A propósito del conflicto que se ha suscitado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, se ha vuelto a plantear el papel que corresponde cumplir a las universidades en nuestro país. Ello incide, finalmente, en la definición de lo que se ha llamado la "misión de la universidad", materia tratada desde muy antiguo por comentaristas y filósofos. ¿Es la universidad fundamentalmente un centro de formación profesional? ¿Corresponde a ella asumir tareas de investigación de manera preponderante? ¿Deben egresar de sus aulas investigadores y especialistas de excepción? ¿Cabe a las universidades poner acento en la divulgación científica y la extensión cultural? No obstante el tiempo transcurrido, estas interrogantes no se hallan zanjadas y sirven, de tiempo en tiempo, para alentar inconformismos y ambiciones personales.
En Chile las universidades tienen una tarea esencial: formar profesionales idóneos para desempeñarse en un área especial del conocimiento de manera de servir con eficiencia los requerimientos sociales que están llamados a cumplir. Pero, tal como lo señalara hace ya muchos años Ortega y Gasset en su célebre libro de las misiones, un profesional debe ante todo ser un hombre culto, entendiendo por cultura el "conjunto vital de ideas de cada tiempo". De aquí que sea ésta -transformar al hombre medio en hombre culto- la función primordial de la universidad. Si nos preguntamos por qué ello cobra tanta importancia, la respuesta está dada por la transformación ontológica (en su ser) que experimenta el hombre culto, condición indispensable para su formación y ejercicio profesional.
La investigación (lo que constituye propiamente el cultivo de la ciencia) debe, sin duda, encararse en la universidad, pero sin que ello menoscabe, debilite o desvirtúe su función profesionalizante. Lo propio debe decirse de la extensión y compromiso con el medio, lo cual, además, es posible integrar a la formación profesional.
Reconozco que esta generalización plantea dudas, porque la investigación, en ciertas ramas del saber, está íntimamente vinculada a la transmisión del conocimiento. No es posible, por lo mismo, dogmatizar al respecto.
Sin embargo, en lo que concierne a la enseñanza de las ciencias jurídicas, no parece existir un disenso extremo. Las facultades de derecho deben, ante todo, formar abogados capaces de incorporarse al mercado de los servicios jurídicos y actuar en él de modo de servir eficientemente a la comunidad. Si tal no ocurre, su contribución al bien común será nula, distorsionándose gravemente la convivencia social. El abogado está llamado a organizar la infraestructura de la sociedad, debiendo intervenir en la elaboración, control y calificación de las "reglas" que regulan, directa o indirectamente, todas las relaciones intersubjetivas (resoluciones administrativas, sentencias judiciales, actos y contratos). Por lo mismo, su papel es insustituible y de la calidad de su trabajo dependerán el orden, el progreso y la seguridad de todos y cada uno de nosotros. Las discrepancias legítimas, a nuestro juicio, deberían radicarse en la calidad de la enseñanza, en los métodos de aprendizaje, en la formación del "criterio jurídico" (aptitud para apreciar una situación o problema de carácter jurídico, ubicándolo en el sistema normativo y hallando su solución) y, por sobre todo, en la manera de desarrollar la capacidad creativa del alumno para extender los grandes principios que inspiran el ordenamiento jurídico.
Paradójicamente, a pretexto de profundizar la investigación y promover la extensión, se descuida lo medular y, con ello, se deterioran la calidad de la enseñanza y la formación del abogado. El investigador, el docente, el filósofo del derecho y el jurista son una excepción que enaltece la profesión, que abre nuevas fronteras al pensamiento y que toda universidad debe cuidar con esmero. Pero lo que Chile necesita, insistimos, son abogados para organizar y reglamentar con eficiencia la vida social. De ese semillero surgirán aquellos otros, llamados a impulsar la ciencia jurídica y hacerla cada día más perfecta
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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