Ve "lógico" que las menores comuniquen a sus padres su decisión de interrumpir el embarazo
Múgica, a favor de una ley de plazos del aborto
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El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, se ha referido a la remodelación de la Ley del Aborto que en estos momentos prepara el Gobierno y se ha mostrado de acuerdo con que se elabore una ley de plazos, a que es el modelo que tienen la mayoría de los países europeos. Respecto a la cuestión más polémica de la ley, la posibilidad de que las menores de 16 años puedan abortar sin el consentimiento paterno, Múgica se mostró partidario de que las jóvenes tengan que comunicar la decisión a su familia, al igual que lo hacen con otras intervenciones quirúrgicas.
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A su llegada a uno de los cursos de verano de El Escorial, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, se refirió a la nueva Ley del Aborto que está elaborando el Gobierno y aseguró que no le "parece inconveniente una ley de plazos" ya que este e el modelo que siguen "casi todos los países europeos".
"Lógico" que lo comuniquen a los padres
Múgica, que habitualmente mantiene una postura crítica hacia este tipo de leyes del Ejecutivo, consideró "lógico" que las jóvenes de entre 16 y 18 años tengan que comunicar a sus padres su decisión de abortar, aunque no se refirió explícitamente a que las adolescentes necesiten el permiso familiar para interrumpir su embarazo como sí han pedido algunos de los críticos con la nueva ley.
Como en las operaciones quirúrgicas
Múgica señaló que, igual que en otras operaciones quirúrgicas los padres responden y toman las decisiones en nombre de sus hijos menores de edad, lo razonable es que en este caso sea también así.
Defensa de la sanidad pública
Por otra parte, el Defensor del Pueblo subrayó que cualquier intento de privatización de la sanidad debe ser rechazado, ya que a su juicio la sanidad debe ser "universal" y la calidad de la sanidad pública en nuestro país es "una de las mejores de Europa. En este sentido, afirmó que todos los ciudadanos deben tener asegurada su "`pronta y eficaz" intervención médica "con independencia de dónde provengan", ya sean residentes de manera legal o ilegal en España, porque la salud es uno de los derechos fundamentales de la persona.
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Rodrigo González Fernández
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