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martes, julio 01, 2008

Científicos aseguran que la sandía provoca los mismos efectos que el Viagra

Científicos aseguran que la sandía provoca los mismos efectos que el Viagra

Una rebanada de sandía podría tener efectos similares a los del fármaco para disfunción eréctil conocido como "Viagra".

Orbe


01/07/2008 - 15:47

    De acuerdo a científicos en Estados Unidos la sandía tiene ingredientes que actúan sobre los vasos sanguíneos.

    Estas sustancias, llamadas fitonutrientes, son compuestos que ocurren de forma natural en frutas y vegetales y que son capaces de reaccionar con el organismo humano y desencadenar beneficios para la salud.

    Según los autores de la investigación difundida por BBC, uno de los beneficios de la citrulina, que ahora se están descubriendo, es la capacidad de relajar los vasos sanguíneos, igual que lo hace el Viagra, asegura el estudio.

    "Entre más estudiamos a la sandía afirma el doctor Bhimu Patil, quien dirigió la investigación más nos damos cuenta de la extraordinaria capacidad de esta fruta como "potenciador" natural para el organismo humano".

    "Siempre hemos sabido que la sandía es buena para la salud, pero con cada estudio, aumenta la lista de sus importantes beneficios", señala el científico.


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    CDE indaga documentos en dependencias de la Secretaría General de Gobierno

    CDE indaga documentos en dependencias de la Secretaría General de Gobierno

    Las diligencias que se realizaron en conocimiento del ministro Vidal, se enmarcan en la investigación por las irregularidades cometidas al interior del Consejo de las Américas. 


    Cristián Chandía


    01/07/2008 - 16:33

    Revisión de documentos y diversos archivos indagaron por más de una hora abogados del Consejo de Defensa del Estado en las oficinas de la secretaría General de Gobierno a cargo del ministro Francisco Vidal.

    El ministro Vidal dijo a La Tercera que "el Consejo de Defensa del Estado, a petición de su presidente, que se comunicó conmigo, pidió recabar información para el proceso que lleva en contra de las personas querelladas por el tema del Consejo de Las Américas".

    En la Moneda el vocero reiteró que en la intención de "colaborar" con las indagaciones de los abogados el fiscal de la Segegob Ernesto Galaz, "que les traspasó toda la información para proseguir con la querella del Consejo de Defensa del Estado".

    Insistió en que "esta es una colaboración" que presta el gobierno frente a una investigación.

    A su vez, Galaz explicó que "lo que nosotros estamos haciendo es entregar un conjunto de informaciones que nos pidió el CDE y fue una conversación de lo que es el Consejo (de las Américas)".

    Las diligencias se efectuaron en el marco de la investigación de las irregularidades cometidas al interior del Consejo de las Américas, en relación al proyecto del Fondo Global contra el Sida por US$ 39 millones, cuyo directorio está constituido por los ministerios de Hacienda, Bienes Nacionales, Secretaría General de Gobierno y la Conama, además de la embajada de los Estados Unidos.

    Hasta las dependencias de la Segegob llegaron los abogados Lupi Aguirre y Marcelo Oyharcabal quienes recopilaron los antecedentes para elaborar la posible querella contra quienes resulten responsables de las presuntas irregularidades.

    Lupi Aguirre explicó al abandonar las oficinas de la Segegob que "nosotros vinimos en búsqueda de información para determinar cuál va a ser la intervención del Consejo y recibimos una  muy buena acogida por parte del jefe de gabinete del señor Vidal y nos llevamos mucha información que es necesaria para ver si podemos intervenir en definitiva o no".

    La abogada insistió que se revisaron los documentos jurídicos necesarios para poder determinar en definitiva si hay facultad por el Consejo de Defensa del Estado, si procede la intervención del Consejo.

    A su vez Oyharcabal dijo que "hay antecedentes que recabar y en definitiva resolverán las instancias pertinentes del Consejo que pueden ser el comité penal o la que corresponda en este caso".

