Hernán Felipe Errázuriz
Ex ministro de Relaciones Exteriores
En la situación que enfrenta nuestro país respecto de la pretensión peruana planteada ante la Corte Internacional de Justicia destaca redobladamente la valiosa contribución de la Facultad de Derecho de la U. de Chile al desarrollo del derecho internacional. Mientras algunas universidades chilenas, de manera incomprensible en la globalidad vigente, minusvaloran este ramo, ella ha reforzado persistentemente su enseñanza. De sus aulas han salido ilustres internacionalistas, y en ella se imparte hace años una cátedra sobre la defensa jurídica de las fronteras nacionales, que se inscriben en nuestra historia.
Necesitamos esta especialidad para las relaciones económicas y políticas y, especialmente, para defendernos de nuestros vecinos, que son muy imaginativos en fabricarse derechos y títulos que no tienen, y también para ahorrarnos las interminables consultas a expertos extranjeros.
Como en otras ocasiones, dicha facultad (y el sello Editorial Andrés Bello-Editorial Jurídica) se ha adelantado con la publicación de "Los límites marítimos con el Perú", del diplomático y jurista Jaime Lagos, heredero de la tradición iniciada por su padre, Guillermo Lagos Carmona, también embajador y jurista, autor de varias publicaciones sobre nuestras tres fronteras.
Enfrentado Chile por primera vez en su historia a un juicio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el máximo tribunal de las Naciones Unidas, esta obra proporciona a sus ciudadanos una clara información de sus títulos soberanos y de lo que está en juego. Esa indispensable labor de difusión ha venido siendo planteada editorialmente por este diario, y ha tenido una buena muestra en la publicación (19 de febrero) de un documento elaborado por destacados profesores de derecho internacional de las universidades de Chile y Católica sobre los títulos, hechos y fundamentos de nuestro límite marítimo norte.
De manera sistemática y fundada, esta obra de Jaime Lagos cumple con ese imperativo informativo, ilustrando sobre la sólida posición chilena: la frontera marítima con Perú está perfectamente delimitada, y Chile tiene títulos probados para sostener que, indiscutiblemente, el límite es el paralelo geográfico, materializado en terreno mediante las actas y los actos de 1968 y 1969, conforme a tratados anteriores, y él se proyecta hacia el mar a partir del hito 1. Y recuerda la premisa básica de la tradición jurídica de Chile: lo pactado obliga y debe cumplirse -pacta sunt servanda-. Como decía el gran internacionalista chileno Alejando Álvarez, "todo hay que hacerlo por la patria, pero nunca apartarnos de los tratados suscritos, de las normas jurídicas pactadas".
Nuestro país, en su relación vecinal e internacional a veces compleja, jamás se ha apartado de ese principio, que lo ha llevado a cumplir con todos sus compromisos internacionales bajo los más diferentes gobiernos y en las más variadas materias y circunstancias, incluyendo sus compromisos financieros en los momentos más difíciles.
Perú, en cambio, pretende sostener que nuestra frontera marítima no se encuentra delimitada, desconociendo los tratados suscritos, trabajos preparatorios, declaraciones formales, actas y actos de reconocimiento, y argumentando que no han tenido ese propósito ni alcance, para luego intentar invocar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia a fin de fijar un nuevo límite entre los dos estados.
Esta obra documenta los entretelones de cómo en el vecino país se fue urdiendo esta pretendida controversia, luego que, por cinco decenios, sus gobiernos y autoridades y la comunidad internacional habían plenamente aceptado el límite marítimo con Chile. Con minuciosidad, revisa numerosos escritos peruanos y las distintas piezas que pretenden dar algún sustento jurídico a sus planteamientos. En este cometido demuestra las contradicciones e incongruencias del país vecino. Analiza también la demanda peruana y la Corte Internacional de Justicia no sólo en los aspectos generales de su funcionamiento, sino también su jurisdicción y jurisprudencia.
La seriedad en las argumentaciones y la prescindencia de juicios políticos refuerzan los planteamientos y conclusiones de este trabajo, que no busca la polémica ni favorece posturas nacionalistas que no se avienen con el interés permanente de las buenas relaciones vecinales, que se deben mantener y desarrollar pese a la desconfianza y la tensión que crean las pretensiones peruanas.
Los elementos de hecho y de derecho que recoge este excelente estudio otorgan confianza en que la legítima causa chilena finalmente se impondrá. Son ellos tan abrumadores, que resulta difícil concebir que los magistrados de La Haya puedan inclinarse por no seguir ese recto camino.
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Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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