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miércoles, marzo 04, 2009

OLIVÍCOLAS HACEN LOBBY PARA lobby, argentina QUE EL ESTADO LOS AYUDE A EXPORTAR CON MARCA

OLIVÍCOLAS HACEN LOBBY PARA QUE EL ESTADO LOS AYUDE A EXPORTAR CON MARCA
La cadena que deriva de la aceituna pide que le quiten retenciones y le den reintegros, para poder vender aceite envasado a América Latina, que hoy le compra a Europa.


Buena parte del aceite de oliva argentino se va a granel hacia España, donde es mezclado con aceites mediterráneos y reexportado en botellitas a u$s 2.000 más por tonelada, muchas veces, de nuevo hacia América. Para no regalar ese valor agregado, en un producto que se puede comercializar envasado al mundo, la Federación Olivícola Argentina está iniciando un lobby con el objetivo de mínima de que le quiten las retenciones a la exportación de aceite de oliva (que son del 5% tanto para el envasado como a granel), y el objetivo de máxima de obtener reintegros a la exportación.

Según los olivícolas, ese es el empujón que necesitan del Estado, al menos en una etapa inicial, como lo tuvo el sector vitivinícola. Con él, añaden, la Argentina podría pasar de producir 25.000 toneladas anuales de aceite de oliva a elaborar 60.000 en cuatro años. Y sin plantar un solo olivo más. Se puede lograr sólo con riego y fertilización, lo que hoy los productores casi no hacen porque les costaría unos u$s 1.500 por hectárea.

"De México para abajo, se consumen 90.000 toneladas de aceite de oliva. El 95% son importadas de Italia y España. La Argentina hoy consume 5.000 toneladas. Exporta otras 5.000 embotelladas, por unos u$s 30 millones, y casi 10.000 a granel, también por u$s 30 millones", explica un especialista en el sector. El valor FOB ( de la mercadería puesta en puerto) de la tonelada de aceite envasado promedió en 2008 u$s 5.360, mientras que a granel rondó u$s 3.430. Así, para el experto, "hay una gran oportunidad regional para el país, tanto por situación geográfica, como por acuerdos comerciales, incluyendo el Mercosur. Podríamos llevar las exportaciones a u$s 250 millones", agregó.

La Argentina es por lejos el mayor productor de aceite de oliva del continente, y el séptimo del mundo, detrás de España, Italia, Grecia, Turquía, Marruecos y Portugal. Las provincias productoras del país son Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis y Buenos Aires. La gran preocupación de los jugadores locales es Chile, que si bien aún produce una cuarta parte que la Argentina, lo logró en solo cuatro años. Así, los olivícolas locales temen que, como en otros rubros, el país trasandino se quede con el éxito.

En el país hay unas 90.000 hectáreas de olivares. Cerca de la mitad data de los '90, cuando se le otorgaba un régimen de promoción industrial a quienes plantaran olivos en La Rioja y Catamarca (un beneficio al que numerosas empresas de los más variados rubros se acogieron, aunque no todas plantaron o lo hicieron bien). En 2008, por cuestiones básicamente climáticas, se produjeron cerca de 22.000 toneladas de aceite de oliva, contra las 27.500 de 2007.

Los exportadores de aceite de oliva envasado son Molinos, con cerca de la mitad de los envíos; Promet, con el 22%; Solfrut, con el 8%; Arisco (de Unilever), con 5%; La Serenísima, con otro 5%; San Juan de los Olivos (de Roemmers), con 4%, y Nucete, con 3%. La mayor parte se envía a Brasil, y en segundo lugar a Estados Unidos. "Competimos con Europa, que además de experiencia e imagen, tiene subsidios y ayudas.

|| Fuente:  CRONISTA

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responsabilidad social empresarial: Política pública y RSE

Publicado el 04/Marzo/2009 | 00:05

Alejandra Troya
Coordinadora de comunicaciones


Es considerado que el desarrollo de un país requiere de consensos y diálogos coordinados y estratégicos de todos sus actores, de forma que se vayan redefiniendo sus roles en la sociedad. Desde tal perspectiva, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) implementada desde el sector privado no será efectiva si no se abre un espacio favorable en el cual, sociedad civil y sector público se involucren activamente como un eje generador de acciones tendientes a fortalecer el desarrollo del país, convirtiéndose en un aliado potente del Gobierno en la ejecución de políticas públicas en la solución de la problemática social.

Se puede constatar que históricamente la política pública se ha ocupado por resolver situaciones socialmente problemáticas al igual que los esfuerzos de la Responsabilidad Social Empresarial por integrarse a la estrategia del negocio de la empresa y desde allí contribuir a disminuir los efectos negativos sobre la sociedad. Por lo tanto, los dos convergen en un mismo objetivo.

La inclusión de un determinado tema en la agenda de los gobiernos es un proceso de largo plazo que requiere la inclinación del gobernante y de las presiones que se ejercen sobre la política. Entonces ¿cuáles son los beneficios de articular estos dos sectores? En primer lugar, la RSE fomenta la competitividad si se promueven proyectos y programas que se alineen a la inversión principalmente extranjera. En segundo lugar, el sector público debe entender que la cadena de suministros a escala mundial, la inversión extranjera y las prácticas de RSE, ayudan a construir sustentabilidad en las agendas locales. Y por último, la RSE ofrece una serie de elementos que promuevan la sinergia entre los sectores privados, sociedad civil para alcanzar los objetivos de la política pública en cuanto al desarrollo sostenible.


