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lunes, octubre 15, 2012

capacitación

Gobierno afina nuevo modelo Sence: menos cursos, pero más extensos y caros


Un cambio legal profundo está afinando el Ministerio del Trabajo para modificar el actual sistema de capacitación. No se trata del fin del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) pero sí de una iniciativa que involucra un proyecto de ley -que en el Ministerio estiman estaría listo en febrero- que se traducirá en modificaciones relevantes a este sistema de franquicia tributaria por el que se canalizan los recursos para capacitar a los trabajadores.

Posiblemente se trate del cambio más ambicioso desde la creación del Sence, dice la ministra Evelyn Matthei.

La transformación se basa por un lado en los resultados que arrojó la comisión Larrañaga, donde se constató el nulo impacto de la capacitación actual a la hora de medir si hay mejoras en empleabilidad y salarios. Y, por otro, en la experiencia internacional recogida de países como Australia o Nueva Zelandia, que la ministra visitó y en los que constató que a nivel de industrias allá se organizan en "consejos de competencias laborales" (skills council): organismos que dan las pautas de lo que el mercado laboral está demandando. Y determinan qué tipos de trabajadores se necesitan, en qué áreas, y cómo se les prepara.

La ministra revela que el cambio apunta a capacitar a gente vulnerable, incluso que no ha salido de cuarto medio, y conectarla con lo que la industria está demandando, para que pueda acceder a buenos empleos. "De otro modo, estás capacitando a ciegas", dice.

"De muchas capacitaciones pequeñitas, baratitas -para decir que estamos capacitando a cinco millones de personas-, nos estamos yendo a capacitaciones de $1,5 millones por persona, de trescientas o cuatrocientas horas", cuenta. Y ejemplifica:

"Necesitamos buzos profesionales para los salmones. Nos hemos dado cuenta que necesitamos a lo menos ocho mil conductores profesionales que manejen camiones, el Transantiago. Pero un joven vulnerable, de dónde va a sacar la plata para hacer un curso de conductor profesional. No la tiene. Entonces, nunca accede a los empleos mejor pagados", dice.

¿Por qué el cambio legal? Porque este nuevo esquema supone transformaciones: "Vamos a tener que crear una institución pública que controle la calidad. Certificar la calidad del que da la enseñanza, pero también certificar el aprendizaje del alumno".

Por otro lado, lo que está evaluando el ministerio -aún no zanjado como esquema final- es incorporar un sistema de postulaciones parecido al de la Vivienda actual para acceder a este tipo de capacitaciones.

"Es posible que en ciertos casos el trabajador tenga que tener un ahorro previo, y en otros casos, los que son más vulnerables, se le regale. Estas son las cosas que tenemos que pensar. Eso es lo que va a estar afinado en el proyecto de ley", anticipa.

Otro cambio apunta a institucionalizar la comisión Larrañaga: "Va a haber una comisión permanente conformada por expertos independientes del gobierno de turno que pueda ir diciendo qué tipo de capacitación sirve, de modo de ir focalizando los recursos en aquello que realmente tiene efectos".

-¿Qué pasará con el número trabajadores capacitados? En algún momento se transformó en fetiche llegar a un millón al año.

"Cuando tuvimos el resultado del estudio de la Comisión Larrañaga fui a presentárselo al Presidente. Le dije: usted en su programa de gobierno prometió capacitar a seis millones de trabajadores. Eso es posible, y lo puedo hacer, pero eso significa una capacitación de setenta mil pesos promedio, que de acuerdo a este estudio, no sirve para nada. El estudio nos mostró que capacitaciones más largas sí tienen efecto en la empleabilidad y en las remuneraciones. ¿Cómo seguimos? ¿Respetamos nuestro programa o nos vamos a lo que acabamos de aprender? El Presidente me dijo váyase por lo que a la gente realmente le haga un cambio en su vida".

Así, en el ministerio del Trabajo desecharon la idea de enviar el proyecto de "ley corta del Sence" que tenían anunciado y que apuntaba a poner coto a prácticas como los cursos de risoterapia, cuenta la ministra. "Cuando nos metimos en el tema de los skills council nos dimos cuenta que la reforma se quedaba corta. En la última reunión que tuvimos con el Presidente, nos dijo no más con la ley corta", revela Matthei.


Fuente:

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Libertad y Desarrollo pide eliminar "incentivos perversos" a fiscales

Libertad y Desarrollo pide eliminar "incentivos perversos" a fiscales


María José Soler

Una serie de propuestas para modificar la Reforma Procesal Penal, tras el anuncio del Gobierno de una "reforma a la reforma", elaboró el Instituto Libertad y Desarrollo. Plantea cambios al Código Procesal Penal sobre las capacidades investigativas de policías y fiscales, y una reingeniería al sistema de evaluación de los actores del sistema de persecución penal.

