Mexico, derecho a la informacion: ¿Guerra de papel?

derecho a la información: ¿Guerra de papel?

Roberto Alonso Cuatro años después de que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación, la porción normativa del artículo sexto constitucional que establece al Estado como el responsable de garantizar el derecho a la información, un reportaje de siete páginas publicado en el semanario Proceso motivó una agresiva campaña mediática en contra de un proyecto de reforma integral que desde la presidencia de la República se intentó llevar a cabo en materia de comunicación social. Bajo el título "Anteproyecto de ley que propone control, formas y metas de la comunicación", dicho texto fue acusado como un intento fascista y totalitario, así como ley mordaza para la libertad de expresión, en 481 artículos de 17 periódicos y ocho revistas en un lapso de tiempo no mayor a los 100 días. Si bien el semanario de análisis político había tenido acceso sólo a un tomo de los 30 que fueron elaborados por un grupo de investigadores sobre el tema, la síntesis difundida bastó para que la resistencia esgrimiera una guerra de papel a fin de frenar un intento que no pretendía sino democratizar los medios de información e incluir a la sociedad civil en su manejo como el de países europeos como Alemania a través de los consejos de radiodifusión en las "estaciones de derecho público". Salvando la distancia y la proporción, hoy se pretende descalificar la iniciativa ciudadana que organismos como México Abierto, Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) y universidades como la Iberoamericana y la UPAEP, con el aval de cámaras empresariales como Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial y Canacintra, además de diversos medios informativos, presentaron al Congreso local la semana pasada para sustituir la actual ley estatal de transparencia. Con el argumento de que varios párrafos de nueve artículos son casi idénticos al marco jurídico correspondiente de entidades como Oaxaca y el Distrito Federal, mismas que ya modificaron sus legislaciones a tono con la reforma constitucional decretada hace ya casi un año por el Constituyente Permanente, este lunes se difundió una nota en un periódico titulada: "Podría Cimtra haber plagiado ley de transparencia de Oaxaca y D.F. (sic)". A falta de información relativa al proceso que implicó la elaboración de esta iniciativa ciudadana evaluada por el IFAI, la CAIP y especialistas en el tema de la transparencia y el acceso a la información pública, es posible entender la aparición de este tipo de notas periodísticas, que en vez de contribuir a un debate en torno a la ley que merece Puebla, lo empañan y facilitan la ausencia de una discusión madura respecto a un asunto que se ha convertido en el talón de Aquiles de la actual administración estatal. No obstante, una segunda explicación es la existencia de intereses oscuros y opacos de actores involucrados con el proceso legislativo de reforma detrás de esta intentona de desprestigio, detalle no menor ante la calidad de vida democrática que pende de un hilo por la responsabilidad que, como marca el sexto constitucional, tienen en sus manos 41 diputados. Si hay similitud entre las leyes estatales es porque el IFAI encomendó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM la redacción de un Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México, mismo que ha servido como piedra de toque de una legislación de vanguardia, transparente –valga la redundancia– y propia de un gobierno con altura de miras.

CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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