| Investigación de intervención electoral Durante el año y medio que ha transcurrido desde las últimas elecciones presidencial y parlamentaria, muchos temas han ido ocupando la atención pública y, por eso mismo, varios han ido quedando olvidados o desplazados. Uno de estos últimos es el relacionado con los muchos casos de intervención electoral o irregularidades en el manejo de fondos públicos que se denunciaron desde dichas elecciones. Sin embargo, pese a la falta de atención pública, las distintas investigaciones de la Contraloría y del Ministerio Público siguen avanzando -las del segundo, con una aparente mayor lentitud que en otros casos, lo que parecería dar cuenta de la complejidad de la de éstos-. De este modo, progresivamente va siendo posible conocer cada vez con más detalle prácticas que, por desgracia, dan múltiples muestras de estar generalizándose en el sector público, casi hasta ser percibidas como normales e, incluso, tolerables. Así, por ejemplo, la Contraloría finalizó el proceso en contra del ex director de Indap en la VIII Región, sancionándolo por lo que denominó "actividades de intervención electoral ocurridas en el interior del organismo", consistentes en el envío de correos electrónicos a dependientes suyos, pidiendo aportes económicos para financiar la segunda vuelta de la entonces candidata de la Concertación, junto con "utilizar" a ese mismo personal con fines electorales, ajenos a los del servicio. Tales actuaciones en Indap no se limitaron sólo a esa región, sino que hay investigaciones paralelas por otras similares en diversas reparticiones de ese organismo. Otro tanto ha ocurrido con el ex jefe de la campaña del senador Girardi, que fue nuevamente formalizado por el uso de facturas para justificar gastos de campaña que nunca se realizaron, tales como servicios de externalización, arriendos de bodegas, transporte de personal de campaña y arriendos de inmuebles. El fiscal que lleva el caso sostuvo que el perjuicio fiscal de estas irregularidades sumó 55 millones 800 mil pesos, y logró una extensión de 90 días en el plazo para investigar. También está el caso de los planes de generación de empleos, particularmente los que se investigan en las regiones IV y V. Aquí ya existen varias formalizaciones -entre ellas la del coordinador nacional del programa-, y está en curso el juicio oral contra el ex gobernador provincial del Choapa. Todo lo anterior indicaría que muchos proyectos destinados a contratar a cesantes para que efectuaran faenas de ayuda a la comunidad nunca se realizaron y, por el contrario, hubo fondos que se habrían utilizado para pagar a propagandistas políticos y ayudar a campañas electorales de candidatos de la Concertación. Cada uno de estos casos y sus diversas y muy complejas ramificaciones tiene sus propias particularidades, pero los antecedentes revelados por las investigaciones y las declaraciones de los mismos imputados dan a entender que aquí se está, cada vez más, frente a un asunto de conciencia: no se trata de hechos aislados -por el contrario, los indicios continúan aflorando-, ni aun de hechos que se busque esconder, sino de actuaciones que se entienden por sus autores como, al menos, justificadas. Esto es en extremo grave para nuestra vida cívica. MÁS INFORMACIONES PINCHA AQUÍ http://editorial.elmercurio.com/archives/2007/07/investigacion_d.asp
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Rodrigo González Fernández
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