Un nuevo hecho aparentemente vinculado a corrupción funcionaria en el gobierno pasado ha remecido la V Región, por presuntas irregularidades en el Serviu que permitieron la compra de terrenos destinados a viviendas sociales a un precio 66 veces mayor que el de mercado. Un informe de la Contraloría Regional estableció que en la selección y entrega de los subsidios habitacionales se habrían utilizado documentos falsificados, que acreditaban cumplimiento de los requisitos para obtener los de "localización". Además, existirían irregularidades en la aprobación de un plano seccional que habilitó los terrenos para la construcción de las viviendas; en la selección de la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), y en la entrega de subsidios sin que se reunieran todos los requisitos.
Más allá de presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos, se trata de un nuevo episodio referido a caudales públicos cuyo destino era proveer soluciones habitacionales a los sectores más vulnerables. Se asemeja, pues, a otros bullados casos de corrupción funcionaria en esa región, como el referido al uso de dineros destinados a planes de empleo de emergencia, pero que fueron desviados a financiar campañas políticas.
Como en ese caso —que terminó con varios condenados—, es imprescindible una investigación acuciosa y rápida por el Ministerio Público, pues se trata de hechos que implican la mayor infracción que puede cometer un empleado público: o bien la directa malversación de los caudales bajo su custodia, o la colusión con terceros para defraudar al fisco. Cualquiera sea la tipificación del delito, se trata de un atentado contra la función pública, tanto más reprochable por la naturaleza social de los fondos presuntamente desfalcados.
La naturaleza de los eventuales delitos exige hacer efectiva la responsabilidad judicial tanto de quienes hayan tenido participación directa como de aquellos que, dolosamente o por abandono o negligencia inexcusable, permitieron que esos hechos tuvieran lugar. Los funcionarios públicos son garantes del cumplimiento probo de su función, lo que no sólo los obliga personalmente, sino que además los fuerza a mantener los adecuados mecanismos de control sobre sus subordinados.
Sería justo que esta investigación llegue hasta todos quienes participaron activa u omisivamente, mediata o inmediatamente en tales hechos, y que la ciudadanía no deba asistir a la sola sanción de algunos mandos medios o funcionarios tangencialmente involucrados, si resultare que mandos superiores también tuvieron responsabilidad en ellos.
Saludos,
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