Investigarán a ex diputada Mella y al
actual diputado Enríquez-Ominami
por desvío de fondos para cesantes
El fiscal Jorge Abott investiga sospechosos en toda la Región.
De: ZonaImpacto.cl
Personeros de la derecha han recrudecido las acciones tendientes a involucrar a parlamentarios y funcionarios de la Concertación en nuevos escándalos que se han ido revelando por el presunto uso de recursos de los programas para paliar la cesantía a campañas políticas.
Por una parte, a petición del consejero de Renovación Nacional (RN) Luis Tobar en Consejo Regional (Core) de la V Región creó una comisión para investigar el desvío de recursos del Fondo Social de Absorción de Cesantía (Fosac) a campañas políticas en Quintero, donde se estaría involucrando al actual jefe de Gabinete del intendente regional Iván de la Maza, Ramón Alfaro, y la ex diputada María Eugenia Mella, ambos DC.
Hay que recordar que la comuna puerto de Quintero, a pesar de pertenecer a la provincia de Valparaíso, electoralmente forma parte del Distrito 10, el mismo al que pertenece Quillota.
Por otra parte, el abogado del senador Sergio Romero y el diputado Alfonso Vargas –ambos también de RN- pidió al fiscal a cargo del caso “empleos brujos” –relacionados con los Programas de Generación de Empleos (PGE)- investigar a la productora Rivas y Rivas, que dirige el diputado Marco Enríquez- Ominami.
En Valparaíso y Quintero
La Comisión del Consejo Regional investigará el manejo del Fosac en toda la Provincia de Valparaíso. Ese fondo destinado a administrar programas paliativos de la cesantía, es administrado por las gobernaciones provinciales.
En la época que se investiga -2004 y 2005- era gobernador provincial de Valparaíso el actual intendente democratacristiano Iván de la Maza y la principal denuncia involucra al jefe de gabinete del Jefe Regional, Ramón Alfaro, también DC y ex candidato a concejal en Quintero.
Entre los antecedentes que sostienen las denuncias e indagaciones, se mencionó que a fines del año pasado, la Municipalidad Quintero sólo pudo certificar la asistencia de tres trabajadores de una nómina de 34 contratados en la comuna. Se asegura que algunos de ellos habrían trabajado como activistas para candidatos de la Concertación, principalmente democratacristianos.
Los denunciantes han solicitado analizar con particular cuidado las listas de personas que trabajaron en la campaña de la candidata a diputada DC María Eugenia Mella, hermana del alcalde de Quillota, Luis Mella, quien hizo efectiva la primera denuncia por posible uso electoral de los recursos del Programa de Generación de Empleos, PGE.
En Quillota en tanto, sl abogado Cristián Letelier –representante del senador Sergio Romero y el diputado Alfonso Vargas, ambos de RN, en el caso de "empleos brujos"- solicitó al fiscal regional de Valparaíso, Jorge Abbot, que investigue a la empresa productora de cine, televisión y publicidad "Rivas y Rivas", considerando que podría estar vinculada también al uso fraudulento de los programas de empleo.
La productora pertenece al diputado socialista por el Distrito 10 Marco Enríquez-Ominami, a quien se alude en el caso porque su ex jefe de campaña, Edgardo Lepe, figura como imputado por fraude al fisco en el caso de los PGE que el fiscal Abott investiga en las provincias de Quillota, San Felipe, Valparaíso y San Antonio.
Más involucrados
El martes 10 de octubre en el Tribunal de Garantía de Viña del Mar, el fiscal regional Jorge Abbott dejó en 13 la cantidad de sospechosos de cometer fraude al fisco por desviar fondos de planes contra la cesantía al pago de activistas electorales de la Concertación.
Durante la audiencia, el fiscal Abott expuso que fundamenta sus sospechas en base a abundantes antecedentes que incluyen listados de beneficiarios que nunca trabajaron, listas de personas que firmaron recibos de cheques que desconocen y evidencias de trabajos que nunca se ejecutaron.
Entre los sospechosos investigados por el jefe del Ministerio Público en la Región –que se hizo cargo de toda la investigación sobre fraude en los PGE- no se incluye a los diputados PPD Rodrigo González y Laura Soto. El primero fue favorecido por el Tribunal Constitucional, que determinó que no podía ser formalizado sin antes ser desaforado. En cuanto a la diputada Soto, ya fue informada por la Fiscalía de que estaba siendo investigada por su posible relación con estos casos.
Es necesario recordar que fue el alcalde DC de Quillota, Luis Mella, quien días antes de la elección presidencial y parlamentaria de diciembre del año pasado –donde su hermana María Eugenia postulaba a la reelección como diputada- denunció el supuesto delito de cohecho en la campaña de Marco Enríquez-Ominami.
A pesar que la Fiscalía habría descartado la existencia de cohecho e incluso no verificó una relación directa del diputado Enríquez-Ominami con los ilícitos, la investigación de la Fiscalía derivó en formalizaciones en Quillota, San Felipe, Valparaíso y ahora Viña del Mar.
En San Antonio, la Contraloría denunció a la justicia irregularidades en 15 proyectos de empleo y se estaría involucrando al diputado radical socialdemócrata por ese Distrito, Samuel Venegas.
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