La entidad encabezada por Fernando Coloma acusa a 7 ex ejecutivos y un actual funcionario de la cadena de tiendas, de haber vendido acciones estando en conocimiento de la real situación financiera de la compañía.
La formulación realizada hoy por Fernando Coloma se suma a la que efectuó el 13 de julio pasado.
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Los nuevos acusados son la ex gerenta de gestión, Marta Bahamondes ; la ex gerente de estrategia de clientes, Lorena Concha ; el ex jefe del call center, Manuel De la Prida ; el ex subgerente de cobranzas, Rolando Harnisch ; el gerente de recursos humanos, Celso Herrera ; el ex gerente de crédito y riesgo Juan Carlos Leiva , el ex gerente de informática, Mario Pérez y el ex gerente de contabilidad Jaime Ripoll , "por presunta infracción de las prohibiciones asociadas a la transacción de acciones estando en posesión de información privilegiada tipificada en el artículo 165 de la Ley de Mercado de Valores al haber enajenado acciones de empresas La Polar en circunstancias que, en razón de sus respectivos cargos, habrían conocido la real situación financiera de la sociedad".
Investigación continúa
La SVS subrayó que estas formulaciones de cargos no constituyen por sí mismas sanciones, que se trata de presunciones fundadas que reflejan las conclusiones a que ha llegado el ente fiscalizador a la fecha, sobre la base de información recopilada en sus investigaciones.
Esta formulación de cargos se suma a la realizada contra 18 ex directores y ejecutivos de La Polar y contra la empresa de auditoría externa de la compañía, Price Waterhouse Coopers, situación que fue comunicada el 13 de julio pasado.
"La Superintendencia continúa investigando las situaciones y hechos derivados del caso La Polar que puedan involucrar a otras personas o entidades", lo que significa que podría haber nuevas formulaciones de cargos.
Las personas formuladas de cargos tienen un plazo inicial de 10 días hábiles contados desde la respectiva notificación para presentar sus descargos y solicitar, si lo estiman pertinente, la apertura de un período de prueba.
Una vez cumplido este proceso y con todos los antecedentes, la SVS tiene un plazo de seis meses para resolver si mantiene los cargos formulados, en cuyo caso aplicaría una sanción administrativa, o bien, puede recalificar las situaciones objeto de cargos o absolver a las personas en la medida que se acredite falta de responsabilidad.
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN .
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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