Suprema accede a entregar contratos a fiscalía ante posibles anomalías
Nuevo presidente del máximo tribunal Rubén Ballesteros se mostró dispuesto a colaborar en una indagatoria de la fiscalía.
por A. López, S. Labrín y M. Andrés, Santiago
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Son las 08.30 en punto y por el segundo piso del Palacio de Tribunales camina raudo el recién electo presidente de la Corte Suprema y miembro del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Rubén Ballesteros.
El juez se apronta a participar de un pleno extraordinario de ministros del máximo tribunal que, antes de comenzar, tiene como comentario obligado la polémica generada por la filtración de un audio de una reunión del pasado 3 de agosto. En el registro, el ministro Milton Juica señaló que no era conveniente denunciar supuestas anomalías en contratos inmobiliarios del Poder Judicial, porque no había delito.
Al término del encuentro de ayer, Ballesteros, junto a sus pares Sergio Muñoz y Milton Juica (actual presidente de la Suprema), se reunieron a puertas cerradas para acordar los puntos de una declaración pública que explicaría su decisión de no denunciar a la fiscalía las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obras.
Según dio a conocer CNN Chile, durante el proceso de adjudicación de obras del año 2006, la inmobiliaria El Vergel y otras sociedades relacionadas obtuvo el 83% de los proyectos para edificar juzgados, lo cual tuvo una inversión del Estado de $ 63 mil millones (ver nota secundaria).
En la misma reunión del pasado tres de agosto, el ministro Sergio Muñoz dijo que podría haber un delito de colusión.
Una investigación interna del Poder Judicial estableció que solamente la Inmobiliaria El Vergel se adjudicó el 50% de los proyectos inmobiliarios en Limache, Iquique, Peñaflor, Buin y Calama. También reveló que en la mayoría de los casos los contratos se asignaron a través de una oferta única.
Altas fuentes judiciales aseguraron ayer que este hecho "demostró la efectividad de nuestros organismos de control. Durante la investigación sumaria nosotros no detectamos delitos, sólo sospechas de irregularidades administrativas que terminaron con duras sanciones".
Los jueces no indagan
Tras revelarse estas presuntas irregularidades, el vocero de la Fiscalía Centro Norte, Francisco Ledesma, confirmó ayer que "en el transcurso de hoy (ayer) se van a solicitar los antecedentes" al Poder Judicial, para evaluar la apertura de una investigación y verificar si existen ilícitos.
Desde la Corte Suprema, la reacción no se hizo esperar. Fue en medio de una actividad realizada en los juzgados civiles de calle Amunátegui que el recién nombrado presidente del máximo tribunal, Rubén Ballesteros, aseguró que "no tenemos nada que ocultar".
Sin embargo, el juez reconoció que "todas las instituciones, en todas partes, sufren cada vez algún inconveniente. Lo importante es estar dispuesto a superar los problemas que pudieran haber y estar abiertos a que la comunidad (...) No tenemos interés en cerrar puertas ni ocultar antecedentes".
Ballesteros, quien asume la presidencia de la Suprema el próximo 6 de enero, ayer marcó una diferencia con Juica, quien no quería que el Ministerio Público analizara el caso. Dijo que una investigación de la fiscalía establecerá "si los hechos que ellos descubran tienen carácter de delito. No podemos decir, y yo como presidente de la Corte Suprema decir, que no es delito".
Al término de la actividad, el actual presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, también se refirió a la situación del Poder Judicial, al afirmar que no hay" preocupación. Todo está totalmente claro. Los antecedentes están a disposición del público". También dijo que se ha exagerado con la filtración del audio.
El fiscal jefe de de la Fiscalía Centro Norte, Andrés Montes, dijo ayer que los antecedentes que se han conocido públicamente están siendo analizados para establecer si hay algo irregular.
Este procedimiento podría dar curso a una investigación desformalizada ante eventuales delitos.
Consejo: sólo son faltas administrativas
En un comunicado efectuado por el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, los ministros de la Corte Suprema explicaron que aumentaron los controles para las adjudicaciones de los procesos de licitación y que ordenaron investigar a las concesionarias que les merecían dudas. "El Consejo decidió instruir diversas investigaciones sumarias internas para clarificar y determinar responsabilidades respecto de hechos determinados. Es necesario señalar que al tomar conocimiento de las investigaciones, en los casos en que se acordó que podían los hechos ser constitutivos de delito, se hizo oportunamente la denuncia al Ministerio Público o a los tribunales de justicia", señala el comunicado.
Sobre la sesión del 3 de agosto, donde se discutió el envío a la fiscalía de las posibles irregularidades en contratos, los jueces indicaron que se acordó por unanimidad no había mérito para la denuncia, porque se trataban de faltas administrativas. "Se decidió sancionar al entonces jefe del Departamento de Infraestructura de la CAPJ (Gonzalo Díaz Dosque), quien después presentó su renuncia al cargo", indica la declaración pública.
Agregan que se tomaron medidas para mejorar el control desde 2009 como pedir un informe acerca de la conformación societaria de los oferentes.
Fuente:latercera
Saludos
Rodrigo González Fernández
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