El derecho a la información es el punto de confluencia de dos tendencias: el desarrollo de un espacio público y democrático y la disponibilidad de tecnologías de procesamiento de la información.
Desde la esfera pública, propia de las sociedades modernas, se le demanda al Estado transparencia y racionalidad, lo cual significa que la burocracia debe actuar de un modo público —y no secreto— y sin arbitrariedades.
La restante tendencia es la motorizada por la revolución científico-técnica, que ha desarrollado mecanismos que favorecen la circulación y la accesibilidad de informaciones de todo tipo. De este modo, se hace posible saber más y, a partir de ese saber, orientar mejor los asuntos públicos.
Pero como ocurre en nuestro país, a veces el poder estatal se muestra poco proclive a abrir sus expedientes y a transparentar la información que releva. La cultura del secreto y del ocultamiento limita el espíritu republicano y suele acompañar decisiones abusivas y lesivas para el interés público.
En la Argentina, el Gobierno dictó en 2003 el decreto Nø 1172 que permite el acceso a la información que se encuentra en el Poder Ejecutivo Nacional. Este primer paso debe seguir con otras medidas que permitan la obtención de información en otros poderes y jurisdicciones.
La vigencia del derecho a la información es una condición necesaria para que el Estado cumpla con sus funciones de un modo racional, ya que así se permite socializar el saber y ejercitar una crítica dirigida a la mejora y al progreso de las instituciones y de la ciudadanía.
El desarrollo de la democracia y la tecnología de la información confluyen para crear la demanda y la posibilidad del acceso a la información pública. La disponibilidad de esa información es clave para el funcionamiento racional del Estado.
RODRIGO GONZALEZ FERNADEZ
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