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LA GLOBALIZACIÓN, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EL CAPITALISMO

responsabilidad social empresarial

LA GLOBALIZACIÓN, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EL CAPITALISMO

Hernán Murdock

Contribuciones a la Economía, 2008, issue 2008-03

Abstract: La globalización ha cambiado de manera radical la administración de empresas. Aunque el capitalismo como fuerza impulsora de la globalización ha sido criticado por la desigualdad económica y otros efectos negativos que han surgido, no es incompatible con la responsabilidad social empresarial. Muchos aceptan que es importante evaluar a las empresas no solo en cuanto a los resultados financieros obtenidos, sino también la manera en que esos resultados fueron realizados. Lo que hace falta es el desarrollo de estrategias empresariales más enfocadas a la búsqueda de soluciones y oportunidades para todos los interesados dentro de los confines de la ética, la igualdad y la justicia para todos los afectados.

Keywords: globalizacion; responsabilidad social; capitalismo (search for similar items in EconPapers)

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http://www.eumed.net/ce/2008a/hm.htm (text/html)

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responsabilidad social corporativa y la Universidad

 
responsabilidad social corporativa
 
04.03.09 -
 
El 'êthos' de la Universidad responsable
Probablemente vivimos uno de los momentos más convulsos en la historia reciente de la educación superior. Desde la creación de las primeras universidades, en el s. XI, hasta la actualidad se han dado grandes cambios en la organización y contenido de las enseñanzas superiores, pero nunca se ha perdido el espíritu y la esencia de la institución universitaria. Fue, sin lugar a dudas, la transformación llevada a cabo por W. von Humboldt en la Universidad de Berlín en 1810, con su misión central de "educar en la ciencia", el germen de la universidad moderna que ha perdurado con importantes modificaciones hasta nuestros días, y que está en la esencia de la Universidad Politécnica de Valencia.

Hoy, con el proceso de convergencia europea -también conocido como el proceso de Bolonia- estamos ante otra gran transformación que afecta a la organización, al currículo y a la propia meta de la institución. La pregunta sobre qué debe hacer la universidad y cómo sigue abierta y creando mucha polémica. La primera gran pregunta es: ¿cuál es la meta de la Universidad, es decir, qué debe hacer la Universidad?, y la segunda, íntimamente relacionada con esta primera es: ¿cómo debe hacerlo?

La misión central de la Universidad desde sus orígenes ha sido la búsqueda y transmisión del conocimiento y la formación de profesionales. Ortega y Gasset entendía que la misión de la Universidad era formar a personas cultas, donde cultura significaba "el sistema vital de las ideas de cada tiempo". Es decir, la Universidad tiene que estar al servicio de la vida y a la solución de los problemas sociales. Por decirlo en palabras de Coit Gilman, fundador de la Johns Hopkins University, la tarea de la Universidad debe ser: "Reducir la miseria de los pobres, la ignorancia en la escuela, el fanatismo en el templo, el sufrimiento en el hospital, el fraude en los negocios y la locura en la política". Es decir, la tarea de la universidad abarca todos los ámbitos de la vida humana. Quizá la que goza de más relevancia es la tarea de formar profesionales; pero también parece claro que si la Universidad sólo se preocupa de la formación técnico-profesional dirigida al mundo laboral estaríamos olvidando una parte importante de la educación del ser humano, y por utilizar palabras que ya A. Einstein utilizó en 1952: "más estaríamos formando un perro bien adiestrado que una persona".

Ahora la siguiente pregunta es clave: ¿cómo debe hacerlo?, o por decirlo de otra manera, ¿qué valores ha de poner en juego para realizar con calidad la meta social que legitima a la Universidad? Es públicamente aceptado que la Universidad debe poner en juego valores como el rigor académico y científico, el diálogo y la argumentación racional, la transparencia y responsabilidad, y el respeto a las personas y el compromiso social. Estos valores, que ya están incorporados en los estatutos y declaraciones de casi todas las universidades del mundo, no aparecen por generación espontánea ni por inercia, se requiere un esfuerzo institucional y un compromiso decidido de los órganos de gobierno y dirección de la Universidad. La conformación de un êthos o carácter de la Universidad requiere trabajar estos valores y formar en la reflexión moral en el aula y a la vez ir mucho más allá. Es necesario poner en marcha procesos, mecanismos e instrumentos que vayan construyendo una Universidad más justa y responsable. De entre los mecanismos y procesos que se pueden poner en marcha podemos citar tres de los más extendidos y exitosos: códigos de buen gobierno, códigos éticos, e informes o memorias de responsabilidad social corporativas.

Los códigos de buen gobierno tienen por objetivo mejorar la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad en los más altos órganos de gestión y gobierno. Los códigos éticos, tan extendidos en otros ámbitos y con tanta tradición en el ámbito profesional, son declaraciones de valores y de compromisos que orienta a las personas en sus acciones y decisiones. Y los informes y memorias de responsabilidad suponen un gran ejercicio de transparencia en tanto en cuanto informan con rigor y veracidad de los impactos de las acciones de la institución tanto hacia dentro de la Universidad como hacia fuera.

En una universidad tan innovadora como la UPV no debería extrañar a nadie que también seamos de las primeras universidades de España en trabajar en esta dirección. Creo sinceramente que es una buena noticia que, en estas cercanas elecciones a rector, el candidato Juan Juliá haya presentado en su programa iniciativas en esta línea y se haya comprometido a desarrollarlas creando un Vicerrectorado de Responsabilidad Social Corporativa. Es el momento de pasar de las palabras a los hechos, y la decisión de poner en marcha iniciativas encaminadas a incrementar la responsabilidad de nuestra universidad es un primer paso tan humilde como necesario.

