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sábado, junio 21, 2008

La central del lobby

¿LOBBY O TRAFICO DE INFLUENCIAS?

La central del lobby

El Copua es un órgano medio desconocido y de baja responsabilidad política, que se anda metiendo en temas patrimoniales. El martes mostró cómo y cuánto hace lobby en pleno corazón de la Legislatura.

 Por Sergio Kiernan

En esta Buenos Aires año verde en la que Ejecutivo y Legislatura hablan de patrimonio, y en la que ministerios históricamente enfrentados por el tema como Planeamiento y Cultura ahora hacen planes en conjunto, el lobby de la piqueta no desapareció. Ya no juega de local, como en tiempos de Ibarra, cuando en los más altos cargos se reían a los gritos de la idea de catalogar edificios (lo hacían en los despachos con la misma actitud con que se cuentan ciertos chistes en los vestuarios). Pero la piqueta tiene dos fuertes argumentos y un ámbito semioficial donde todavía es fuerte. Los argumentos son el económico, por el colosal negocio de demoler y reemplazar con edificios baratieri pero rentables, y el ideológico, por la convicción religiosa de los profesionales de que sólo lo nuevo vale. El ámbito donde se atrincheraron estos dos machetes es esa rara criatura llamada Concejo del Plan Urbano Ambiental, órgano nacido para asesorar sobre temas urbanísticos de medio ambiente y planeamiento que se está metiendo, sin base legal ni mandato político, en el tema patrimonio para poner palos en la rueda.

Este panorama quedó en claro este martes en la reunión de asesores de la comisión de Planeamiento de la Legislatura porteña. Estas reuniones se realizan regularmente y son parte del mecanismo normal de tratamiento de proyectos y leyes. Los diputados porteños tienen asesores que se especializan en los temas que siguen sus referentes, y estudian, negocian y definen políticas. Sus diputados no podrían físicamente estar en tantos lugares a la vez y este mecanismo de delegación tiene validez formal en el sentido de que los asesores se reúnen y hablan en nombre de sus jefes, aunque el o la diputado/a tienen, por supuesto, la palabra final.

La reunión del martes en Planeamiento estuvo presidida por Bárbara Rosen, su directora –cada comisión tiene un director que no es un diputado sino un asesor–, una arquitecta que fue nombrada en ese puesto originalmente por el diputado Olmos y ahora por la presidenta de la comisión, la diputada Silvina Pedreira (FPV). Rosen fue miembro del Copua y este martes mostró claramente que su corazoncito y sus ideas siguen firmemente del lado de la piqueta.

En la reunión estaba también Oscar González, que es asesor del diputado Alvaro González y es nada menos que un ex director del Copua. Había representantes de ONG como Basta de Demoler, Apevu y los vecinos de Parque Avellaneda, del Ministerio de Cultura y del de Desarrollo Urbano, además de asesores de los otros diputados miembros de la comisión. También estaba presente un cierto personaje poco conocido, pero de gran influencia, el arquitecto David Kullok, especialista en urbanismo y planeamiento urbano, y un enemigo público del patrimonio edificado.

La primera cosa rara de la reunión fue el temario que fijó Rosen, completamente dedicado a proyectos de catalogación y preservación del patrimonio. Como directora, Rosen tiene el poder de fijar el temario, pero en la práctica estas listas suelen reflejar los temas que les interesan a los miembros de la comisión. Esta vez no fue así: el temario fue estrictamente de los temas que le interesan a Rosen, que no pareció advertir que resulta llamativo que una comisión de Planeamiento de la Legislatura se fijara un temario que parece de la comisión de Patrimonio.

La reunión era para discutir proyectos que tienen que ser tratados por los diputados miembros de la comisión. Si los asesores aprueban el asunto, el tema pasa al voto de sus jefes políticos. Rosen detuvo ocho temas y en todos los casos presentó la misma razón: o el Copua se oponía, o el Copua observaba, o el Copua no se había pronunciado.

En cuatro de los casos, la excusa exhibida por Rosen roza la inconstitucionalidad. Son cuatro edificios –el Hotel Metropol, las casitas ferroviarias de Humboldt al 1100, la casa Bemberg en Montevideo 1250 y un conjunto en Lafinur al 3000– en los que el Copua no tiene ni remotamente alzada. Según la ley, es el CAAP, el consejo asesor en temas de patrimonio, el que tiene que tratar, votar y recomendar estos temas. La ley no menciona al Copua, que se arroga derechos –que no tiene– a opinar sobre un edificio individual.

Los otros cuatro proyectos que observó Rosen en nombre del Copua son más complejos, pero también muestran más la hilacha de por dónde circula el esfuerzo de lobby corporativo. Los cuatro temas bloqueados se refieren a Areas de Protección Histórica, conjuntos o ambientes de la Ciudad. En este caso se trata de la ampliación del APH del parque Tres de Febrero, de la creación de otro APH en Barrancas de Belgrano –iniciativa de Marta Varela–, de la reglamentación del APH de Flores y un conjunto de normas de manejo del Parque Avellaneda. Son temas que abarcan áreas de la Ciudad en las que un ente dedicado al medio ambiente podría concebiblemente opinar.

