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jueves, abril 14, 2011

BASTA DEL TRAFICO DE INFORMACION

Cámara de Diputados pide al Gobierno que legisle para evitar abusos en manejo del registro de información comercial de las personas

Publicado el 13 de abril del 2011

Tras analizar el tema en sesión especial, la Sala aprobó dos proyectos de acuerdo que piden al Ejecutivo legislar para regular el uso de Dicom. Ministro de Hacienda comprometió iniciativa sobre el particular.

    Con la aprobación unánime de dos proyectos de acuerdo que solicitan al Gobierno legislar para regular el uso de la información comercial de las personas y el compromiso del ministro de Hacienda de presentar una iniciativa sobre la materia, concluyó esta tarde una sesión especial de la Cámara de Diputados en la que se analizó este tema.

    La sesión fue solicitada por 40 diputados y, según la convocatoria, tenía por propósito "analizar la legislación vigente del tratamiento de datos personales de carácter comercial, la forma en que opera dicha información, eliminación por parte de bancos e instituciones financieras de datos comerciales históricos, ya sea por la prescripción o pago de la deuda, la participación en esta materia de la Superintendencia de Bancos, Cámara de Comercio, Dicom Equifax y en general de todas las empresas que se dedican al tratamiento de datos privados".

    A la sesión especial concurrieron los ministros de Hacienda y de Economía, además de un pequeño grupo de personas que la siguió atentamente desde las tribunas y aplaudió algunas intervenciones de parlamentarios. Al inicio, en el hemiciclo un grupo de diputados opositores levantó un lienzo con la leyenda "no más abusos del Dicom".

    Por los convocantes intervino el diputado Gonzalo Arenas (UDI), quien afirmó que este es un tema cruzado por legítimos intereses empresariales pero que chocan con derechos fundamentales de los ciudadanos. "Hay discriminaciones por estar en Dicom, inscripciones en Dicom que son francamente irracionales, uso de la información que no corresponde y que va mucho más allá de una legítima evaluación de los créditos", aseveró.

    "El Gobierno debe asumir como responsabilidad impulsar un proyecto de ley que de una vez por todas logre que nuestro sistema de información comercial sea eficaz, competitivo y cumpla con los estándares internacionales", puntualizó Arenas.

    En el mismo sentido, el diputado Felipe Harboe (PPD), quien encabezó una campaña que recogió más de un millón de firmas para solicitar una solución a este problema, expresó que levantaba su voz "por más de cuatro millones de chilenos que están incluidos en el registro de Dicom, ciudadanos que no son frescos ni delincuentes sino personas que por diversas consideraciones han sufrido un retraso en el pago de una deuda, una mora o un retardo. Por ese solo hecho han caído en un registro que se ha desnaturalizado con el tiempo, que hoy día es peor que tener antecedentes penales. Hoy día el registro de Dicom significa segregación social, marginalidad laboral y la muerte de la vida mercantil, no sólo de las personas naturales sino también las pequeñas y medianas empresas".

    El diputado Patricio Vallespín (DC) manifestó que "es necesario legislar y regular el uso de la información del boletín comercial, que no debe ser usada como cualquier base de datos que se venda al mejor postor, porque está ahí la dignidad e individualidad y capacidad de las personas. Por eso le dijimos al Presidente Piñera que este era el verdadero indulto que necesitaba Chile: legislar mejor y borrar el Dicom, al menos por una vez para liberar a los cuatro millones de chilenos".

    El diputado Pedro Browne (RN) señaló que "lamentablemente un sistema indispensable para la adecuada marcha de la economía y facilitar el acceso al crédito ha desviado el propósito para el cual fue creado, evaluar el riesgo del proceso de crédito, afectando el ingreso al mercado laboral de un millón 200 mil personas (…) La comunicación de esta clase de datos sólo debiera efectuarse por entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y que participen de la evaluación de riesgo para el proceso de crédito, para ningún otro fin".

    El diputado Lautaro Carmona (PC) sostuvo que "es inaceptable que se exija Dicom para el acceso a empleo o atención de salud, ajenos al acceso al crédito. Una vez que persona salda su deuda debe ser la propia empresa la que le libere del registro, no es posible que los mismos afectados paguen por ello (…) Ha sido el propio sistema el que ha empujado a que las familias vivan con un nivel de endeudamiento que supera a ratos los doce meses, con tasas de interés usurero. Es urgente legislar para reparar el daño causado a muchas familias".

    El diputado Carlos Montes (PS) planteó que "Dicom es una vergüenza de la sociedad chilena (…) todos estamos de acuerdo en que debe haber un sistema de calificación de riesgo de las personas, toda economía y sistema de crédito lo necesita, pero tenemos un muy mal sistema, que discrimina, es injusto e ineficiente, que veda el acceso a derechos como el trabajo y la atención de salud. Nuestro sistema de calificación de riesgo es muy primitivo y no guarda relación con el desarrollo de nuestro mercado de capitales (…) No puede ser que aparezca todo bloqueado por el chantaje de las casas comerciales, que no quieren consolidar una base de datos. Hay que tener un sistema de calificación de riesgo más sensato, razonable, equilibrado y mirando en su conjunto el funcionamiento de las cosas".

    El diputado Miodrag Marinovic (Independiente) expresó que "nosotros denunciamos la injusticia del Dicom, que sirve a los bancos, las casas comerciales y negocios financieros, no a la gente común y corriente, la clase media y los pequeños productores. (…) el uso del Dicom constituye una violación total a la propiedad privada de los chilenos, una expropiación del derecho a su información privada, que debe contar con su consentimiento para ser divulgada (…) nosotros estamos disponibles para apoyar toda iniciativa que apunte a terminar con la discriminación que constituye el Dicom".

    Al término de la sesión especial, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, clarificó la posición del Gobierno en esta materia.

    "Nosotros tenemos la voluntad de legislar porque creemos que el sistema actual tiene falencias y debilidades que pretendemos corregir. Vamos ingresar una indicación, probablemente sustitutiva, que estamos trabajando y que está en el proceso final, porque este no es un proyecto simple, tiene complejidades, pero tenemos la disposición política de legislar", indicó.

    Precisó que la iniciativa que se anuncia abordará aspectos como incluir también información positiva que favorezca a los buenos deudores, además de un mecanismo legal para distribuir y compartir esa información positiva. "Creemos también importante mejorar el esquema de protección de la información personal, que debe ser usada para fines crediticios y no para excluir a personas de atenciones de salud o de oportunidades laborales", sostuvo el Secretario de Estado.

    La sesión concluyó con la aprobación de dos proyectos de acuerdo. Uno de diputados oficialistas que pide al Gobierno enviar un proyecto que dé un tratamiento sistemático y de protección de los titulares de los datos de información comercial para eliminar discriminaciones arbitrarias y abusivas, que fue aprobado con 69 votos a favor. Otro proyecto de acuerdo, de parlamentarios opositores, solicita al Presidente de la República que instruya a las entidades públicas que refuercen su celo fiscalizador sobre las agencias públicas o privadas que manejan bases de datos personales y que le ponga urgencia a dos mociones parlamentarias que regulan la información comercial de las personas. Este texto fue aprobado con 77 votos a favor.

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    Fuente:

    CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN .
    Saludos
    Rodrigo González Fernández
    Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
    Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
    Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
     
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