Rodrigo González Fernández
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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Santiago-Chile
Rodrigo González Fernandez, luego de estudiar Derecho , más un grupo de profesionales muldisciplinario han querido ofrecer el primer blog y punto de encuentro , discusión , opinión y de información del derecho en general. CONSULTENOS POR ASESORIAS , CURSOS ,CHARLAS Y CONFERENCIAS DIRIGIDAS A EMPRESAS Y ORGANIZACIONES en materia de derecho, Gerencia de Administracion Pública, liderazgo, lobby y empresas .santiago- chile cel: 93934521
| Un régimen excepcional de contratación. Consiste en que una empresa de servicios transitorios (EST) suministra o proporciona trabajadores a una empresa usuaria para que realice una determinada labor.
¿Cuáles son las sanciones para la empresa de servicios transitorios (EST) cuando no cumple con su parte del contrato?
La empresa usuaria ¿conoce los términos del contrato que se firmó entre la empresa de servicios transitorios (EST) y los trabajadores? Sí, una copia del contrato de trabajo de servicios transitorios se envía a la empresa usuaria donde el trabajador prestará servicios. En el caso de reemplazos de trabajadores, se extenderá por lo que dure la ausencia del trabajador titular. Para los eventos extraordinarios y el aumento de producción, el contrato de trabajo para prestar servicios no podrá exceder de 90 días. Y en los casos de proyectos nuevos e inicio de actividades en empresas nuevas, el plazo no podrá superar los 180 días. Estos contratos no podrán ser renovables. Sí, se podrá prorrogar el contrato hasta completar los 90 ó 180 días en su caso. |
Paridad |
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Ley de cuotas: Más mujeres en política28 de noviembre 2007
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"Sin Democracia Cristiana no hay Concertación" | "No hemos avanzado mucho en regionalización" | ||||
"Me cuesta encontrar cosas buenas, pero destaco el precio del cobre y la Teletón" | "El Transantiago hace que millones de personas se levanten y se acuesten enojados" | ||||
"Hay ciertos niveles de confrontación que superan lo acostumbrado" | "El acuerdo para la nueva ley de educación es el hecho más positivo" | ||||
"El Estado sigue siendo el peor empleador" |
Comisión de DD.HH acordó votar en enero proyecto contra la discriminación
Así lo informó el presidente de esa instancia legislativa, senador Jaime Naranjo, tras señalar que las indicaciones presentadas por el Ejecutivo permitirán concitar un mayor respaldo parlamentario.
Comisión de Derechos Humanos
Con el propósito de analizar en profundidad las indicaciones presentadas al proyecto que establece medidas contra la discriminación, la Comisión de Derechos Humanos acordó iniciar la votación en particular de la iniciativa la primera sesión que tendrán en el mes de enero.
Así lo informó el presidente de esa instancia legislativa, senador Jaime Naranjo, tras señalar que aunque las indicaciones presentadas son de forma más que de fondo, permitirán concitar un mayor respaldo parlamentario.
"El Ejecutivo presentó nuevas indicaciones tratando de concitar el mayor respaldo parlamentario, sobre cuestiones más de forma que de fondo y que no alteran el objetivo central del proyecto que es evitar la discriminación", señaló.
Agregó que las organizaciones que se verían beneficiadas con los alcances de este proyecto, están de acuerdo con los cambios propuestos, por lo que se espera tener el proyecto en condiciones de ser visto por la sala en enero del próximo año.
El parlamentario explicó que entre las modificaciones propuestas por el Ejecutivo, destaca la que elimina el recurso judicial especial que contenía el proyecto original, permitiendo que cualquier persona que se sienta discriminada pueda interponer un recurso de protección.
Asimismo, se establece que se considerarán actos discriminatorios no sólo los que puedan cometer los funcionarios públicos, sino que también los privados.
LEGISLACIÓN NECESARIA
Según el senador naranjo, la eliminación del recurso especial no afectará en nada la eficacia de la ley, pues actualmente se puede recurrir de protección a los tribunales.
"Lo importante es tener una ley de discriminación en el país, independiente de las acciones judiciales que puedan implementarse. Hoy día en Chile operan distintos instrumentos a los cuales las personas pueden recurrir frente a situaciones de discriminación, como los recursos de protección o de otra naturaleza, por lo tanto, no creo que ese sea un inconveniente", explicó.
Cabe recordar que la iniciativa tiene por objeto prevenir y sancionar toda discriminación arbitraria en contra de cualquier persona.
Se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción fundada en cuestiones de ideología, religión o creencias, lugar de nacimiento, posición económica, cultura, etnia, raza o color, enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, sexo, género, orientación sexual, descendencia, edad, opinión política o de otra índole, o cualquiera otra condición social o individual, y cuyo fin o efecto sea la privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio, de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico, incluidos los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
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Aprueban entregar beneficios y bonificaciones al personal de la atención primaria de salud
Senadores Matthei y Pérez |
La Sala del Senado respaldó en forma unánime la iniciativa que contempla bonos de desempeño y de incentivo al retiro voluntario, además de estímulos para el personal de las zonas extremas.