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Urbano Marín, presidente del Máximo Tribunal, enciende el debate

PERO FALTAN ESTUDIOS EMPPRICOS QUE AVALEN ESTA POSICIÓN

Urbano Marín, presidente del Máximo Tribunal, enciende el debate

Los fundamentos que la Corte Suprema olvidó al criticar calidad y cantidad de abogados

Los fundamentos que la Corte Suprema olvidó al criticar calidad y cantidad de abogados Sobran juristas y un gran porcentaje no cumple los parámetros básicos para ejercer la profesión. Con estas críticas, la Corte Suprema abrió el año judicial 2009 provocando una inmediata reacción del mundo académico y el Mineduc. La ausencia de estadísticas y estudios empíricos que avalen el punto de vista de los "supremos" es la principal crítica que les hacen el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, y el abogado y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña. A favor de la postura del Poder Judicial se manifiesta el experto Pablo Ruiz Tagle. Son las distintas miradas de una discusión que recién comienza.

Por Claudia Urquieta Ch.

Actualmente existen casi 16 mil abogados en el país. Cifra que triplica el número existente en 1980. Pero esto no es sorpresivo: la masificación del sistema universitario ha permitido que las escuelas de derecho ya no sean exclusivas de ciertos sectores. El avance en el acceso de capas medias y bajas a la educación universitaria ha tocado incluso las puertas de las otrora exclusivas facultades de leyes, permitiendo un aumento en el número de jóvenes que optan por ser abogados. El mercado da para todos.

La cantidad y los niveles de calidad de los profesionales que se están titulando es harina de otro costal. Y genera profundos reparos y divergencias en los círculos jurídicos y académicos, donde es sotto voce el malestar por lo que se califica como una "degradación de la profesión". Aunque no es un tema nuevo, la discusión volvió a la agenda nacional esta semana, tras las críticas formuladas por el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, durante la inauguración del año judicial 2009.

En la ocasión, el magistrado aseguró que la preocupación del Máximo Tribunal, encargado de otorgar los títulos a los profesionales, se enfoca en el número de profesionales que se ha incorporado a la abogacía. Así como a la calidad de su preparación y a los riesgos que una "alta cantidad de letrados en competencia representan para la ética profesional. Este problema ha sido y debería seguir siendo objeto de estudio con el Colegio de Abogados, si bien eventualmente requiere de una iniciativa legal".

Poca rigurosidad en las aulas

Plenamente de acuerdo con estos planteamientos se manifiesta el abogado, Pablo Ruiz Tagle. El coordinador ejecutivo del consejo de Océanos Azules, considera que "hay problemas de calidad y exceso de titulados que no están preparados para ejercer. Lo he comprobado como profesor de Derecho Constitucional-de la Universidad de Chile- porque veo que lo que aprenden en otras universidades no es riguroso y no se plantea su rol como de colaboradores y con espíritu de servicio publico, sino como personas que sólo deben ganar dinero a cualquier precio".

Una de las opciones para evitar estos problemas  y que ha sido estudiada por el Colegio de Abogados y la Corte Suprema, es la imposición de un examen obligatorio para todos los egresados -como sucede actualmente en Medicina- con el fin de imponer una vara más alta a los aspirantes al título. Pero aún no hay nada concreto.

Lo que sí se concretó fue la firma de un auto acordado por parte de los ministros de la Corte Suprema, el cual impide titularse de abogados a los alumnos que hayan terminado sus estudios en una institución donde han convalidado ramos, si ésta no ofrece todo el programa de Derecho, aduciendo que esta oferta no habilita para obtener el grado.

Cifras sin respaldo

No todos comparten las críticas de la Corte Suprema. El rector de la Universidad Diego Portales (UDP), Carlos Peña, asegura que lo que cabe preguntarse es si efectivamente en Chile existe un número desmesurado de abogados. "La respuesta es que no, si uno atiende a las estadísticas comparadas con otros países. Por eso la afirmación que formula el Presidente de la Corte Suprema es evidentemente errónea", explica el abogado.

Con cifras en mano, argumenta que de cada 100 mil habitantes, Chile contaba con 126 profesionales en el área en 2003, muy por debajo de la mayoría de los países de la región -por ejemplo Perú con 262 o Uruguay con 420) o Estados Unidos (370). Tendencia que no ha cambiado.

Según Peña lo que sí se puede comprobar empíricamente es que el número de abogados ha crecido desde fines de los '80 hasta hoy. "Pero eso es distinto a decir que sean demasiados".

Esta perspectiva es compartida por el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros. Barros asegura que es probable que los requerimientos de la sociedad hace unos años hayan sido distintos a los actuales. "Y si comparamos las cifras nacionales con las de otros lugares la proporción no es excesiva".

Desde el Mineduc, la Jefa de la División de Educación Superior, Sally Bendersky, señala que "no tengo cómo fundamentar esta crítica de la Corte Suprema, ya que no está basada en datos duros. Y los que nosotros manejamos nos alejan de esa apreciación".

Sobre todo porque, según explica la ingeniera, la política gubernamental apunta en sentido contrario. Es decir a aumentar la cantidad de alumnos de educación superior -que hoy sobrepasa los 700 mil-, ya que "el mayor acceso de las personas se ve como muy positivo".

¿Calidad o diversidad?

Por otra parte, esta curva ascendente se percibe en la mayoría de las carreras, lo que va de la mano con "la masificación de las profesiones que hemos experimentado. Antes estudiar en la educación superior era para una minoría en Chile y hoy es un fenómeno de masas. Lo que es muy razonable en una sociedad que se moderniza y expande las oportunidades", explica Peña.

Y advierte que "quizás los sectores más tradicionales ven esta diversidad como una crisis de la calidad. Y es natural que las minorías que gozaron de este privilegio se sientan amenazadas cuando éste se masifica. Pero no vaya a ocurrir que estemos asistiendo más a una masificación social que a un problema de calidad".

