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sábado, julio 26, 2008

Internet: La creación de dominios se liberalizará en 2009

La creación de dominios en Internet se liberalizará en el primer semestre de 2009 tras aprobar en París por la Corporación para la Asignación de Nombres y Número en Internet (Icann).
Las webs no estarán atadas a fórmulas clásicas como ".com", ".net" o ".org", sino que "los internautas podrán crear nombres de dominios como ".amor" o ".odio".

CNN+. La Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (Icann) ha aprobado este jueves lacreación de dominios de Internet. Los dominios se libererán en el primer trimestre del año que viene.

Un equipo del Icann presentará una versión definitiva del documento aprobado con las modalidades de lo que considera una revolución de la geografía de la Red al Consejo de este organismo en julio. El texto seráaprobado en el primer trimestre de 2009, previsiblemente.

Unas 25 personas han trabajado en el documento para evaluar la fiabilidad de esa liberalización. Según el presidente del Icann, Paul Twomey, el proyecto tiene un coste de unos 10 millones de euros, hasta la fecha.

Twomey ha indicado que "todavía queda mucho trabajopara entrar en los detalles de la puesta en práctica de esta liberalización".

".amor", ".odio"

Twomey ha afirmado que "se puede esperar un número de seis dígitos en dólares estadounidenses", es decir, más de 100.000 dólares (al menos 63.500 euros) por nueva extensión de dominio.

Las webs no estarán atadas, por lo tanto, a fórmulas clásicas como ".com", ".net" o ".org", sino que "los internautas podrán crear nombres de dominios ".amor" o ".odio".

Según el Icann, el organismo se asegurará, para ello, de que las nuevas extensiones de dominios respeten los derechos de las marcas y de que no se parezcan demasiado a nombres ya conocidos, además de no usurpar identidades de comunidades reconocidas.

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Rodrigo González Fernández
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Obama y McCain, ¿son estadounidenses?

BBC
José Baig
Mundo USA

Poner en duda la nacionalidad de los candidatos es otra herramienta de la batalla política.

Desde hace algunas semanas circulan en los medios varias teorías que buscan demostrar que los candidatos presidenciales John McCain y Barack Obama no cubren el requisito de ser ciudadanos por nacimiento y, por lo tanto, la Constitución no les permitiría llegar a la Casa Blanca.

Como cualquier indocumentado detenido en una redada del Servicio de Inmigración, los candidatos se han visto obligados a demostrar, con papeles en la mano, su "legalidad" para postularse al puesto que aspiran.

En el caso de John McCain, esta teoría señala que al haber nacido en la Zona del Canal de Panamá, bajo control de los Estados Unidos pero no parte de su territorio, el senador por Arizona no satisface la condición constitucional de ser estadounidense por nacimiento.

Gabriel (Jack) Chin, profesor de derecho de la Universidad de Arizona, es el autor de esta teoría y le dijo a BBC Mundo que el Congreso aprobó una ley en 1937 que otorgaba la ciudadanía a todos los nacidos en el Canal de padres estadounidenses, pero McCain había venido al mundo 11 meses antes.

En abril de este año, el Senado aprobó una resolución que pretendía resolver el problema declarando que el Senador John McCain "es un ciudadano estadounidense".

Pero el profesor Chin afirma que la declaración de los senadores no resuelve el tema de fondo "y tiene el mismo peso que las resoluciones que aprueban para declarar el mes de las manzanas o algo así, no es una ley y no tiene ningún efecto constitucional".

"Obama es keniano"

El certificado de nacimiento de Obama no satisfizo a sus detractores.

Las cosas no son muy diferentes para el senador Barack Obama, candidato presidencial por el partido demócrata de quien en un blog se llega a afirmar que "es keniano" por las leyes de nacionalidad de Kenya, de donde era oriundo su papá.

Otros comentaristas políticos y adversarios del senador fueron más allá y exigieron que mostrara un certificado de nacimiento para aclarar las dudas.

El certificado que el equipo de Obama hizo llegar a los medios de comunicación es del estado de Hawai, incorporado a la Unión dos años antes del nacimiento del candidato.

Pero la complicación no termina ahí y otros críticos del demócrata encontraron en la ley de ciudadanía estadounidense que si uno de los padres es extranjero, el otro progenitor, aunque sea estadounidense, tiene que haber residido de manera continua en el país por lo menos cinco años después de haber cumplido los 16. Cuando nació Obama, su mamá tenía 18 años.

