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Fue la segunda opción para llenar un cargo que estuvo ocho meses vacante. En poco tiempo, se "empoderó" y hoy su accionar es celebrado en el mundo privado y visto con cierta preocupación desde La Moneda.
30 votos a favor, cinco en contra y una abstención. Esa fue la votación que el 4 de abril de 2007 le dio el vamos en el Senado al nuevo contralor general de la República, el abogado de la Universidad de Chile, Ramiro Mendoza Zúñiga, nacido en 1959.
Tras este resultado, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, respiró con alivio. Terminaban ocho meses de subrogancia de Noemí Rojas, período que estuvo plagado de dimes y diretes entre la Concertación y la Alianza, luego de que ésta bloqueara en 2006 la postulación del abogado propuesto por el Ejecutivo en primera instancia, Pablo Ruiz Tagle y que el oficialismo estuviera a punto de hacer naufragar el nombramiento del propio Mendoza por considerar que "se le había pasado a llevar" con la decisión.
Sin embargo, esta tranquilidad sería temporal. El desempeño de Mendoza en el cargo y el revuelo generado por la difusión del resultado de las investigaciones desarrolladas, le pusieron bajo la lupa del gobierno.
Es que si bien hay una buena evaluación, en el mundo privado su accionar ha dejado en una incómoda posición al Ejecutivo que -sobre todo tras el caso de las irregularidades en el pago de subvenciones escolares- ha emitido señales de molestia por la "filtración" de documentos "que ni siquiera son definitivos sino preliminares" y la "falta de sutileza" del contralor, al que en La Moneda se le califica de "demasiado mediático".
Ejemplo de ello es que hubiese contestado su teléfono personal a un medio de comunicación a pesar de estar de vacaciones cuando estalló el caso subvenciones. "Eso es algo que no se entiende", explican en palacio.
Pero ésta no es la primera vez que una investigación llevada a cabo bajo su mando causa revuelo.
Por mencionar sólo algunos casos; el pago irregular de asesorías por parte de Gendarmería, las acusaciones de "falta a la probidad administrativa" contra la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA), los desvíos de fondos del Indap, el informe final de la aplicación del plan Auge, el cierre de los sumarios en ChileDeportes y las indagaciones en curso acerca de los dineros fiscales utilizados en Transantiago.
Cada una de estas investigaciones ha "sacudido el piso" de La Moneda, poniendo en el escrutinio público no sólo al actual gobierno, sino también otros aspectos de probidad en anteriores administraciones de la Concertación.
Un tema no menor si se considera que 2008 y 2009 son años de elecciones -municipales y presidenciales respectivamente- y que estas irregularidades podrían convertirse en argumento de campaña.
Con todo, en palacio no se atreven a especular que exista "mala fe" de parte de Mendoza, por su cercanía con la derecha, sino más bien atribuyen su actitud a la "inexperiencia" y a que "sólo lleva un año en el cargo". No obstante eso, aseguran que es posible "mejorar la coordinación" con Mendoza lo que se hará a través del diálogo y "no de la presión", .
Golpe de timón
No sólo el gobierno se ha visto remecido por el enfoque que le ha dado el nuevo contralor a la gestión del organismo.
El 28 de noviembre de 2007 los funcionarios de la Contraloría General de la República recibieron con sorpresa la solicitud de renuncia a 24 jefes y subjefes del servicio, incluyendo a la subcontralora Noemí Rojas, que llevaba 41 años en funciones en la entidad.
El objetivo de la medida, según explicó en su momento el propio Mendoza, era "estandarizar" los procedimientos del organismo fiscalizador y terminar con la "disparidad de criterios" dentro del mismo.
De paso, advirtió que se iniciaría un plan de "auditorías sorpresa" en diferentes reparticiones públicas. Tal proceder se ha verificado ya en intendencias, subsecretarías, planes sociales y programas de fomento.
Es que cercanos a este profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica -calificado como "meticuloso y detallista"- habría confeccionado una "hoja de ruta" en el mismo momento que asumió como contralor, elaborada sobre la base de datos y denuncias previas que no habían sido investigadas por el servicio. De hecho, aseguran, su próximo objetivo sería la fiscalización en las municipalidades.
Balance político
En la Concertación, la evaluación inicial que hacen de la gestión de Mendoza es positiva. En el detalle, sin embargo, aparecen las "sutilezas".
Según el senador Carlos Ominami (PS) es fundamental que los informes emitidos por el organismo estén "respaldados" y sean rigurosos". Esto, a juicio del parlamentario, para evitar que en un primer informe "se genere una gran alarma pública" y que en el definitivo "no sea más que un volador de luces que desprestigie a las personas y a los servicios". Una opinión contraria sostiene el diputado Pablo Lorenzini (DC) quien aseguró que "el que se conozcan los hechos hace más factible que haya sanciones efectivas".
En la Alianza no hay críticas. "Está imprimiéndole un sello y un estilo a la Contraloría impresionante, que no se había visto en los últimos 40 años" asegura su directiva.
"Plena confianza" asegura sentir el timonel de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfredo Ovalle, respecto de la gestión de Mendoza. Este juicio es compartido por su par de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Pedro Corona, quien agrega que "era lo que le hacía falta al país".
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Paula Gallardo 
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