios a que éstas pueden optar.

    El proyecto autoriza a las empresas llevar a cabo inversiones en investigación y desarrollo utilizando sus propias capacidades o las de terceros, siempre que los proyectos sean debidamente certificados por CORFO y cumplan con ciertos requisitos, dentro de los cuales se cuenta el ser llevados a cabo principalmente dentro del territorio nacional. Será también este organismo el que estará a cargo de la fiscalización de la correcta ejecución y cumplimiento de los proyectos ya certificados y también de revocar la certificación en caso que se incumplan los términos y condiciones de un proyecto.

    Se establece que los contribuyentes que a la fecha de entrada en vigencia de este proyecto estuvieren haciendo uso de los beneficios tributarios de la ley N° 20.241, seguirán haciendo uso de ellos en los mismos términos hasta el término del ejercicio en el cual entren en vigencia las modificaciones a la ley N° 20.241. A partir del ejercicio siguiente, estos contribuyentes podrán optar, por una vez, por continuar acogidos al régimen de beneficios anterior o bien por acogerse a las modificaciones introducidas por este proyecto de ley.

    Por último, se extiende la vigencia de la ley N° 20.241 hasta el 31 de diciembre de 2025, en el sentido de que los proyectos certificados cuyas solicitudes de certificación se hayan presentado hasta dicha fecha, darán a sus titulares el derecho a utilizar los beneficios que consagra esta iniciativa legal, aunque los mismos beneficios se hagan efectivos con posterioridad a la señalada fecha.

    Con 69 votos a favor y tres abstenciones, la Sala aprobó en particular el texto con indicaciones introducidas en la Comisión de Hacienda.

    En el debate en la Sala de la iniciativa intervinieron los diputados Enrique Van Rysselberghe (UDI), Miodrag Marinovic (Indep), Javier Macaya (UDI), Carlos Montes (PS), Carlos Recondo (UDI), José Miguel Ortiz (DC), Alberto Robles (PRSD), Alejandra Sepúlveda (PRI), Joaquín Godoy (RN), Ernesto Silva (UDI), Enrique Jaramillo (PPD) y Jorge Sabag (DC).

    El proyecto pasa ahora a segundo trámite constitucional al Senado.

    Fuente:

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    ARGENTINA Si hubo compromiso arbitral hay que bancarlo hasta el final

    Litigio contractual
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    Si hubo compromiso arbitral hay que bancarlo hasta el final

    La Justicia Federal afirmó la autonomía del compromiso arbitral celebrado entre las partes respecto del contrato principal y ordenó que una de ellas, que se negaba a someterse a un tribunal arbitral debido a la rescisión del acuerdo, realizara las acciones necesarias para hacer efectivo el pacto de arbitraje concretado inicialmente.

    La Cámara Civil y Comercial Federal revocó una decisión de primera instancia y ordenó a la empresa demandada que formalice el compromiso arbitral celebrado con la actora y proceda a efectuar las gestiones necesarias para constituir el tribunal arbitral, al que inicialmente las partes habían acordado someter los conflictos derivados de su relación contractual.

    La Sala I del Tribunal de Apelaciones decidió la revocación del fallo de grado por mayoría, alcanzada con el voto de los magistrados María Susana Najurieta y Francisco de las Carreras. En particular manifestó que "aún en el arbitraje nacional, la cláusula compromisoria tiene autonomía, pudiendo ser dirimida por árbitros la cuestión relativa a la rescisión de un contrato de charteo". El vocal Martín Farrell votó en disidencia.

    En el caso, dos empresas habían celebrado un contrato de charteo e incluido en el acuerdo el sometimiento de los conflictos entre ambas ante un tribunal arbitral. Una de ellas, luego demandada en el juicio, rescindió el acuerdo de charteo y se negó a que esa decisión sea tratada ante árbitros.

    La otra entidad demandó entonces a su contraparte ante la Justicia y solicitó una serie de medidas preparatorias tendientes a concretar el arbitraje pactado en el contrato que había sido rescindido.