Por otra parte, Peña y Bendersky señalan que no existen estudios que evidencien la falta de calidad que acusa el Máximo Tribunal.

Lo que a ojos del rector de la UDP redunda en que "estas afirmaciones no tienen ningún rigor. Son razonables, las entiendo. Porque hay una preocupación más o menos difusa, pero lo que hay que hacer es estudiar el fenómeno con rigor. Y luego de que verifiquemos lo que está ocurriendo sugeriremos formas de mejora. Pero este tipo de afirmaciones genéricas sin ningún sustento empírico y algunas de ellas erróneas no ayudan a que el problema, si existe, se pueda resolver".

Para Enrique Barros, dentro del Colegio de Abogados están de acuerdo en que hay un problema, ya "que el título no está representando lo que tradicionalmente representó", ya que antes "la Corte Suprema podía garantizar ciertas habilidades profesionales y conocimientos básicos. Y eso no tenemos certeza que se esté cumpliendo con el sistema actual".


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CRISIS MUNDIAL: banqueros y ejecutivos está en la mira

04 de Marzo de 2009

El salario de banqueros y ejecutivos está en la mira como nunca antes

¿Adiós a los bonos?

¿Adiós a los bonos? Nadie ha ahorrado criticas a los banqueros. Ni el presidente Barack Obama, el primer ministro Gordon Brown, ni el presidente Nicolas Sarkozy, conocido por sus lujosas vacaciones, nadie está dispuesto a seguir avalando gratificaciones para aquellos hombres que fueron reconocidos por su capacidad en los negocios con suculentas bonificaciones y que en medio de la crisis son apuntados con el dedo por su responsabilidad en ella.

Por Marcelo Justo/BBCMundo.com

En Estados Unidos se están analizando mecanismos para recobrar parte de los más de US$460 millones que obtuvieron banqueros de siete entidades financieras que recibieron rescates multimillonarios del gobierno.

En el Reino Unido hay una tormenta política en torno a la jubilación anticipada que recibió Sir Fred Goodwin, el ex director del Royal Bank of Scotland, por valor de cerca de un US$1 millón anuales, a pesar de haber estado al frente de una institución con pérdidas por más de US$30.000 millones.

La rebelión de los banqueros

Pero fuera de la arena pública, los financistas están resistiendo la pérdida de sus privilegios.

Según el diario New York Times, el banco suizo UBS va a duplicar el salario de sus banqueros para compensar la reducción de sus bonificaciones.

En Londres, unos 250 empleados del Dresdner Kleinwort están iniciando una batalla legal contra el banco de inversión por el recorte de sus bonificaciones.

En el caso del HSBC la cultura interna corporativa no parece haber cambiado a pesar de la fuerte caída que hubo en las ganancias: cinco directivos recibieron bonos por unos US$45 millones.

El argumento de los banqueros es que estas ganancias fabulosas reflejan el valor excepcional de su talento en el mercado laboral.

El agujero negro financiero

No cabe duda que el común de los mortales no entiende ninguno de los complejos instrumentos financieros -derivativos, futuros, opciones- que manejan los banqueros.

En épocas de grandes ganancias, el argumento del "talento especial" de estos banqueros se sostenía gracias a los extraordinarios dividendos que, como magos de las finanzas, ofrecían a los accionistas.

Ese brillo se ha perdido ahora que el sistema financiero internacional está en ruinas y países como Estados Unidos y el Reino Unido han tenido que gastar casi US$10 millones de millones -un 80% del PIB estadounidense- en rescates a las desastrosas decisiones financieras de los bancos.

Hay un creciente consenso internacional en que la estructura remunerativa de los financistas alentaba el "riesgo" desmesurado de los operadores en su búsqueda de las bonificaciones de fin de año.

Bancos como el Credit Suisse, el UBS y el Morgan Stanley han incorporado cláusulas especiales por las cuales los bancos pueden recuperar parte de las bonificaciones si los operadores no cumplen con metas acordadas de antemano.

¿Existe el mercado?

Pero más allá del impacto práctico del debate, hay una polémica ideológica que sólo ahora comienza a perfilarse con claridad.

Si antes de la crisis se usaba al "mercado" para justificar las bonificaciones de los banqueros, ahora queda claro que el presunto "mercado" era un consejo de directores que decidía a puertas cerradas la estructura remunerativa de sus operadores financieros.

En los '80 la ex primer ministro británica Margaret Thatcher pronunció una de las frases más célebres de la ideología neoliberal: la "sociedad no existe".

Según esta visión, a nivel ontológico, lo único que existía era el mercado, convertido en monarca absoluto.

A la luz de la polémica sobre las bonificaciones de los banqueros, es posible que se termine dando vuelta la tortilla y todopoderoso señor Mercado pase a mejor vida.

 

BBC Mundo.com


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Por qué y para qué

Por qué y para qué

Pablo Rodríguez Grez | Sección: Historia, Política, Sociedad
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Chile tiene pendiente una respuesta histórica que mientras no se obtenga seguirá gravitando negativamente en nuestra vida política. Cueste lo que cueste, este país debe enfrentarse en serio al "por qué y para qué" del 11 de septiembre de 1973. No es posible dejar esta cuestión a merced de consignas falsas, de interpretaciones sesgadas o especulaciones demagógicas.

Existe, creo yo, consenso en el hecho de que no se trató de un cuartelazo habitual en este siempre convulsionado continente, sino más bien de la culminación de un largo proceso de descomposición. Asimismo, nadie puede negar que el objetivo a que se aspiraba era la restauración de la democracia política, con mayores o menores resguardos y protecciones.