    Las anomalías radicarían en la doble rendición de gastos en proyectos para el sida, la entrega de préstamos no devueltos, entre otros. Todo avaluado en cerca de $ 550 millones.

    El caso está siendo investigado por el fiscal Felipe Sepúlveda, quien solicitó a la justicia levantar el secreto bancario de las cuentas corrientes que están a nombre de la institución, además de las cuentas de ex ejecutivos del organismo.


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    Venezuela sanciona a un canal de TV por pasar Los Simpsons

    Venezuela sanciona a un canal de TV por pasar Los Simpsons

    El ente de control bolivariano considera que el programa hace apología al consumo de alcohol y se pasó en horario de protección al menor. El canal deberá remediar el "daño" con la divulgación de mensajes culturales y educativos durante un mes.

    La televisión privada venezolana Televen deberá divulgar mensajes culturales y educativos durante un mes, como sanción por emitir la serie de dibujos animados Los Simpson en horario apto para todos los públicos, informó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

    La sanción fue decidida por el directorio de Responsabilidad Social del organismo, amparado en la ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

    De esta forma, la cadena deberá proceder "a una cesión de espacio para la transmisión de mensajes culturales y educativos, a razón de dos mensajes diarios de treinta segundos cada uno, en horario supervisado, durante treinta días consecutivos". 

    Según Conatel, Los Simpson son una serie con imágenes y sonidos de "carácter soez", que se refieren "al consumo de alcohol, sin que se expresen sus efectos nocivos", y "presentan violencia dramatizada, razón por la cual no es apto para ser percibido" por menores sin la orientación de un adulto. 

    El 8 de enero las autoridades solicitaron a Televen que sacara el programa de dibujos animados Los Simpson de la franja horaria apta para todos los públicos.
     
    El gobierno venezolano promulgó en 2004 la Ley sobre Responsabilidad Social en Radio y Televisión para impulsar la mermada producción audiovisual nacional y regular los contenidos sexuales y violentos. 

    La oposición venezolana la bautizó como "Ley mordaza" y previó sanciones contra medios y una autocensura para evitar multas o cierres temporales.


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    VODAFONE 2008: ¿es posible alinear la estrategia empresarial con la estrategia en responsabilidad social?

    VODAFONE 2008: ¿es posible alinear la estrategia empresarial con la estrategia en responsabilidad social?

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    En Vodafone creen que sí, que su responsabilidad social y sus objetivos empresariales coinciden, al menos en tres áreas.

     

    1. Conectar a los más desfavorecidos en las economías emergentes. En India,  los nuevos clientes en la base de la pirámide son un millón y medio al mes, no sólo en la ciudades, si no también en las zonas rurales más alejadas.
    2. Hacer que la Internet Móvil sea más segura. Para ganar clientes en este sector, éstos deben sentir que la protección de su privacidad está asegurada y que Vodafone les facilita la máxima protección posible.
    3. Reducir el impacto en el medioambiente de sus emisiones de Co2 en un 50% de aquí a 2020 estimulando el ahorro energético.

    El documento "Una estrategia" se puede consultar en el espacio web de Vodafone.



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    Juror to Judge: What Was the Point?


    Juror to Judge: What Was the Point?

    At Sentencing Law and Policy, Doug Berman points to yesterday's examination by The Washington Times of the case of Antwuan Ball, who faces 40 years in prison over a $600 drug deal. Federal prosecutors charged the D.C. man with a massive racketeering, drug conspiracy and murder indictment, with marching orders from former Attorney General Alberto R. Gonzales to pursue the death penalty. But jurors in November 2007 acquitted him on every count, save for a $600, half-ounce crack-cocaine deal seven years ago. That should have been good news for Ball, except for this:

    Federal prosecutors are asking U.S. District Judge Richard W. Roberts to send Ball to prison for 40 years, basing their request partly on charges that were never filed or conduct the jury either rejected outright or was never asked to consider.