    El juez de grado rechazó la solicitud efectuada por la empresa actora pues consideró que al haberse rescindido el contrato ya no tenía validez alguna el compromiso arbitral celebrado entre las partes. Esta decisión fue apelada por la entidad demandante.

    Primero, la Cámara Civil y Comercial sostuvo que el conflicto suscitado entre las empresas versaba "sobre derechos contractuales disponibles, que pueden ser materia de transacción"; es decir, que era legalmente posible que hubieran decidido someter sus problemas contractuales a consideración de un tribunal arbitral.

    "La cláusula compromisoria constituye un medio por el cual las partes, -en un ejercicio de la autonomía admitido por el ordenamiento jurídico-, resuelven atribuir jurisdicción a un árbitro o a un tribunal de arbitradores para resolver sus controversias, configurando un acuerdo contractual que corresponde acatar", explicó la Justicia Federal.

    Acto seguido, el Tribunal de Apelaciones señaló que "si bien el derecho argentino aplicable al arbitraje interno o nacional no contiene de manera expresa una norma que se refiera al principio de la autonomía de la cláusula arbitral, tanto en la Convención de Nueva York de 1958, como en el Acuerdo del MERCOSUR de 1988 –ambos también aplicables al arbitraje nacional-, surge que el compromiso arbitral constituye un contrato autónomo dentro de otro contrato –en el sub lite, de charteo-".

    La suerte del contrato de charteo "así se invoque su nulidad, su inexistencia o su rescisión, no acarrea necesariamente la invalidez del pacto arbitral, el cual mantiene su plena vigencia", afirmó la Cámara Civil y Comercial.

    Luego, el Tribunal de Apelaciones indicó que correspondía "admitir la demanda sustentada en el artículo 742 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación" y también "obligar a la empresa demandada a iniciar el procedimiento arbitral y a formalizar el compromiso".

    Dicho esto, la Justicia Civil y Comercial afirmó que la oposición de la entidad demandada, relativa a que la misión de los árbitros estaba limitada a cuestiones de hecho, no podía prosperar. "De la redacción de la cláusula surge que el derecho argentino rige el contrato –es decir, es un arbitraje de derecho-, y que la resolución de todo diferendo corresponde a un único árbitro o a un tribunal arbitral, designado según el procedimiento que se especifica".

    "Las partes han desplazado la competencia de los tribunales judiciales, prorrogándola a favor de árbitros en una manifestación válida de su común voluntad, y ellos deberán resolver conforme al derecho argentino, como no podía ser de otra manera tratándose de un contrato local o nacional", aseveró luego el Tribunal Federal.

    Además, "la amplitud con que fue redactada la cláusula compromisoria conduce a inferir que los invocados incumplimientos y el tema de la rescisión contractual es materia a dirimir por el o los árbitros, sin que ello constituya un cercenamiento de las facultades de control judicial que compete al Juez estatal del asiento del tribunal arbitral", enfatizó la Cámara de Apelaciones.

    Por estas razones, el Tribunal Civil y Comercial Federal resolvió revocar la resolución apelada y compeler a la empresa demandada a que formalice el compromiso y proceda a realizar lo necesario para la constitución del tribunal arbitral.

    El vocal disidente, Martín Farrell, consideró, en cambio, que correspondía confirmar la resolución apelada que desestimó las medidas preparatorias del arbitraje naval. "No corresponde adoptar judicialmente diversas medidas preparatorias para conformar un tribunal arbitral cuando una de las partes rescindió el contrato", puntualizó el magistrado.

    Fallo provisto por Microjuris.com en virtud del convenio suscripto con Diario Judicial.

    Dju

    La Justicia Federal afirmó la autonomía del compromiso arbitral celebrado entre las partes respecto del contrato principal y ordenó que una de ellas, que se negaba a someterse a un tribunal arbitral debido a la rescisión del acuerdo, realizara las acciones necesarias para hacer efectivo el pacto de arbitraje concretado inicialmente.

    La Cámara Civil y Comercial Federal revocó una decisión de primera instancia y ordenó a la empresa demandada que formalice el compromiso arbitral celebrado con la actora y proceda a efectuar las gestiones necesarias para constituir el tribunal arbitral, al que inicialmente las partes habían acordado someter los conflictos derivados de su relación contractual.

