SEMILLAS A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Concertación reabre polémica por convenio sobre patentes de semillas
Senadores de oposición rechazaron la semana pasada, la ratificación del acuerdo para la protección de obtención de vegetales.
Por Gonzalo Cerda
Tras la aprobación del convenio Upov 91, la semana pasada en la sala del Senado, parlamentarios de la Concertación advirtieron sobre los riesgos que acarrearía para la agricultura.
El convenio protege las obtenciones vegetales,que actuan como una suerte de patente, estableciendo que cualquier persona pueda inscribir y obtener derechos sobre una variedad vegetal, lo que le permite cobrar el uso de estas semillas. El convenio suscrito endurece aún más las sanciones a quienes utilicen estas semillas y no hayan pagado los derechos correspondientes. Este acuerdo debió ser ratificado por Chile, dado un requerimiento establecido en el marco del Tratado de Libre Comercio con EEUU.
Los parlamentarios que participaron en el debate advirtieron que antes de haber votado esta ratificación se debió haber debatido la ley sobre derechos de obtentores vegetales, que deroga la Ley Nº 19.342 y que creó en Chile el registro de especies vegetales. Para la senadora Ximena Rincón (DC), "existe miedo sobre los costos que podría accarear este acuerdo sobre la agricultura", lo que es refrendado por el senador Jaime Quintana (PPD) quien advierte que "para que esto tenga valor, Chile debe contar con la ley de obtentores vegetales que todavía no votamos".
El senador Alejandro Navarro (MAS) señaló que el citado convenio "impedirá a los campesinos guardar sus semillas y extenderá el tiempo de vigencia de los derechos y garantías de las transnacionales que vendan semillas híbridas en el país". Durante la jornada de ayer, dichos parlamentarios anunciaron la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional para revertir esta situación.
En tanto, el senador Hernán Larraín (UDI), advirtió que en esta discusión "hay demasiada desinformación". Agregó además, que con esta aprobación "se está cumpliendo con un compromiso adquirido en 2003, y que busca proteger a los creadores de distintos tipos de semillas".
La visión de los gremios
Para el presidente de Fedefruta, Antonio Walker, este es un tema "muy delicado" y plantea que es necesario hacer "una discusión científica, no politizarlo, porque este es un país agrícola, estas son medidas que nos ayudan a bajar costos".
A juicio de Luis Mayol, presidente de la SNA, abrir el debate significa desmitificar esta situación. "Me llama mucho la atención que gente preparada critiquen esta situación. Yo tengo que proteger a alguien que hace la inversión para investigar y para obtener mejores semillas y que claramente, no es transgenia, es mejoramiento genético".
"Si nosotros a estas patentes no las protegemos no vamos a tener a nadie interesado en hacer una inversión de esa naturaleza y la forma es prohibiendo que se multipliquen las semillas sin autorización", explicó.
Por parte del gobierno, el director del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Horacio Bórquez, señaló que el convenio "lo que hace, es proteger a los pequeños agricultores, a medianos, a instituciones y universidades que generan variedades de semillas y quedan protegidas".
Completamente distinta es la postura de la directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, quien advierte que el tema puede ser "más complejo y más amplio" que lo que se está presentando. "Se puede tener derecho sobre cualquier variedad vegetal, y este sistema es muy poco riguroso porque es muy complejo identificar quién es el productor". Liberona advierte que Chile no tiene una legislación adecuada de protección de sus cultivos. "Eventualmente, la multinacional Monsanto o la nacional Semillas Von Baer, podría beneficiarse aún más con esta situación", acusa.
Tras la aprobación del convenio Upov 91, la semana pasada en la sala del Senado, parlamentarios de la Concertación advirtieron sobre los riesgos que acarrearía para la agricultura.
El convenio protege las obtenciones vegetales,que actuan como una suerte de patente, estableciendo que cualquier persona pueda inscribir y obtener derechos sobre una variedad vegetal, lo que le permite cobrar el uso de estas semillas. El convenio suscrito endurece aún más las sanciones a quienes utilicen estas semillas y no hayan pagado los derechos correspondientes. Este acuerdo debió ser ratificado por Chile, dado un requerimiento establecido en el marco del Tratado de Libre Comercio con EEUU.
Los parlamentarios que participaron en el debate advirtieron que antes de haber votado esta ratificación se debió haber debatido la ley sobre derechos de obtentores vegetales, que deroga la Ley Nº 19.342 y que creó en Chile el registro de especies vegetales. Para la senadora Ximena Rincón (DC), "existe miedo sobre los costos que podría accarear este acuerdo sobre la agricultura", lo que es refrendado por el senador Jaime Quintana (PPD) quien advierte que "para que esto tenga valor, Chile debe contar con la ley de obtentores vegetales que todavía no votamos".
El senador Alejandro Navarro (MAS) señaló que el citado convenio "impedirá a los campesinos guardar sus semillas y extenderá el tiempo de vigencia de los derechos y garantías de las transnacionales que vendan semillas híbridas en el país". Durante la jornada de ayer, dichos parlamentarios anunciaron la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional para revertir esta situación.
En tanto, el senador Hernán Larraín (UDI), advirtió que en esta discusión "hay demasiada desinformación". Agregó además, que con esta aprobación "se está cumpliendo con un compromiso adquirido en 2003, y que busca proteger a los creadores de distintos tipos de semillas".
La visión de los gremios
Para el presidente de Fedefruta, Antonio Walker, este es un tema "muy delicado" y plantea que es necesario hacer "una discusión científica, no politizarlo, porque este es un país agrícola, estas son medidas que nos ayudan a bajar costos".
A juicio de Luis Mayol, presidente de la SNA, abrir el debate significa desmitificar esta situación. "Me llama mucho la atención que gente preparada critiquen esta situación. Yo tengo que proteger a alguien que hace la inversión para investigar y para obtener mejores semillas y que claramente, no es transgenia, es mejoramiento genético".
"Si nosotros a estas patentes no las protegemos no vamos a tener a nadie interesado en hacer una inversión de esa naturaleza y la forma es prohibiendo que se multipliquen las semillas sin autorización", explicó.
Por parte del gobierno, el director del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Horacio Bórquez, señaló que el convenio "lo que hace, es proteger a los pequeños agricultores, a medianos, a instituciones y universidades que generan variedades de semillas y quedan protegidas".
Completamente distinta es la postura de la directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, quien advierte que el tema puede ser "más complejo y más amplio" que lo que se está presentando. "Se puede tener derecho sobre cualquier variedad vegetal, y este sistema es muy poco riguroso porque es muy complejo identificar quién es el productor". Liberona advierte que Chile no tiene una legislación adecuada de protección de sus cultivos. "Eventualmente, la multinacional Monsanto o la nacional Semillas Von Baer, podría beneficiarse aún más con esta situación", acusa.
Fuente:
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN .
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
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