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BLANCA ARTHUR EL MERCURIO
El ministro José Antonio Viera-Gallo es de aquellos que difícilmente se alteran. Con la calma que lo caracteriza, reconoce los errores que se han cometido en el manejo de las platas de las subvenciones para Educación, por lo que insiste en la necesidad de que la situación se aclare cuanto antes.
Como titular de la Secretaría General de la Presidencia, ha cumplido un papel activo en este episodio, especialmente porque él es quien se relaciona con la Contraloría, organismo que con su informe sobre los desórdenes en el manejo de más de 260 mil millones de pesos detonó el escándalo.
Pero a diferencia de muchos dirigentes de la Concertación -e incluso de personeros de La Moneda-, que luego de este caso han comenzado a mirar con más recelo el estilo impuesto por Ramiro Mendoza, Viera-Gallo defiende su gestión.
-¿Está arrepentido, ministro, de haberse jugado por la nominación de Mendoza?
"Creo que Ramiro Mendoza es un buen contralor que está tratando de reposicionar al organismo en un escenario de modernización del Estado. La tarea que él tiene por delante es enorme, y me parece que está empezando a dar los primeros pasos hacia un ejercicio más eficiente del control fiscalizador".
-¿Está complicando al Gobierno el nuevo estilo que ha impuesto?
"No, porque nosotros somos partidarios de la mayor transparencia. Estamos impulsando la agenda de probidad, en la que hemos aprobado una ley de acceso a la información pública, además del Consejo de Transparencia que entrará a funcionar en ocho meses".
-Precisamente el que cuestiona el Contralor, porque dice que cercena sus facultades...
"Pero hemos llegado a un acuerdo con la Contraloría para armonizar las funciones de ambos organismos".
-¿No está incomodando que exista más fiscalización?
"Yo diría que el Gobierno agradece la fiscalización en la medida en que no se haga de eso una utilización política partidista pequeña".
-¿Reconoce que el nuevo estilo de la Contraloría puede generar efectos políticos importantes?
"No cabe la menor duda. Y si esos efectos políticos consisten en rectificar prácticas que pueden ser en algunos casos de desorden, de atrasos o mal manejo de la información en una repartición pública, de irregularidades administrativas o incluso de delitos, en buena hora. El Gobierno quisiera que no lo pillaran en nada, pero...
-Pero lo han pillado en harto...
"Es que lo contrario es imposible. Para eso está la Contraloría, si no, no existiría. Pero creo que sería justo que cuando el contralor rinda su cuenta anual, haga un balance de todo lo que ha hecho para que la opinión pública sepa que hay una serie de evaluaciones que han terminado bien".
-¿Cómo son sus relaciones con el contralor?
"Buenas. Pero no por eso siempre va a haber coincidencia en todas las cosas que haga la Contraloría".
-¿Le cuestiona su accionar en este episodio?
"Lo que espero de este caso es que emita cuanto antes el informe final sobre el desorden de las platas. Debe pronunciarse sobre si los informes que le mandó el ministerio están bien o si los objeta, pero no me parece que pueda seguirse postergando esto, teniendo en cuenta que Educación le entregó los antecedentes hace más de cinco meses".
-¿Comparte o no las críticas de la Concertación que lanzó sus dardos contra la Contraloría cuando acudió a defender a la ministra Yasna Provoste?
"Creo que es un error mirar la acción de la Contraloría desde un prisma político. Así como me chocaron mucho las declaraciones del diputado Rodrigo Álvarez diciendo que es un gran instrumento para la oposición en estos años electorales, si hubiera una declaración destemplada de diputados o parlamentarios de la Concertación que trataran de ver en la acción del contralor una acción tendiente a favorecer a la oposición, me parecería absurdo".
La sanción a Traverso
-¿Qué le pareció la decisión de la ministra Provoste de no hacerle caso a la propuesta del contralor de destituir al ex seremi Alejandro Traverso?