    La Sala I del Tribunal de Apelaciones decidió la revocación del fallo de grado por mayoría, alcanzada con el voto de los magistrados María Susana Najurieta y Francisco de las Carreras. En particular manifestó que "aún en el arbitraje nacional, la cláusula compromisoria tiene autonomía, pudiendo ser dirimida por árbitros la cuestión relativa a la rescisión de un contrato de charteo". El vocal Martín Farrell votó en disidencia.

    En el caso, dos empresas habían celebrado un contrato de charteo e incluido en el acuerdo el sometimiento de los conflictos entre ambas ante un tribunal arbitral. Una de ellas, luego demandada en el juicio, rescindió el acuerdo de charteo y se negó a que esa decisión sea tratada ante árbitros.

    La otra entidad demandó entonces a su contraparte ante la Justicia y solicitó una serie de medidas preparatorias tendientes a concretar el arbitraje pactado en el contrato que había sido rescindido.

    El juez de grado rechazó la solicitud efectuada por la empresa actora pues consideró que al haberse rescindido el contrato ya no tenía validez alguna el compromiso arbitral celebrado entre las partes. Esta decisión fue apelada por la entidad demandante.

    Primero, la Cámara Civil y Comercial sostuvo que el conflicto suscitado entre las empresas versaba "sobre derechos contractuales disponibles, que pueden ser materia de transacción"; es decir, que era legalmente posible que hubieran decidido someter sus problemas contractuales a consideración de un tribunal arbitral.

    "La cláusula compromisoria constituye un medio por el cual las partes, -en un ejercicio de la autonomía admitido por el ordenamiento jurídico-, resuelven atribuir jurisdicción a un árbitro o a un tribunal de arbitradores para resolver sus controversias, configurando un acuerdo contractual que corresponde acatar", explicó la Justicia Federal.

    Acto seguido, el Tribunal de Apelaciones señaló que "si bien el derecho argentino aplicable al arbitraje interno o nacional no contiene de manera expresa una norma que se refiera al principio de la autonomía de la cláusula arbitral, tanto en la Convención de Nueva York de 1958, como en el Acuerdo del MERCOSUR de 1988 –ambos también aplicables al arbitraje nacional-, surge que el compromiso arbitral constituye un contrato autónomo dentro de otro contrato –en el sub lite, de charteo-".

    La suerte del contrato de charteo "así se invoque su nulidad, su inexistencia o su rescisión, no acarrea necesariamente la invalidez del pacto arbitral, el cual mantiene su plena vigencia", afirmó la Cámara Civil y Comercial.

    Luego, el Tribunal de Apelaciones indicó que correspondía "admitir la demanda sustentada en el artículo 742 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación" y también "obligar a la empresa demandada a iniciar el procedimiento arbitral y a formalizar el compromiso".

    Dicho esto, la Justicia Civil y Comercial afirmó que la oposición de la entidad demandada, relativa a que la misión de los árbitros estaba limitada a cuestiones de hecho, no podía prosperar. "De la redacción de la cláusula surge que el derecho argentino rige el contrato –es decir, es un arbitraje de derecho-, y que la resolución de todo diferendo corresponde a un único árbitro o a un tribunal arbitral, designado según el procedimiento que se especifica".

    "Las partes han desplazado la competencia de los tribunales judiciales, prorrogándola a favor de árbitros en una manifestación válida de su común voluntad, y ellos deberán resolver conforme al derecho argentino, como no podía ser de otra manera tratándose de un contrato local o nacional", aseveró luego el Tribunal Federal.

    Además, "la amplitud con que fue redactada la cláusula compromisoria conduce a inferir que los invocados incumplimientos y el tema de la rescisión contractual es materia a dirimir por el o los árbitros, sin que ello constituya un cercenamiento de las facultades de control judicial que compete al Juez estatal del asiento del tribunal arbitral", enfatizó la Cámara de Apelaciones.

    Por estas razones, el Tribunal Civil y Comercial Federal resolvió revocar la resolución apelada y compeler a la empresa demandada a que formalice el compromiso y proceda a realizar lo necesario para la constitución del tribunal arbitral.

