ACOSO MORAL EN EL TRABAJO:
100.000 vascos contra el 'mobbing'
OBSERVATORIO
BILBAO.DV. El Departamento de Educación resolvió en junio de 2006 el contrato de una empleada que había cogido siete bajas durante los seis años anteriores a causa del estrés y la ansiedad. La mujer, la vitoriana Blanca Ruiz de Olano, acusó a la consejería de haberla sometido a acoso y reclamó 90.000 euros por la vulneración de sus derechos fundamentales. En el juicio por la demanda laboral, que se celebró el pasado martes en la capital alavesa, el Gobierno Vasco reconoció que aún no ha puesto en marcha la evaluación individualizada de riesgos en el trabajo, un instrumento que debe analizar los problemas físicos y psicosociales asociados a cada puesto de la Administración autónoma. Precisamente, uno de los problemas que está aumentando en la función pública -que en Euskadi aglutina a cien mil trabajadores- es el hostigamiento psíquico.
Así lo denuncia el Observatorio Vasco sobre el Acoso Moral, un organismo formado por magistrados del Tribunal Superior del País Vasco, fiscales, abogados, catedráticos, inspectores de trabajo y letrados de la Seguridad Social. Al cumplirse el quinto aniversario de su creación, el observatorio ha publicado El mobbing en las Administraciones Públicas (editorial Thomson-Aranzadi), un texto que analiza las vías para prevenir y erradicar esta modalidad de acoso.
«Queremos explicar a los funcionarios que la jurisdicción contenciosa es el cauce natural para abordar estos conflictos. Y que la jurisdicción social lo es para el personal laboral al servicio de la Administración. La vía penal debe reservarse para los casos muy graves», resume el letrado Juan Ignacio Marcos, coordinador del observatorio, que está incardinado en el Consejo Vasco de la Abogacía y recibe apoyo del Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social.
Las estadísticas revelan que las administraciones son el escenario más frecuente del mobbing laboral. La tercera encuesta europea sobre condiciones de trabajo, realizada en 2000, reveló que el 14% de los funcionarios de la UE-15 se consideraba víctima del mobbing, cinco puntos por encima que la media de todos los trabajadores. Cuatro años más tarde, un sondeo del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) indicó que el 4,5% de los entrevistados se había sentido hostigado, si bien, entre los funcionarios y los empleados de banca la proporción subía al 5,8%. Otra encuesta realizada por el INSHT en 2005 rebajó la cifra al 3,8%, aunque no distinguía entre sectores y esta vez las entrevistas se realizaron en el domicilio particular y no en el lugar de trabajo.
Esos porcentajes se pueden trasladar al País Vasco, una comunidad en la que las plantillas autonómica, foral y municipal sumaban unos 95.000 empleados en 2005, contabilizando a los funcionarios y al personal laboral. Según los últimos datos del Eustat, el Gobierno Vasco tenía 64.000 trabajadores, incluido el personal de Osakide-tza, la Ertzaintza y el profesorado no universitario. Las tres diputaciones vascas contaban con 9.000 empleados y los ayuntamientos, otros 22.000.
Protocolos internos
A esas cifras hay que añadir la plantilla de la Universidad del País Vasco (4.800 docentes y otros 1.660 administrativos); el personal de la Administración de Justicia (unas 2.100 personas) y los funcionarios de subdelegaciones del Gobierno y de servicios estatales no transferidos (otros 5.500 empleados).
En la actualidad, la Ertzaintza, la UPV y Osakidetza disponen de protocolos internos para intervenir ante una denuncia de acoso laboral; sin embargo, ello no ha impedido que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se haya encontrado con demandas judiciales planteadas por miembros de la Policía autónoma y de la comunidad universitaria. «Los protocolos son insuficientes -sostiene Juan Ignacio Marcos-. La persona designada para examinar cada caso tendría que ser independiente y disponer de suficiente poder. Sólo así puede adoptar medidas y ponerlas en práctica, sin que lo que diga tenga que ratificarlo y ejecutarlo otro».
Los especialistas advierten de que la lacra del mobbing aflora en las entidades que tienden a ser endogámicas, como las universidades, las instituciones militares y las entidades religiosas. Con carácter general, está directamente vinculada con la forma en que se organizan las administraciones, pues algunos funcionarios deben fiscalizar la tarea de los cargos de libre designación, pero al mismo tiempo están sometidos a sus dictados. En la práctica, esos jefes sólo responden ante quien les ha nombrado. Así se explican, por ejemplo, los conflictos que suelen plantearse con los secretarios de los ayuntamientos pequeños, unos escenarios que resultan asfixiantes para una víctima de mobbing.
Por si fuera poco, cuando el denunciado por acoso es una administración, la resolución del expediente es más difícil, pues en ese caso los inspectores de Trabajo no pueden dar una 'orden', sino sólo 'proponer' medidas que la institución requerida puede cumplir o no sin mayores explicaciones. Esa paradoja descansa sobre un axioma: la Administración sólo es 'una' y no puede sancionarse a sí misma. Por ese motivo, algunas personas acosadas acaban acudiendo a la jurisdicción penal para tratar de inhabilitar al hostigador, bien invocando un ataque a su integridad moral, bien un acto de prevaricación en su contra. «Esa alternativa es más restrictiva para el afectado y el resultado, incierto», explica Juan Ignacio Marcos.
De hecho, las condenas penales surgen con cuentagotas en las administraciones. En general, las instituciones públicas responden pocas veces por un episodio de mobbing. Mientras tanto, la legislación laboral obliga a todo empleador a evitar los riesgos del puesto de trabajo; a evaluar los que no se pueden combatir; a adaptar el empleo a la persona que lo ocupe; y a sustituir los factores peligrosos. El mobbing es uno de ellos.
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Saludos
Rodrigo González Fernández
DIPLOMADO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE LA ONU
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