Juan J. Minguez, adjunto II de la Defensoría Nacional visitara la provincia de Jujuy
El Dr. Minguez fue invitado para mantener una Audiencia Institucional relacionada con la prestación y facturación de los servicios públicos de esa provincia, y una conferencia sobre el tema.
Recordemos que el 10 de diciembre último el Dr. Minguez asumió como Adjunto II de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Previamente se había desempeñado como diputado nacional por la provincia de San Juan en el período 2001-2005, y como Presidente y asesor letrado de la Comisión de Acusaciones del Consejo de la Magistratura.
Síntesis
El 27 de enero pasado, la justicia hizo lugar a la medida cautelar que había pedido del entonces Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, "ordenándose a las empresas EDENOR S.A, EDESUR S.A y EDELAP, se abstengan de efectuar cortes en el suministro de energía eléctrica motivado en la forma pago de las facturas emitidas en base a las resoluciones cuya impugnación el Defensor pretende".
El Defensor Nacional promovió el 16 de enero una demanda contra el Estado Nacional, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a fin de que se declare la nulidad por ilegitimidad de las Resoluciones Nº 1169/08 y Nº 745/05 de la Secretaría de Energía, y sus modificatorias Nº 797/08, Nº1170/08, y las Nº 628/08 y Nº 654/08 dictadas por el ENRE, pues la aplicación de las mismas, a partir de las facturaciones del servicio de distribución de energía eléctrica de las empresas EDENOR S.A., EDESUR S.A., y EDELAP, cuyos vencimientos operan durante los meses de diciembre 2.008 y enero del corriente año 2009, "generó facturaciones que contienen valores irrazonables desde el punto de vista económico, constituyéndose, en consecuencia, en arbitrarios y manifiestamente ilegales por contrariar principios elementales de justicia contenidos en la Constitución Nacional".
Paralelamente, en febrero pasado, el Ombudsman nacional, entabló otra demanda contra el Estado Nacional y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS) para que se declare la nulidad, por ilegítimas, de las resoluciones que dieron lugar a facturaciones con adicionales en las tarifas de gas.
En su accionar, la Defensoría Nacional pidió la nulidad del Decreto Nº 2067 del 27 de noviembre de 2008 (B.O. 3/12/08), Resolución Nº 1451/2008 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y Resolución Nº 536 dictada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), ambas publicadas en B.O. con fecha 23/12/08; y "de toda otra norma que se dicte como consecuencia de las aquí cuestionadas".
El Ombudsman, a fin de evitar el daño inminente e irreparable a los usuarios del servicio público de distribución de gas, pidió una medida cautelar para que en forma urgente se disponga "la suspensión de los efectos derivados de los instrumentos impugnados, esto es: el Decreto 2067/2008 dictado por el PEN, la Resolución 1451/2008 dictada por el MPIPyS y la Resolución 536/2008 dictada por el ENARGAS, y en consecuencia que dicho organismo regulador, instruya quienes han sido designados como agentes de recaudación del cargo tarifario, a que se abstengan de percibir las facturaciones emitidas mediante la aplicación de las resoluciones referidas. Asimismo, del mismo modo y por idéntico procedimiento, se deberá instruir dichos agentes a fin de que se abstengan de efectuar cortes en el suministro de gas motivado en la falta de pago de tales facturas que contengan ese cargo tarifario."
Fuente:
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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