No cabe duda de que el proyecto de la ex Unidad Popular pretendía el establecimiento en Chile de un régimen socialista al estilo cubano. Salvador Allende, que fue durante gran parte de su vida un demócrata parlamentarista, cambió súbitamente su visión a partir de 1959, por la influencia ideológica de Fidel Castro. Para muchos, la Unidad Popular no sería más que un nuevo Frente Popular, y Allende un nuevo Pedro Aguirre Cerda. Pero las cosas, como lo advertimos desde el primer día, no eran así. Valiéndose de todos los poderes que brinda el manejo del gobierno, se entró derechamente a destruir la economía capitalista y la democracia burguesa para, sobre sus ruinas, construir el socialismo. Esta experiencia arrastró a Chile a la peor crisis de su historia, colocándonos al borde de la guerra civil y de la desintegración nacional. Fue la ciudadanía la que mayoritariamente exigió la intervención militar y la que respaldó el gobierno de las FF.AA. y de Orden, única vía para superar una encrucijada dolorosa y catastrófica. Esta es, a mi juicio, la verdad, y mientras se oculte o distorsione subsistirán los rencores, los odios y el escandaloso aprovechamiento político electoral en que se funda la estrategia de la Concertación gobernante.

A partir del 11 de septiembre de 1973, la tarea del gobierno militar se concentró en reconstruir la democracia. Pero surgieron tres enormes escollos. Primero, la resistencia subversiva, que no cesó ni siquiera después de 1990. Segundo, la imposibilidad de restablecer las libertades democráticas mientras no se resolvieran problemas económicos y sociales que tensionaban la vida social y hacían ilusorias la normalidad y la seguridad ciudadana. Tercero, el acoso de que fuimos víctimas, gracias a una campaña internacional infamante que privó a Chile de todo respaldo. Agréguese a estos formidables obstáculos el hecho de que vivíamos, entonces, en plena "guerra fría", que la insurgencia marxista la sufría no sólo nuestro país, sino la mayoría de las naciones americanas, y que nuestros vecinos mantenían con nosotros un ambiente hostil y recargado de resentimientos.

Al cabo de 16 años y medio, el gobierno militar culminó su tarea. Encaró la subversión con un alto costo, es cierto, pero en todo caso muy inferior al que debieron enfrentar Perú, Argentina o Brasil. Fundó una nueva economía, que nos colocó a la cabeza de las naciones sudamericanas y, concluida esta etapa, ciñéndose estrictamente al itinerario establecido en la Constitución de 1980, convocó a un plebiscito, acató el resultado adverso y llamó a elecciones presidenciales, restituyendo al pueblo de Chile la plenitud de sus derechos políticos.

Este largo proceso puede suscitar críticas porque, como es obvio, se lesionaron muchos intereses. Pero en lo sustancial, Chile logró superar una situación provocada por una tentativa totalitaria que fue resistida por la ciudadanía, y salir airoso de lo que parecía insuperable. Es fácil hablar de la violación de los derechos humanos sin aludir a la subversión; del "golpe de Estado", sin referencia alguna al proyecto político totalitario que inspiraba al marxismo; de la concentración de la riqueza, sin recordar las "usurpaciones", "intervenciones" y "tomas" que estimulaba el gobierno de la Unidad Popular.

Es electoralmente lucrativo explotar los costos del proceso de recuperación que vivimos entre 1973 y 1990 y omitir toda consideración al escenario en que ello ocurrió y a los beneficios que fueron conquistados. Sin embargo, tengo la certeza de que en el fondo de su conciencia nuestro país juzga con ecuanimidad la obra del gobierno militar.




Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio.


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El aborto atenta contra la igualdad de los hijos

El aborto atenta contra la igualdad de los hijos

Felipe Antonio Rojas Román | Sección: Familia, Sociedad, Vida
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Existen miles de encuestas, gráficos y estudios científicos como argumento de que la llamada "píldora del día después" es abortiva y otros tantos postulando lo contrario. Prestigiosos médicos de la Organización Mundial de la Salud que señalan que la vida se origina desde el momento de la fecundación; nombres también de parte de departamentos bioéticos de distintas universidades pertenecientes a la pontificia de distintos países y universidades con un marcado acento "conservador", y por qué no hablar de la misma Iglesia, y de doctores en distintas disciplinas señalando que efectivamente la vida se origina en el momento de la concepción.

Paralelamente en muchos países ya es legal lo que algunos llaman derecho de la mujer, en que la decisión de abortar existe con algunas limitaciones o restricciones; se puede llevar a cabo sólo en caso de emergencia o cuando la vida de la madre se encuentra en peligro por concebir a la criatura, esto se llama "aborto terapéutico"; en cambio en otros países el aborto es legal sin importar los meses de gestación. Y nuevamente entramos en conocimiento de miles de encuestas ciudadanas, gráfico científicos y argumentos políticos del por qué es tan importante que un país desarrollado o en vías de, tenga reconocido en su normativa dicho derecho.

Creo que botaré a la basura en esta nota todos esos argumentos científicos, argumentos políticos y encuestas. Estudio Derecho, y voy a dar un argumento jurídico del por qué considero injusto el que se acepte la distribución de la píldora del día después o que se permita el aborto, usando el criterio común, que comúnmente es muy poco criterioso.