¿Qué hace el Copua? Obstruir, con argumentos que rozan el absurdo. Por ejemplo, afirmar que la preservación de edificios históricos en el casco viejo de Flores contradice el Plan Urbano Ambiental. Si un puñado de edificios históricos afecta el PUA, debe haber algo errado con el PUA, ya que no se entiende desde la lógica en qué afecta la ecología. También convendría recordarle al Copua que el APH Flores tiene mucha más solidez legal que ellos mismos, ya que fue votado con doble lectura en 2000, mientras que el Concejo fue votado una vez y todavía no tiene segunda vuelta y sanción firme.

Otra pajaronada es la oposición del Copua al andamiaje legal del Parque Avellaneda. Aquí aparece como vocero el arquitecto Kullok, que afirma que la idea "ata las manos" para el desarrollo del parque. En un punto, atarle las manos a cierta gente no sería una mala manera de preservar un parque repleto de edificios históricos, con un barrio de arquitectura singular y una densidad todavía manejable. Por otro lado, esto huele a pensamiento corporativo: el Parque Avellaneda se maneja con un mecanismo participativo con los vecinos que, obviamente, le molesta a un experto como Kullok.

Porque Kullok es realmente un experto, un miembro del establishment de la piqueta. Se recibió con diploma de honor en la FADU/UBA en 1963, lo que significa que fue formado como cuadro en una ideología que no era el comunismo sino el modernismo demoledor. Kullok es profesor titular en la facultad que lo formó, dirige becarios e investigadores, maestrías e institutos, y fue director general de Habilitaciones en el gobierno de Ibarra. Una de sus frases destinadas al bronce es que "no hay que preservar el patrimonio porque la identidad se construye y deconstruye una y otra vez".

Este tipo de platitudes pasan por ideología. Por suerte, los profesionales jóvenes ya no les dan pelota a estas cosas.

Entre Rosen, Kullok y González –el asesor–, el Copua tiene bien cuidadas las espaldas en la comisión. El Copua está sirviendo ahora para hacer política sin pagar los costos políticos de buscar excepciones y mantener la Ciudad como zona liberada para hacer negocios inmobiliarios. Esto es porque sus miembros no son electos –los nombraron la Legislatura y el Ejecutivo– y en general son agradablemente desconocidos para el público.

A todo esto, la titular de la comisión, la diputada Pedreira, no está de acuerdo con nada de esto. La diputada explicó a m2 que ella tampoco entiende por qué el Copua opina en temas de patrimonio y por qué no se renuevan sus miembros –consejeros como Kullok llevan años operando tranquilos– algo que le reclama al Ejecutivo. En rigor, es el Ejecutivo que tendría que poner orden en las áreas de competencia del Copua. Ahora que el gobierno de Macri está tomando actitudes sanas y enérgicas con respecto al patrimonio y otros temas urbanos, no debería bancarse una central del lobby con paraguas oficial.


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Rodrigo González Fernández
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DIANA SCIALPI ACOSO MORAL EN EL TRABAJO

ACOSO MORAL EN EL TRABAJO

 

DIANA SCIALPI
"En la Argentina no se considera violencia el hecho de burlar la ley"

Diana Scialpi es socióloga y pionera en la investigación del fenómeno de la violencia laboral institucional en el empleo público. Más todavía: la audaz hipótesis de la especialista, es que la violencia en la administración pública es la condición necesaria para instalar la corrupción en el Estado. 

Por Laura Di Marco 

La violencia en la administración pública es especial, y más siniestra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1997 y 2001, y frente a la convocatoria de la OMS, estudiar la violencia en diferentes contextos, emprendió un trabajo de investigación independiente, que volcó en un libro "Violencias en la Administración Pública. Casos y Miradas para pensar la Administración Pública como ámbito laboral". Scialpi asesora a defensores del Pueblo y a legisladores nacionales y provinciales. También dicta cursos sobre prevención, detección, control y reparación de la violencia institucional en el empleo público y es consultora de proyectos de investigación sobre violencia institucional y laboral. 

-A propósito de "El acoso moral en el trabajo", el libro de Marie France Hyrigoyen, se empezó a hablar más de esa cuestión. Usted, en la Argentina, hizo una investigación en el ámbito de la administración pública, ¿nos cuenta un poco de qué se trata?
-En los noventa empecé una investigación exploratoria de violencias perpetradas en la Administración Publica. Elegí ese ámbito porque allí se da un tipo de violencia laboral especial, y más siniestra. 