Un apoyo unánime tuvo en el Senado el proyecto, en segundo trámite, que entrega una serie de beneficios al personal que se desempeña en los servicios de atención primaria de salud, tales como bonos por desempeño y de incentivo al retiro voluntario, además de estímulos para quienes se desempeñan en zonas extremas.
Uno de ellos es el que señala que las disposiciones de este proyecto no sólo se aplicarán a todo el personal que se desempeñe en los establecimientos municipales de atención primaria de salud, sino que también a las personas que pertenezcan a una entidad administradora que ejecuten en forma personal y exclusiva acciones directamente relacionadas con la atención de salud.
Empresas y órganos del Estado serán sancionados si no entregan información solicitada por el Congreso
Senador José Antonio Gómez, presidente de la Comisión de Constitución |
Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias sobre la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, aprobó por unanimidad esa disposición que permite cumplir con el principio de transparencia fijado en la Constitución.
Ramiro Mendoza, Contralor General de la República.
Multas equivalentes a una remuneración mensual, enfrentarán los jefes superiores o representantes legales de las empresas y órganos del Estado que no entreguen en un plazo de 30 días, los antecedentes que soliciten los senadores y diputados para poder cumplir con su labor parlamentaria.
Así lo aprobó la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias entre el Senado y la Cámara de Diputados sobre el proyecto que adecua la Ley Orgánica del Congreso Nacional a la nueva Constitución, estableciendo el principio de transparencia de los actos y resoluciones de los distintos órganos del Estado.
Estuvieron presentes los senadores José Antonio Gómez (presidente), Alberto Espina y Hernán Larraín, y los diputados Juan Bustos, Alberto Cardemil y Andrés Egaña.
Según explicó el senador Gómez, la disposición aprobada en forma unánime por los parlamentarios presentes, surgió de un texto cuya base fue elaborada por el Senado y perfeccionada por la Contraloría General de la República.
"Contamos con la presencia del Contralor (Ramiro Mendoza) y aprobamos una norma muy importante que establece la obligatoriedad de todos los órganos del Estado y de las empresas en las cuales tiene participación, mayoritaria, de responder los oficios que envían los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones", señaló el senador.
Precisó que dicha disposición no se topa con la función fiscalizadora que tiene la Cámara de Diputados lo que está regulado en un capítulo aparte- sino que se refiere a la posibilidad de legislar y de contar con los antecedentes necesarios, pues muchas veces éstos se solicitan y los distintos servicios o empresas no contestan porque no están obligados a hacerlo.
TRANSPARENCIA
A juicio del senador Gómez, la aprobación de estas disposiciones consagra el principio de transparencia establecido en la Constitución, porque "abre la posibilidad de pedir la información y establece la obligatoriedad de entregarla, porque si no se aplican sanciones por parte de la Contraloría a través de un procedimiento expedito que también se establece en la ley".
En tal sentido, agregó que "esta norma es esencial para la transparencia y para lo que la propia Presidenta de la República ha planteado, en el sentido de que tengamos todas las posibilidades de información y todo lo que sea posible de conocer a través de los organismos del Parlamento".
En lo fundamental la norma aprobada señala que los órganos del Estado y las entidades en que éste tenga aporte, participación o representación mayoritaria, deberán proporcionar los informes y antecedentes que les sean solicitados por los parlamentarios o los organismos internos.
Asimismo señala que el jefe superior o representante legal de tales entidades que no cumplan con la entrega de información en un plazo de 30 días, "serán sancionados por la Contraloría General de la República con la medida disciplinaria de multa equivalente a un tercio, media o una remuneración mensual".
También será responsable y tendrá idéntica sanción por su falta de comparecencia a la sesión de una comisión a la que hubiere sido citado, o la de los funcionarios de su dependencia, cuando la ausencia de éstos le sea imputable.
Para cobra la multa, la Contraloría oficiará directamente a la oficina pagadora del respectivo órgano público o entidad a fin de que proceda a retener las remuneraciones del personal involucrado las cantidades correspondientes y a enterarlas en arcas fiscales.
La iniciativa también contempla que en los casos en que se reitere el incumplimiento de entrega de información, se podrá sancionar al infractor con la suspensión del empleo desde 30 días a tres meses, con goce de un 50% a un 70% de las remuneraciones.
Una de las normas cuya votación quedó pendiente para la próxima sesión de la Comisión Mixta y que podría generar un fuerte impacto para las empresas del Estado que han presentado acciones declaratorias de mera certeza entre ellas Codelco- es la que establece un efecto retroactivo para las disposiciones anteriores.
La propuesta establece que tales normas "son y han sido aplicables a todas las empresas públicas creadas por ley, incluso a aquellas que de acuerdo con sus normativas requieren mención expresa o se encuentren sometidas a regímenes de fiscalización especiales".
SENADO AL DÍA |
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