El conflicto en Interior por Programa de Derechos Humanos
Rodrigo Ubilla trató de ineficientes a los profesionales de la entidad, aludiendo a que demoraban en tramitar las causas, luego que citaran a declarar como inculpado en la Operación Cóndor al embajador de Chile en Panamá, Carlos Labbé, sin informar al gobierno. Los jueces en privado calificaron sus dichos como "ignorancia", aunque declinaron profundizar la polémica. No es lo único. En el organismo que dirige la ex fiscal Rossy Lama creen que el gobierno busca ser informado de las diligencias que se pedirán para ejercer poder de veto.
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Las relaciones entre los abogados del Programa de Derechos Humanos y el Ministerio del Interior son cada vez peores; más aún con la directora, la ex fiscal Rossy Lama. La tensión no es nueva. Se viene arrastrando desde que Lama fue designada como nueva jefa del Programa e impuso nuevos criterios de productividad y administración que han caído como un balde de agua fría entre los profesionales que tramitan estas causas por crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, las declaraciones del subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla en una entrevista reciente con La Segunda, profundizaron las diferencias debido a que Ubilla cuestionó la eficiencia de los abogados y dijo que las causas demoraban más de lo necesario.
"Ignorancia"
Los dichos de Ubilla calaron hondo entre los abogados del Programa, sobre todo porque el secretario de Estado cometió un grave error de concepto: los sustanciadores de las causas son los ministros de la Corte de Apelaciones, responsables de los tiempos que usan para llevarlas adelante.
De esta manera, quizás no previendo el alcance de sus palabras, Ubilla le pegó al Poder Judicial. Algunos ministros consultados por este diario, se manifestaron molestos por la "alusión gratuita y oblicua" -otros usaron la palabra "ignorancia"- de Ubilla para criticar su trabajo, aunque declinaron hablar públicamente, para no verse envueltos en temas políticos que pudieran afectar su independencia.
Otro detalle que Ubilla olvidó, es que gran parte de las causas, muchas de ellas con condenas a firme, han demorado por la falta de colaboración de los militares, como también las dificultades propias de reconstruir organigramas secretos de la inteligencia política de los 70 y 80 en Chile. Casos para demostrarlo, están a la vista: el proceso por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier (demoró cinco años), del sindicalista Tucapel Jiménez (20 años), entre muchos otros.
Los protocolos
Todo lo anterior, sin embargo, tiene dos hechos precisos. El primero, la citación a declarar, en calidad de testigo, del ex comandante en Jefe del Ejército y actual subsecretario de Defensa, el general (R) Óscar Izurieta, en el proceso por el homicidio del cantante Víctor Jara.
Izurieta tuvo que prestar declaración, debido a que el subdirector de la DINA, el brigadier (R) Pedro Espinoza, lo mencionó en el expediente como quien tendría información sobre la muerte del folclorista y la identidad de "El Príncipe", autor material del hecho.
La jefa del programa, Rossy Lama, fue informada de la situación del embajador Labbé a través del segundo de abordo, el abogado Francisco Ugás.
El gobierno, en su oportunidad, cuestionó la diligencia, solicitada por los abogados Karina Fernández y Cristián Cruz, la que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago. Ambos profesionales han sido el centro de los cuestionamientos del subsecretario Ubilla y el Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter.
Según Rossy Lama, en una entrevista otorgada a radio Bío Bío, no se respetaron las normas internas que obligan a informarle de las diligencias que se solicitarán en cualquier proceso.
Varios profesionales consultados por este diario, reconocieron que Lama no fue avisada, pero justificaron el actuar de Fernández, debido al clima de desconfianza mutua que reina al interior del programa.
En ese mismo contexto, el gobierno recibió un duro golpe de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). La organización sostuvo un encuentro protocolar con el Presidente Sebastián Piñera, luego del cual las dirigentes salieron muy molestas, aduciendo una falta de respeto del Mandatario. Este hecho fue rebotado por todos los medios, pero duramente criticado por el ministro Hinzpeter.