La reforma prioritaria, según el coordinador de Políticas Públicas de LyD, José Francisco García, tiene que ver con las facultades del Ministerio Público y los incentivos a la labor de los fiscales. Según el instituto, hay una alta tasa de archivos provisionales (44% de las causas terminadas en el primer semestre) y una disminución en la "calidad" de las salidas judiciales. La cifra de sentencias condenatorias ha caído, mientras que las suspensiones condicionales del procedimiento suben. Antes de la reforma se proyectaba un 6% de suspensiones, pero hoy llegan al 17%. La propuesta concluye que "existen algunos incentivos perversos, donde los fiscales buscan juicios simplificados o procedimiento abreviado para negociar rápidamente una condena o 'negociar blando'".

García dice que "delitos de hurto, por ejemplo, en algunos casos son perseguidos por receptación porque así es más fácil negociar una condena (aunque menor y con acceso a beneficios). Esto pasa porque hay incentivos muy altos para poner término a las casos".

Algo similar se da respecto de los archivos provisionales, porque se miden indicadores cuantitativos de término de causa, y no cualitativos. LyD propone evaluar a los fiscales premiando las salidas judiciales de calidad, además de fijar estándares estrictos de calificación del delito y penas mínimas a solicitar.

En cuanto a las policías, propone aumentar sus facultades investigativas y fortalecer la coordinación inicial con los fiscales. Además, asumir compromisos de desempeño con metas colectivas e individuales. En cuanto a los jueces, LyD plantea cambiar el sistema de calificaciones, para garantizar objetividad en la evaluación, la que debe incluir aspectos cuantitativos y cualitativos sobre "el proceso judicial y la decisión judicial misma"

Fuente:emol

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mineria Encomiable aporte de las empresas mineras

Encomiable aporte de las empresas mineras


En una iniciativa similar a las implementadas en Australia y Nueva Zelandia, el Consejo Minero, que reúne a las grandes mineras nacionales y extranjeras que operan en nuestro país, acordó crear un Consejo de Competencias Mineras con el objetivo de paliar las brechas laborales del sector, colaborando en la formación de los trabajadores que, según sus proyecciones, esa industria requerirá en las próximas décadas.

El sector minero nacional enfrenta un cuadro difícil, debido a los costos de la energía, el acceso al agua, las trabas burocráticas, la judicialización de los proyectos de inversión y la escasez de trabajadores calificados, lo que puede afectar significativamente su competitividad, en especial respecto de los países vecinos. A lo anterior se agrega el encarecimiento de la mano de obra, que ha experimentado en algunos casos un alza de más de 80% en la última década, por la carencia de capital humano especializado en los requerimientos de la industria. Pese a ser un país minero, Chile no cuenta con suficientes profesionales para cubrir las necesidades de la gran minería y contribuir a hacer viables sus planes de expansión. Estudios solicitados por el nuevo Consejo de Competencias Mineras prevén que ese sector requerirá en los próximos ocho años alrededor de 50 mil nuevos trabajadores, entre directivos, profesionales y operadores de diversas áreas.

Evelyn Mathei Ministra del trabajo

Oportuno y positivo es el apoyo que los ministerios de Minería y Trabajo han dado a este proyecto, pues -como reconoce la autoridad- la inversión pública en capacitación no tiene el impacto esperado en empleabilidad y remuneraciones. De allí que la definición de perfiles y competencias que haga la industria minera de acuerdo con la proyección de sus inversiones puede convertirse en una determinante retroalimentación para la educación superior (universidades, centros de formación profesional e institutos profesionales), especialmente en lo relativo a la formación de profesionales y técnicos, ya que son esas instituciones las llamadas a responder a una demanda cada vez más exigente y en sintonía con los requerimientos de una industria de alta complejidad, competitividad y de gran valor estratégico nacional.

Positivo es asimismo el interés de la autoridad por replicar esta iniciativa en otras áreas de nuestra economía, pues eso podría contribuir a orientar la formación de la mano de obra calificada, cada vez más requerida. Ni la capacitación sectorial ni el fomento de inmigración profesional han logrado el alcance que el desarrollo del país exige. El nivel de nuestro sistema de educación superior debe responder a estos requerimientos locales, e incluso podría derivar en un foco de atracción para extranjeros que necesiten formación en este y otros campos de especialización.

La encomiable labor actual del Consejo Minero para acercar a las grandes empresas mineras a la ciudadanía, particularmente en cuanto a formación de capital humano, reconfirma el crucial aporte que ese sector puede y debe realizar a nivel nacional

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