| Justicia civil y comercial: Reforma pendiente José Pedro Silva José Francisco García Francisco J. Leturia La reforma a la justicia civil y comercial -llamada "Reforma Procesal Civil"- aparece hoy en día como una necesidad ineludible. Más allá de las declaraciones programáticas de la Constitución Política en cuanto garantiza la igual protección en el ejercicio de los derechos, para el ciudadano común esa protección es hoy altamente ineficiente. A la anacrónica burocracia judicial y procedimental, que incide en la lentitud y tardanza de las decisiones jurisdiccionales, debe agregarse la falta de uniformidad y de previsibilidad de las decisiones judiciales. Ello es una limitante no sólo de la institucionalidad económica, sino que genera inseguridad, desconfianza y malestar en la sociedad toda. Pero la responsabilidad de este estado no recae en los jueces, sino más bien en el sistema que son obligados a administrar. Para una idea de ello, basta considerar la situación de los tribunales civiles de Santiago, que con un juez y 10 funcionarios debieran absorber no más de unas dos mil 500 causas anuales. En la práctica, sin embargo, les ingresan del orden de 20 mil causas que, sumadas a las en trámite de años anteriores, fácilmente puede implicar la administración simultánea de mas de 70 mil causas. Pero ello no es todo. En el esquema actual, los jueces dedican gran parte de su tiempo a conocer de asuntos que escapan absolutamente de su único papel natural, que es resolver controversias jurídicas. Así, se les exige actuar en asuntos en que no hay propiamente una contienda jurídica, como rectificaciones de partidas civiles o autorizaciones para enajenar; constitución de propiedad minera, etcétera. De otra parte, del total de los asuntos civiles ingresados en 2005, el 86,28% son cobranzas judiciales de bancos, instituciones financieras, casas comerciales y otras empresas dedicadas al crédito que se tramitan a través de procedimientos estándares, carentes muchas veces de toda complejidad y en que la mayoría de las actuaciones del juez se relacionan con actos materiales asociados a la enajenación forzosa de los bienes de los deudores. Dichos procedimientos tienen colapsados a nuestros tribunales, dedicados, en los hechos, a cuestiones relativas o atinentes al interés de una actividad económica particular, si bien importante, pero que impide o al menos obstaculiza el acceso de la mayoría ciudadana a una justicia civil de calidad. Como si lo anterior fuera poco, nuestros jueces son responsables de la administración y gestión de sus respectivos tribunales, de la calificación y distribución de tareas entre sus funcionarios, de fiscalizar el cumplimiento de sus obligaciones, etc. Así las cosas, reformar nuestros códigos y estructuras -que datan del siglo pasado- nos obliga a un gran trabajo de análisis y reflexión. Como un paso preliminar en este proceso, podemos señalar la labor de investigación realizada por la Universidad Católica, la Universidad Autónoma de Madrid y Libertad y Desarrollo, que se ha materializado en el libro "Justicia civil y comercial: Una reforma pendiente". En él, entre muchas medidas, hemos propuesto un mejoramiento y especialización de las estructuras orgánicas, la creación de nuevos mecanismos y procedimientos de ejecución, la profundización de las estructuras de apoyo administrativas y de gestión profesionalizadas; la ampliación del arbitraje; el desarrollo de una jurisdicción vecinal. En materia funcional, hemos propuesto evolucionar hacia procedimientos simples, comunes, breves, concentrados, fundamentalmente orales y con presencia activa del juzgador, posibilitando la ejecución anticipada de las sentencias, etcétera. Con todo, el éxito de esta reforma también dependerá de jueces debidamente capacitados y compenetrados de estos principios, que cuenten con los medios y estructuras adecuadas y que obtengan por su labor el justo reconocimiento que la importancia de su actividad merece. Estamos ante el comienzo de un proceso de reforma judicial que busca entregar a los chilenos la certeza de que sus conflictos jurídicos serán resueltos en forma justa y oportuna, o, lo que es lo mismo, que el Estado, a través del Poder Judicial, garantice a los ciudadanos que sus derechos serán respetados en forma real y efectiva. El proceso de reforma en el cual estamos colaborando es considerable y de gran relevancia, sobre todo si se tiene presente que no hay ninguna actividad económica que no dependa significativamente -en forma actual o potencial- del funcionamiento de la justicia civil y comercial. |
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| Posteado por El Mercurio a las Diciembre 20, 2006 08:25 AM | Comentarios (5) |
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| Deseo agregar lo siguiente: el acceso a la justicia verdadera de los ciudadanos comunes y corrientes pasa primero por conseguir un abogado que sea parte de la maquinita que funciona en los Tribunales de Justicia. Verdaderas mafias dirigidas por Abogados Integrantes y funcionarios de empresas públicas con enorme poder político de la Región. A continuación se debe contar con la cuota de Pié, que puede alcanzar niveles millonarios dependiendo del caso, que cobra ese abogado para iniciar el proceso judicial y después, contar con 100 o 150 pesos para cada escrito o actividad que deba desarrollarse en Tribunales y asegurándose un 10 o 20% de lo que se gane en el proceso. Todo lo cual hace letra muerta los preceptos de garantía de acceso a juicios justos e igualdad ante la Ley que se establece en la Constitución Política del País. Y debemos agregar que en materia judicial existen varias leyes que no interpretan efectivamente la letra y espíritu de nuestra constitución. Como aquella que impide a un Ministro de Justicia intervenir en un Fallo dictado con Prevaricación y Obstrucción a la Justicia delitos claramente tipificados en el Código Penal, y confirmado ese Fallo por la Corte Suprema. Pese a que entre las responsabilidades de ese Ministerio está la de velar por el correcto magisterio de los Jueces, que es quien los propones al Presidente de la República para su nombramiento. Esto es la base de sustentación de grandes procesos de Corrupción gubernamental que no son investigados pese a contar el denunciante con toda la documentación probatoria. Está bueno ya de discursos que no van directo al problema central de la justicia en Chile y que es lo que permite se sigan realizando actos de corrupción, específicamente en la empresas del Estado, respaldados por juicios hipócritas y falaces en Tribunales más preocupados de su ascenso en la función judicial o política, y que sólo enmascaran delitos de agentes del Estado. Son tareas prioritarias eliminar las Leyes inconstitucionales, independizar efectivamente al Poder Judicial y reestablece la importancia de la Contraloría General en la Fiscalización de las autoridades del País. Posteado por: |
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| Felicitaciones a los autores de esta nota por poner este tema en la discusión y debate nacional. |
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
CONSULTAJURIDICACHILE.BLOGSPOT.COM
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Santiago, Chile
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