    El vocal disidente, Martín Farrell, consideró, en cambio, que correspondía confirmar la resolución apelada que desestimó las medidas preparatorias del arbitraje naval. "No corresponde adoptar judicialmente diversas medidas preparatorias para conformar un tribunal arbitral cuando una de las partes rescindió el contrato", puntualizó el magistrado.

    Fallo provisto por Microjuris.com en virtud del convenio suscripto con Diario Judicial.

    Dju


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    José Piñera: Perú necesita ´a gritos´ una reforma laboral profunda

    José Piñera: Perú necesita ´a gritos´ una reforma laboral profunda

    Jueves, 14 de Julio 2011 | 11:35 am

    PUB / Captura de Internet

    En diálogo con RPP Noticias, el creador de las AFP consideró que, de esta manera, se puede llevar el sistema privado de pensiones a más sectores de la población.

    El creador del sistema privado de pensiones, José Piñera, hermano del presidente chileno Sebastián Piñera, opinó que el Perú necesita "a gritos" una reforma laboral profunda para llevar las AFP a más sectores de la población.

    "Lo que necesita el Perú a gritos es una reforma laboral profunda, que flexibilice el mercado del trabajo y lleve al pleno empleo. Si una persona tiene empleo, obviamente que puede entrar al sistema de AFP", dijo a RPP Noticias.

    "El sistema de AFP es como un Mercedes Benz. Hay gente que no compra un Mercedes Benz, (pero) ese no es un problema de los ingenieros que hicieron el Mercedes Benz. Hay personas que por su nivel de ingresos no pueden comprar un Mercedes Benz. ¿Llamaría al ingeniero de Mercedes Benz para solucionar el problema? No", continuó.

    "Se llamaría a las autoridades que deben darle empleo a esa persona para que pueda acceder al Mercedes Benz. Para eso, hagan una reforma laboral, continúen creciendo al 7% como lo está haciendo Perú, continúen aumentando la productividad", finalizó.

    En otro momento, Piñera comentó que en materia económica Perú o Chile "es más solvente el Estado que el Estado de Grecia, de España o de Portugal".

    "Es importante valorar lo que uno tiene, defender lo que uno tiene, sin prejuicio de que todo puede mejorarse. Nada humano es perfecto. Todo se puede discutir y perfeccionar. Es distinto perfeccionar que ir a cambiar los pilares de un sistema (en referencia a la AFP), que está funcionando en Chile y en Perú", apuntó.

    "En Chile acabamos de celebrar 30 años del sistema, y en 30 años nadie se ha robado un peso del sistema. Un sistema que ya tiene en Chile la cantidad acumulada de 150 mil millones de dólares y nadie ha tocado un peso, porque el sistema está regulado por el Estado", agregó.

    José Piñera ha sido invitado para participar en un seminario sobre las AFP que organiza la Asociación de AFP, que preside Beatriz Merino.


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    Jovino Novoa: "Creo que esto va a terminar en un cambio de gabinete"

    Jovino Novoa: "Creo que esto va a terminar en un cambio de gabinete"

    El senador UDI dijo que existe "un problema en la conducción política, en la forma de tomar las decisiones".

    14/07/2011 - 09:46

    El senador UDI Jovino Novoa abordó esta mañana los rumores respecto a un posible cambio de gabinete, y comentó la disparidad que existe entre los niveles de respaldo del gobierno y la situación económica del país.

    "El país está funcionando normalmente", dijo, junto con resaltar que "hay un ambiente político, en general, que no es concordante con una situación del país que no la veo en crisis".

    "Esta situación me sorprende un poco, porque aquí se han generado expectativas, una ola de rumores, una especie de presión que yo creo va a terminar en un cambio de gabinete".

    "Cuando estas cosas ocurren, tarde o temprano se produce el cambio de gabinete", sostuvo en radio ADN.

