Ex presidente de la Suprema: "La fiscalía tiene hartas más cosas que hacer que estar en esto"
Urbano Marín fue informado en 2008 que una sociedad había ganado el 83% de los contratos.
por Andrés López
Ampliar El ex presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, ha observado con detalle el revuelo provocado por las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos inmobiliarios del Poder Judicial entre 2005 y 2007.
Marín, quien ahora ejerce como abogado en una oficina en calle Tenderini, tuvo un rol importante dentro de este caso, puesto que recibió -cuando era presidente del máximo tribunal- el primer informe (el año 2008) en que se denunciaba de parte de la contraloría interna de la Corporación Administrativa del Poder Judicial que señalaba que Inmobiliaria e Inversiones El Vergel S.A., Inmobiliaria Juan XXIII e Inmobiliaria Centro Iquique se adjudicaron cinco de los seis proyectos (83%) para construir juzgados, por un total de $ 63 mil millones. Todas estas sociedades están vinculadas a la constructora Cosal S.A., la que construyó estos inmuebles.
En entrevista con La Tercera, Urbano Marín dijo que la información la entregó al Consejo Superior de la corporación a los pocos días. En ese entonces estaba compuesto por él y los ministros Sergio Muñoz, Patricio Valdés, Rubén Ballesteros y Sonia Araneda. "Ese informe, que daba cuenta de que existía una concentración de una empresa en distintas licitaciones que usaba la fórmula de arrendamiento con construcción. Se llevó al consejo, se analizó, se halló que había esta concentración, pero no se encontró que hubiera colusión ni ninguna irregularidad de nadie. Que recuerde, nadie hizo ninguna objeción, ni reserva ni voto en contra de que haya que hacer nada", manifestó.
En una grabación dada a conocer por CNN, el ministro Muñoz, en una sesión del Consejo Superior del 3 de agosto de este año, le manifestó al actual presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, que esta situación podría corresponder al delito de colusión. En respuesta, Juica le indicó que se trataba de problemas administrativos y que no había que denunciar el hecho al Ministerio Público. "Ninguna adjudicación de una construcción, de un arrendamiento se puede hacer sin la aprobación del Consejo Superior. Ni el director de la Corporación Administrativa ni los funcionarios tienen voto alguno. Es bueno que se investigue todo, estoy de acuerdo, pero la fiscalía tiene hartas más cosas que hacer que estar en esto", dijo.
El origen
Según Marín, la razón por la cual se generó esta concentración tiene su origen en la puesta en marcha de las reformas a la justicia de familia y laboral, puesto que era necesario tener habilitados los tribunales lo antes posible. "La reforma de familia se nos vino encima, no tuvo gradualidad alguna. Ahí se tuvo que buscar la fórmula de arriendo con construcción y a las licitaciones que se abrieron se presentaron muy pocas empresas y, de hecho, en varias sólo ésta", señaló.
El ex integrante del máximo tribunal explicó que esas licitaciones se publicitaron en el portal del Poder Judicial y que en esa fecha no se podía ni comprar ni construir tribunales, porque no estaban autorizados por el Ministerio de Hacienda.
Respecto de una posible colusión, Marín dijo que acá no existe delito, porque no hubo empresas que fijaran precios para ganar dinero o dejar fuera a la competencia, sino que sólo una sociedad inmobiliaria que se adjudicó los proyectos.
"Aquí era sólo una empresa, podría criticarse que el procedimiento no era muy bonito, muy transparente en ese sentido. Pero irregular no, porque los precios eran satisfactorios y, lo que es mejor todavía, los edificios se hicieron bien, tanto que ninguno sufrió daños tras el terremoto", puntualizó.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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