SUBCONTRATACION: NUEVA LEY

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El presidente de Agest, Alberto Finlay, espera que el reglamento para certificar el cumplimiento de las empresas “sea sencillo”. Foto: José López .

Alberto Finlay, presidente de la asociación de empresas de externalización de RR.HH.

“Dirección del Trabajo no será capaz”

Según el representante de las empresas de subcontratación, la repartición gubernamental no tiene la capacidad humana ni logística para certificar si las firmas están o no, pagando adecuadamente las imposiciones, el seguro de cesantía o la salud.

Raúl Rivera

Pese a que comparte el espíritu de la normativa y la importancia de proteger los derechos de los trabajadores, Alberto Finlay, presidente de la Asociación de Empresas de Externalización y Administración de Recursos Humanos (Agest) -gremio que reúne a las compañías contratistas del país- advierte sobre las consecuencias para las pequeñas y medianas empresas (pymes) si la recientemente publicada ley de subcontratación no se aplica adecuadamente.

El ejecutivo -también vicepresidente de Manpower, una de las mayores compañías en lo que se refiere al suministro de trabajadores- espera que el reglamento que debe emitir el Ministerio del Trabajo en los próximos días para certificar el cumplimiento de las empresas contratistas sea “sencillo”, ya que de lo contrario podría originar serias consecuencias en la cadena de pagos de las pymes.

-¿Qué opina del mecanismo de certificación de cumplimiento por parte de las empresas contratistas que establece la ley de subcontratación?

-La ley dice que la empresa principal -o denominada mandante en el caso de una empresa temporaria- cuando pide un servicio de subcontratación tiene que velar porque el contratista le pague a los trabajadores adecuadamente, les cancele las imposiciones, el seguro de cesantía, etc.

De esta forma, la única manera para que las empresas principales queden como subsidiarias y no solidarias es que se consigan un certificado de que el contratista pagó los sueldos y las cotizaciones. Y la entidad encargada de certificar debe ser la Dirección del Trabajo.

-¿Está preparado este organismo para cumplir esta función?

-Al principio fue todo bombos y platillos, pero la Dirección del Trabajo no tiene la capacidad para realizar esta tarea, porque no está en línea con las AFP, isapres, superintendencias y con el seguro de cesantía. Entonces, cómo la Dirección del Trabajo entregará esta certificación si en la actualidad se hace de forma manual, demorosa y engorrosa. Ahora, se entregan 152 mil certificados al año, pero los beneficiados van a ser cerca de un millón 200 mil trabajadores, que van a pedir un certificado mensualmente.

Teóricamente esta es una muy buena idea, pero siempre y cuando se pueda llevar a cabo la certificación. Como le demostramos al Gobierno que no se va a poder realizar, el ministerio dijo que la efectuará por medios idóneos. Entonces, además de la ley va a salir un reglamento que dirá lo que se entiende por medios idóneos, lo que significa que otra entidad distinta a la Dirección del Trabajo podría certificar.

-¿Cómo esperan que sea el reglamento?

-Si el reglamento que se va a establecer es sencillo se va a poder cumplir y no existirá ningún problema. Pero si el reglamento es complicado se van a producir serias dificultades. Si la empresa principal me retiene el pago porque estoy a la espera del certificado, podría quedar en la situación que deba cancelar tres meses de sueldo a los trabajadores antes que me paguen la primera factura. Si ocurre esta situación se va a romper la cadena de pagos, lo que provocará que algunas empresas comiencen a quebrar. Y las primeras que normalmente quiebran son las pymes, pero los grandes también están en riesgo. Una compañía que tiene más espaldas tiene acceso a crédito bancario y puede arreglárselas. Pero la pyme no podrá hacerlo.

Una mala discusión Según Alberto Finlay, uno de los problemas de la ley de subcontratación es que “se discutió de muy mala forma”, fundamentalmente porque se mezcló el empleo en régimen temporal con el suministro de personal. “Desde el 2000 hasta su publicación, la discusión de esta ley ha sido un verdadero parto, porque se ha debatido de muy mala forma. El mayor problema es que este tema se mezcla con lo político, cuando debe quedar en el ámbito laboral”. “En trabajo transitorio se aprobó una ley muy inflexible. Por ejemplo, por motivos políticos este tipo de empleo quedó en un máximo de 90 días, pero la verdad es que en ese período el trabajo transitorio tiende a morir. El argumento para defender ese plazo es que a los empleados temporales muchas veces no se les pagaba sus obligaciones provisionales. Eso es antiguo, porque las empresas que se consideran serias están haciendo contratos y tenían previsión y salud a sus trabajadores”, dijo.

RODRIGO GONZALEZ FERNADEZ
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