Asombran los alcances de una serie de irregularidades -denunciadas por la Contraloría- que se habrían producido en la Intendencia de la V Región, relacionadas con mal uso de dineros del Fondo Nacional de Desarrollo Regional desde el año 2005, mediante ilícitos tales como el pago de sobreprecios a ciertos proyectos regionales aprobados y ejecutados; la entrega directa de fondos a un contratista -denunciada por él ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados- y la presentación de iniciativas falsas para apoderarse de los recursos fiscales respectivos. Ante dicha comisión investigadora, una asesora del gobierno regional incluso ha responsabilizado al anterior intendente (que respondió anunciando una querella por injurias) y al ex jefe de administración y finanzas del gobierno regional.
Numerosas aristas de este caso requieren análisis -corrupción, modalidades de contratación del Estado, financiamiento de la política, descentralización, necesidad de una unidad especializada del Ministerio Público para investigar estos ilícitos, el papel del Consejo de Defensa del Estado, las potestades de la Contraloría, el rol de las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados-, pero todas parecen apuntar a la precariedad de los mecanismos de control (especialmente preventivo) del uso de los recursos públicos, y a la facilidad con que parece posible volver a las antiguas prácticas de asignación discrecional de ellos.
Dado que un aspecto principal de la investigación está encaminado a comprobar la eventual desviación de fondos a campañas electorales o a dirigentes políticos regionales, cabe recordar que la nueva institucionalidad en materia de gasto electoral, Alta Dirección Pública y contratación pública nació precisamente tras las repercusiones del denominado caso MOP-Gate, que estalló a fines de 2002, y que ha hecho noticia por estos mismos días con el fallo dictado tras una larga investigación judicial.
Hasta antes de la nueva legislación aludida, las prácticas detectadas en el gobierno regional de Valparaíso se habían generalizado -llegando incluso algunos a hablar de la "ideología de la corrupción"- como mecanismo para financiar campañas electorales y la vida regular de algunos partidos. Inquieta que, al poco tiempo de aprobadas esas nuevas normativas, se volviera con tanta facilidad al uso de malas prácticas que se creyeron desterradas de la vida pública nacional. Esto recuerda que la sola reforma legal suele fracasar si no va acompañada de decisivas reformas administrativas, procedimentales, de capacitación de las instituciones en que operan las nuevas leyes y las instituciones que tienen por objeto cautelar el cumplimiento de las nuevas normas. Lo que el derecho anglosajón denomina enforcement es de tanta relevancia como la reforma misma. Sin eso, modificaciones legales sustanciales -la nueva legislación en materia de gasto electoral, Alta Dirección Pública, contratación pública- pueden transformarse en letra muerta.
Desde otro ángulo, la multiplicidad de órganos fiscalizadores y sancionadores que están interviniendo en esta investigación -Contraloría, Intendencia, Cámara de Diputados y Ministerio Público, a los que se sumarán previsiblemente el Gobierno, el Consejo de Defensa del Estado y los tribunales- muestra la poca eficacia y eficiencia con que están aún concebidos los mecanismos de control de las actividades estatales.
Las reformas a la institucionalidad pública posteriores al caso MOP-Gate, junto a otras iniciativas pro transparencia y probidad -ambas elevadas a principios constitucionales desde la reforma de 2005-, han llevado a indudables mejoramientos respecto del cuadro anterior, pero el caso de Valparaíso reitera una vez más que la modernización del Estado chileno sigue lejos de los estándares y las mejores prácticas internacionales, y que hay mucho que avanzar en materia de asignación y control de los recursos públicos.
Saludos,
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