Mañalich y el lobby
- Carlos Correa B.
- Gerente de Asuntos Públicos Imaginacción Consultores
- http://papelcero.blogspot.com
La semana pasada el ministro Mañalich, conocido partidario de medidas más duras en materia de control del tabaco y restricción a fumar en lugares públicos, denunció con gran pompa la existencia de lobby tanto de las tabacaleras como de las asociaciones gremiales gastronómicas.
El ministro presentó las acciones de lobby como algo maligno y despreciativo, confundiéndolas con tráfico de influencias y más aún sugiriendo que pudo haber recibido presiones de otro tipo sin precisarlas. Indicó que las tabacaleras, en especial la más grande y representantes gremiales del sector gastronómico, habían desatado todas las acciones de lobby, sin identificar quiénes lo visitaron y qué razones dieron.
Más aún, el ministro llamó –no sé si invocando al Altísimo o a las fuerzas de la naturaleza– a aprobar una ley de lobby para regular estos temas. La preocupación del ministro es razonable, pues en el sector salud son múltiples los intereses en juego, por el alto impacto que tienen los cambios legislativos o las medidas administrativas que tome el propio Ministerio.
Como se puede ver, el gobierno anterior le retiró la urgencia a pocos días del cambio de mando y pese al compromiso del ministro Larroulet, no ha sido repuesta la urgencia. Por tanto, no ha habido mayor movimiento de un tema del que todos hablan pero al que le hacen el quite a la hora de legislar.
Cuando me refiero a las invocaciones del ministro, es porque el gobierno al que él pertenece, en palabras del ministro secretario general de la Presidencia, en un seminario organizado por la Universidad del Pacífico, dijo claramente que en el año 2011 Chile tendría ley de lobby. Como se puede ver en el siguiente vínculo, el gobierno anterior le retiró la urgencia a pocos días del cambio de mando y pese al compromiso del ministro Larroulet, no ha sido repuesta la urgencia. Por tanto, no ha habido mayor movimiento de un tema del que todos hablan pero al que le hacen el quite a la hora de legislar.
Los mayores opositores a que se tramite una ley de lobby son quienes quieren mantener esta actividad en las sombras. Inolvidables son las críticas a la normativa de uno de los fundadores de Chile Primero, pese a que como abogado y considerando la amplia red de contactos que tenía en la Concertación por su antigua pertenencia y en la Alianza por su nueva militancia, ejercía como lobbysta, lo que fue ampliamente conocido en la opinión pública por su intervención en la licitación de pasaportes y cédulas de identidad del Registro Civil.
Curiosamente, en Chile han sido las propias empresas que se declaran lobbystas –una de ellas, Imaginaccion, para la que yo trabajo, sumada a Captiva, Azerta y Burson Marsteller– las que más han abogado por la existencia de una ley que regule la actividad, que es consustancial a la discusión de políticas públicas, y que la propia Constitución reconoce en los distintos grupos afectados el derecho de representar sus intereses.
Lo que esperamos es que como mínimo una ley de lobby se aplique no solamente a quienes declaran que ejercen la actividad, sino a todos aquellos que en efecto la hacen. Y en esta definición entran asociaciones gremiales, empresas de comunicaciones, estudios de abogados, ONG y un sinnúmero de organizaciones que legítimamente buscan hacer ver sus puntos de vista o de terceros a parlamentarios y autoridades. E incluso, como ocurre en Canadá y fue explicado recientemente en un seminario en el Senado por la comisionada de lobby de ese país, se aplique a los funcionarios y miembros del directorio que representen los puntos de vista de su compañía en reuniones con autoridades.
Esto implica crear un registro con claros incentivos a la inscripción en este, y fuertes sanciones para quienes ejerzan acciones de representación de intereses, sin estar inscrito o incumpliendo las normas que éste establezca. Si no es así, simplemente será letra muerta, y habrá una clara competencia desleal a favor de quienes no se inscriban.
Una revisión a los directorios de empresas en Chile, y en especial las que están sometidas a altos niveles de regulación estatal, muestra que están llenas de actores importantes en la política chilena, los que claramente no están allí por sus habilidades empresariales y de gestión sino por la amplia red de contactos que poseen y por su conocimiento del mundo público.
O viceversa. Por los ministerios del gobierno de Piñera ha pasado una larga lista de nombres vinculados a industrias cuyos negocios dependen en gran manera de las disposiciones ministeriales. Incluyendo al propio ministro Mañalich, que antes de estar en la cartera, fue director médico de la Clínica Las Condes, de donde era accionista el propio Presidente de la República.
Otro punto importante en una ley es el registro obligatorio de audiencias de quienes formulan o participan en las políticas públicas. Esto es fundamental para que la ciudadanía pueda saber quién está haciendo lobby y en efecto poder tener control sobre las decisiones que toman las autoridades.
Algunos detractores de la ley plantean que este es un punto de difícil aplicación. La experiencia internacional desmiente categóricamente este argumento y más aún, varias autoridades chilenas como el Contralor de la República, el diputado Jorge Burgos o el director del Sernac tienen publicadas en sus respectivas páginas web sus agendas de reuniones.
El ministro Mañalich reconoce que su sector tiene múltiples intereses. Sus propias palabras en La Segunda son ilustrativas: "Hay lobby de personas que defienden los perros callejeros y los que están en contra, de las organizaciones ambientales, de la industria tabacalera, de los gastronómicos… Todos quieren hacer ver sus puntos de vista, pero cuando ya se inicia la discusión parlamentaria todas las presiones y solicitudes terminan en la puerta". Un paso a la transparencia de su sector podría ser que se sumara a las autoridades que ya tienen publicada su agenda.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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