Cambio de lógica
Transcurrieron algunas semanas y la citación a otra autoridad del gobierno volvió a caldear los ánimos de La Moneda. Esta vez fue requerido en calidad de inculpado, el recién designado embajador de Chile en Panamá, Carlos Labbé –hermano del alcalde de Providencia y ex agente de la DINA, Cristián Labbé-, por la jueza Raquel Lermanda, en el marco del proceso que sustancia por las víctimas de la Operación Cóndor.
Labbé fue citado, debido a que a mediados de los 70 ocupó el cargo de segundo secretario en la legación diplomática de Buenos Aires, Argentina. En esa calidad, según el ex agente de la DINA Carlos Labarca Sanhueza -entre otros- era el nexo con Enrique Arancibia Clavel y el agregado militar de la época, enviando informes secretos a través de la valija diplomática.
En el antiguo sistema de persecución penal de los delitos, cuando alguien ha prestado declaración como testigo o no lo ha hecho y luego de otros interrogatorios es imputado por terceros de alguna acción constitutiva de delito, la lógica de cualquier organismo perseguidor -como es el Programa de DDHH y el Consejo de Defensa del Estado-, es buscar la mayor cantidad de procesados y las más elevadas penas.
La preocupación de La Moneda está puesta en una entrevista que dio la abogada Karina Fernández y que se publicará este jueves. Según sus colegas, Fernández contará su verdad y se inmolará
Por esta razón, las palabras de Ubilla se instalan para el mundo de los derechos humanos como estrategia para constituir un poder de veto, a través de Rossy Lama, de las diligencias que se solicitarán y aplicar un criterio político más que persecutorio.
Dichos contradictorios
A diferencia de lo sucedido con Izurieta, la jefa del programa, Rossy Lama, fue informada de la situación del embajador Labbé a través del segundo de abordo, el abogado Francisco Ugás, hecho que se contradice con la nota publicada por el diario El Mercurio, el 30 de junio pasado.
Cercanos a Lama aseguran que la versión no fue entregada al matutino por la jefa del programa, sino por Ubilla quien "se arrancó con los tarros en La Segunda", desconociendo que en esta oportunidad si se cumplieron los protocolos. De hecho, existe un correo enviado por el propio Ugás a Lama, situación confirmada por el diputado comunista Hugo Gutiérrez, el primer profesional que logró procesar a Pinochet en el caso Caravana de la Muerte.
De allí que el conflicto interno subió de tono. Solicitudes de reunión, una discusión fuerte entre la abogada Karina Fernández y Lama, más el aumento de la desconfianza, terminaron por sellar la semana pasada este conflicto que ha ido escalando.
Pero también en ese contexto, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla cuestionó la idoneidad profesional de los abogados del programa, tratando de evitar con esto que La Moneda fuera nuevamente cuestionada por nombrar funcionarios con un cuestionable pasado durante la dictadura, como lo dijera el propio Piñera durante la campaña (ver recuadro).
La preocupación de La Moneda, sin embargo, ahora está puesta en una entrevista otorgada por la propia Karina Fernández a The Clinic que saldrá publicada este jueves. Allí, la abogada cuenta su verdad y todos los episodios vividos al interior del Programa de DDHH. Según sus colegas, Fernández se inmolará. Para ellos, es altamente probable que desde Interior llegue la orden de despedirla.
Este diario intentó obtener una versión de Rossy Lama, del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y del abogado Ugás pero no hubo respuesta.
Preocupación en Cancillería
En Cancillería en tanto llamaron la atención las declaraciones del ministro Alfredo Moreno en torno a que si se comprueba la responsabilidad penal de Labbé, éste debería abandonar el servicio exterior, distanciándose del discurso estructurado por la Casa de Gobierno.
Fuentes del edificio Carrera comentaron que existe preocupación entre los funcionarios de carrera y los políticos, ya que a muchos de ellos les correspondió estar al mando de legaciones diplomáticas durante la dictadura militar, donde los servicios de inteligencia tenían una fuerte presencia y control.
En este sentido, recordaron el caso del embajador Luis Palma Castillo, quien fuera nombrado por Bachelet para asumir la agregaduría de Venezuela, pese a sus vínculos con la desaparecida CNI, obligando a la Cancillería a retirar su beneplácito.
Saludos,
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