El debate sobre biocombustibles
Gerardo Honty
En los últimos días ha recrudecido el debate sobre los llamados "biocombustibles". La retórica de los argumentos se repite sin solución de continuidad, con discursos que siempre tienen a los pobres y al medio ambiente como centro de las preocupaciones pero manteniéndolos alejados de las decisiones. Desde las Naciones Unidas y otras instituciones se alerta sobre los combustibles derivados de la agricultura, los que en sentido estricto deben ser llamados "agrocombustibles", para tener siempre presente su origen en cultivos alimentarios.
Pero en los últimos días, los cuestionamientos provienen desde varios frentes. Por un lado, el director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, le echó un poco de etanol al fuego al declarar que producir biocombustible a partir de alimentos planteaba "un verdadero problema moral", en momentos en que los países pobres se enfrentan a una grave crisis alimentaria. Desde otras tiendas, el presidente de Bolivia, Evo Morales, acaba de lanzar alertas similares contra estos productos.
El relator especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación, el suizo Jean Ziegler, calificó (una vez más) la producción masiva de biocombustibles de "crimen contra la Humanidad", ya que el uso de tierras fértiles para producir carburantes reduce las superficies destinadas a los alimentos y provoca el aumento de sus precios.
En el marco de la 30a Conferencia Regional para América Latina y el Caribe de la FAO, celebrada en Brasilia, del 14 al 18 de abril, el presidente de Brasil, Lula da Silva retrucó: "El verdadero crimen contra la Humanidad será descartar a priori a los biocombustibles, y relegar a los países estrangulados por la falta de alimentos y energía a la dependencia y la inseguridad".
En el encuentro de FAO estaban presentes 33 países con el objetivo de analizar el problema del aumento de los precios de los productos básicos y su repercusión en la seguridad alimentaria. Sus conclusiones no han sido alentadoras. El director de FAO, Jacques Diouf, al finalizar la reunión sostuvo que la crisis de los precios de los alimentos en el mundo será prolongada: "se dice que si la producción (de alimentos) aumenta los precios bajan, pero no es eso lo que va a pasar".
Destacó que el alza de los precios se debe a una suma de factores, entre ellos: subidas de precios de los fertilizantes (58 por ciento en los últimos 12 meses), aumento del precio del petróleo, y la acción de los "especuladores", que se han lanzado a "buscar oportunidades" en los mercados de materias primas. A su juicio no hay escasez de alimentos sino obstáculos para que los más pobres accedan a ellos.
Juan García Cebolla, Coordinador de la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre refuerza lo que dice su director: "La Región en su conjunto produce el 30 por ciento más de lo que necesitaría para alimentar adecuadamente a toda su población. Esto significa que no es un problema de producción en términos generales aunque haya zonas donde producen menos de lo que consumen." Según datos de la organización 52,4 millones de personas permanecen subnutridas en América Latina, nueve millones de las cuales son niñas y niños menores de cinco años de edad.
Lula afirmó ante la FAO que los biocombustibles no son el "villano" que amenaza la seguridad alimentaria de los países pobres, y que en cambio, son una herramienta para su desarrollo económico. A la vez se quejó de que se mencione tanto el impacto de la producción de biocombustibles en los alimentos y nadie cuestione "el impacto negativo del aumento del petróleo en los costos de producción, o que muy pocos se levantan contra el impacto nocivo de los subsidios y del proteccionismo en el sector agrícola" promovido por los países ricos.
En realidad y posiblemente sin darse cuenta, Lula coincidía con el mensaje de su archienemigo, el director de la FAO, Diouf, al sostener que los alimentos suben por una suma de factores diversos donde hay varios villanos, entre ellos el precio del petróleo. Ese valor se ha multiplicado por cinco en la última década si lo evaluamos en dólares y se ha cuadruplicado si los medimos en euros. No obstante el costo de producción del crudo no se ha modificado sustancialmente. ¿Quién está acumulando la ganancia?
Los mayores pozos petroleros no están en territorios de los países centrales ni las grandes reservas están en manos de las compañías privadas. El poco petróleo que queda está mayoritariamente en manos de empresas estatales en territorios del tercer mundo. Por lo tanto la pregunta clave es: ¿a dónde están yendo esos recursos?
La discusión presente sobre alimentos y agrocombustibles elude con su retórica lo principal: el problema no está solamente en qué se produce, sino en cómo se apropian la ganancias. No es solamente si la tierra alcanza o no para todos los cultivos, el problema también es cómo se organiza y quién controla la distribución de la producción y sus ganancias.
El razonamiento expuesto por el presidente brasileño –que forma parte de un imaginario colectivo mayor- es que los agricultores, en vez de producir alimentos, deben producir agrocombustibles para exportación. De esta manera los ingresos percibidos por la venta del biocombustible generarán los recursos para que los agricultores (entre otros pobres) compren los alimentos.
Sin embargo, por alguna razón, los ingresos nunca llegan a los agricultores pobres, principal preocupación en la retórica de las cumbres. Los dineros van quedando a lo largo de la larga cadena de producción, distribución y consumo donde otros se apropian de las ganancias. Y este es el verdadero "problema moral" y el auténtico "crimen contra la humanidad".
Es probable que la gran demanda de biocombustibles tenga parte de la responsabilidad del aumento de los alimentos. No es cierto que tenga la responsabilidad de que la quinta parte de la población del mundo esté pasando hambre.
G. Honty es investigador de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología social). Publicado en ALAI (Agencia Latino Americana de Información) el 22 de abril de 2008. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.
Saludos
Rodrigo González Fernández
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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El debate la conveniencia de incorporar la alternativa nuclear dentro de las tecnologías que no emiten CO2 como estrategia contra el cambio climático crece en la Unión Europea. Mientras algunos expertos la defienden, otros mantienen una firme oposición.
Se calcula que la construcción de una central de gas de unos 1.000 megavatios supone al menos 400 millones de dólares y un año de construcción. Una central nuclear de la misma potencia supone cinco años y entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, es decir, hasta cinco veces más. Pero si su construcción se retrasa, por problemas técnicos o por la oposición popular, el presupuesto se dispara. Un ejemplo está en el reactor Sizewell B, la planta nuclear más moderna del Reino Unido, con una potencia de 1.200 megavatios. Se empezó a construir en 1987, tardó ocho años en ponerse en marcha y el presupuesto inicial de 3.300 millones de dólares se incrementó en más de una tercera parte. Cuando el Gobierno británico revisó el proyecto en 2002, calculó que si se incluían todos los costes, el precio de cada kilovatio/hora era de 6 céntimos de libra esterlina (9 céntimos de euro), es decir tres veces más que la electricidad generada por las centrales de gas, lo que repercute en la factura final del consumidor.