ESPAÑA: REFORMA A LEY DE ABORTO

La reforma de la Ley del Aborto

17.09.2009 -

PEDRO VILLAGRÁN

| MÉDICO, SENADOR POR MÁLAGA Y PORTAVOZ DEL PSOE EN LA COMISIÓN DE SANIDAD

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TODAVÍA recordamos, allá por el año 89, cuando por los que siempre quieren imponer su moral a la mayoría, aparecieron pintadas en los muros de todas las ciudades de nuestro país con 'Matilde, pónselo, Julián póntelo". Era una referencia a los ministros de entonces de Asuntos Sociales y de Sanidad en la campaña del Gobierno socialista de entonces para promover el preservativo como método anticonceptivo ideal y como método para evitar enfermedades de transmisión sexual. Eran aquellos tiempos donde, ya promulgada la ley del aborto de 1985, los oponentes a todo cambio, y menos en esta materia, hacían su campaña mediática contra el divorcio, el aborto, el preservativo, la píldora y todo lo que se les pusiera por delante que impidiera que éste país dejase de ser la reserva espiritual del Occidente, como decía aquel general de tan nefasto recuerdo. Igualmente no es de olvidar que una vez aprobada la ley del aborto de 1985, el PP la llevó al Tribuna Constitucional, donde estuvo cerca de dos años para al final aceptarse su constitucionalidad. Se prometió entonces por el PP que la aboliría si ganaba las elecciones. Ocho años estuvieron en Gobierno para realizar su promesa y no tuvieron la valentía de cambiarla.

El Partido Socialista, en su último Congreso Federal del 2008, instaba al Gobierno a plantear al Parlamento una reforma de la ley del 1985 sobre el aborto. Desde que comenzara esta legislatura un amplio grupo de expertos, juristas y científicos han estado trabajando sobre el tema y una subcomisión del Congreso de los Diputados ha elaborado unas recomendaciones sobre cambios de la actual ley de Interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Todos están de acuerdo en que hay que modificar la ley porque en 24 años se han producido cambios sociales, científicos y legislativos en nuestra sociedad que así lo demandan. Asimismo la actual ley no impide, como hemos visto, que las mujeres que quieran utilizar el derecho que les confiere la ley, algunas veces se vean inmersas en posibles procesos judiciales. Igualmente en ella no se garantiza la seguridad jurídica de los profesionales. Ese anteproyecto es, pues, el resultado de de un amplio proceso de deliberación, reflexión y múltiples consultas para proponer una nueva normativa que ofrece seguridad jurídica, dignidad para las mujeres y los profesionales y es respetuosa con la Constitución.

Este proyecto de ley, enviado por el Gobierno al Parlamento, es el que va a defender el Grupo Socialista, que buscará el mayor apoyo parlamentario para sacarlo adelante en los términos más ajustados posible al texto que salió del Consejo de Ministros. Entre los aspectos más novedosos están la universalización de la prestación, garantizando el acceso a todas las mujeres entrando en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, es decir pública, gratuita y dentro de los centros públicos o concertados. Igualmente crea la imposibilidad absoluta de que alguna mujer pueda ser detenida y llevada a las autoridades por interrumpir su embarazo. Asimismo se elimina la excepción en cuanto a la mayoría de edad, equiparándola al resto de las prestaciones sanitarias, es decir 16 años. También se regula claramente la posibilidad de objeción de conciencia de los profesionales, obligando a las administraciones sanitarias a asumir el coste del servicio en el caso de una negación por dichas razones. Por dicha Ley se garantiza el derecho a la IVE en las 14 primeras semanas; entre las 14 y 22 si existe riesgo grave para la mujer o graves anomalías en el feto; a partir de las 22 semanas si hay un feto con anomalías incompatibles con la vida. En todos los casos será dirigido por un médico, aceptado por un comité creado al efecto en los dos últimos casos, y siempre con consentimiento escrito y en un centro acreditado.

Desde la entrada en el Parlamento de esta Ley el Partido Popular, la Conferencia Episcopal, sus medios afines y toda la plana mayor del conservadurismo en nuestro país han arremetido con toda la virulencia posible contra este proyecto de Ley. Ya se está otra vez convocando manifestaciones con olor a alcanfor y moralina para presionar e impedir una ley de aumento de derechos a la ciudadanía.

Tenemos la idea errónea de ver las leyes como órdenes, como decretos, como mandamientos. El peso de la ley. El imperio de la ley. Pero hay leyes que no tienen porqué ser obligatoriamente imperativas. Hay leyes reguladoras, de aumento de derechos cívicos. La ley del divorcio, la ley del aborto del 85, la ley de matrimonio de personas del mismo sexo, etc. no obligan al ciudadano a cumplir dicha norma. Se regulan situaciones determinadas. Se aumentan los derechos, ni más ni menos. Y ésta de la que hoy hablamos es una ley de incremento de los derechos de las mujeres, que pueden utilizarlos o no. Ese es su derecho de elección en su libertad individual. Entendemos que haya ciudadanos que discrepen de dicho proyecto de Ley. ¡Faltaría más! El mayor de nuestros respetos. Pero esa asintonía debería ser avalada por criterios científicos acreditados y no por razones subjetivas y morales que no tienen nada que ver con los parámetros cívicos y sociales que defienden la mayoría de los ciudadanos y que soportan nuestro Estado de Derecho.'

Pedro Villagrán

Senador por Málaga

Portavoz Socialista en la Comisión de Sanidad del Senado

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Saludos
Rodrigo González Fernández
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