"Creo que en la reforma a la Contraloría debemos analizar si se debe mantener la situación actual en la que cuando el contralor hace un sumario y propone sanciones, la autoridad discrecionalmente puede aceptar o no, o si esa proposición debería ser obligatoria. En principio, creo que es el organismo contralor el que debería aplicar directamente las sanciones, con la posibilidad de que el afectado apele a los tribunales".
-¿Y comparte o no que en esta oportunidad la ministra no aceptara la propuesta del contralor?
"Ella tuvo un criterio diferente. El fiscal propuso la suspensión, el contralor subió la sanción y la ministra estimó aplicar la sanción del fiscal".
-¿Le pareció adecuada la decisión?
"Hay que considerar que no existe un reproche por falta a la probidad. En el caso de Traverso, ni el contralor ni nadie ha señalado, por decirlo en términos simples, que haya metido las manos. El reproche es haber dirigido una institución en la que, en lo que se refiere a los manejos de los fondos, existía desorden".
-¿No le parece suficiente la acusación de negligencia en el manejo de más de 260 mil millones de pesos?
"Lo más importante es que presentó su renuncia, se le aceptó, y además se le aplicó una sanción que va a quedar en su hoja de vida".
-¿Hubo presión política del PS, en concreto de su presidente Camilo Escalona, para no aplicarle una sanción mayor?
"No tengo ningún antecedente de por qué la ministra tomó una decisión u otra".
-Pero, incluso, desde la Concertación cuestionaron que no se le aplicara la sanción máxima.
"La actitud de Catón público a veces es muy fácil, pero hay que mirar las cosas de manera más ponderada. Traverso es un hombre muy apreciado, especialmente en el gremio de los profesores. Ha tenido una historia en que salvó milagrosamente cuando a otros los degollaron y, además, ha sido un buen seremi, que le ha tocado enfrentarse a sindicatos de trabajadores de la educación, como también manejó el problema de los pingüinos, que fue extremadamente complejo.
"Creo, eso sí -continúa- que pesa en su contra el no haber sido capaz de poner orden financiero en el manejo de muchos millones en la Seremi, porque si hubiera habido más orden, habría sido difícil que se cometieran los robos que hubo".
-¿Y la ministra Provoste, siendo su superior, no tiene ninguna responsabilidad?
"Ella ha sido muy proactiva en denunciar los delitos cuando ha correspondido, y al mismo tiempo ha colaborado con la Contraloría en toda la investigación. Creo que un ministro debe tener una responsabilidad general sobre su cartera, pero no tiene la responsabilidad política directa que la pueda afectar, menos si ella ha realizado las denuncias".
La acusación
-¿Por qué está en contra de la posible acusación constitucional que estudia la oposición?
"Es que no procede. En la Constitución del 80 hay un régimen presidencial, lo que supone que los ministros dependen de la confianza del jefe de Estado. La Cámara, para acusar a un ministro debe verificar algunas causales que son muy precisas, y la única que podría aproximarse es haber violado la ley o haber dejado sin cumplir la ley, lo que no me parece que proceda. En un caso como éste, violar o dejar de cumplir la ley habría sido, por ejemplo, no pagar las subvenciones".
-Pero la ley también obliga a supervigilar a los subalternos.
"Claro, pero es un juicio de mérito sobre el cargo, que le corresponde evaluar a la Presidenta de la República. El día en que una mayoría parlamentaria circunstancial decida destituir ministros porque tiene un juicio distinto al del jefe de Estado respecto al desempeño de un ministro, se estaría atentando gravemente contra el régimen presidencial, lo que es un muy grave precedente para el futuro".
-¿Considera, entonces, que la ministra Provoste no tiene que responder nada más por lo sucedido?
"La oposición puede usar otros mecanismos de fiscalización, como una comisión investigadora o la interpelación. En esas instancias podría responder, lo que incluso creo que sería bueno para que no queden dudas acerca de lo que ha sucedido".
¿Todo aclarado?