El enredo quedó más o menos aclarado cuando el abogado de inmigración de California Ron Gotcher y otros, explicaron que en casos como el de Obama se impone el jus soli, es decir, el derecho a la ciudadanía por el lugar de nacimiento.

Que es la misma razón por la cual la mayoría de los hijos de indocumentados son considerados por ley como ciudadanos estadounidenses.

Pero los detractores del demócrata no se conforman y demandan de Obama -en blogs y comentarios de internet- una explicación más clara sobre sus orígenes, su doble ciudadanía y, sobre todo, "su verdadero" lugar de nacimiento.

¿Llegarán a la Casa Blanca?

El debate sobre la nacionalidad no será impedimento para llegar a la Casa Blanca.

Por apasionadas que sean las discusiones y sólidos que parezcan los argumentos, la verdad es que nadie prevé un escenario en el que se despoje al candidato ganador de estas elecciones del título de presidente de los Estados Unidos por las dudas sobre su ciudadanía.

"Va a pasar algo con todo esto? Probablemente no", le dijo a BBC Mundo el profesor Chin, descartando la posibilidad de que McCain no pueda ejercer la presidencia en caso de ganarla por las fallas en la ley.

El abogado Ron Gotcher, que habló con el periódico "The Swamp", explicó que el punto es que los niños nacidos en Estados Unidos, son ciudadanos. "Incluso si se cambia esa ley, lo cual es muy poco probable, no será retroactiva".

"Lo que me gustaría ver como resultado de todo esto es que elimináramos el requisito de ser estadounidense por nacimiento para llegar a la presidencia y que pensáramos también un poco más en las leyes de inmigración del país", concluye el profesor Chin.

Actitud contemplativa de autoridades ante la violencia juvenil atenta contra la convivencia democrática"

LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA ESTA DESATADA EN SANTIAGO

Actitud contemplativa de autoridades ante la violencia juvenil atenta contra la convivencia democrática"

Senador Andrés Allamand, Región de Los Ríos

Así lo afirmó el senador Andrés Allamand quien aseguró que "es evidente que existe un debilitamiento del sentido de autoridad en todos los planos" y anticipó que este será uno de los temas que estará presente en la tramitación de la Ley General de Educación.

Comisión de Educación

"Entre los deberes que establece la Ley General de Educación (LGE) para los miembros de la comunidad escolar está el respeto que debe existir entre todos los integrantes de la misma y nosotros insistiremos en aplicar este principio en el proyecto respectivo". Así lo anticipó el senador Andrés Allamand, en el marco del debate generado tras la agresión que sufrió la Ministra de Educación, Mónica Jiménez de parte de una alumna del Liceo Darío Salas.

El parlamentario lamentó "la actitud contemplativa de las autoridades y del propio Colegio de Profesores que, en forma ambigua partió casi justificando una acción a todas luces reprochable".

Agregó que "aquí tiene que existir una señal clara desde la propia autoridad. Habría esperado una acción mucho más enérgica de la misma Presidenta de la República, Michelle Bachelet, porque su primera reacción fue simplemente hacer presente que esto no contribuía a la democracia".

El legislador recalcó que "el respeto es un valor básico de toda convivencia democrática y los primeros que tienen que dar el ejemplo en términos de hacerlo sentir son las máximas autoridades del país".

En ese sentido, manifestó que no se puede actuar contemplativamente "ante quienes tienen actitudes agresivas o que son en definitiva proclives a manifestaciones violentas".

El senador Allamand puntualizó que "los problemas de la educación de alguna manera reflejan los problemas del país", al referirse a la excesiva violencia que se aprecia en el comportamiento generalizado de los alumnos y las quejas de los profesores y rectores que aseguran estar de "manos atadas" ante esta situación.

Cabe señalar que diversos rectores de liceos de la capital han denunciado que ven incluso amenazada su propia integridad por parte de alumnos que justifican su accionar en demandas incumplidas o injusticias cometidas.

Al respecto, el legislador solidarizó "con todas las expresiones de los distintos profesores, educadores y directores de colegios quienes se ven en una situación compleja, para enfrentar agresiones o evidentes atentados como los que ha protagonizado esta activista estudiantil".

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CHILE, SENADO: "Gasto fiscal destinado a las divisiones sociales tienen un claro sesgo político"

"Gasto fiscal destinado a las divisiones sociales tienen un claro sesgo político"

Senador José García, integrante de la Comisión de Hacienda

Senador José García, integrante de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, afirmó que "debe haber voluntad política del Ejecutivo para terminar con los programas del Ministerio Secretaría General de Gobierno destinados a promover la participación ciudadana".

