Ley eliminará beneficios a condenados por homicidios, violación y secuestro
Modificación a las medidas alternativas también legaliza el uso del GPS o artículos electrónicos para el control de los sentenciados y fortalecimiento de los delegados de libertad vigilada, entre otras medidas.
MARIO GÁLVEZ
Un catálogo de delitos, cuyos condenados no podrán acceder a ningún beneficio, y la legalización del monitoreo telemático para los autores de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, son parte de las indicaciones que enviará el Gobierno para mejorar la aplicación de las medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad.
El Ejecutivo ya tiene listo el proyecto que será despachado en las próximas horas al Congreso con carácter de urgente.
La subsecretaria de Justicia, Patricia Pérez, explicó a "El Mercurio" que la propuesta nació luego de un trabajo realizado por una comisión especial creada por La Moneda.
En ella estuvieron los abogados Jorge Bofill, Julián López y Alex van Weezel; el magistrado Jorge Sáez, nombrado por la Corte Suprema, expertos de la Fundación Paz Ciudadana y de la Defensoría Penal Pública.
La subsecretaria Pérez calificó estas innovaciones a la Ley 18.216 como un cambio sustancial, pues sus contenidos ya no serán considerados "beneficios", sino que se convierten en medidas de control para el cumplimiento de diversas condenas.
En el caso del establecimiento del catálogo de los delitos que serán inexcarcelables, incluirá el secuestro calificado, sustracción de menor, violación, violación impropia de menores de 14 años; violación con homicidio; homicidio; y los que determina la Ley de Conductas Terroristas.
Asimismo, la reclusión nocturna pasa ahora a "reclusión parcial", que podrá ser diurna, nocturna o de fin de semana.
Este cambio permitirá al juez dictarla discrecionalmente sobre la base de determinados delitos. Por ejemplo, a un individuo condenado por conducir en estado de ebriedad puede ser sentenciado a cumplir durante los fines de semana, de viernes a lunes, período en que se comete el mayor número de infracciones.
Respecto del uso de los mecanismos electrónicos, se utilizará el GPS y/o el sistema de radiofrecuencias. Este último funciona con un monitor que se instala en la casa del condenado, quien a su vez tiene un dispositivo. Si el individuo sale de la vivienda sin autorización, de inmediato se activa un sistema de alarma que comunica a la central para ratificar que hay un quebrantamiento de la sentencia.
Para dar eficacia al procedimiento, se abordará el problema del incumplimiento o quebrantamiento de lo que a partir de la reforma se llamará "pena sustitutiva". En caso de esta infracción, el condenado podrá sufrir la revocación de ese sistema de cumplimiento e ingresar a la cárcel para hacerlo en forma efectiva, explicó la autoridad.
Respecto de las reincidencias, esta falencia se enfrentará fortaleciendo la cantidad de delegados de libertad vigilada, bajando el número actual de 60 condenados monitoreados por cada delegado, a 30 por cada uno, que es la cifra que establecen los estándares internacionales.
Se agrega que se aplicarán modelos de intervención especializada que se emplearán con determinados tipos de agresores, como los de violencia intrafamiliar y los ofensores sexuales.
Y se introducirá la obligación de que, antes de salir de la cárcel por ser sujeto de una pena sustitutiva, el reo al que se comprobare consumo problemático de drogas y/o alcohol, deberá someterse a rehabilitación.
La idea central es evitar que las personas condenadas que presenten estos problemas de adicción, vuelvan a presidio por haber reincidido bajo los efectos de estos elementos.
Pedofilia
El Gobierno colocará hoy urgencia al proyecto que modifica el Registro de Condenas que mantiene el Registro Civil para integrar a los delincuentes sexuales, en especial a quienes atacan a menores, según informó el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien destacó que por primera vez cualquier persona podrá acceder al listado vía internet.
52.429
personas cumplieron sentencia en 2009 bajo la modalidad de medidas alternativas, según cifras de Paz Ciudadana.
Diez mil nuevos carabineros en las calles, una de las principales medidas antidelincuecia anunciada por el Presidente Sebastián Piñera, ya cuenta con una fórmula de financiamiento, según indica el informe financiero de la Dirección de Presupuestos que acompaña al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso el pasado 20 de mayo.
El documento asegura que la aplicación de la iniciativa "no irrogará un mayor gasto fiscal para el año 2010, y en los años siguientes se financiará con cargo a los recursos que se consulten en el presupuesto de Carabineros de Chile".
Asimismo, el texto oficial detalla que para la materialización de la iniciativa se requieren, por concepto de gastos de operación en régimen, $134 mil 822 millones. Este monto corresponde a gastos en personal, además de bienes y servicios de consumo.
Asimismo, se establecen los gastos de implementación, por una vez, que ascienden a $39 mil 775 millones, que serán utilizados en equipamiento operativo y en traslado de personal.
El proyecto de ley antes citado fue enviado sin urgencia por el Ejecutivo al Congreso y, según se dijo a este diario, ya estaría en trámite de ingreso a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.
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