| Récord en casos de DD.HH.: Justicia dictó 100 sentencias durante el 2008 |  | |
Cifra representa un incremento de 28% respecto de los fallos que se conocieron en 2007.
A la fecha, hay 257 personas condenadas por estas causas, de las cuales más del 90% son uniformados.
Agrupaciones de DD.HH. alertan que delitos que implican a más del 50% de las víctimas ni siquiera son investigados.
Según sus cálculos, siguen impunes casos de mil 955 personas.
|  | Por Viviana Candia
Un importante avance, en materia de derechos humanos, significó la dictación de un centenar de sentencias judiciales durante el 2008.
La cifra -considerada récord- resultó acorde con la voluntad manifestada por el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, en orden a agilizar al máximo la vista de causas que investigan hechos ocurridos a partir de 1973.
Este es precisamente uno de los logros que el mismo supremo destacaría en la ceremonia de inauguración del año judicial que se realizará el próximo lunes, a las 11 de la mañana.
Si bien para los vinculados a los casos de derechos humanos "el 2000 recién comenzaron a hacerse investigaciones serias" en esta materia, según palabras de Rosemarie Bornand, del Programa de DD.HH.del Gobierno, los últimos dos años -especialmente el 2008- han marcado cifras alentadoras.
De hecho, las 100 sentencias (de primera, segunda y tercera instancias) dictadas el año pasado representan un incremento de un 28% respecto de las 78 que se cursaron en 2007.
El mayor volumen se dio en la primera y segunda instancia, mientras que 15 casos llegaron a la última instancia: la Corte Suprema. (Ver cuadro anexo).
A nivel nacional, 27 ministros investigan estas causas
Este progreso se debe principalmente al trabajo de los 27 ministros de cortes de apelaciones del país que están a cargo de las investigaciones cuyos fallos, así como los de los tribunales de alzada, han permitido llegar a los 257 condenados. De ellos, 62 recibieron sentencia durante el 2008.
Del total de condenados, más del 90% corresponde a uniformados, siendo el Ejército y Carabineros las instituciones con más personal involucrado: 107 y 96 condenados, respectivamente. (Ver tabla de condenados)
El mayor número de ministros (de fuero o en visita) está en la Región Metropolitana: ocho corresponden a la Corte de Apelaciones de Santiago y cinco a la Corte de Apelaciones de San Miguel.
Los que más causas les ha tocado instruir son los ministros Alejandro Solís (57), Víctor Montiglio (37) y Juan Eduardo Fuentes (30).
Fue el año en que FASIC pensó que "la lucha por los DD.HH. ha tenido sentido"
Para la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) el resultado del 2008 les permite decir "que la lucha por los derechos humanos ha tenido sentido y perspectiva".
"Efectivamente, fue un año de condenas para los violadores de los derechos humanos" reconoce Alejandro Espinoza, abogado del organismo y experto en la materia.
No obstante, aclara que también hay que enfocarse "en el fenómeno de las contradicciones" al interior del Poder Judicial, especialmente de la Suprema, dado que los criterios varían de acuerdo con la composición de la sala.
"Y hemos visto con asombro que se han dictado sentencias absolutorias e incluso condenas que son muy desproporcionadas (por lo bajas) en relación con la naturaleza de los hechos y respecto de la vara con que se miden hoy día los hechos de violencia", plantea.
Para el FASIC, ésta es la aplicación de la tesis de «justicia con clemencia» que, para el organismo, constituye una contradicción para el derecho internacional que se viene aplicando en estos casos desde los últimos cinco años, en cuanto a que los casos de lesa humanidad no prescriben ni pueden ser amnistiados.
Espinoza también lamenta que "más de la mitad de las víctimas ni siquiera cuenten con una investigación en los tribunales de justicia", según dijo.
De hecho, los 338 procesos que se instruyen por este tipo de delitos corresponden a mil 113 víctimas, pero hay otras mil 955 cuyos casos ni siquiera han sido objeto de una investigación.