    Known as acquitted and uncharged conduct sentencing, the practice is raising a sharp question among legal scholars: Should federal judges dole out tougher sentences based on accusations that jurors rejected or never heard during trial?

    Of particular interest to blogger Berman in highlighting this story is what he describes as a "remarkable" letter from one of the jurors who acquitted Ball of most charges. In a May 16 letter to U.S. District Judge Richard W. Roberts, "Juror #6" writes:

    As you remember, Judge Roberts, we spent 8 months listening to the evidence, filling countless court-supplied notebooks, making summaries of those notes, and even creating card catalogues to keep track of all the witnesses and their statements. We deliberated for over 2 months, 4 days a week, 8 hours a day. We went over everything in detail. If any of our fellow jurors had a doubt, a question, an idea, or just wanted something repeated, we all stopped and made time. Conspiracy? A crew? With the evidence the prosecutor presented, not one among us could see it. Racketeering? We dismissed that even more quickly. No conspiracy shown but more importantly, where was the money? No big bank accounts. Mostly old cars. Small apartments or living with relatives.

    It seems to me a tragedy that one is asked to serve on a jury, serves, but then finds their work may not be given the credit it deserves. We, the jury, all took our charge seriously. We virtually gave up our private lives to devote our time to the cause of justice, and it is a very noble cause as you know, sir. We looked across the table at one another in respect and in sympathy. We listened, we thought, we argued, we got mad and left the room, we broke, we rested that charge until tomorrow, we went on. Eventually, through every hour-long tape of a single drug sale, hundreds of pages of transcripts, ballistics evidence, and photos, we delivered to you our verdicts.

    What does it say to our contribution as jurors when we see our verdicts, in my personal view, not given their proper weight. It appears to me that these defendants are being sentenced not on the charges for which they have been found guilty but on the charges for which the District Attorney's office would have liked them to have been found guilty. Had they shown us hard evidence, that might have been the outcome, but that was not the case. That is how you instructed your jury in this case to perform and for good reason.

    It is a fascinating case and The Washington Times explores it in depth. It also provides these additional documents:

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    Posted by Robert J. Ambrogi on June 30, 2008 at 10:50 AM | Permalink | Comments (0)

    Divorce May Undo Lawyer's Career Change

    It is the dream of so many Biglaw lawyers: To simplify, to downsize, to forgo big bucks in favor of personal fulfillment. And it was the dream the former Washington, D.C., Biglaw partner had pursued -- at least until his plans were foiled by last week's Massachusetts Appeals Court opinion in the case, C.D.L. v. M.M.L. The unidentified lawyer had it all, graduating from law school near the top of his class, clerkships with a federal circuit court and then the Supreme Court, a private practice in energy law with the D.C. office of a large Wall Street firm, average annual income of $700,000, a large house in Maryland and private schools for the kids. Eventually the travel and stress got to him and he began to contemplate downsizing. He and his wife came up with a plan for him to leave his firm and seek an alternative career, but still earn sufficient income to keep their lifestyles comfortable.

    But then the couple's relationship began to go south. Well, actually, she went north, to Massachusetts, while he stayed south, in D.C. Then, in January 2001, without any discussion with his wife, the husband quit his lucrative law firm job. Ever since, he has been unemployed, living off his assets and savings, making only "minimal attempts" to obtain other work by applying for low-paying jobs for which he has no experience.

    Unemployment is good work, if you can afford it. But then the judge in the couple's divorce trial ordered the husband to pay his former wife alimony of $711.54 a week, reasoning that even though the husband was not working, he had the ability to earn an income of at least $200,000, more than sufficient to meet the needs of the wife and the couple's youngest child. The husband appealed, arguing that the divorce judge erred in attributing income to him at this level. Unfortunately, he found no sympathy with the Appeals Court, which noted that he "has taken no steps to diminish" his own comfortable lifestyle and that he has the "historical capacity to earn at a level close to four times the attributed income."