Senadores Frei, Novoa y Orpis

Convencido de que "con voluntad siempre hay espacio para reducir el gasto fiscal ineficiente nque no produce ninguna rentabilidad social", se mostró el senador José García, integrante de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

El parlamentario precisó que es posible reducir la expansión fiscal, por ejemplo, eliminando "los recursos que las divisiones sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno entregan a las diversas instituciones para que realicen labores que tienen que hacer las municipalidades, tales como promover la participación ciudadana".

Indicó que "este tipo de actividades tienen un claro sesgo político y si el gobierno tuviera la voluntad ahí hay recursos que se podrían ahorrar. El Presupuesto está lleno de programas que forman parte de la estrategia electoral del gobierno y todo eso se puede reducir pero se requiere de la voluntad política de las autoridades".

Explicó que "por otro lado hay gastos que son ineludibles. Las pensiones hay que reajustarlas conforme a la variación del IPC, lo mismo ocurre con las remuneraciones del sector público y el gobierno va a tener que negociar con los dirigentes de dicho sector".

El legislador aclaró que "lo más probable es que los funcionarios públicos van a querer recuperar el poder adquisitivo perdido con la alta inflación y, por otra parte, también el 2009 habrá que reajustar las subvenciones escolares y las que se otorgan a los organismos que atienden niños a través del SENAME".

El senador García recalcó que el Presupuesto de 2009 tendrá que ser indexado en los mismos términos de la inflación de este año que ya lleva acumulado un 9,5%.

"Entonces, la única alternativa que tiene el gobierno es renunciar a todo aquel gasto que no tenga una clara finalidad social, porque no hay que olvidar que el próximo año se amplían los beneficios de la Reforma Previsional y entran en vigencia los nuevos tribunales, tanto los de Familia como los Laborales", explicó.

Cabe señalar que, el próximo lunes 28 de julio, la Comisión Especial Mixta de Presupuesto escuchará la exposición del Director de Presupuestos, Alberto Arenas, sobre la "Evaluación de la Gestión Financiera del Sector Público 2007 y Proyecciones 2008", en el marco de la elaboración de la próxima Ley de Presupuesto 2009.

CHILE: SENADO, Plantean que declaraciones de patrimonio y de intereses de los senadores sean publicados en la página web

Plantean que declaraciones de patrimonio y de intereses de los senadores sean publicados en la página web

Senador Hernán Larraín, Región del Maule.

Según el senador Hernán Larraín, con ello no sólo se daría cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública, que entrará en vigencia en marzo de 2009, sino que se fortalecerá la transparencia

La publicación de las declaraciones de intereses y de patrimonio de los senadores en el sitio web de la Cámara Alta, sería a juicio del senador Hernán Larraín una positiva señal para fortalecer la transparencia por parte de los legisladores, con miras a la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, que comenzará a regir en marzo de 2009.

El parlamentario, quien es autor de la iniciativa junto al senador Jaime Gazmuri, valoró la pronta entrada en vigencia de la Ley al mismo tiempo que propuso complementar la información sobre el quehacer del Senado, que se entrega a través de Internet.

"Aquí de lo que se trata, es de transmitir que quienes ejercemos cargos de responsabilidad pública estamos sirviendo al país y no aprovechando los cargos en beneficio propio, y por eso es indispensable que haya esta transparencia. En ese sentido, creo que sería positivo que la declaración de intereses y de patrimonio personal estuvieran incorporadas dentro de las publicaciones que hace el propio Senado", señaló.

Según el legislador, "somos algunos los que las tenemos en nuestras páginas web. Se puede encontrar mi declaración de patrimonio y de intereses en mi página, pero eso debería ser algo hecho por parte del Senado para que la transparencia en todos los ámbitos sea un dato de la causa".

TRANSPARENCIA ACTIVA

El senador Larraín valoró que la iniciativa haya pasado su último trámite en el Tribunal Constitucional la semana pasada, argumentando que "estoy muy contento de que se haya terminado la tramitación de un proyecto de ley que presentamos en enero del 2005 y que tres años después pareciera que va a conocer la luz del día".

Junto con agradecer el apoyo que le entregó el senador Gazmuri al impulsar esta iniciativa cuando ambos eras miembros de la Mesa del Senado, el parlamentario advirtió que la entrada en vigencia de esta ley va a revolucionar el funcionamiento del Estado.

