El lobby de Cristina para la minera Barrick Gold, el veto a la Ley de glaciares y la 'distracción' de la Oficina Anticorrupción
El Gobierno anunció ayer (07/07) el inicio de la construcción del proyecto binacional minero Pascua Lama. El año pasado la presidente vetó la ley de glaciares para favorecer a la Barrick Gold. Funcionarios y legisladores que son empresarios mineros apoyan el emprendimiento. La Oficina Anticorrupción se hace la distraída y se olvidó de aplicar la ley de ética pública.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El Gobierno anunció ayer (07/07) el inicio de la construcción del proyecto binacional minero Pascua Lama, primero de su tipo en el mundo que demandará una inversión superior a los US$3.000 millones y que estará ubicado en la provincia de San Juan, cerca de la frontera con Chile.
El emprendimiento minero fue cuestionado por los legisladores de la oposición luego que la presidente decidiera vetar la ley de glaciares aprobada por la unanimidad del congreso. "No hay interés superiores a la preservación de una fuente de un recurso natural tan preciado como el agua", aseveró Miguel Bonasso, quien agregó que "es un tema de enorme trascendencia nacional e internacional por lo que debe ser tratado con urgencia".
"No se discute la modificación de la ley; la ley es excelente, y discrepo con el veto", asentó el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Miguel Bonasso.
"El veto presidencial es una muestra más de la política minera de los Kirchner. El gobierno no sólo mantuvo los beneficios económicos e impositivos que tienen las multinacionales mineras, desde la década del 90. Con este veto, las habilita a continuar su actividad, a pesar de la contaminación del agua que están provocando para las generaciones presentes y futuras. El Poder Ejecutivo soslayó la opinión de un premio Nóbel, como el director del IANIGLA y de los legisladores", sostuvo la diputada de la Coalición Cívica, Fernanda Reyes, integrante de la Comisión de Minería.
La ley vetada por la presidente Cristina de Kirchner, el 1º de noviembre de 2008, había sido por la aprobada por unanimidad el 22 de octubre pasado por el senado de la Nación con 47 legisladores presentes. La norma creaba un Inventario Nacional de Glaciares, donde debían individualizarse todos los glaciares y geoformas peri glaciales que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.
En su artículo 6 prohibía que en los glaciares y su entorno se realicen actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance: a) la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen; b) la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica; c) la exploración y explotación minera o petrolífera, incluyendo en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado en hielo y d) la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.
Pero Cristina Kirchner justificó su veto con extrañas explicaciones, que ponen en evidencia dos realidades. Por un lado, la presidente se asesora con la Secretaría de Minería sobre una política ambiental y escucha las "preocupaciones" de los gobernadores con intereses económicos y, en el caso de José Luis Gioja, hasta personales, cuando el Poder Ejecutivo tiene bajo su mando una secretaría de Medio Ambiente especial para estos temas, que también tiene intereses inconfesables en el tema.
En su veto, Cristina de Kirchner se asesoró por el secretario de Minería, Jorge Omar Mayoral, pero en ningún momento aclara que lo haya hecho con la entonces secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti –echada, según algunas versiones, por no estar de acuerdo precisamente con esta ley-. Con tono suspicaz, desde el Congreso cuentan que Mayoral posee empresas mineras en San Juan. Y es verdad.
Mayoral es un ingeniero minero sanjuanino que llegó a la función pública en 2002, y que posee el 30% de la firma Micas Argentinas SRL, el 15% de Millstone SA y el 25% de Minvail SA (dedicadas a la explotación de canteras y a la exploración minera). El paquete le significa al secretario un patrimonio de casi $ 450.000. También tiene presencia en otra empresa: MRO Andino, dedicada a la seguridad industrial.
Fue entre 1998 y 2001 cuando adquirió su parte en estas firmas. Según el documento del ARI (elaborado por el Centro para la Transparencia en Gestión Pública y Privada), la Oficina Anticorrupción investigó su caso "por posible comisión del delito de incompatibilidades y conflictos de intereses", y en una resolución de 2003 habilitó la situación mixta de Mayoral.
Pero hay más: los hermanos Gioja (José Luis Gobernador), César (Senador de la Nación y presidente de la Comisión de Minería) y Juan Carlos (diputado de la Nación), también tienen intereses en la minería. Poseen una empresa (a cargo de Cesar Gioja) que se dedica a la "extracción, industria, ligazón y comercialización de bentonitas blancas". Bentonitas Santa Gema, se proclama orgullosamente como proveedora de nuestra vieja conocida Barrick Gold, la que está detrás del famoso veto a la ley de glaciares.
Para la Ley de Ética Pública es incompatible que un funcionario preste servicios a quien realiza actividades reguladas por el Estado, cuando su cargo tiene competencia directa en esas actividades. Pero parece que la Oficina Anticorrupción está mirando para otro lado.
Seguramente dirán que el emprendimiento generará más de 5.000 puestos de trabajo. De control ambiental, glaciares y ganancias, ni una palabra.
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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