-La ministra ha dicho que con el informe que envió a la Contraloría en septiembre de 2007 quedó todo aclarado, pero ese informe sólo se refiere a las cuentas del período 2006- 2007, ¿qué pasa con los años anteriores?
"También se incluyeron dos meses del 2005".
-Pero, entonces no es cierto que esté todo aclarado, como ella insiste...
"Por lo menos del último período está aclarado. Y para los años 2005 y 2004 existe un plan concordado de hacer el mismo trabajo tendiente a calzar las cuentas".
-Usted dice que es necesario que la Contraloría entregue el informe final cuánto antes. ¿Cómo puede hacerlo si no están los datos de todo el período que se investigó?
"Me parece que la Contraloría debe pronunciarse lo antes posible respecto de lo que tiene. El resto lo puede informar después, de acuerdo al trabajo que concordó con el ministerio, porque lo peor es la imagen de un ministerio desordenado y una Contraloría lenta".
-¿Está confiado en que no aparecerán más irregularidades en el informe final de la Contraloría?
"¡Cómo voy a estar confiado! En absoluto. Si se va a fondo de 2004 y 2005 pueden aparecer nuevos ilícitos, y en buena hora que los descubramos para que no queden ahí, en el polvo de las cajas de la Seremi".
-¿Estaría en tela de juicio, entonces, la gestión en Educación del ministro Sergio Bitar?
"Creo que son las mismas situaciones que han aparecido ahora, que se arrastran desde el año 2002".
-En que se han detectado delitos...
"Por montos muy bajos".
-Por ahora, por lo menos, por 250 millones de pesos.
"Pero es distinto a decir que son 260 mil millones de pesos. Creo que es importante que la opinión pública entienda que respecto de los desórdenes en llevar las cuentas, éstas se están calzando, y que lo que se ha descubierto son algunos ilícitos de parte de algunos sostenedores y de funcionarios que están acotados y que está investigando la fiscalía".
-¿El Gobierno da por superado el episodio?
"No. Va a estar superado una vez que termine la investigación de la Contraloría, la de los fiscales, cuando sean sancionados los funcionarios y sostenedores que abusaron de la fe pública, y una vez que Chile cuente con un mejor sistema de pago de subvenciones. En ese sentido, cuando mandemos las indicaciones al proyecto de Superintendencia de Educación, tenemos que buscar formas más claras para que la subvención llegue donde corresponda. Lo que nos falta es materializar las facultades de la superintendencia para que exista un mejor control".
-Las facultades que el contralor objetó por excesivas...
"Eso fue antes del acuerdo con la oposición. Después se concordó en que para controlar a todos los colegios era necesario un organismo que colabore en la fiscalización, que estará supervigilado por la Contraloría".
-¿Esta situación pone en riesgo el acuerdo en Educación, como algunos han sugerido?
"Espero que no, pero hay un cierto riesgo. Por eso creo que es importante que las cosas se aclaren, y luego".
NUEVAS IRREGULARIDADES
"¡Cómo voy a estar confiado! En absoluto. Si se va a fondo de 2004 y 2005 pueden aparecer nuevos ilícitos, y en buena hora que los descubramos para que no queden ahí, en el polvo de las cajas de la Seremi".
ESTILO MENDOZA
"Yo diría que el Gobierno agradece la fiscalización en la medida en que no se haga de eso una utilización política partidista pequeña".
DECISIÓN DE PROVOSTE
"En la reforma a la Contraloría deberíamos plantear que las sanciones que proponga sean obligatorias y no que queden a discreción de la autoridad".
SANCIÓN A TRAVERSO
"Hay que considerar que no existe un reproche por falta a la probidad. Creo, sí, que pesa en su contra no haber sido capaz de poner orden financiero, lo que habría impedido los robos que se cometieron".
ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
"La acusación no procede. Podría atentar gravemente contra el régimen presidencial, lo que sería un muy mal precedente para el futuro".
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