    Según el parlamentario, además, existe "un problema en la conducción política, en la forma de tomar las decisiones". Estas palabras van en línea con las críticas formuladas por los diputados UDI hace algunas semanas a la conducción política del gobierno y específicamente al rol del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

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    EXPORTADORES SON PARTE DEL PROBLEMA Y NO DE LA SOLUCIÓN

    SNA, Fedefruta y asoex integrarán mesa técnica donde se analizarán alternativas para mejorar la competitividad del sector

    Agroexportadores postergan demandas por dólar a la espera de propuestas del gobierno

    • dirigentes nada dicen de la falta de transparencia del mercado exportador frutiocola  en chile y gobierno tampoco  se pronuncia

    • Aun cuando el tipo de cambio se encuentra en niveles cercanos a los de la intervención, los principales afectados han decidido darle un respiro al Ejecutivo.

     

    Por Gonzalo Cerda Milla


     
    Tras meses de reclamos, manifestaciones, reuniones y listas de demandas, el mundo agrícola y los agroexportadores se sentarán a la mesa con el gobierno para planificaran la estrategia adecuada y mejorar la competitividad de ambos sectores. Y sería este 25 de julio cuando los ministerios de Agricultura, Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia se reúnan con los representantes de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Fedefruta y Asoex, y representantes del mundo agrícola para dar inicio a las tratativas.
     
    En este primer encuentro se expondrá la política agrícola que impulsará el Ministerio de Agricultura además de escuchar los planteamientos que presentarán los asistentes.
     
    Según trascendió, los integrantes definitivos que participarán en esta instancia no están 100% definidos, aunque ya se encuentra claro los cupos que tendrán cada uno. La apuesta del gobierno es poder conjugar las medidas propuestas por la SNA y el petitorio de 15 medidas expuestas tras el acto de Requínoa.
     
    De esta forma, explicaron los presidentes de los gremios involucrados, lo que están dispuestos a otorgar es la postergación en los reclamos referentes a la caída del dólar a cambio de mejorar las expectativas para el sector en el mediano y largo plazo. Como lo explicó el presidente de Fedefruta, Antonio Walker, el motivo de esta "pausa" se debe a que se trabajó mucho para poder sacar adelante la manifestación. "Nos desgastamos ya que planteamos el diagnóstico y las propuestas para la agricultura chilena, ahora sentimos que al formarse esta mesa, el gobierno entiende la gravedad del problema y por eso hacemos el gesto de la baja en nuestra presión".
     
    Esta nueva estrategia busca darle espacio al gobierno para que presente sus propuestas, lo que se deberá traducir en resultados "ágiles", de lo contrario, Walker no descartó continuar con las presiones.
     
    En tanto, el presidente de Asoex, Ronald Bown, manifestó que el sector se encuentra expectante ante lo que el gobierno pueda ofrecer. "Esta mesa es lo que nosotros estábamos esperando y queremos que sea una instancia fructífera (…) el tipo de cambio lo tenemos que tocar pero dudo que sea ´el´ elemento fundamental de la discusión".
     
    Temas a tratar

     
    El presidente de la SNA, Luis Mayol, espera que la conformación de esta mesa contemple "ver temas más propios del Ministerio de Agricultura". El dirigente recalcó su preocupación respecto de la efectividad de esta instancia. "No queremos que esto se transforme en la típica mesa en la que nos vamos en discusiones, en agendas poco claras y al final no se concreta nada; queremos que sean puntos concretos, con un calendario definido y una agenda específica", agregó. La SNA tiene claro que para poder avanzar en mejoras de competitividad es fundamental poder contar con medidas alternativas como la de suelos degradados, la recuperación de aguas, entre otras. Walker propone la creación de un comité de economistas para que en esa instancia se definan las políticas macroeconómicas respecto del tipo de cambio.

    Cómo lo ve el ejecutivo

    Desde el Ministerio de Agricultura manifestaron su conformidad con la actitud que han presentado los tres principales gremios. Según explicaron esta instancia servirá para presentarle al sector privado la política agrícola que se tiene en el gobierno. Además, se conformará una asamblea a la cual estarán citados parlamentarios, representantes del mundo agrícola y los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, el de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet y de Agricultura, José Antonio Galilea, y que sesionará el 26 de julio.

