Una resolución de la Contraloría ha invalidado la distribución de la píldora del día después por intermedio de las municipalidades. La ira «progresista» ha sido enorme, alcanzando –a la verdad– extremos que sólo pueden explicarse por el apasionamiento extremo o la vulgar y silvestre zoncera.
Para apreciar que no exagero, consideremos la historia de este asunto desde un principio:
1. Su origen es la intención y decisión de la presidencia anterior y de la actual, en orden a establecer y facilitar el reparto masivo y gratuito de la píldora citada –por intermedio de los servicios de Salud– a las mujeres mayores de 14 años que la solicitaran, sin considerar los posibles efectos abortivos del fármaco. Ellos, de ser ciertos, prohibirían ese reparto, conforme a la Constitución y a la ley (Código Sanitario).
No obstante ser ésta una objeción conocida, los dos últimos gobiernos concertacionistas han insistido en imponer el reparto de marras a rompe y rasga, sin escuchar previamente sino a dos entidades que sabían de antemano favorables (APROFA e ICMER)… y a nadie más. Nadie: ni universidades, ni sociedades científicas, ni expertos, ni iglesias, ni partidos políticos, ni Congreso… ¡ni siquiera el gabinete presidencial! tuvo noticias de lo que se tramaba. Se quería que «el golpe avisara». Conducta por lo demás antigua y típica de la «pandilla» que busca controlar y hacer ingeniería social con los hábitos reproductivos del país, y que está enquistada en el ministerio del ramo hace ya muchísimos años.
2. Los opositores a la medida, así tratados –a la baqueta– no tuvieron sino la vía judicial. Y en agosto de 2001, la Corte Suprema les dio la razón por sentencia unánime y ejecutoriada.
3. La respuesta del Gobierno fue estupefaciente, un resquicio grosero: CAMBIARLE EL NOMBRE COMERCIAL A LA PILDORA, y continuar repartiéndola.
4. Ante ello, los opositores fueron al Tribunal Constitucional. Éste, después de una larga y completa tramitación, acumulando múltiples antecedentes y oyendo a todo el mundo que quiso ser escuchado, declaró –por mayoría absoluta y en sentencia ejecutoriada– que la Constitución vedaba al Estado el discutido reparto (abril de 2004). ¿Por qué? Principalmente porque existía entre los expertos y estudios especializados una profunda radical y no resuelta diferencia científica, relativa a una circunstancia clave: si "el que está por nacer" de la Carta Fundamental, el ser humano constitucionalmente protegido, era: A. El óvulo tan pronto fecundado, o B. El óvulo ya anidado en el endometrio. En la primera alternativa, la píldora destruía un ser humano, y resultaba inadmisible. En la segunda, no, probablemente (pero sin certeza). Existía una «duda razonable» respecto de la respuesta y alternativa verdadera. Duda que, por su carácter técnico, el Tribunal, cualquier tribunal, no estaba en aptitud de resolver. Pero eso no lo eximía de su deber legal de fallar. Sino que lo llevaba –sin pronunciarse sobre la disputa científica– a acoger aquella tesis que de ninguna manera PODIA MATAR AL QUE ESTABA POR NACER Y VIOLAR LA CONSTITUCION.
Era la antigua regla de «en la duda abstente». Que no significa, como con sorpresa la escuché decir por televisión a un politólogo, días pasados: «En la duda, haz lo que quieras». Sino precisamente lo contrario: «Si dudas de la permisibilidad ética de un acto, no lo hagas».
5. ¿Cómo respondió el Gobierno? Con un nuevo resquicio… en vez de gastar un momento y analizar los traspiés incurridos. El reparto seguiría –dijo, desafiantemente–, pero ahora a cargo de las municipalidades, no de los servicios de Salud. ¡Se anunciaron sumarios y recortes de fondos para el alcalde que no aceptara distribuir la píldora! Era "poco confiable", dijo el ministro del ramo (La Segunda, 5 de mayo de 2004).
Nada se obtuvo con advertirle al Gobierno que, si a los servicios de Salud les estaba prohibido repartir la píldora por ser órganos del Estado, el mismo carácter revestían los municipios, a los cuales, además, les era imposible ese reparto sin celebrar convenio con dichos servicios.
6. Y pasó lo que tenía que pasar. La Contraloría, estos días, vetó la distribución de la píldora por los municipios. El Estado no podía hacer con una mano lo que el Tribunal le prohibiera hacer con la otra.
Gran rabia «progresista», según anticipábamos.