Es cierto que nuestro derecho de la familia desde sus comienzos hasta hoy en día ha tenido grandes cambios, sobre todo respecto al tema de la igualdad de los hijos. Así, con la aprobación de nuestro Congreso Nacional, se terminó con un sistema diferenciador entre hijos nacidos fuera del matrimonio e hijo nacidos dentro de él, llamados hijos ilegítimos y legítimos, respectivamente, y que era considerado arbitrariamente discriminador, pues negaba ciertos derecho uno de otro. En concordancia a los principios de igualdad y de protección del niño a nivel internacional, se decidió otorgar igualdad de derechos a los hijos nacidos fuera y dentro del matrimonio, sólo diferenciando el procedimiento para obtener la calidad como tal, así cobrando mayor importancia la realidad matrimonial como hecho que supone o presume la calidad de hijo respecto de los padres, reconociéndose como "filiación matrimonial" cuando estamos en presencia de hijos nacidos dentro del matrimonio, y "filiación no matrimonial" con hijos nacidos fuera de él, teniendo esta última como importancia el acto jurídico del "reconocimiento".

Pero claro está que hoy en Chile y en la mayoría del mundo los hijos en su calidad de tal tienen la misma igualdad de derechos. Así en coherencia tenemos los artículos 179, 33 y 37 del Código Civil.
Pero, ¿es tan así esta igualdad?

Esta igualdad se ve amenazada cuando en el vientre de una madre se espera un hijo no deseado; y en donde las políticas públicas de salud y las prácticas privadas también dan la posibilidad a aquella madre o padre en su conjunto a determinar que por el hecho de que ese hijo es de calidad "no deseado", optar por un aborto (en el caso de muchos países) o tomando un fármaco "posiblemente" abortivo, por impedir el desarrollo de una vida ya concebida.

Posiblemente la certeza humana de que la vida se conciba dentro de la concepción o fecundación como las posibilidades de que los argumentos médicos, científicos y políticos sean ciertos, no son, valga la redundancia, certeros.

Entonces nace otra diferenciación entre hijos, pero más aún, los que todavía no nacen, siendo los "deseados" privilegiados por sobre los "no deseados" a un derecho intrínseco de la especie humana, LA VIDA. Derecho por lo demás que está consagrado en nuestra Constitución en el artículo 19 numero 1º.

Pero bueno, algunos me podrán decir que los "no nacidos" no tienen la calidad de hijos, porque aún no se encuentra determinada su filiación en determinados casos. Respecto a eso, quiero señalar que si lo miramos con criterios jurídicos, el concepto de persona es muy distinto al concepto de persona en el ámbito biológico o médico, y en ese caso lo jurídico sólo viene a dar orden a lo real, y por el hecho de que un ser vivo no nacido aún no tenga la calidad de hijo, es vida igual, y lo consagrado y protegido en el 19 numero 1º de la Constitución es ello, la vida.

También es cierto que no nos podemos quedar sólo con este argumento, para detener o impedir la distribución o consumo del la píldora del día después.

Hay un argumento respecto de las personas que sí están a favor de la entrega que es muy cierto y no hay que hacer oídos sordos.

¿Por qué se puede no desear un hijo? Muchas veces son adolescentes las que quedan embarazadas, por malas políticas públicas y privadas también, como lo son la educación sexual, la familia, realidades difíciles, sufrimiento y dolor, que traer una vida más, sería una verdadera maldición. A veces, ¡¡muchas veces!!, los que estamos a favor de que no se distribuya el fármaco señalamos con el dedo y tratamos de egoístas a quienes las hubiesen tomado, pero muchas veces son familias que viven realidades crudas, donde las toman no pensando en el problema que le puede traer un hijo, sino en el problema que será para él vivir en ese ambiente y condiciones, y es por eso que prefieren privarlos de todos los dolores posteriores que trae vivir en una familia como la suya.

Es importante entonces que nosotros, los que estamos a favor de la vida en todos sus ámbitos y aspectos, no olvidarnos del mundo que le estamos construyendo a quienes vienen en camino; no podemos jactarnos de ser defensores de la vida que está por nacer, si no hacemos nada para que el que nazca tenga una vida digna, digna como hijos de Dios. COMO HIJOS DE DIOS.

Paralelamente a este argumento o nota, creo en lo personal más que negarse contra la pildora, hay que educar a la sociedad a estar a favor de la vida y la familia, porque más efectivo que se prohíba la distribución y venta del Postinor 2, es que la sociedad no lo consuma.

Este es mi argumento jurídico que escapa de lo legal y se centra en lo justo.




Nota: El autor del artículo es presidente del Centro de Alumnos de la Carrera de Derecho de la Universidad Andrés Bello, Viña del Mar.


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Saludos
Rodrigo González Fernández
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El Estado y la disolución del tejido social

El Estado y la disolución del tejido social

Gonzalo Vial Correa | Sección: Familia, Política, Sociedad
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El repentino aumento de los femicidios durante febrero llevó a que, la semana pasada, relacionáramos este hecho con la disolución del tejido social en los sectores más desposeídos de nuestro país. Disolución, a su vez, debida a la vertiginosa baja de los matrimonios celebrados en Chile —un tercio menos, los últimos diez años… y siguen cayendo—; el consiguiente inferior número de niños nacidos de matrimonio, y aumento de los nacidos fuera de él (62% del total el año 2007), y el remplazo paulatino, pero incesante y veloz, de los casados por los convivientes, la "pareja".

No se trata de condenar legal ni moralmente a la "pareja" —ésa es otra historia, y una historia caso a caso—, sino de consignar que en ella la vida marital y postmarital y la relación con los hijos comunes carecen de reglas… Más aún, son imposibles de regular, dada la infinita variedad de combinaciones que pueden darse de estas conductas, su desarrollo y sus consecuencias.

Lo comprobamos en algunos de los femicidios que nos han conmocionado (ver columna anterior).Una de las "parejas" estaba compuesta por una mujer no menor de treinta años, y un muchacho de diecinueve, adicto a la marihuana, completando el grupo una hija de la primera, de dieciséis, que el conviviente asesinó. En otra de las parejas disueltas —lo que condujo a que el hombre ultimara a la mujer—, el hechor había tenido una relación anterior, también terminada. Terminada, sí, pero dejando dos hijos de 12 y 14 años, que vivían con el padre, y a los cuales éste encerró en la casa común, ocho horas, mientras allí mismo humillaba y finalmente asesinaba a su segunda mujer.