    A esta reunión se sumarían representantes de los pequeños productores agrícolas, con el fin de poder incluir a todos los sectores. La idea, según explicaron desde el ministerio, es que la mesa sesione cada 15 días y de vez en cuando citar a la asamblea para informar y buscar respaldos.
     

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    Personal de Indap recibe capacitación tributaria del SII para apoyar a pequeños agricultores

     

    En temas como cambio de sujeto, formalización y factura electrónica

    Santiago, 13 de Julio de 2011
    Personal de Indap recibe capacitación tributaria del SII para apoyar a pequeños agricultores
    Con la presencia de Ricardo Ariztía, director del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), y del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Julio Pereira,
    • El director del SII, Julio Pereira, destacó el impacto positivo que las actividades de capacitación tendrán para el sector agrícola, gracias al traspaso de competencias a los pequeños productores.
    • El objetivo del convenio es mejorar el manejo de las operaciones contables y tributarias de pequeños productores agrícolas, ampliar su acceso a financiamiento e incrementar su competitividad e inserción en los ciclos de negocio.

    Con la presencia de Ricardo Ariztía, director del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), y del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Julio Pereira, se dio inicio a las Jornadas de Profundización para funcionarios de INDAP, en el marco del convenio de colaboración que ambas instituciones firmaron en 2010, con el objetivo de elevar las competencias empresariales y de negocios de pequeños agricultores mediante la capacitación en algunas materias tributarias.

    (De izquierda a derecha) Luis Alfaro Lucero, jefe de la División de Asistencia Financiera de INDAP; Ricardo Ariztía, director INDAP; junto a Fabiola Caamaño, jefa de Desarrollo de Factura Electrónica del SII y Julio Pereira, director del SII.

    Las jornadas se realizarán del 12 al 15 de julio en Santiago y apuntan a que los funcionarios de INDAP profundicen en conocimientos que les permiten apoyar y orientar a sus usuarios en la integración al proceso de desarrollo rural. La entidad agropecuaria estima que llegará a más de 96 organizaciones campesinas que agrupan a más de 3.000 pequeños agricultores, en un período de dos años.

    "Tengo la certeza de que los esfuerzos que ambas instituciones estamos realizando en este convenio de colaboración, verán sus resultados en un sector agrícola mejor preparado, con pequeños productores agrícolas que dispondrán de herramientas para el manejo de sus operaciones contables y tributarias, ampliar su acceso a financiamiento e incrementar su competitividad e inserción en los ciclos de negocios. En suma, un Chile más competitivo", señaló Julio Pereira.

    El director del SII, Julio Pereira, destacó en su intervención el impacto positivo que las actividades de capacitación tendrán para el sector agrícola.

    El director del SII destacó especialmente el esfuerzo de Indap en la organización de las jornadas y la participación de sus funcionarios; así como el esfuerzo de los monitores del SII, quienes prepararon los cursos para apoyar las jornadas de profundización y entregar sus conocimientos a los profesionales de INDAP.

    Capacitaciones

    En la primera etapa del convenio, efectuada en 2010, fueron capacitados más de 500 funcionarios de INDAP, en 27 charlas que dictadas en Arica, Calama, Copiapó, La Serena, Rancagua, Santiago, Quillota, Talca, Concepción, Temuco, Río Bueno, Osorno, Puerto Montt, Castro, Coyhaique, Iquique y Punta Arenas.

    Los asistentes se especializaron en temas de Formalización, Cumplimiento tributario básico de pequeños agricultores, Cambio de sujeto del IVA, Régimen Pequeño Productor Agrícola (PPA) y Facturación Electrónica Mipyme, entre otros.

    Ricardo Ariztía, director de INDAP, durante su intervención.

    Los conocimientos adquiridos serán una herramienta para apoyar a pequeños agricultores en el proceso de formalización e incorporación de las aplicaciones electrónicas disponibles en www.sii.cl a su negocio. Eso les permitirá mejorar el manejo de las operaciones contables y tributarias, ampliar el acceso a financiamiento e incrementar su competitividad e inserción en los ciclos de negocio.