-¿Por qué más siniestra? 
-Porque se trata de una violencia perpetrada por quienes tienen la responsabilidad social y legal de cuidar a otros dentro de una institución, sea ésta familiar o el propio Estado. Desde ese enfoque, me propuse describir la calidad que tiene la violencia cuando es generada por el que "debe proteger". La transformación del protector en violento. Es más devastadora porque ocurre en un ámbito laboral y falseada por un discurso que niega lo que está pasando.

-¿Nos ayuda con un ejemplo?
-En esa época se dijo que se emprendía una "modernización del Estado" y asistimos al desguace más absoluto de las instituciones públicas. Un Estado que selecciona a los servidores públicos "a dedo", sin tener en cuenta la idoneidad y los antecedentes de los candidatos para ejercer un determinado cargo público, no puede ser eficaz. Resulta una organización injusta y por lo tanto, violenta. Los efectos de esa violencia laboral institucional, que llamo violencia político-burocrática", son doblemente devastadores. Además de afectar a la salud física y mental de los empleados públicos, es una condición previa y necesaria para emplazar la corrupción en el Estado. 

-O sea que las políticas de transparencia –una administración más honesta, digamos- ¿tienen un correlato con las condiciones de trabajo en la administración?
-¡Por supuesto!... Tanto que dediqué varias publicaciones a establecer la correlación entre violencia laboral en los organismos públicos y la corrupción en el Estado.

-Hablando específicamente de la ciudad, ¿cómo se revela la violencia laboral?
-A esta altura, tenemos que aclarar que, en materia de violencia laboral, sea en el sector público o privado, no contamos aún con una ley nacional, ni tenemos claras políticas públicas. Por lo tanto, la Argentina no produce información cuantitativa ni cualitativa confiable en la materia. 

-Pero la ciudad, junto con otras provincias, sí tiene una ley sobre violencia laboral, ¿no mejora eso la situación?
-Sí, es cierto, la ciudad sancionó la ley sobre violencia laboral en enero de 2004, pero a mi juicio requiere mejoras. Reconoce sólo la violencia laboral vertical (de superior a subordinado, aunque también hay entre pares), y no contempla atención a los afectados. La ley de Santa Fé es mejor. 

-¿Cuál es exactamente la diferencia entre acoso moral y violencia laboral?
-El "acoso moral" es una de las treinta modalidades de violencia laboral reconocidas por la OIT en su informe mundial "Violence at Work" (que no se publica en español). Otra diferencia -y aquí cito a Marie France Hirigoyen, quen acuñó el concepto-, es que la dificultad para defenderse del acoso moral reside en un hecho del que casi nunca se dispone de pruebas. Esto significa que estamos ante una violencia interpersonal, que en la mayoría de los casos ocurre sin testigos y desestabiliza a la víctima, quien no puede demostrar lo que está padeciendo. 

-Defíname el término "acosar".
-Es someter sin reposo a pequeños ataques repetidos. El acoso humilla y es repetido.

-¿Hay países donde el acoso psicológico laboral está tipificado como un delito?
-Sí, en Suecia. Además, obviamente, tienen estadísticas sobre el tema, lo que permite elaborar políticas públicas serias. 

-¿Qué se puede hacer desde el poder político?
-El poder político puede –y debería- honrar la ley, intención que debería traducirse en una perseverante campaña pública para que todas las leyes sean cumplidas y su incumplimiento sea implacablemente sancionado. Los argentinos incumplimos masivamente las leyes y lo hacemos con impunidad. Por añadidura, el Estado, responsable de cumplirlas y hacerlas cumplir es el que viola sistemáticamente las leyes de empleo público, las leyes de Ética en la Función Pública, las leyes de Riesgo en el Trabajo. Nuestra principal tragedia, creo yo, es que no consideramos violencia al hecho de violar la ley. 

-Al margen de las falencias, hablemos de lo que tenemos hoy: ¿qué puede hacer, en concreto, un empleado de la administración pública que se considere víctima de violencia en su lugar de trabajo? 
-La ONG Instituciones Sin Violencia (N.de la R: Scialpi la presidió entre 2004 y 2006), impulsó la creación de la primera oficina de Denuncias de Violencia Laboral. Funciona en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que dirige Manuel Garrido.


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MEXICO: En en Bellas Artes función de Carmina Burana por reclamo laboral - ACOSO LABORAL, ACOSO MORAL

 
ACOSO MORAL - LABORAL -  EN EL TRABAJO
 
en en Bellas Artes función de Carmina Burana por reclamo laboral
Fecha: 20 de junio del 2008 
Reportero: Miguel de la Cruz 

Fuente: Once Noticias
Nunca había sucedido, integrantes de la Compañía Nacional de Danza, cantantes y músicos del coro y Orquesta del Palacio de Bellas Artes cancelaron la función en la que se presentaría la obra Carmina Burana. El motivo, un reclamo acerca de las condiciones laborales. 

"La Compañía Nacional de Danza está pasando por una situación terrible de explotación, de acoso laboral, de acoso moral, de acoso psicológico y eso no lo podemos permitir", dijo Lourdes López Romero, secretaria General de Grupos Artísticos, del INBA. 

