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(Estrategia) La alcaldesa de Caldera, Brunilda González, interpuso dos querellas en representación de las familias de los mineros atrapados en contra de quienes resulten responsables por el derrumbe en el yacimiento.
Con molestia y sorpresa recibió el ministro de Minería, Laurence Golborne, las declaraciones de uno de los dueños de la mina San José, Alejandro Bohn, quien señaló que "la compañía está tranquila, en el sentido que nunca tuvo antecedentes de una catástrofe de este tipo, sus trabajadores estaban entrenados y tenían los dispositivos de seguridad para que, acontecido un evento de estas características, pudiesen tener la protección necesaria".
Golborne dijo que "esas aseveraciones me parecen increíbles; las escuché y las encuentro realmente sorprendentes. Vamos a analizar a nivel de Gobierno, dando cumplimiento íntegro a la ley, las obligaciones que podamos tener en estas circunstancias, pero las principales obligaciones son de la empresa". Agregó que "uno no puede decir que está tranquilo (...) La fiscalía determinará las figuras legales, faltas, delitos y demases, vamos a respetar la ley, pero les aseguro que no habrá mano blanda. Aquí no va a haber impunidades ni públicas ni privadas, éste ha sido un compromiso del Gobierno".
En Caldera, la alcaldesa de esa ciudad, Brunilda González, interpuso dos querellas en representación de las familias de los mineros en contra de quienes resulten responsables por el accidente en la mina San José.
La primera acción legal es una querella criminal que busca determinar responsabilidades "por cuasidelito de homicidio por los 33 mineros que siguen atrapados vivos". En ella responsabilizan a los propietarios del yacimiento por el "grave daño que han generado a los mineros y la privación de libertad, que es un derecho vital".
En materia civil, presentaron una demanda en contra de los dueños del yacimiento y en contra del Estado, los funcionarios públicos que intervinieron en el proceso de reapertura y todos aquéllos que resulten responsables.
En tanto, la senadora Isabel Allende (PS) calificó como "una frescura" la opción que barajan los propietarios de la empresa San Esteban, dueña del yacimiento San José, de declararse en quiebra, aduciendo que no tiene capital suficiente para el pago de remuneraciones de septiembre en adelante.
Mientras, Hernán Tuane, el abogado de la empresa San Esteban, concurrió ayer a la Contraloría General de la República para pedir el inicio de una investigación sobre la reapertura de la mina San José.
Fuente / Estrategia
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