    We discern no error. The judge considered these issues and made such findings as were necessary, all of which are supported by the evidence. In her findings, the judge considered employment prospects and potential income commensurate with the husband's education, training, and employment history, including his past earnings. Reduced to essentials, the judge found that the husband has an ability to obtain employment in several fields, including the law, which would yield sufficient income.

    So much for changing careers. In this case, the lawyer's leap off the treadmill may have been an exercise in futility. But then again, he has had the last seven years off.

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    Posted by Robert J. Ambrogi on June 30, 2008 at 10:42 AM | Permalink | Comments (1)

    Florida Judge Makes History

    Quince_2008_2 On Friday, Peggy A. Quince was sworn in as chief justice of the Florida Supreme Court, becoming the first black woman to lead that state's court system -- or any branch of government in Florida. This is not her first time making history. Fifteen years ago, she became the first black woman appointed to a Florida district court of appeal. "One of the ways you give back to your community is by being there and being visible," Quince said after her swearing in. "Young people find it's not all about whether you are a rap star or a baseball player or any of those kinds of careers. But there are also other careers available that can make a difference."

    The 60-year-old jurist was raised in Virginia by her father, a longshoreman, and attended segregated schools growing up. She graduated from Howard University in 1970 and then attended law school at Catholic University. Her first legal job was in Washington, D.C., as a rent-control hearing officer. In 1977, she went into private practice in Norfolk, Va., and then moved to Florida a year later, opening an office in Bradenton. In 1980, she joined the state Attorney General's Office, handling appeals in the Criminal Division and eventually becoming Tampa bureau chief. Gov. Lawton Chiles named her to the 2nd District Court of Appeal in 1993. In 1998, Chiles and Gov.-elect Jeb Bush named her to the Supreme Court.

    An editorial in the St. Petersburg Times says that Justice Quince will face difficult challenges during her two-year term as chief.

    Praised for her quick mind and engaging personality during a ceremony Friday, she takes the gavel at a time when the court is on the verge of remarkable turnover and faces considerable challenges. Two of the seven justices are resigning, and two more will reach mandatory retirement age during her two-year term. The chief justice also acts as the chief administrative officer of the judicial system, and Quince takes charge in an era when the Legislature has to be constantly prodded to adequately fund the judicial branch. The work of outgoing Chief Justice R. Fred Lewis, who will remain on the court, in pressing for social services and aid for the mentally ill also will have to continue.

    Already, she has created a task force to compile oral and written histories of black lawyers in Florida, says another report. In comments at her swearing in, former Florida Attorney General Bob Butterworth praised her for breaking through the dual glass ceilings of race and gender, adding, "You bring to the center chair not only wisdom and integrity but a big heart."

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    Posted by Robert J. Ambrogi on June 30, 2008 at 10:39 AM | Permalink | Comments (0)

    Rehashing Kerry's Choice of Law School

    As someone who graduated from Boston College Law School, I took it as a personal insult in 2004 when blogger and law professor Ann Althouse asked, "If John Kerry is so smart, then why did he go to BC Law?"

    Since he was rich, it can't have been the lure of a free ride. You would think, with his anti-war activism, he would have been a very attractive candidate for admission to Harvard (or another top-ranked law school) if only his LSAT and GPA were at all within range.

    Cautioning that she meant "no offense to Boston College," she conjectured that Kerry's attendance there was likely related to his "mental capacity." No offense taken, Ann ... if only I could understand your point.

    That, of course, was water under the bridge. But now Thomas H. Lipscomb revisits Kerry's choice of law school in a post at The Huffington Post, suggesting that it was not Kerry's academic incapacity that sent him to BC, but his much-debated military record. The fact that Kerry went to BC over one of those more desirable schools indicates he had something to hide, Lipscomb suggests.

