 |  | Lourdes Heredia BBC Mundo, Washington |
La semana que comienza, el Congreso de EE.UU. afronta una discusión con grandes repercusiones prácticas en su política exterior: la definición de lo que constituye tortura. 
El presidente George W. Bush pidió a los legisladores que aprueben lo más pronto posible una ley que estipule las reglas de los interrogatorios a supuestos terroristas, que evite que los agentes de la CIA puedan ser acusados de crímenes de guerra, y establezca tribunales militares para los prisioneros en Guantánamo.
Sin embargo, a pesar de que los republicanos tienen mayoría en el Congreso, Bush se enfrentó a una rebelión en su propio partido.
El senador John McCain, quien vivió en carne propia la tortura durante la guerra en Vietnam, señaló junto con otros legisladores que no podían apoyar el proyecto de la Casa Blanca porque sería como redefinir la Convención de Ginebra.
Incluso el ex secretario de Estado Colin Powell cuestionó la iniciativa de Bush, diciendo que la comunidad internacional estaba empezando a dudar acerca de la justificación moral para la "guerra contra el terror" emprendida por Estados Unidos.
Un acuerdo
Tras este balde de agua fría, la Casa Blanca decidió flexibilizar su posición y llegó a un acuerdo el jueves pasado con los senadores para echar a andar el proyecto y lograr su aprobación antes del receso del Congreso por las elecciones del siete de noviembre.
Pero los detalles del acuerdo todavía no se conocen y los grupos de derechos humanos están preocupados por las repercusiones de una posible ley, que pueda legalizar el abuso de prisioneros a manos del ejército estadounidense. 
"El problema es que Bush está intentado redefinir el concepto de tortura. El presidente, sin titubear, ha dicho públicamente que su gobierno no avala el uso de la tortura", dijo a BBC Mundo José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización de derechos humanos Human Right Watch.
"Pero -explicó- entonces eso significa que colocar una persona bajo el agua y simular que lo ahogan, la llamada técnica del submarino, no es tortura, o que colocar a una persona dentro de un congelador o privar de sueño a los prisioneros, tampoco es tortura".
Estoy feliz de decir que este acuerdo preserva la más potente herramienta que tenemos para proteger a Estados Unidos y desbaratar ataques terroristas 
Pese a las críticas, la Casa Blanca insiste en que no se trata de prisioneros cualquiera, sino de hombres muy peligrosos que no dudarían en llevar a cabo actos de terror contra estadounidenses. Según Bush, gracias a los métodos alternativos que utilizó la CIA se lograron frustrar futuros atentados.
"Estoy feliz de decir que este acuerdo (al que llegó con los legisladores el jueves para que pasen su propuesta) preserva la más potente herramienta que tenemos para proteger a Estados Unidos y desbaratar ataques terroristas, que es el programa de la CIA para interrogar a los más peligrosos terroristas internacionales y obtener sus secretos", enfatizó el mandatario.
¿Sin juicio por años?
Otra parte muy importante de esta propuesta que tiene que analizar el Congreso son las reglas para llevar a juicio a los prisioneros en la base naval estadounidense en Bahía de Guantánamo.
No me queda claro si el tratamiento a los prisioneros se va a ajustar con los parámetros que exigen a un debido proceso para juzgar a cualquier persona
Este es un vacío legal que a la administración Bush le urge resolver, mucho más después de que la propia Corte Suprema de EE.UU. le dijera al ejecutivo en junio pasado que no tenía la autoridad legal, ni política de hacer lo que estaba haciendo con los prisioneros en Guantánamo.
El ejército estadounidense retiene actualmente a 445 detenidos en la base militar y hasta la fecha sólo se han presentado cargos contra unos 10 en los tribunales militares que la Corte Suprema ha descalificado.
Lograr que sean procesados formalmente sería un alivio para todas las partes involucradas, aunque los grupos de derechos humanos también han expresado su preocupación porque en la propuesta de Bush los detenidos no tendrán derecho al hábeas corpus, ni a conocer las evidencias en su contra. 
"No me queda claro si el tratamiento a los prisioneros se va a ajustar con los parámetros que exigen a un debido proceso para juzgar a cualquier persona", subrayó Vivanco.
¿Por qué ahora?
Pero el vacío legal y las críticas sobre Guantánamo dentro y fuera de los EE.UU., no es la única presión que enfrenta la Casa Blanca para resolver al situación actual.
La administración Bush también quiere evitar problemas futuros a sus agentes de la CIA y su propuesta incluye cláusulas para impedir que los interrogadores puedan luego ser llevados a juicios por crímenes de guerra.
El seis de septiembre Bush reconoció por primera vez la existencia de cárceles secretas de la CIA. 
Según rumores, y de acuerdo con diarios como el Financial Times, algunos efectivos de la CIA rehusaron continuar con su trabajo hasta que no esclarecieran su situación legal ya que estaban preocupados porque pudieran ser procesados por usar técnicas de interrogación ilegales.
Los funcionarios negaron vehementemente que esto fuera verdad, pero lo que no pudieron negar es que muchos agentes se inscribieron a un plan de seguro legal, cuyo costo es en parte reembolsado por el mismo gobierno, para que puedan pagar todos los gastos si son llevados a juicio.
El seguro con Wright & Co. cuesta en torno a US$300 al año, según informó el Washington Post, y cubre hasta US$200.000 en gastos legales.
Tomar esta precaución es un reflejo de la preocupación de estos agentes.
No son los únicos.
Pese a intentar mostrar unidad en el partido republicano antes de las elecciones del siete de noviembre, hay legisladores que admiten sentirse preocupados de la línea gris que define los limites entra la seguridad y los medios que se utilizan para la protección del país.
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