DISCRIMINACION: FUERTES MULTAS

 

Comisión de Derechos Humanos

Fuertes multas de hasta $3.200.000 para funcionarios públicos que cometan actos de discriminación arbitraria

Comisión de Derechos Humanos avanzó en normas que fijarán los procedimientos correspondientes para recurrir ante actos de discriminación.

Normas que sancionarán con multas de hasta 100 UTM ($3.200.000) a los funcionarios públicos que en el ejercicio de su cargo cometan actos de discriminación arbitraria aprobó la Comisión de Derechos Humanos, en el marco del estudio del proyecto, en segundo trámite, que establece una serie de medidas para prevenir y eliminar toda forma de discriminación.

Así lo afirmó el senador Carlos Kuschel, presidente de la instancia, quien explicó que no se podrá rehusar el suministro de un bien o servicio al que tienen derecho toda persona natural o jurídica.Cabe señalar que el proyecto contempla la posibilidad de que cualquier persona que se sienta directamente afectada por algún acto discriminatorio, pueda denunciar el hecho ante los tribunales y establece que en el caso de que sea un funcionario público el que cometa tales actos, será sancionado con multas entre 50 y 100 Unidades Tributarias Mensuales, es decir entre $1.600.000 y $3.200.000. El parlamentario explicó que la Comisión también rechazó una indicación de su autoría que pretendía establecer el derecho de los niños fallecidos antes de nacer a poder ser inscritos legalmente. Esto, considerando la situación que vivió hace unos años, un matrimonio en Valdivia que encontró los cuerpos de dos bebés en un basural y que no pudieron registrar legalmente para darles un tratamiento digno.
 
No obstante, agregó que “avanzamos bastante en el despacho en particular del proyecto estableciendo los procedimientos sobre los recursos correspondientes para recurrir ante actos de discriminación arbitraria, así como también en las definiciones y funciones respectivas”.

 

En este sentido, se establece una definición de discriminación arbitraria la que se entenderá como toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria fundada en cuestiones de raza, xenofobia, religión o creencias, e incluso del lugar de residencia, cuyo fin o efecto provoque la abolición o el menoscabo de los derechos esenciales de toda persona.

 

Constituirá además un agravante del delito, el hecho de ejercer violencia en contra de una persona, por motivos de discriminación racial, religioso, político o por su condición sexual.