El subdirector del INBA, Ricardo Calderón, afirma que ha habido una interlocución constante con el sindicato y reiteró su disposición para dialogar: "para analizar los problemas necesitamos conocerlos en su dimensión real, de qué condiciones infrahumanas estamos hablando". 

Los bailarines de la Compañía Nacional de Danza reciben pago de horas extras, prima dominical y servicio médico, entre otras prestaciones. Sin embargo, las demandas incluyen consideraciones específicas. 

"Los bailarines con un horario específico de trabajo, los músicos igual, cuando salimos de gira requerimos algún descanso, no podemos trabajar a destajo, porque lo nuestro es lo físico, lo nuestro es el arte, lo nuestro es el escenario", expresó Víctor Cervantes, bailarín de la Compañía Nacional de Danza. 

Lourdes López Romero, secretaria general de Grupos Artísticos del INBA pide la destitución del director de la Compañía Nacional de Danza Dariusz Blajer y aseguró tener una reunión este día. 

"Tenemos una reunión que se nos solicitó a través de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados", comentó Lourdes López Romero. 

Una reunión de la que el INBA no estaba informado. 

"Hemos solicitado por vía de la Dirección De Asuntos Laborales se nos informe dónde sería esta reunión, estamos dispuesto en cualquier momento, pero este comentario fue totalmente unilateral", señaló Ricardo Calderón, subdirector del INBA. 


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ARGENTINA: DERECHO HUMANO A LA INFORMACION

Argentina
El derecho humano a la información 
RedCom*
Publicado el 20/6/2008 16:30:00 (27 Lecturas)

Existe una pública necesidad de avanzar hacia una nueva ley en materia de radiodifusión, que garantice los principios sobre el derecho a la comunicación consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ambas suscriptas por nuestro país y adoptadas con jerarquía constitucional. El propósito de la RedCom es contribuir, desde su ámbito específico, a la redacción de una legislación que responda a los desafíos de la comunicación y las tecnologías en nuestro tiempo.

Artículos relacionados:

.Medios de Comunicación: La información en un mundo globalizado / Carlos Gabetta*
.Entrevista a Néstor Busso*: "La comunicación es un bien social"/ Jorge Vilas
.Carta Abierta II. Por una nueva redistribución del espacio de las comunicaciones



En tal sentido, la Red de Carreras de Comunicaciópn Social de la República Argentina (RedCom) elaboró una propuesta que evidencia numerosos precedentes, emergentes de rigurosos trabajos de investigación, artículos, especialistas, cátedras, informes y material académico.

El propósito de la RedCom es contribuir, desde su ámbito específico, a la redacción de una legislación que responda a los desfíos de la comunicación y las tecnologías en nuestro tiempo.

Diversidad y Pluralismo

Partimos de la idea, (por cierto no meramente académica), de que la actividad radiodifusora –entendida en su concepto más amplio, abarcando la radio y la televisión en sus diversas modalidades de prestación– integra el derecho humano a la información y como tal constituye un servicio esencial para el desarrollo social, cultural, educativo e integral del país que atañe a todos los habitantes tanto individual como colectivamente. Esta concepción debiera ser el principio básico de la ley que se propugna.

En este marco, el objetivo fundamental de cualquier marco regulatorio democrático de los medios de comunicación, debería garantizar la diversidad y el pluralismo. Son necesarias medidas efectivas para promover la diversidad de contenidos y perspectivas, el acceso a los medios de radiodifusión y el reconocimiento de una diversidad de formas jurídicas de propiedad, finalidad y formas de funcionamiento, incluyendo medidas para prevenir la concentración de medios. El marco regulatorio además, debería explicitar el reconocimiento de tres diferentes sectores o modalidades de radiodifusión: público/estatal, privado/comercial y social/sin fines de lucro, considerando que este último incluye los medios comunitarios.

Dentro del sector de los medios públicos, se destaca la modalidad de prestación realizada por las Universidades. En este campo, va-le recordar que la Universidad Nacional de La Plata a través de Radio Universidad sigue siendo la emisora pionera de estas características en el mundo. Creada en 1923, es una emisora que en su gestión se ha caracterizado por reivindicar una verdadera gestión pública. En este capítulo, que nos atañe particularmente, recordamos que en el año 2000 la Asociación de Radios Universitarias Argentinas (ARUNA) con el expreso respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), mediante Acuerdo Plenario 384/00 suscripto en Santa Fe el 19 de diciembre de 2000, aprobó un documento proponiendo los contenidos referentes al Sistema Nacional Universitario de Radiodifusión Pública.