    El convenio entre ambas instituciones se enmarca en el interés del SII por facilitar el cumplimiento tributario de los contribuyentes, especialmente de las micro y pequeñas empresas del país. Con este objetivo, el SII dispone de aplicaciones gratuitas para el segmento a través de su sitio en Internet, y permanentemente realiza acciones de capacitación a contribuyentes, ya sea de manera directa o a través de alianzas con instituciones y/o grandes empresas del país.


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    Polémico acuerdo UPOV-91 marcó debate de UdeC

    Polémico acuerdo UPOV-91 marcó debate de UdeC

    Posiciones divergentes muestran que hay una discusión nacional pendiente en "royalty" de semillas.
     
    Si bien el gerente de la Asociación Nacional de Productores de Semillas, Ampros, Mario Schindler, calificó de mito que la aprobación en el Parlamento del Convenio UPOV-91 (Unión Internacional para las Protecciones Vegetales)  fue un "proyecto poco representativo y fue discutido entre gallos y medianoche", la verdad es que la reacción que ha provocado se produjo en forma tardía, el tema no fue conocido por la opinión pública cuando aún era tiempo de intervenir, ni tampoco actores relevantes recibieron invitación para el debate, como es el caso del gremio agrícola de Ñuble.
    Y a pesar que la ley que aprueba este tratado internacional de comercio sobre los derechos que deben  pagarse a los autores intelectuales de vegetales fue objeto de un recurso para verificar su constitucionalidad, está aprobada por las dos cámaras y lista para ser promulgada, aún el tema despierta controversias y acalorado debate.
    Así se apreció ayer en el seminario "Implicancias del Convenio UPOV-91 para la Agricultura Chilena", realizado por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción,  en el Campus Chillán e inaugurado por el decano Raúl Cerda. La jornada resultó provechosa en varios aspectos, pero a la vez dejó en relevancia tareas pendientes del país, para proteger los recursos genéticos y avanzar en tomar una decisión a favor o en contra de la autorización de cultivos transgénicos.
    Tres de los cuatro expositores del seminario, que fueron además de Schindler Magaly Escobar, del Servicio Agrícola y Ganadero, e Iván Matus, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, aclararon que el convenio UPOV-91, que se ha asociado con desprotección de los recursos genéticos y con transgenie, no apunta a esos temas y que tiene que ver exclusivamente con la protección de los derechos de quienes obtienen nuevas semillas, lo que se rige por un marco estricto.
    El convenio se refiere exclusivamente a variedades nuevas, generadas por mejoramiento genético o por mutaciones naturales o inducidas y bajo ningún aspecto a variedades de dominio público, antiguas o ecotipos de especies nativas, naturalizadas o introducidas, aclaró Iván Matus.
    Informaron que la obtención de nuevas semillas y variedades de frutales o plantas ornamentales es una tarea que toma en ocasiones más de una década y que tienen un trabajo de modificación. Esto implica un trabajo intelectual y una inversión cuantiosa. En este tema el incentivo de los derechos del obtentor estimula la creación de nuevas semillas y variedades.
     
    Mejores rendimientos
    Explicaron además que las nuevas variedades han permitido, junto con otros avances en tecnología agrícola,  aumentar de 17,7 quintales de trigo por hectárea, que era el promedio en 1980, a 57,7 que es el rinde actual o de 34 qq de maíz a 110,8 entre las mismas fechas.
    Agustín Infante, del Centro de Educación Tecnológica, CET, sin objetar lo anterior, señaló que en la actualidad, no se protegen ni valoran los recursos genéticos y que hay que evitar la fuga de material y proteger los conocimientos tradicionales chilenos. Manifestó que los pequeños agricultores son subvalorados y que sin embargo son quienes alimentan al  71% de la población mundial  y juegan un papel clave en la seguridad alimentaria local y regional.
    Agregó también que los derechos de los obtentores no están al servicio de la soberanía alimentaria, sino al negocio. Y expresó su temor que aumentar las garantías a empresas y obtentores disminuya derechos de los agricultores.
    Un aspecto objetivo del convenio es que busca restringir la reutilización de semillas protegidas que son obtenidas en la cosecha en predios de los productores, lo que motivó suspicacias en los pequeños y medianos agricultores representados en el seminario.

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