"Vamos a terminar con la cultura del secretismo, vamos a incorporar la transparencia en el funcionamiento de nuestras autoridades públicas en todos los ámbitos y va a significar no solamente un freno a la corrupción sino que también una mayor participación y por lo tanto una mejor democracia", advirtió.

No obstante, el legislador destacó lo que ha hecho la corporación en materia de transparencia, argumentando que "ya tenemos prácticamente todo lo que se hace internamente publicado en nuestra página web y por lo tanto, hemos convertido al Senado en una de las instituciones más transparentes del país".

Sin embargo, señaló que "todavía quedan aspectos que alcanzar, de manera que toda nuestra actividad, todo nuestro trabajo y todo lo que hacemos sea finalmente susceptible de conocimiento público y si hay alguien que requiera algún antecedente en ese sentido, entonces tendremos que hacer un esfuerzo especial por darlo y al mismo tiempo aprovechar para generalizar cualquier solicitud de información para que el Senado efectivamente sea un modelo de transparencia y por lo tanto un ejemplo de democracia y de participación para todo Chile".

La iniciativa que debería ser promulgada los primeros días de agosto, obliga a todos los organismos de la administración central, regional y comunal a entregar en un plazo de 20 días hábiles los antecedentes requeridos por la ciudadanía.

Para velar por el cumplimiento de las disposiciones, se crea el Consejo para la Transparencia que estará integrado por cuatro miembros nombrados por el Presidente de la República y ratificados por los dos tercios del Senado.

Los organismos públicos deberán divulgar en la web sus dotaciones de personal y las remuneraciones de los funcionarios, sus presupuestos, las nóminas de beneficiarios de programas sociales y contrataciones y adquisiciones entre otros.

CHILE Senador Muñoz Barra llamó a la prudencia en materia de propuestas para construir una alianza entre Chile y Bolivia

Senador Muñoz Barra llamó a la prudencia en materia de propuestas para construir una alianza entre Chile y Bolivia

Senador Roberto Muñoz Barra, integrante de la Comisión de RR:EE

El parlamentario integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores calificó de "delicada" la fórmula que propuso el senador Carlos Cantero para que Chile entregue un enclave marítimo, a cambio de una superficie equivalente en Bolivia, en las mismas condiciones jurídicas.

"Entregar a nivel personal señales tan concretas como proponer cesiones de territorio entre Chile y Bolivia más allá de lo que están estudiando los organismos diplomáticos y los gobiernos respectivos, me parece muy delicado", así lo aseguró el senador Roberto Muñoz Barra, integrante de la Comisión de RR.EE, al referirse a la propuesta que hizo su par, Carlos Cantero para constituir una alianza estratégica entre ambos países.

Cabe recordar que, el senador Cantero dijo que "Chile debería entregar a Bolivia un enclave en el litoral norte, donde el sector más lógico y de significación histórica sería la Bahía de Cobija, bajo la condición jurídica que Bolivia estime pertinente". Y, "como reciprocidad Bolivia entregaría una superficie equivalente que permita a Chile establecer un emplazamiento de acceso a las hidrovías, idealmente en Puerto Suárez, en las mismas condiciones jurídicas del enclave litoral".

Al respecto, el senador Muñoz Barra advirtió que "generalmente cada vez que se han anunciado posibles soluciones a nivel personal -aunque sean representantes populares- lejos de ayudar a la situación la complican porque se van generando expectativas que después no resultan cercanas a la realidad".

En ese sentido, recordó que hace algunos días "las Comisiones de Relaciones Exteriores de Chile y Bolivia sesionaron en forma conjunta y destacaron el buen pie en que se encuentran las relaciones bilaterales y el gran avance experimentado en las confianzas mutuas".

Agregó que "en esa oportunidad, no concurrió ningún parlamentario a proponer alguna salida como la que estamos conociendo, de tal manera que yo creo que este planteamiento es bastante audaz. Por lo tanto, me quedo con el acuerdo que adoptamos en las Comisiones de RR.EE en cuanto a respaldar todo lo que las respectivas Cancillerías y los gobiernos realicen".

El senador Muñoz Barra puntualizó que "aquí hay un procedimiento constitucional que significa que quien tenga ideas como las del senador Cantero debe plantearlas a la Cancillería, con la reserva del caso para enriquecer los argumentos de quienes hacen la negociación que la llevan adelante los gobiernos y peritos".