Otro de los puntos clave que debe contener la nueva Ley de Radiodifusión, se refiere a la creación de la pertinente autoridad de control. El otorgamiento de concesiones, las asignaciones de frecuencias y otros aspectos del servicio de radiodifusión deben ser regulados por organismos estatales independientes del gobierno, así como de grupos económicos y empresariales, garantizando una efectiva participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones. El debido proceso y la posibilidad de recurrir sus decisiones, son garantías necesarias en un Estado de Derecho. La existencia de autoridades independientes de control la encontramos en la legislación más avanzada en la materia, tal como se establece en Canadá la Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomunicaciones (Canadian Radiotelevision and Telecommunications Comission - CRTC), el Consejo Superior de lo Audiovisual (CSA) en Francia o la Autoridad Independiente de Comunicaciones en Sudáfrica (ICASA).

En el actual contexto internacional, no puede omitirse la importancia de determinar con reglas claras las normas tendientes a la inclusión digital. El compromiso de los Estados para superar la brecha digital, expresada en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, supone mecanismos que garanticen el acceso y migración de los medios a las nuevas tecnologías y a los desafíos que plantea la convergencia y la digitalización de los soportes analógicos. La digitalización debe ser vista como una oportunidad para corregir los errores en la construcción de este sistema y para subsanar históricas desigualdades y distribuciones asimétricas. En este sentido es que esta coyuntura signifique, tal vez una de las pocas oportunidades que se nos abran en el corto plazo para hacer cambios profundos. Para transformar una "posibilidad" que nos brinda la tecnología, en una "oportunidad" real para una democratización de las comunicaciones y con ello el reconocimiento de nuestros derechos, es imprescindible la plena participación de todos los sectores: el gobierno, los empresarios, las universidades, la sociedad civil organizada, así como los oyentes y televidentes.

Garantizar la universalidad del acceso a la radio y televisión gratuitas, tanto desde el punto de vista de la recepción, como del de la emisión, sigue siendo uno de los grandes temas pendientes. La llegada de la televisión y la radio digital a todos los rincones de nuestra extensa geografía, de manera tal que todos tengan posibilidad tanto de recibirla como de participar de su elaboración, requiere de la implementación de un marco legal y de políticas públicas activas que estimulen la generación de contenidos, el recambio tecnológico y el acceso a las frecuencias de nuevos actores que permitan la construcción de un mapa diverso y heterogéneo tanto en culturas como en formas de ver el mundo, valores, lenguas, entre otros aspectos.

Mucho es lo que se discute permanentemente sobre el rol social y el sentido de nuestras universidades en general, y de nuestras carreras de Ciencias Sociales en particular. Somos concientes que es nuestro Pueblo en su conjunto, el que sostiene cotidianamente nuestras Instituciones y no solamente con sus aportes impositivos. Esencialmente, el pueblo deposita todos los días en las universidades la esperanza de un futuro mejor para sus hijos, la ilusión de que la ciencia y el conocimiento sirvan al desarrollo del país, el deseo de que el conocimiento crítico aporte a la formación de hombres y mujeres libres que contribuyan a la grandeza de la Patria.


Comunicación para la Democracia

Por todo lo expuesto precedentemente, y ratificando nuestro pleno compromiso con la implementación de políticas públicas activas que fortalezcan la pluralidad y democratización de las comunicaciones, la Red de Carreras de Periodismo y Comunicación Social de la República Argentina (RedCom) propone:

1) Avalar institucionalmente el documento "21 Puntos por una Ley de Medios de Comunicación para la Democracia", en el que muchos de nuestros docentes e investigadores han contribuido para su redacción y difusión.

2) Incorporar a los representantes de las facultades y carreras de comunicación de las universidades públicas de gestión privada, a la posibilidad de acceder a los servicios de radiodifusión universitaria.

3) Establecer una cuota de pantalla para las producciones universitarias, en los medios de comunicación del servicio público de radiodifusión, con el objetivo de difundir prácticas culturales y educativas de las distintas regiones de nuestro país, en las que nuestras carreras universitarias tienen amplia inserción.

4) Participar plenamente en los distintos ámbitos del servicio nacional de comunicación audiovisual, tanto en el sistema nacional de medios públicos, como en la pertinente autoridad de control. Como mencionábamos previamente, el otorgamiento de concesiones, las asignaciones de frecuencias y otros aspectos del servicio de radiodifusión deberían ser regulados por organismos estatales independientes del gobierno y de grupos económicos y empresariales, debiendo garantizar una efectiva participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones de modo que se integren de manera democrática las regiones del país y los sectores sociales que lo componen.

5) Implementar un Laboratorio, Instituto o Comisión Nacional de Estudios y /o Evaluación Universitaria sobre Medios de Comunicación, que pueda contar con el auspicio del Estado Nacional. Nuestra permanente tarea de investigación sobre medios de comunicación puede ser institucionalizada y jerarquizada a partir de la existencia de un órgano específico con prestigio y legitimidad social, que aporte periódicamente insumos válidos para la toma de decisiones sobre políticas de comunicación (comportamiento de audiencias, cartografía de medios, medición cuali-cuantitativa de recepción audiovisual, federalización efectiva de procesos y contenidos, entre otros ítems).

