Desde sus inicios, la conformación de la sociedad se sustentó en la división sexual del trabajo. Las mujeres por su condición biológica de contener en su vientre a los hijos, se les atribuyó la tarea de cuidar de ellos y de sus hogares. Mientras los hombres debían ocuparse de los asuntos públicos y de la producción.
Muchas mujeres cuestionaron esta desigual manera de estructurar el poder en la sociedad, donde los hombres podían decidir sobre el destino de la sociedad y de sus hogares, mientras las mujeres estaban destinadas sólo a labores domésticas no valoradas ni económica ni simbólicamente.
En efecto, el gran dispositivo de poder constrictor de un desarrollo pleno en la vida de las mujeres, era la dominación que la sociedad podía ejercer sobre la sexualidad de ellas.
Es un hecho que la píldora anticonceptiva, se constituyó para las mujeres en una herramienta que posibilitó el comienzo de la ruptura con este poder que aunaba sexualidad y maternidad.
Las mujeres comienzan a tener autonomía sobre sus cuerpos y junto con ello a transitar desde el mundo de lo privado al mundo de lo público. Sin embargo la autonomía es producto de una lucha constante, donde pocas mujeres han conseguido doblar la mano a la dominación masculina.
La participación de las mujeres chilenas en los espacios públicos y de poder, son bajísimos –a pesar de sus alzas en el tiempo. La participación en la fuerza laboral sólo alcanza un 35%, mientras que el promedio latinoamericano es de 45%. Sólo un 12% representa a la población en la Cámara de Diputados, y dos mujeres participan en un Senado compuesto por 38 representantes. Sin embargo, un 50% de los Ministerios e Intendencias están ocupados por mujeres.
Esto último es posible, en parte, por la voluntad política de integrar a las mujeres a estos espacios. Es una acción visibilizadora y de reconocimiento a la histórica desigualdad que las mujeres han experimentado respecto de su participación en los espacios públicos, pero particularmente en el laboral. Es una acción que busca la eficiente utilización de los recursos humanos disponibles y el logro de la justicia social y económica.
En este contexto, las empresas, en tanto componentes importantes para el buen desarrollo de la sociedad, juegan un rol fundamental en la tarea de generar las condiciones posibles para que hombres y mujeres tengan una buena calidad de vida personal, familiar y laboral. Esto posibilita a su vez a la empresa, tener trabajadores y trabajadoras produciendo más y de mejor manera.
Entre las prácticas que muchos empresarios y empresarias han realizado se encuentran: acciones que compatibilizan de la mejor manera sus responsabilidades laborales y familiares; acciones que buscan reducir las brechas salariales que existen entre hombres y mujeres a pesar de realizar igual función laboral; acciones que buscan incorporar a mujeres en espacios tradicionalmente masculinos, ya sea en cargos directivos como de ocupación; espacios de capacitación en horarios laborales para que hombres y mujeres puedan acceder en igualdad de condiciones a ellas. En definitiva son iniciativas que buscan hacer sentir a hombres y mujeres que el espacio laboral puede potenciar su desarrollo humano.
En este sentido una empresa que se preocupa por el desarrollo de sus trabajadores y trabajadoras, es aquella que se ocupa de generar políticas que garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso al mundo del trabajo para hombres y mujeres, pero esencialmente a las condiciones laborales a las que se exponen las mujeres; muchas veces adversas a su pleno desarrollo, sustentadas en estereotipos sexuales.
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Rodrigo González Fernández
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