paraguay: furia por polémico fallo judicial.

Paraguay: furia por polémico fallo

Andrea Machain BBC, Paraguay Familiares y sobrevivientes reaccionaron furiosamente ante el fallo judicial. Una polémica sentencia judicial desencadenó la furia de los asistentes al juicio para establecer la responsabilidad por 400 muertes ocurridas en el incendio de un supermercado el 1 de agosto del 2004. Los familiares y los sobrevivientes del siniestro en el Ycuá Bolaños, un moderno supermercado en el populoso barrio de Trinidad, en las afueras de Asunción, no soportaron la larga espera en un caluroso tinglado del ejército que servía como tribunal y antes de que el último de los tres jueces terminara de leer su sentencia, comenzaron a gritar y arrojar sillas y todo lo que tenían a la mano contra los acusados y los jueces.  Imágenes de las protestas Dos de los tres jueces se pronunciaron a favor de los dueños del supermercado, sentenciándolos por homicidio culposo, esto es, sin premeditación. La máxima pena de cárcel por este delito son cinco años de cárcel. La sentencia puede ser apelada, pero la indignación del público fue tan fuerte que muchos sintieron la necesidad de tomar la justicia en sus manos. "Asesinos, asesinos" La policía trató de impedir los ataques mientras los encendidos asistentes al juicio gritaban "asesinos, asesinos". No contentos con su manifestación de rabia, los descontentos familiares salieron a la calle y, acompañados de otras personas que se fueron plegando por el camino, marcharon hacia otro de los supermercados de los acusados. Algunos miembros de la turba aprovecharon la confusión e ingresaron al depósito del supermercado a robar. Otros arrojaban piedras contra las ventanas. Lo que siguió fue una lucha campal que continuó hasta entrada la noche. El presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, concedió varias entrevistas a los medios locales en las que llamó a la calma y se manifestó a favor de una revisión del fallo. ¿Estado de emergencia? Advirtió que, si los disturbios continuaban, el gobierno tendría que recurrir a medidas más drásticas, como declarar estado el de emergencia. Muchos manifestantes estaban armados con armas blancas y de fuego. El ministro del Interior, Rogelio Benítez, salió al paso a las críticas de brutalidad policial señalando que las manifestaciones habían sido infiltradas por grupos que deseaban causar caos. "Comprendemos el dolor de la gente, pero no podemos permitir desmanes", dijo. La policía dispersó a los manifestantes con carros hidrantes, policía montada y antimotines. Muchos de los manifestantes andaban armados con armas blancas y de fuego. En el transcurso de la noche, la policía había detenido a más de un centenar de personas, otras cuarenta habían sido internadas con golpes y heridas de balines y piedras. Sesión permanente Entre los internados se encontraban varios dirigentes de los familiares y víctimas del Ycuá Bolaños, al menos ocho policías y algunos periodistas. Los manifestantes quemaron cubiertas y varios automóviles y saquearon varios negocios de la zona. Durante los disturbios, diferentes autoridades plantearon posibles salidas para frenar las protestas. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia se declararon en sesión permanente para analizar la situación y el fiscal de la causa, Edgar Sánchez, solicitó la recusación de los jueces Elio Rubén Ovelar y Manuel Aguirre. Este último dijo estar convencido de su fallo y aseguró haber tomado la decisión a consciencia. Comprendemos el dolor de la gente, pero no podemos permitir desmanes Ministro del Interior de Paraguay, Rogelio Benítez Varios expertos legales señalaron que la recusación ya no es factible y criticaron al fiscal por no haberlo hecho antes de la lectura de la sentencia. El fiscal también dijo que había denunciado un intento de soborno a los jueces: "hace dos meses circulaba el rumor de que ofrecían 300 mil dólares por un fallo de homicidio culposo". Algunos miembros del Congreso propusieron aprobar una ley de emergencia para conceder una indemnización inmediata a los sobrevivientes y los familiares de las víctimas. Sin embargo, varios representantes del grupo volvieron a afirmar que no están interesados en el dinero -a pesar de que muchos de ellos pasan por necesidades- sino que más bien desean que los responsables sean castigados. Cadena de "errores" La Fiscalía acusó a los dueños del supermercado y a uno de los guardias de haber ordenado el cierre de las puertas del edificio poco después de detectar una anormalidad. Las cajeras recibieron la orden de permanecer en sus sitios, mientras el hijo del dueño y encargado del supermercado salía con la recaudación del día. Según varios testimonios, las puertas fueron cerradas, razón por la que muchos que podrían haberse salvado no pudieron hacerlo. El diseño del edificio también contribuyó a la tragedia: ninguna de las puertas de emergencia estaba señalizada o salía al exterior del edificio. La ausencia de ventiladores de extracción en el techo facilitó la acumulación de gases inflamables, lo que causó una explosión que en pocos minutos consumió buena parte del supermercado. Además, el personal del supermercado no había recibido una capacitación sobre procedimientos en casos de emergencia.