Asimismo destacó que si bien las relaciones con Bolivia están más cercanas "no hay que olvidar que existe también un tercer factor que es Perú que ha puesto sus cartas sobre la mesa diciendo que una posible solución no es solo entre Chile y Bolivia, sino que ellos también son parte".

Por estas razones, el legislador apostó por "la prudencia porque ya hemos tenido en el pasado iniciativas individuales o de pequeños grupos cuyos resultados fueron negativos". Añadió que "lo que están haciendo los gobiernos de Chile y Bolivia es serio y responsable, por ello es que hay que ir acercando posiciones en todos los aspectos".

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CHILE: SENADOR SERGIO ROMERO, RN, Países desarrollados deben rebajar los subsidios a sus productos agrícolas

Países desarrollados deben rebajar los subsidios a sus productos agrícolas

Senador Sergio Romero, integrante de la Comisión de RR.EE

Así lo aseguró el senador Sergio Romero, al referirse a la Ronda de Doha, que se inició esta semana en Ginebra (Suiza) y en la que intervienen Ministros de Estado, entre ellos el Canciller, Alejandro Foxley, para negociar sobre las rebajas arancelarias de los productos agrícolas y bienes industriales.

Canciller Alejandro Foxley en Ginebra

Su preocupación por el desarrollo de las negociaciones para rebajar los subsidios que países de la Unión Europea, Estados Unidos y otros imponen a sus productos agrícolas manifestó el senador Sergio Romero, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

El parlamentario se refirió así a las conversaciones que se realizan en Ginebra en el marco de una nueva Ronda de Doha y a las que asiste el Canciller, Alejandro Foxley, para resolver el tema de los subsidios que los países desarrollados aplican a los productos agropecuarios".

"Creo que esta será la última oportunidad para saber si efectivamente los países desarrollados tienen alguna voluntad política para resolver un tema que está apremiando a la humanidad y que en especial, perjudica a los países de menos desarrollo", dijo el legislador.

Agregó que esta reunión "es la oportunidad final para que países en desarrollo como Chile expongan con claridad y firmeza sus puntos de vista sobre esta materia". En ese sentido valoró el hecho que la delegación chilena presidida por el ministro Alejandro Foxley, se haya reforzado y "tenga la fortaleza de argumentos que están basados en realidades que son indesmentibles, ya que hoy día las economías agrarias de los países en desarrollo compiten no con las economías de sus similares desarrollados sino con sus Tesorerías que subsidian y subvencionan estas producciones".

El senador Romero indicó que "creo que tanto Estados Unidos como la Unión Europea deben demostrar con hechos sus intenciones reiteradas de llegar a un acuerdo y, para ello deben lisa y llanamente establecer una voluntad que hasta hoy no se ha producido"

No obstante, advirtió que si "finalmente las conversaciones fracasan mi impresión es que se produciría una suerte de anarquía de reacciones que no sería aconsejable desde ningún punto de vista".

Por lo tanto, "creo que el Parlamento Europeo y los candidatos a la Presidencia deberían ser emplazados a pronunciarse sobre un tema tan delicado como éste, ya que necesariamente cuando fracasan las reuniones técnicas se abren perspectivas políticas".

OBJETIVOS EN LA RONDA DE DOHA

De acuerdo al Ministro de Relaciones Exteriores "el objetivo de Chile es defender el interés de los productores nacionales agrícolas que encuentran dificultades para entrar en los mercados de países desarrollados, así como ayudar a buscar una convergencia entre las posiciones polarizadas que existe entre las potencias y algunos de los países en desarrollo, que todavía presentan políticas bastante proteccionistas".

La Ronda de Doha se encuentra en sus etapas finales, y en caso de tener éxito debieran conseguirse sustantivas rebajas en los subsidios a los productos agrícolas y aranceles para estos bienes por parte de los países desarrollados como Estados Unidos, de la Unión Europea y Japón.

Asimismo, y respondiendo a la petición de los países desarrollados, debiera acordarse una mayor apertura para bienes industriales en países como India, Brasil y Argentina, que presentan un fuerte desarrollo industrial y con altas tasas arancelarias. Esto, entre otras áreas de negociaciones que se realizarán en el marco de esta reunión.