Olvidemos los crímenes, y preguntémonos qué reglamentación legal hubiera podido darse a estas "parejas", y a los hijos o "hijastros" que dependían de ellas. Obviamente ninguna, en particular por dos hechos capitales: a) El conviviente carece de cualquier obligación (ni derecho) respecto a los hijos de su pareja que biológicamente no sean hijos suyos. b) Lo mismo rige para cualquier conviviente, tocante a los hijos comunes que no haya reconocido. Y este reconocimiento es enteramente voluntario, salvo sentencia judicial, cuya rapidez y accesibilidad a los pobres el lector juzgará.

Sería absurdo sostener (sin una investigación más amplia y profunda, que naturalmente ninguna escuela de sociología hace) que los femicidios de febrero —los cuales afectaron, en cinco de siete casos, a parejas y no a matrimonios— se debieron a la falta de enlace legal. Pero no parece ilógico pensar que, tratándose relaciones humanas como éstas, tan profundas y apasionadas, el hecho de que sean completamente anárquicas, sin ninguna regla jurídica que intente, siquiera, enmarcarlas, no puede sino favorecer la violencia física y sicológica… la "violencia intrafamiliar",de la cual Carabineros recibe dos mil denuncias semanales (El Mercurio, 16 de febrero).

Mientras tanto, ¿qué hacen los gobernantes en presencia de crisis tan formidable?

Parches. Hay mucha solución de parche, improvisada, quizás aceptable por la urgencia y de mediano aunque limitado éxito posible, pero que no va al fondo del tema. Así:

"Brazaletes electrónicos", eventualmente monitoreados por satélites seguirían la pista de aquellos imputados de violencia intrafamiliar que tienen prohibido acercarse a sus víctimas. Proyecto en trámite. Costo: 6.000 millones de pesos… al parecer anuales (El Mercurio,16 de febrero), 200 nuevos funcionarios incluidos.

Confieso abrigar cierto escepticismo ante la idea de que un satélite —que hasta el momento, en el Transantiago, no logra siempre ubicar dónde está un bus de itinerario fijo y regular— pueda seguir el trayecto imprevisible de un femicida a la busca de su presa. Pero quizás sea esta incredulidad consecuencia de mi ignorancia tecnológica.

El SERNAM piensa que hay menos matrimonios porque el régimen de sociedad conyugal da demasiadas atribuciones al marido en el manejo de los bienes comunes. Prepara un proyecto limitándolas.

Que con esta limitación muchas mujeres (y sobre todo muchos hombres) preferirán el matrimonio a la simple convivencia es un optimismo y una inocencia del Servicio. Que Dios le conserve candor semejante.

Justicia de familia. ¿Será la salida real del problema? Ingresan arriba de 350.000 causas anuales. Es, todos lo saben, un modelo de lentitud, ineficacia e incluso trato humillante para quienes la invocan. Los esfuerzos para mejorarla no han tenido resultados muy visibles. El último de estos esfuerzos, ya convertido en ley, establece la "mediación" obligatoria de profesionales especializados, en los juicios de familia. Con ella, y nuevos jueces (95) y empleados (640), más 18.500 millones de pesos en infraestructura, "quedará normalizada la oferta de justicia familiar en el país", dice el ministro del ramo (19 de febrero).

Dios lo escuche. No ha escuchado en seis años —está a la vista— las promesas solemnes y públicas de parlamentarios democratacristianos y nacionales, asegurando que no aceptarían ley de divorcio sin que estuviesen en operación juzgados de familia suficientes y eficaces.

Agreguemos que el "mediador" —cuya propuesta necesita la aceptación de ambas partes— sólo descargará a la justicia propiamente dicha de una pequeña proporción de las causas de familia. Es ésa, entiendo, la experiencia internacional. Y Perogrullo nos dice que si, para uno de los contendores, responder "no" al mediador significa dilatar el pago de alimentos que debe hacer, será muy proclive a ese "no".

"Los temas de familia (dijo el presidente de la Corte Suprema al promulgarse la ley señalada) no deberían judicializarse, porque agudizan el conflicto existente" (El Mercurio, 19 de febrero). Pero la mediación… ¿solucionará esos temas, o devendrá muy mayoritariamente un mero trámite inútil salvo en cuanto indispensable para abrir la puerta de la batalla judicial?

EL PROBLEMA DE FONDO. Pero hay más. Ningún mediador ni juez de familia puede poner orden en relaciones maritales que no son matrimoniales, ni en los vínculos de la "pareja" conviviente con los niños que viven bajo ella. Pues —como explicamos— esas relaciones no tienen ni pueden tener regulación legal de ninguna eficacia práctica.

EL ESTADO. El Estado, los gobernantes, no pueden obligar a las parejas a casarse. Tampoco perseguir o prohibir las convivencias sin matrimonio. Pero pueden (y no lo hacen):

1. Beneficiar de alguna o varias maneras sustantivas a quienes celebran y conservan el matrimonio civil, y tienen hijos dentro de él.

Todo el mundo, creyente religioso o no, debiera coincidir en que el matrimonio civil, y engendrar, criar, formar moralmente y educar hijos dentro de él son situaciones socialmente beneficiosas. De lo contrario, ¿por qué empeñarse en su prolija regulación jurídica, como la que hoy existe? Sin embargo, en el Chile del Siglo XXI, casarse y formar una familia dentro del matrimonio no acarrea el menor beneficio legal ni administrativo.