6) Instrumentar una partida específica, por fuera del presupuesto universitario, para garantizar el financiamiento de las actividades de los servicios de radio y televisión universitarias así como para la generación de los contenidos que permitan realizar las producciones que vayan a cubrir las cuotas de pantalla y de aire mencionadas anteriormente.

7) Implementar estrategias de debate permanente –Foros, encuentros, redes virtuales, entre otras formas- acerca de las políticas de radiodifusión que posibiliten ir actualizando las regulaciones y las prácticas acordes a los cambios sociales, políticos y tecnológicos. De esta manera, se lograría que este proceso de discusión y proyección de nuevas políticas comunicacionales no termine con la sola sanción de una ley sino que se convierta en una gestación permanente de saberes, creencias, visiones y representaciones diversas que eviten nuevas exclusiones y consoliden prácticas perimidas.

En síntesis, reconocer la comunicación masiva como una de las grandes marcas de época que construyen sentido en nuestras sociedades implica considerar la presencia del Estado como una protección y garantía para la libertad de expresión y comunicación. La legitimidad de la intervención pública –garantizada a través de leyes y sistemas que tengan al Estado como garante– se impone como en cualquier otra función colectiva de la sociedad. 



*Red de Carreras de Comunicación Social de la República Argentina es la red interinstitucional de carreras, departamentos, escuelas y/o facultades que dictan cursos de grado universitario en periodismo y/o comunicación social. Integrantes de la misma: Univ. Nac. de Tucumán, Univ. Nacional de la Rioja, Universidad Nacional de Jujuy, Universidad Nacional de Salta/ Regional Tartagal, Universidad Católica de Salta, Universidad Santo Tomás de Aquino de Tucumán, Universidad Católica de Santiago del Estero, Universidad Blas Pascal Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Nacional de Quilme, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de La Matanza, Universidad FASTA de Mar del Plata, Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Universidad Nacional del Comahue, Universidad de Morón, Universidad Abierta Interamericana y Miembros honorarios . info@redcom.org.ar 

Fuente: Asociación Docente Barrancas del Paraná – junio 2008

Palabras de la Directora de la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario Elizabeth Martínez de Aguirre en el panel "Comunicación, Política y Legislación" donde se presentó el documento "Aportes de la Red Nacional de Carreras de Comunicación y Periodismo (REDCOM) a la nueva Ley de Radiodifusión"


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Ex rector de U. La República demanda a jefe de la Masonería

 
 LA UNIVERSIDAD LA REPUBLICA, HOY SIN CLASES, ALUMNOS A LA DERIVA, NINGUNA AUTORIDAD SE HACE CARGO, MINISTERIO DE EDUCACION DICE NO TENER FACULTADAES Y HAY UN PROBLEMA SOCIAL DE PROPORCIONES... PROFESORES IMPAGOS HACE 7 MESES , UNA PETICION DE QUIEBRA EN 9º JUZGADO, ¿QUIEN RESPONDE ?...AHORA LA UNIVERSIDAD ES DE NADIE Y LA GRAN LOGIA, CLUB DE LA REPUBLICA , LA MASONERIA SE DESENTIENDE...DICEN NO HABER SIDO LOS DUEÑOS....
Santiago, Chile 20 de junio de 2008

Jorge Carvajal interpuso la acción legal por dichos que el Gran Maestro de la institución realizó en su contra poniendo en duda su probidad.

El abogado Héctor Salazar, en representación del ex rector de Universidad La República, Jorge Carvajal, interpuso este viernes una demanda de daños y perjuicios por 500 millones de pesos en contra del Gran Maestro de la Logia Masónica, Juan José Oyarzún.

El jurista, junto con informar que la causa quedó a cargo del 24 Juzgado Civil, explicó que el motivo de este libelo se debe a declaraciones hechas por el representante de la masonería, en las que presuntamente habría colocado en duda la probidad del otrora director de la casa de estudios superiores.

Carvajal, quien fue Gran Maestro de la institución, entre 1998 y 2006, manifestó que se ha visto sumamente afectado por los dichos que realizó su sucesor, ya que los hizo tanto en Chile como en el extranjero.

Él, a través de documentos internos de la masonería con publicidad en los medios de comunicación chilenos y hacia el extranjero, ha ofendido gravemente mi reputación y mi honorabilidad con daños morales y psicológicos, tanto para mí como para mi familia, y en consecuencia creo que eso tiene que necesariamente ser reparado, afirmó.

Asimismo, agregó que a pesar de la millonaria demanda son 52 años de trabajo dedicados a esta institución, y eso no tiene manera alguna de medirse.

