Hoy día, la sociedad moderna, plenamente integrada en virtud de los avances tecnológicos, ha
hecho que el mundo, lógicamente, coherentemente con esta nueva realidad, vaya adecuando sus institucionalidades, o sus respuestas jurisdiccionales a la sociedad moderna.
Y por ello es que crecientemente -y es un fenómeno que nuestro Parlamento no va a detener- se han ido creando instancias de jurisdicción internacional ya sea para resolver conflictos de soberanía o límites entre los Estados; como para dirimir las regulaciones comerciales; o materias de derechos humanos en relación de Estado a nivel local, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Y es absolutamente lógico que también se dé un paso y se avance en tener una jurisdicción internacional que garantice el respeto a la no comisión de delitos que afecten a personas y que violen gravemente sus derechos humanos.
Y, por lo tanto, yo creo que es una tendencia mundial actual de la sociedad moderna, y hay que asumirla haciendo bien las cosas, para efectos de que esa tendencia se vaya también armonizando y equilibrando con lo que es y debe ser nuestra soberanía interna.
Pero hay otro punto que a mí me interesa destacar especialmente. Es una visión con respecto a la doctrina o a las convicciones que uno tiene de la sociedad.
Yo creo firmemente que una sociedad que se construye sobre el pilar de la libertad exige el pleno respeto a la dignidad y trascendencia del ser humano. Este es un elemento fundamental en las convicciones que yo tengo acerca de la visión de un orden social.
Y, a mi juicio, cuando uno tiene esa visión, el tener una instancia de jurisdicción internacional que tienda a buscar el mayor respeto de la dignidad del ser humano es una respuesta jurisdiccional e institucional absolutamente coherente con esa convicción.
Creo en la ley positiva, la soberanía nacional interna de los países, tiene un límite. Ya no existen las concepciones antiguas de las soberanías exclusivas o excluyentes de carácter nacional. Hoy día tienen un límite, y es precisamente el respeto por los derechos fundamentales del ser humano.
Y en este Tribunal internacional el fundamento más de fondo, - a mi juicio- en el cual descansa es precisamente en el reconocimiento de que las soberanías nacionales tienen un límite, que es el respeto por los derechos fundamentales de cada ser humano. Y en esa perspectiva, el artículo 5° de la Constitución que se dictó en 1980, que es del texto original de la Constitución, avanza o incorpora en nuestro orden constitucional este principio, que a mí me parece especialmente relevante y significativo porque nuestra propia Carta Fundamental reconoce que nuestra soberanía interna está limitada por el respeto a los principios y valores fundamentales del ser humano.
Eso es muy significativo y creo que el Tribunal Penal Internacional es la respuesta jurisdiccional que busca amparar o que se funda precisamente en este principio, que, desde mi perspectiva, responde a una convicción o una visión de la sociedad de carácter doctrinario o de convicciones o de valores en la cual uno cree.
Sin duda que cuando se crea una instancia nueva como ésta hay que tener especial cuidado, porque no hay duda alguna de que un Tribunal Penal Internacional donde ya no va a obligar a un Estado, sino que puede obligar y coartar la libertad de una persona, tiene riesgos y genera problemas, especialmente cuando se hace por primera vez.
Y los riesgos están en el privilegio de los poderosos: de que sin suscribir el Tratado, tienen derecho a aplicarlo o pueden suspender su aplicación.
Estoy convencido que eso a nadie le gusta, pero todavía responde a un viejo orden internacional de la posguerra, donde las Naciones Unidas se fundaron en este principio del Consejo de Seguridad, en que los cinco poderosos tienen este derecho a veto sobre el resto de las naciones. Uno espera que el mundo también avance, y me hubiese gustado que este Tribunal Penal Internacional, que, si implica un paso tan significativo, no hubiese repetido este viejo orden internacional, donde se mantiene este privilegio a los poderosos.
Pero, también hay otro riesgo y otro problema. Los poderes ideológicos pueden buscar coartar o manejar lo que podríamos llamar la integración de los tribunales penal internacional, tratar de guiar ideológicamente su jurisprudencia y provocar o limitar su competencia. Pienso, precisamente que éste va a ser el principal problema del Tribunal, que en algunos casos va a limitar su competencia o a excederla en otros.
Entonces, obviamente, que nosotros, frente a una institución nueva como esta, teníamos la necesidad de buscar una respuesta institucional nacional que pudiese atenuar estos riesgos. Había una posibilidad que era decir "no" al Tribunal Penal Internacional, por estos riesgos, que creo que no era la adecuada. Pero sí había que hacerse cargo de los problemas que representaba. Y creo que la respuesta que estamos dando hoy día es la más adecuada para atenuar esos riesgos.
En primer lugar, hicimos un gran avance al incorporar los delitos de lesa humanidad, de genocidio y de crímenes de guerra en nuestra legislación interna, fortaleciendo la respuesta jurisdiccional de Chile frente a esos delitos. Y, otra gran paso lo hemos dado en el Senado con la aprobación de la reforma constitucional que reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y que posibilita que Chile ratifique a futuro el Tratado de Roma que crea dicho Tribunal.
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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