Nixon López, uno de los organizadores de la protesta, declaró a la BBC que los manifestantes han dejado bien claro que no permitirán a la compañía que humille a sus empleados venezolanos. 
Pero la Coca-Cola afirmó que las manifestaciones son ilegales y ponen en peligro los puestos de empleo de miles de sus actuales trabajadores.
Los ex trabajadores bloquearon las entradas y salidas de las instalaciones, con lo que impidieron que pudieran salir los camiones de cargas que normalmente distribuyen los productos.
"De Venezuela no va a salir ni una botella, ni una chapa de Coca-Cola, hasta que no haya un pronunciamiento de pago por parte de la compañía", dijo a la agencia de noticias Reuters el representante sindical Carlos Romero.
Prestaciones sociales
Los sindicatos afirmaron que la Coca-Cola adeuda diferentes cantidades de dinero a unos 8.000 ex empleados por concepto de prestaciones sociales e indemnizaciones.
Pero la empresa Coca-Cola Femsa, subsidiaria de la empresa multinacional con sede en México, indicó que desde que inició sus operaciones en Venezuela en 2003 ha cumplido con la legislación laboral.
Agregó que tomará las medidas que le permita la ley para "actuar en respuesta a este bloqueo, que atenta no sólo contra la empresa y la fuente de trabajo de 7.000 ciudadanos venezolanos, sino contra la seguridad económica y jurídica del país". 
De Venezuela no va a salir ni una botella, ni una chapa de Coca-Cola, hasta que no haya un pronunciamiento de pago por parte de la compañía 
Los manifestantes cuentan con el apoyo de una comisión especial parlamentaria compuesta por legisladores de izquierda leales al presidente venezolano Hugo Chávez.
Coca-Cola Femsa es el segundo embotellador mundial de la bebida con centros en nueve países latinoamericanos.
La filial venezolana tiene 200.000 puntos de ventas en el país
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