Cabe recordar que, Estados Unidos aprobó recientemente una ley de protección agrícola que permite subsidios por US $60 mil millones al año para los productores agrícolas norteamericanos, y parte de ese subsidio, sea destinado a grandes empresas productoras, fundamentalmente de trigo, maíz y algodón. Por su parte, la Unión Europea entrega subsidios de alrededor de US $85 mil millones anuales.

Sin embargo, la OMC plantea cifras de 15 mil millones y la postura del G-20, grupo que reúne a 20 naciones en vías de desarrollo liderado por Brasil, y del que nuestro país es miembro desde 2003, es dejar en evidencia esta contradicción.

De no alcanzarse un consenso global en todas las materias, significaría que las negociaciones de la Ronda de Doha se pospondrían y las perspectivas de reiniciar nuevas negociaciones no serían viables hasta al menos el 2010.

Llaman al gobierno a ratificar Convenio de la OIT que protege condiciones laborales en contratos públicos

Senadores Alejandro Navarro y Nelson Ávila presentaron un proyecto de acuerdo que será analizado por la Comisión de Trabajo, antes de ser votado por la Sala del Senado.

Con el fin de promover la suscripción y ratificación del Convenio N° 94 de la OIT por parte de Chile, los senadores Alejandro Navarro y Nelson Ávila presentaron un proyecto de acuerdo donde solicitan a los ministros de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, y de Trabajo, Osvaldo Andrade que lleven adelante todas las acciones necesarias para tal objetivo.

Los legisladores manifestaron que el Convenio N° 94 establece una norma relativa a las cláusulas laborales en contratos públicos y tiene la finalidad de "impedir que hayan empresas que ofrezcan precios más bajos en las licitaciones recortando los costos de personal en los contratos".

Aclararon que "el Comité de Expertos de la OIT alertó que uno de los Convenios más importantes promovidos por esa organización el número 94 que existe desde 1949 y que protege los derechos de los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, se aplica en forma deficiente".

El instrumento exige que "todos los oferentes respeten las normas vigentes, incluidas las estipuladas en los convenios colectivos. El año pasado la OIT realizó un examen general de todos los miembros del Convenio y sólo 60 países lo han ratificado y de ellos una cuarta parte de ellos lo respeta plenamente".

Los senadores Navarro y Ávila señalaron que "el Comité de Expertos concluyó que el Convenio sigue siendo un instrumento importante de protección de los derechos laborales, recomendando a la OIT que sus miembros hagan más por promover la comprensión y ratificación del Convenio N°94".

Explicaron que "este Convenio se aplica a los contratos en que al menos una de las partes es una autoridad pública; además, la ejecución implica la inversión de fondos públicos y que tenga que ver con la construcción, transformación, reparación o demolición de obras públicas; la fabricación, montaje, manipulación o transporte de materiales pertrechos y utensillos o la ejecución o suministro de servicios".

Agregaron que "este instrumento se aplica también a las obras ejecutadas por subcontratistas o cesionarios de contratos, caso en que la autoridad competente debe tomar medidas adecuadas para garantizar la aplicación del Convenio a dichas obras".

Loa contratos a los cuales se aplique el convenio deberán contener cláusulas que garanticen a los trabajadores interesados salarios (comprendidas las asignaciones), horas de trabajo y demás condiciones de un empleo no menos favorables que las establecidas para un trabajo de igual naturaleza en la profesión o industria interesada de la misma región.

Los senadores impulsores del proyecto de acuerdo puntualizaron que "el Convenio establece también que la autoridad competente deberá tomar las medidas pertinentes para garantizar a los trabajadores interesados condiciones de salud, seguridad y bienestar justas y razonables, cuando en virtud de la legislación nacional, de un contrato colectivo o de un laudo arbitral no sean ya aplicables las disposiciones apropiadas relativas a la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores empleados en la ejecución de un contrato".

Manifestaron que "en el caso que no se apliquen las disposiciones de las cláusulas de trabajo incluidas en los contratos celebrados por las autoridades públicas se deberán aplicar sanciones adecuadas, tales como la denegación de contratos o cualquier otra medida pertinente".

Además este instrumento contempla la adopción de medidas tales como, la retención de los pagos debidos en virtud del contrato o cualquier otra que se estime pertinente a fin de que los trabajos interesados puedan obtener los salarios a que tengan derecho.

Finalmente, el Convenio establece como excepción que la autoridad competente, previa consulta a las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores, podrán suspender temporalmente la aplicación de las disposiciones de este Convenio solo en caso de fuerza mayor o de acontecimientos que pongan en peligro el bienestar o la seguridad nacional.