    Why had a Boston snob like John Kerry gone to a subway law school like Boston College? A source who had been on the Harvard Law School admissions board revealed that with Kerry's bad military record he was turned down for admission though clearly qualified because they didn't want to admit someone who they thought would be unable to pass the bar.

    Subway law school? In three words, Lipscomb demeans both a law school and a public-transit system. Who's the snob in this scenario? Roger Parloff writes this week at Fortune's Legal Pad blog about MBTA employees' offense taken over a series of restaurant ads that touted how "fresh" its fish are by insulting MBTA workers. ("This conductor has a face like a halibut.") Has the MBTA been alerted to Lipscomb's below-the-belt jab? And it's not even accurate -- BC Law is more than three miles from the closest subway stop. Heck, it might as well be in Wisconsin, where Althouse teaches.

    For now, I can only hope that someday a BC Law grad will be elected president, and I will no longer have to feel like a second-class citizen. Meanwhile, I will continue reading that subway blog, Eagleionline, which tipped me off to Lipscomb's post.

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    Posted by Robert J. Ambrogi on June 30, 2008 at 10:34 AM | Permalink | Comments (0)


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    Diputados aprobaron veto a proyecto que regula el Lobby

    Diputados aprobaron veto a proyecto que regula el Lobby
    01/07/2008
    15:38:48
    Fuente:www.camara.cl 

    Sin embargo, los diputados rechazaron eliminar de las actividades que no se considerarán Lobby las gestiones desarrolladas por gremios, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y centros de estudio, entre otros organismos. 
    También se rechazó la observación que exceptuaba de la obligación de registro de reuniones con lobbystas al presidente y miembros del directorio y al gerente general de las empresas públicas; a los ministros, fiscales judiciales y secretarios de la Corte Suprema y cortes de apelaciones; al Fiscal Nacional y fiscales regionales; a los ministros y secretarios del Tribunal Constitucional; a las autoridades del Tribunal Calificador de Elecciones a nivel nacional y regional y a los directivos de los demás órganos del Estado cuyo nombramiento o remoción corresponda al Presidente de la República con acuerdo del Senado. 

    Actividad profesional y no profesional 

    La Cámara aprobó las observaciones de la Presidenta al proyecto que regula el Lobby, y que amplían su marco de acción a la actividad no profesional. La propuesta del Ejecutivo (boletín 3407), que sólo puede ser aprobada o rechazada por el Congreso, pero no modificada, permite considerar como lobbysta a quien ejerce habitualmente la actividad sin percibir remuneración. 
    Asimismo, el veto presidencial define al lobby como la actividad que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés de carácter individual o sectorial con decisiones de toda naturaleza que en el ejercicio de sus funciones deban adoptar los órganos de la Administración del Estado o el Congreso Nacional.
    Además, se elimina a las empresas públicas como sujetos pasivos de lobby, y se explica que también se considerará que se ejerce esta actividad cuando la promoción, defensa o interés se ejerza ante los jefes de gabinete de los parlamentarios o ante los secretarios de comisiones del Congreso Nacional.
    Por lobbysta se entenderá la persona natural o jurídica, chilena o extranjera que realiza en forma remunerada o habitual esta actividad, (promoción, defensa o representación de intereses de carácter individual o sectorial), la que deberá estar inscrita en un Registro público. 
    También se define la habitualidad de la realización de esta actividad, como la realización de ocho o más gestiones de lobby en el período de un mes o más de quince en un trimestre, sobre una misma materia, ante una o más autoridades, miembros o funcionarios de la Administración del Estado y/o el Congreso Nacional.

