Modernización del régimen de la quiebra
El gobierno acierta en dar prioridad a una transformación profunda e innovadora de la ley vigente.
EN UN RECIENTE seminario, el ministro de Economía expuso la decisión del gobierno de concretar en un plazo breve una reforma al régimen de la quiebra y las ideas que guiarán los cambios. Estas comprenderían el traspaso de la Superintendencia de Quiebras al Ministerio de Economía y el impulso de dos iniciativas legales: la primera, que sería enviada en marzo al Congreso, para reglar la liquidación expedita de empresas de bajo patrimonio; y la segunda, que se presentaría en mayo, que se haría cargo de las empresas que tienen mayores activos y trayectoria, con énfasis no en la liquidación, sino en su reorganización. Además, se buscaría acabar con la estigmatización asociada a la quiebra, que afecta el espíritu de emprendimiento.
La legislación sobre la quiebra en Chile es anacrónica y requiere de una pronta modernización, lo que ha sido reclamado durante mucho tiempo por todos los sectores e intentado en varias ocasiones, sin que las modificaciones realizadas, que han mantenido la base del sistema existente, hayan sido efectivas. Las cifras indican que una quiebra dura 4,5 años y produce una recuperación del orden del 21,3% de la deuda, lo que contrasta con las de algunos países de la Ocde, en que se tardan un tercio y se logra el triple de la recuperación. Por ello, cabe celebrar el empeño anunciado por el gobierno y esperar que se traduzca en una legislación que introduzca cambios sustanciales.
El principal problema con que han chocado las iniciativas anteriores ha sido mantener la visión negativa que existe sobre el fracaso en los negocios, suponiendo al fallido conductas sospechosas, cuando constituye un proceso normal en las economías competitivas. Resulta imprescindible cambiar esa cultura, por lo que son significativas las palabras del titular de Economía en orden a que se necesita de un sistema que ayude a terminar de manera ordenada las iniciativas frustradas y a emprender nuevamente, sin temor a verse etiquetado como delincuente. Ello, ciertamente, sin perjuicio de castigar los auténticos fraudes en contra de los acreedores, para lo cual se estarían estudiando las figuras penales estrictamente necesarias. Contribuyen también al cambio de enfoque no hablar ya de una legislación sobre quiebras, sino de reorganización y liquidación de empresas, y traspasar la dependencia de la superintendencia respectiva del Ministerio de Justicia al de Economía.
El nuevo proceso, en que se distinguiría una etapa judicial de defensa del deudor y otra de carácter administrativo, innovaría creando un plazo de hasta 90 días en el cual éste tendrá espacio para proponer una reorganización de la empresa a sus acreedores, que será acompañado de la designación de un veedor cuyo cometido será lograr un acuerdo. Sólo una vez que fracase este último, se pasaría a la etapa de liquidación a cargo de un síndico. Un diseño bien orientado, por cuanto privilegia los acuerdos entre las partes -difíciles de lograr con la legislación vigente-, y que propende a la subsistencia de la empresa y a preservar su valor como unidad en marcha, que puede ser superior al que se logre en una liquidación de los activos por separado.
El gobierno acierta en dar prioridad a una transformación profunda e innovadora de la ley de quiebras, que sin duda es una de las reformas microeconómicas pendientes y necesarias para que la economía nacional retome cifras sostenidas de alto crecimiento
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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