2. Al contrario, perjudica. Ejemplos. A: Un superior de servicio público puede tener a su "pareja" de jefe de gabinete, pero no puede emplear de ascensorista a un hijo matrimonial. B. La "pareja" tiene DOS opciones a subsidio de vivienda: el matrimonio, sólo UNA. C. Los miembros de la "pareja" declaran separadamente su impuesto anual a la renta. A los miembros del matrimonio cabe que el Servicio les exija una sola declaración, sumando los ingresos de ambos, con peligro de aumentar el tributo resultante, que es progresivo según tramos.

3. Abstenerse de legislación negativa para el matrimonio. Los ejemplos recientes de ésta son muchos. V.gr.:

A. La ley de divorcio (2004), al establecer que el abandono del hogar, sin motivo alguno, otorga al hechor una causal legítima para disolver unilateralmente el matrimonio, por divorcio, después de tres años.

Nadie tiene, pues, matrimonio legalmente seguro sino por ese plazo. ¿A qué fin casarse, entonces? La simple convivencia ahorra el papeleo del matrimonio… y el del divorcio, a los tres años.

B. La ley que "igualó" a los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio (1998).Tenía (como muchas de estas disposiciones) un objeto fundamentalmente propagandístico. Los derechos económicos de los antiguos "ilegítimos", en la práctica, y por motivos largos de explicar, serían muy parecidos a los de antes. Y la valoración social de haber nacido dentro o fuera de matrimonio no depende de nombres ni de leyes. Buena o mala, justa o injusta, esa valoración la hace y la cambia el sentir de la colectividad .

Pero, también de hecho, con esta ley, la muerte del padre casado y que deja cónyuge sobreviviente e hijos de ambas categorías, introduce en la herencia tal confusión y precariedad, que objetivamente es un disuasivo del matrimonio. Sobre todo entre los pobres, cuyo único "bien hereditario" de cierta importancia acostumbra ser el hogar, la casa de subsidio. Objetivamente, a la mujer que hace vida marital le conviene —en este respecto— no casarse y tener la vivienda a su nombre. ¡Otra ventaja de la mera "pareja"!

C. Las normas vigentes sobre esterilización (2000). Con la firma de una ministra cuyo nombre he olvidado, dicen —caso único en el mundo, creo— que una mujer casada, que no ha tenido hijos, de dieciocho años, analfabeta, puede exigir a los Servicios de Salud que la esterilicen, sin invocar ninguna causa y sin que lo consienta, ni siquiera lo sepa su marido. ¿Qué mejor manera de decir que casarse es solamente un papeleo aburrido?

Resumen: si no se revaloriza y fomenta, desde todos los puntos de vista, el matrimonio y la familia legales, no habrá solución operante para los problemas de la convivencia marital y de los hijos que nacen de ella. "Judicializar" el funcionamiento de instituciones que por su naturaleza misma no tienen ley es querer cuadrar el círculo… una pérdida de tiempo, esfuerzo y dinero.

Nota: El artículo original fue publicado por La Segunda, el 24 de febrero de 2009.


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DC respalda gestiones del ministro Madrid en caso Frei Montalvaerte del ex Presidente.El Mercurio

DC respalda gestiones del ministro Madrid en caso Frei Montalva

El presidente del partido, Juan Carlos Latorre, descartó que en la DC exista cierta conmoción por un eventual vínculo del ex ministro Patricio Rojas con la muerte del ex Presidente.
El Mercurio Online
Miércoles 4 de Marzo de 2009 13:51
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SANTIAGO.- Pese a que descartó adelantar juicios en contra del ex ministro Patricio Rojas y se limitó a realizar un llamado general a colaborar con la investigación por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, el líder de la DC, Juan Carlos Latorre, dijo hoy que su partido respalda plenamente las investigaciones que está realizando el ministro a cargo del caso, Alejandro Madrid.


"Todos los antecedentes que los chilenos tengan respecto de la forma en que fue asesinado Eduardo Frei, deben ser puestos en conocimiento de la justicia, sea quien sea el que los tiene, sea uniformado, sea civil, y en ese sentido lo único que puedo señalar es que la Democracia Cristiana respalda cien por ciento las diligencias que está llevando a cabo el ministro sumariante", aseveró el diputado.


Según el abogado de la familia Frei, Álvaro Varela, el ex ministro de Interior y Defensa no informó sobre la realización de una autopsia al cuerpo del ex Presidente, lo que puede ser calificado como "delito de encubrimiento".


Latorre no quiso profundizar en eso, pero sí indicó que lo que está ocurriendo con Rojas es válido para todos los ciudadanos, "en el sentido que si el ministro que realiza la investigación estima que hay antecedentes que debieran haber sido puestos en conocimiento del proceso y que él tenía, bueno hay que ponerlo a disposición de él".


Además, descartó que en su partido exista cierta conmoción por un eventual vínculo de Rojas en la muerte del ex Mandatario. "No hagamos política ficción todavía, veamos qué pasa. A mí me parece que hay muchas personas todavía que no declaran y que ayudan a que se haga justicia en Chile", dijo.


Por su parte, el ministro vocero de Gobierno, Francisco Vidal, manifestó que si el juez Alejandro Madrid llega a caratular la investigación ya no como muerte sino como homicidio, el país debiera entrar en una profunda reflexión, "porque sería el primer Presidente asesinado en la historia de Chile".


No obstante, recalcó que La Moneda se mantendrá al margen del caso, argumentando que "las cosas funcionan no por lo que opine el Gobierno ni el abogado Varela", sino que lo importante "es lo que opine el juez, quien determinará si hubo o no obstrucción u ocultamiento".


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