Polémico acuerdo UPOV-91 marcó debate de UdeC
Posiciones divergentes muestran que hay una discusión nacional pendiente en "royalty" de semillas.
Si bien el gerente de la Asociación Nacional de Productores de Semillas, Ampros, Mario Schindler, calificó de mito que la aprobación en el Parlamento del Convenio UPOV-91 (Unión Internacional para las Protecciones Vegetales) fue un "proyecto poco representativo y fue discutido entre gallos y medianoche", la verdad es que la reacción que ha provocado se produjo en forma tardía, el tema no fue conocido por la opinión pública cuando aún era tiempo de intervenir, ni tampoco actores relevantes recibieron invitación para el debate, como es el caso del gremio agrícola de Ñuble.
Y a pesar que la ley que aprueba este tratado internacional de comercio sobre los derechos que deben pagarse a los autores intelectuales de vegetales fue objeto de un recurso para verificar su constitucionalidad, está aprobada por las dos cámaras y lista para ser promulgada, aún el tema despierta controversias y acalorado debate.
Así se apreció ayer en el seminario "Implicancias del Convenio UPOV-91 para la Agricultura Chilena", realizado por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, en el Campus Chillán e inaugurado por el decano Raúl Cerda. La jornada resultó provechosa en varios aspectos, pero a la vez dejó en relevancia tareas pendientes del país, para proteger los recursos genéticos y avanzar en tomar una decisión a favor o en contra de la autorización de cultivos transgénicos.
Tres de los cuatro expositores del seminario, que fueron además de Schindler Magaly Escobar, del Servicio Agrícola y Ganadero, e Iván Matus, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, aclararon que el convenio UPOV-91, que se ha asociado con desprotección de los recursos genéticos y con transgenie, no apunta a esos temas y que tiene que ver exclusivamente con la protección de los derechos de quienes obtienen nuevas semillas, lo que se rige por un marco estricto.
El convenio se refiere exclusivamente a variedades nuevas, generadas por mejoramiento genético o por mutaciones naturales o inducidas y bajo ningún aspecto a variedades de dominio público, antiguas o ecotipos de especies nativas, naturalizadas o introducidas, aclaró Iván Matus.
Informaron que la obtención de nuevas semillas y variedades de frutales o plantas ornamentales es una tarea que toma en ocasiones más de una década y que tienen un trabajo de modificación. Esto implica un trabajo intelectual y una inversión cuantiosa. En este tema el incentivo de los derechos del obtentor estimula la creación de nuevas semillas y variedades.
Y a pesar que la ley que aprueba este tratado internacional de comercio sobre los derechos que deben pagarse a los autores intelectuales de vegetales fue objeto de un recurso para verificar su constitucionalidad, está aprobada por las dos cámaras y lista para ser promulgada, aún el tema despierta controversias y acalorado debate.
Así se apreció ayer en el seminario "Implicancias del Convenio UPOV-91 para la Agricultura Chilena", realizado por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, en el Campus Chillán e inaugurado por el decano Raúl Cerda. La jornada resultó provechosa en varios aspectos, pero a la vez dejó en relevancia tareas pendientes del país, para proteger los recursos genéticos y avanzar en tomar una decisión a favor o en contra de la autorización de cultivos transgénicos.
Tres de los cuatro expositores del seminario, que fueron además de Schindler Magaly Escobar, del Servicio Agrícola y Ganadero, e Iván Matus, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, aclararon que el convenio UPOV-91, que se ha asociado con desprotección de los recursos genéticos y con transgenie, no apunta a esos temas y que tiene que ver exclusivamente con la protección de los derechos de quienes obtienen nuevas semillas, lo que se rige por un marco estricto.
El convenio se refiere exclusivamente a variedades nuevas, generadas por mejoramiento genético o por mutaciones naturales o inducidas y bajo ningún aspecto a variedades de dominio público, antiguas o ecotipos de especies nativas, naturalizadas o introducidas, aclaró Iván Matus.
Informaron que la obtención de nuevas semillas y variedades de frutales o plantas ornamentales es una tarea que toma en ocasiones más de una década y que tienen un trabajo de modificación. Esto implica un trabajo intelectual y una inversión cuantiosa. En este tema el incentivo de los derechos del obtentor estimula la creación de nuevas semillas y variedades.
Mejores rendimientos
Explicaron además que las nuevas variedades han permitido, junto con otros avances en tecnología agrícola, aumentar de 17,7 quintales de trigo por hectárea, que era el promedio en 1980, a 57,7 que es el rinde actual o de 34 qq de maíz a 110,8 entre las mismas fechas.
Agustín Infante, del Centro de Educación Tecnológica, CET, sin objetar lo anterior, señaló que en la actualidad, no se protegen ni valoran los recursos genéticos y que hay que evitar la fuga de material y proteger los conocimientos tradicionales chilenos. Manifestó que los pequeños agricultores son subvalorados y que sin embargo son quienes alimentan al 71% de la población mundial y juegan un papel clave en la seguridad alimentaria local y regional.
Agregó también que los derechos de los obtentores no están al servicio de la soberanía alimentaria, sino al negocio. Y expresó su temor que aumentar las garantías a empresas y obtentores disminuya derechos de los agricultores.
Un aspecto objetivo del convenio es que busca restringir la reutilización de semillas protegidas que son obtenidas en la cosecha en predios de los productores, lo que motivó suspicacias en los pequeños y medianos agricultores representados en el seminario.
Explicaron además que las nuevas variedades han permitido, junto con otros avances en tecnología agrícola, aumentar de 17,7 quintales de trigo por hectárea, que era el promedio en 1980, a 57,7 que es el rinde actual o de 34 qq de maíz a 110,8 entre las mismas fechas.
Agustín Infante, del Centro de Educación Tecnológica, CET, sin objetar lo anterior, señaló que en la actualidad, no se protegen ni valoran los recursos genéticos y que hay que evitar la fuga de material y proteger los conocimientos tradicionales chilenos. Manifestó que los pequeños agricultores son subvalorados y que sin embargo son quienes alimentan al 71% de la población mundial y juegan un papel clave en la seguridad alimentaria local y regional.
Agregó también que los derechos de los obtentores no están al servicio de la soberanía alimentaria, sino al negocio. Y expresó su temor que aumentar las garantías a empresas y obtentores disminuya derechos de los agricultores.
Un aspecto objetivo del convenio es que busca restringir la reutilización de semillas protegidas que son obtenidas en la cosecha en predios de los productores, lo que motivó suspicacias en los pequeños y medianos agricultores representados en el seminario.
Fuente:
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN .
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
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