Autor: UPI
Fuente: as


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Presentan Millonaria Demanda Contra Gran Maestro De La Masonería


AHORA, LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD LA rEPUBLICA Y EGRESADOS ESTAR EN LA INDEFENSION YA QUE LA uNIVERSIDAD ESTA VACIA, NADIE TRABAJA Y EL DESTINO ES INCIERTO. UNA QUIEBRA SE HA PRESENTADO EN 9º JUZG. CIVIL
Presentan Millonaria Demanda Contra Gran Maestro De La Masonería
El ex líder de la logia, Jorge Carvajal, interpuso una acción judicial por 500 millones de pesos contra Juan José Oyarzún, por daños a su "honradez" e "imagen pública".

La demanda civil fue interpuesta por Carvajal, quien fue expulsado de la Masonería en octubre del año pasado por estimarse que no había actuado con probidad durante su mandato y que se habían cometido una serie de ilícitos. 

Dicha situación derivó también en que fuera cerrada la Universidad La República. 

Así, con el patrocinio de los abogados Héctor Salazar y Nelson Caucoto, Carvajal interpuso la demanda civil por 500 millones de pesos en contra del actual gran maestro de la logia, Juan José Oyarzún.

"De manera injusta y sin elementos de prueba concretos y empíricos, el señor Oyarzún ha afectado mi honorabilidad, mi honradez, mi imagen pública , que se ha ido abajo porque todos me miran sospechosamente como , y en eso se fundamenta lo que yo quiero en la reparación de mi honra, fundamentalmente", explicó Carvajal. 

La demanda será conocida y fallada por el 24º Juzgado Civil de Santiago.


Vea el Video

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ENERGIAS RENOVABLES: FUERTEMENTE CREADORAS DE EMPLEOS

ENERGIAS RENOVABLES

Renovables y empleo

Publicado el 21 Junio 2008 por Arnau Fuentes

Las renovables, que en 2007 empleaban ya a 89.000 personas (el sector del carbón emplea a unos 6.000 trabajadores), podría triplicar esa cantidad en 2020, sin hacer excesivos esfuerzos. Es una de las conclusiones del estudio Energías renovables y generación de empleo en España, presente y futuro, elaborado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CCOO (ISTAS). El avance de este informe nos sirvió para elaborar el reportaje que publicamos en el número de marzo de Energías Renovables en papel.

Según apunta Manuel Garí, director de Medio Ambiente de ISTAS

Son previsiones prudentes basadas en dos posibles escenarios energéticos para los años 2010 y 2020, según se cumplan o no los diferentes planes que hemos utilizado: el Plan de Energías Renovables 2005-2010, la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2007-2016 y la propuesta de la Comisión Europea sobre cambio climático y energías renovables para 2020.

Con estos puntos de partida y en términos de empleos directos, para el año 2010 existirán 94.057 personas trabajando en el sector en España: la eólica y la fotovoltaica gana con 36.196 y 29.093 empleos respectivamente. Para las previsiones de 2020, se han hecho valoraciones en función de dos escenarios de crecimiento de la demanda energética: incremento del 2% para el escenario A y del 1% para el escenario B. Los empleos directos generados para el A ese año serían 270.788 y para el B llegarían a 228.435.

En la actualidad, ISTAS estima que hay cerca de 89.000 empleos directos en el sector de las energías renovables. Destacan los subsectores eólico, con 32.906 empleos directos, y fotovoltaico, con 26.449. Les sigue el subsector solar térmico, con 8.174 trabajadores, y el minihidráulico, con 6.661. En biomasa se calculan 4.948 y en biogás y biocarburantes 2.982 y 2.419, respectivamente. A la energía solar termoeléctrica le corresponden 968 puestos de trabajo.

Tal y como asegura Fernando Rodrigo, coordinador confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de CCOO,

Estos datos demuestran que el potencial futuro de generación de empleo del sector de las energías renovables en España es elevado, con especial repercusión en las labores de instalación, fabricación de componentes, operación y mantenimiento como las mayores concentradoras de empleo. Empleo que presenta unas características de contratación y cualificación que deben ser tenidas en cuenta.

Según Rodrigo, el sector de las renovables, probablemente como ningún otro sector económico, tiene detrás todos los ciclos del proceso productivo: I+D, diseño, producción, instalación, mantenimiento. Pero a pesar de todo no tiene todo el apoyo institucional que merece. Lo prioritario ahora es una Ley de Renovables que ofrezca un marco estable a los inversores.

Los empleos del sector de energías renovables tienen más estabilidad que en el resto de la economía, ya que los contratos temporales representan el 15%, mientras que en el conjunto de las empresas alcanzan el 30%, justo el doble. La contratación indefinida suma el 82% de los empleos en renovables y un 1,8% son de formación/prácticas. Probablemente, la temporalidad es mucho mayor en las empresas subcontratadas por las empresas del sector de energías renovables, lo que supone el lado negativo de la realidad laboral.

Las empresas de renovables emplean trabajadores muy cualificados. La mitad de los trabajadores son técnicos, bien sea titulados superiores (32%) o medios (18%). En las pequeñas empresas de menos de diez trabajadores, el peso de los titulados superiores es incluso mayor (38%).