¿Y de quién es la culpa de todos los fiascos vistos, si oímos a esos furiosos pro píldora? ¿De la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, de la Contraloría? NO, LA CULPA ES DE LA IGLESIA CATOLICA.
¡Cómo! –dirán Uds. ¿De la Iglesia, nunca consultada, ni siquiera oída sobre este tema, en los siete o más años de disparates que he narrado? ¿La Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, la Contraloría… son órganos de la Iglesia? ¿Declaran el derecho según lo que la Iglesia les dice? ¿Ella los maneja, sin siquiera intervenir en ninguno de esos recursos?
Lo único que la Iglesia ha hecho es manifestar clara y públicamente su posición. ¿Se le negará ese derecho? ¿A quién coacciona con ello? ¿Qué armas tendría para coaccionar?
Las manifestaciones de la hirviente cólera «progresista» por el asunto de la píldora han sido muchas. Escojo como significativa la del rector/columnista de El Mercurio, el último domingo.
Contiene una extensa y confusa perorata general contra la Iglesia y su doctrina, que incluye lugares comunes muy manidos y bromas «gruesas», todo impropio en un escrito que se supone de pensamiento y dirigido a personas cultas. Ratifican la ignorancia enciclopédica del columnista sobre el catolicismo, al cual culpa de «sempiterna enemistad con el cuerpo», «condena de la homosexualidad (incluso si involuntaria)», y otros defectos que hoy no se leen sino en viejos almanaques anticlericales.
Pero todo lo anterior, sin duda lastimoso, es sólo envoltorio de lo sustancial de la columna que comento y que puede resumirse así:
- "No vale la pena engañarse, el debate sobre la píldora no es ni de índole legal ni de naturaleza estrictamente médica… (sino, sobre todo) de cuál debe ser la posición que tendrá la doctrina de la Iglesia Católica en el espacio público". "Qué fuerza orientadora se le reconocerá a ese punto de vista: si se le conferirá fuerza coactiva mediante la ley o si, en cambio, se le dejará entregado a su mera capacidad persuasiva".
Advirtamos que, en un "debate" cuyo fondo es médico, legal y ético, el columnista omite indicarnos cuál es la postura de la Iglesia en tales respectos. Así se libra de confirmarla o refutarla. Fácil, elegante, ingenioso… pero todos nos damos cuenta del vacío argumental.
Luego, la posición "en el espacio público" de la Iglesia y de sus puntos de vista no la determinará ella, ni menos el rector/columnista, sino la opinión de los chilenos, ejercitada en democracia, a los cuales convenza con sus argumentos. Y lo obtendrá mediante su "capacidad persuasiva", como siempre ha sido y más que nunca hoy, que –reitero– no tiene ninguna otra arma. Si los puntos de vista doctrinarios de la Iglesia se traducen en leyes, será formal y sustancialmente conforme a la Constitución, y el rector/columnista tendrá que cumplirlas (aunque no le gusten), igual que los católicos debemos cumplir leyes, como la de divorcio, que estimamos profundamente dañinas.
- Aunque lo diga de modo vago y confuso, el artículo que comento parece temer que la Iglesia quiera quitar a los ciudadanos "la autonomía para decidir los casos límites EN LA ESFERA DE SU INTIMIDAD", y su "libertad de conciencia", otra vez "EN LA ESFERA DE SU INTIMIDAD", y que "descree de la autonomía de los ciudadanos".
Nuevamente, se trata de cargos y suposiciones que carecen de la menor base. La moral de la Iglesia le permite calificar los actos "de los ciudadanos" como buenos o malos, en abstracto, pero sin que ella propicie ni practique introducirse en la conciencia ni en la intimidad de nadie.
PERO NO ES ESTA LA POLEMICA (y por eso el rector/columnista la evade). La Iglesia, a la mujer que toma una píldora que puede ser abortiva, sólo le representa en general, o particularmente oyendo su confesión –para que juzgue y decida en su intimidad y conciencia– la inmoralidad objetiva del acto. Es al Estado que la Iglesia manifiesta que no puede, en moral ni en derecho, difundir esa píldora gratuita y masivamente. Y la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y la Contraloría le han dado la razón. Quisiéramos oír sobre esto al rector/columnista. Quisiéramos nos dijera si iría contra la "conciencia" e "intimidad" de las "ciudadanas" que el Estado no les repartiera gratis una píldora RECONOCIDAMENTE ABORTIVA. Mientras tanto, consideraremos sólo una cortina de humo –y una de dudoso gusto– que se solace recordando las «barrabasadas» de ciertos sacerdotes.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Segunda.
Felipe Larraín 