Por eso, Espinoza echa de menos que no se hayan nombrado a jueces con dedicación exclusiva que habrían permitido investigar los casos faltantes.
Según él, si hubieran existido investigaciones reales "la situación de los llamados falsos detenidos desaparecidos no habría existido".
Las dificultades de estos procesos
Rosemarie Bornand, secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Gobierno, recuerda que "efectivamente cuando asumió el presidente de al Corte Suprema, Urbano Marín, mostró su voluntad de agilizar al máximo la vista de las causas en la Corte Suprema, así como instruir y solicitar informes sobre los avances a los tribunales que llevan las causas".
Dicha voluntad logró materializarse pese a que, por su naturaleza, este tipo de investigaciones enfrentan una serie de dificultades por los años transcurridos desde que se cometieron los delitos, la escasa información que existe sobre los hechos y la poca colaboración que se logró de los organismos indagados.
Así y todo, reconociendo un avance en la materia, la abogada indica que es parte del desarrollo de los mismos procesos.
De los 257 condenados, sólo 44 están en la cárcel
"La tendencia es aplicar penas bajas a través de la llamada prescripción gradual", explica Rosemarie Bornand, del Programa de DD.HH.
Si bien se reconoce el avance en materia de condenas, los organismos de derechos humanos reclaman que en la práctica los responsables de este tipo de delitos no terminan cumpliendo sus condenas.
"Si bien la sala penal de la Corte Suprema ha sido enfática en que no se aplicará la prescripción, es decir, que pese al transcurso del tiempo no se extingue la acción penal, la tendencia es aplicar penas bajas a través de la llamada prescripción gradual o media prescripción", explica Rosemarie Bornand, del Programa de Derechos Humanos del Gobierno.
Dicha óptica permite atenuar los hechos y, en la práctica, rebajar las sentencias hasta tres grados, según explica.
"Entonces, si bien no se extingue la responsabilidad, en la práctica menos de la mitad de los 257 condenados están presos. De hecho, sólo 44 de ellos están actualmente privados de libertad", asegura.
Por eso, enfatiza, "la verdadera condena termina siendo la repulsa social más que la sentencia judicial como tal".
Alejandro Espinoza, de FASIC, comparte esa opinión y agrega que muchas veces las penas son demasiado desproporcionadas al tipo de crimen.
"Uno escucha a diario críticas por las puertas giratorias y por condenas bajas, y resulta que en casos de derechos humanos hay personas que han sido condenados a penas de menos de menos de cinco años de cárcel, lo que al final no conlleva al cumplimiento efectivo de la sentencia", asegura.
El caso más criticado del año
Del centenar de condenas que hubo en el 2008, 15 emanaron de la Corte Suprema.
Si bien la cifra es menor a la del año 2007 (que contó con 21), el resultado de los fallos generó una andanada de críticas.
Especialmente el referido al homicidio calificado de José Constanzo Vera, cuyo único inculpado (un oficial de la Armada) fue absuelto de responsabilidad porque los ministros de la sala penal decidió aplicar la prescripción.
En un fallo de mayoría, la sala penal del máximo tribunal optó por utilizar la legislación chilena en lugar de recurrir a las normas internacionales y declarar imprescriptible este delito, por ser un crimen de lesa humanidad.
En las otras 14 causas, se absolvió a ocho imputados, se otorgó libertad vigilada a 18 personas; remisión condicional en cinco casos, y se condenó a 14.
Manuel Contreras, el reo que acumula más años de prisión
Dos presidios perpetuos (por el caso Prats) y 135 años de condena por ochos casos de violaciones a los derechos humanos acumuló durante el 2008 el general (r) Manuel Contreras Sepúlveda.
Con esto el ex director de la Dina -que en mayo cumplirá 80 años- acumula:
333 años de cárcel
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Al asumir la presidencia de la Corte Suprema, Urbano Marín, expresó su voluntad de acelerar las causas en materia de derechos humanos.
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