Finalmente, los autores del estudio señalan que

La mejora en las competencias y las cualificaciones de los trabajadores es un requisito indispensable para el desarrollo de un sector o una economía basada en una producción de alto valor añadido y fuerte carga tecnológica. La formación continua debe ser un elemento fundamental para la creación de empleo cualificado y bien remunerado, en un proceso en el que deben intervenir la Administración, las empresas y los trabajadores.


CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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FOTO: Cinco Días
Las instalaciones solares se han convertido en una apetecible inversión.

 

ES NECESARIO REGULAR EL SECTOR, DICTARLES AD HOC.....creación de una Ley de Energías Renovables

Medio Ambiente   RSC

Las empresas de energías renovables triplicarán su nivel de empleo en 2020

Las empresas de energías renovables podrían emplear hasta 270.000 trabajadores en 2020, el triple del actual número de puestos de trabajo directos que proporciona este sector, que alcanza los 89.000 trabajadores, según el estudio Energías renovables y generación de empleo en España presentado hoy por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de Comisiones Obreras.

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Ep / MADRID (19-06-2008)

Antes de alcanzar esta cifra, el estudio estima que en 2010 se elevará a 94.057 trabajadores la plantilla del sector siendo los sectores eólico y fotovoltaico los más representativos, con 36.196 y 29.093 empleos respectivamente.

Las previsiones para el año 2020 cuentan con dos escenarios de crecimiento de la demanda energética, un incremento del 2% que generaría 270.788 empleos directos, y un aumento del 1%, que proporcionaría 228.435 puestos de trabajo, explicó Comisiones Obreras.

El coordinador del departamento confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral, Fernando Rodrigo, apostó por "reorientar la economía" hacia el desarrollo de "sectores tecnológicos", como las energías renovables, para cubrir la "incapacidad" del sector industrial español para "absorber los excedentes" de otros sectores como los de la construcción.

El estudio está basado en una encuesta realizada a 422 de las 1.027 empresas de energías renovables existentes en España y presenta dos posibles escenarios energéticos para los años 2010 y 2020, según se cumplan o no el Plan de Energías Renovables 2005-2010, la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2007-2016 y la propuesta de la Comisión Europea sobre el cambio climático y energía renovables parar 2020.

10% de aumento del empleo en 2010

El escenario planteado por el estudio arroja un aumento del 10% en la creación de empleo por cada tipo de renovable en 2010. Por orden de crecimiento, el sector eólico pasaría de los 32.906 empleados actuales a 36.196, el solar fotovoltaico de 26.449 a 29.093 trabajadores, el solar térmico de 8.174 a 8.991 nuevos puestos, la biomasa de 4.948 a 5.442 empleados, el biogás de 2.982 a 3.280 trabajadores y los biocarburantes de 2.419 a 2.660 empleados.

El objetivo para 2020 es lograr que la producción energética de origen renovable sea de un 20% de la energía final en España, así como la sustitución del 10% de los combustibles utilizados para el transporte en biocarburantes.

Según el escenario de incremento del 2%, respecto a 2010, el sector eólico sumaría 13.231 nuevos empleos, el fotovoltaico 12.766, el solar térmico reduciría 821 empleos, la biomasa agregaría 96.263 puestos de trabajo, el biogás restaría 39 y los biocarburantes aumentarían en 22.141 empleos.

Según el escenario de incremento del 1%, respecto a 2010, el sector eólico sumaría 6.441 empleos, el fotovoltaico 7.015, el solar térmico reduciría 1.944 puestos de trabajo, la biomasa aumentaría 82.291 trabajadores más, el biogás restaría 484 y los biocarburantes alcanzarían los 18.740 empleados.

"El sector de energía renovable está creciendo mucho y, a pesar de la coyuntura económica, puede haber aumento de empleo", declaró el director de Medio Ambiente de Istas y responsable del estudio, Manuel Garí. CC.OO., quien recordó que las empresas de energías renovables suponen un 0,2 del PIB español y son de las pocas que completan el ciclo industrial desde la fabricación al mantenimiento, incluyendo los programas de I+D.

Necesidad de regular el sector

Rodrigo planteó al Gobierno "la necesidad de impulsar con decisión este sector" mediante la creación de una Ley de Energías Renovables. El sindicato consideró que esta regulación dotaría de estabilidad y seguridad al sector y fijaría las primas económicas para invertir en I+D.

Asimismo, esto supondría "apostar por la energía de origen solar, la eólica marina y los vehículos híbridos, así como la modernizar los parques eólicos más antiguos y solucionar los problemas de conectabilidad a la red existentes en España y alcanzar la apuesta de los 40.000 vatios renovables en 2020", apuntó Rodrigo.

Por último, el representante de CC.OO. incidió en la "falta de apoyo" procedente de los grandes sectores económicos españoles a las energías renovables y la "necesidad" impulsar las políticas públicas por parte del Gobierno en favor de su desarrollo, en especial de la energía solar.



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Saludos
Rodrigo González Fernández
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