    En el Registro público de Lobbystas, deberán inscribirse todas las personas que realicen actividades de lobby. Asimismo, se define el concepto de sujeto pasivo del lobby como las autoridades, miembros y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado, excluyendo a las empresas públicas. 
    El veto suprime el artículo que obligaba a toda persona que contratara a un lobbysta a publicarlo en su página web, por considerarlo impracticable. 
    Dentro de las actividades que no constituirán lobby, se incluyen las declaraciones efectuadas o las informaciones entregadas, de cualquier tipo, ante una comisión del Congreso Nacional, así como la presencia y participación verbal o escrita en alguna de ellas de profesionales de asociaciones sin fines de lucro, corporaciones, fundaciones, universidades, centros de estudio y cualquier otra entidad análoga que no represente intereses económicos específicos, lo que, sin embargo deberá ser registrado por dichas comisiones.

    Respecto a los 3 registros públicos de lobbystas que se crean, se indica que uno estará a cargo del Consejo para la Transparencia. Los otros dos estarán a cargo de de la Comisión de Ética del Senado y de la Comisión de Conducta de la Cámara de Diputados.La inscripción se hará ante el Registro de la institución o Poder del Estado ante quien se realicen actividades de lobby.
    Los lobbystas estarán obligados a informar trimestralmente, por escrito u otros medios electrónicos, a la autoridad encargada de llevar el Registro, sobre cualquier cambio o modificación de la información contenida en ella.
    Asimismo, los lobbystas remunerados no podrán contribuir al financiamiento de partidos políticos, campañas electorales, incluso las internas de los partidos, pactos o coaliciones de partidos. No podrán ejercer lobby, hasta después de dos años de haber cesado en sus cargos, los Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores y los demás funcionarios que la ley define como de exclusiva confianza del Presidente de la República. El veto también modifica el artículo que regula las autoridades y funcionarios que deberán registrar, sin considerar el lugar en que se realicen, las audiencias y reuniones que efectúen con los lobbystas y con los miembros de instituciones que no tienen calidad de lobbystas. 
    El texto permite al Presidente de la República y a los Ministros del Interior, de Defensa y de Relaciones Exteriores, exceptuarse de la obligación de registro cuando se encuentre comprometido el interés general de la Nación o la seguridad nacional.
    En la misma situación se encontrarán los Presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, quienes podrán exceptuarse de la obligación de registro cuando se encuentre comprometido el interés general de la Nación o la seguridad nacional. 

    Las observaciones de la Presidenta, deben ser ahora conocidas y ratificadas por el Senado


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    argentina: Proyecto oficial

    Proyecto oficial

    Las FF.AA. tendrán su ombudsman

    Noticias de Política: anterior | siguiente
    Martes 1 de julio de 2008 | Publicado en diario de hoy 

    La ministra de Defensa, Nilda Garré, presentará hoy la iniciativa para crear la figura del ombudsman en las Fuerzas Armadas. El proyecto de ley que se enviará al Congreso establecerá que el defensor del pueblo podrá ocuparse también de temas militares, cuestiones hoy vedadas para ese cargo.

    En julio de 2007 LA NACION adelantó el trabajo que se realizaba en el Ministerio de Defensa para organizar un relator especial, con la intención que los militares contasen con una instancia de reclamo fuera de la habitual cadena de mandos. Ahora quedó fija la idea de que sea el defensor del pueblo el que se ocupe de quejas del sector castrense.

    La ministra expondrá su posición hoy en el seminario sobre el rol de las Fuerzas Armadas, organizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el anexo del Senado.

    La presidenta de la Comisión de Defensa del Senado, María Cristina Perceval, será la anfitriona de esa reunión que comenzará a las 10.30 con las palabras de Garré, que abrirá la mesa redonda sobre "La figura del Defensor para las Fuerzas Armadas", en la que participarán el ombudsman parlamentario para las Fuerzas Armadas de la República Federal Alemana, Reinhold Robbe, y la ombudsman interina para el Departamento de Defensa Nacional y las fuerzas Armadas canadienses, Mary McFadyen.

    También expondrá Eduardo Mondino, actual defensor del pueblo, en cuyas manos quedarían las peticiones militares.

    En el seminario se tratará además la reforma del Código de Justicia Militar.


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