¿QUE ELEMENTOS ESTAN AUSENTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS? : control público, información, transparencia y responsabilidad
Editorial: La responsabilidad pública de los partidos políticos
Que un tribunal absuelva o condene en una causa, no determina la existencia o ausencia de responsabilidad política. Ésta pertenece al mundo de los valores y la ética para el ejercicio del poder.
Diversos hechos llevan a pensar que en el país está poco perfilada la idea acerca de lo que es y cómo se exige la responsabilidad política de personas o instituciones. Por ejemplo, frente a la iniciativa de algunos parlamentarios de crear una comisión investigadora de los hechos de corrupción en Chiledeportes, otros argumentaron en contra sosteniendo que ya se estaba investigando el hecho en la justicia. Ante una rendición de gastos electorales aparentemente fraudulenta, un senador del mismo partido del presunto infractor, crea una comisión de abogados para perseguir tal hecho en los tribunales y se declara en rebeldía.
La función de fiscalización y control del Parlamento se ejerce para perseguir la responsabilidad política por los derivados dañosos de acciones desprolijas o derechamente atentatorias a la integridad institucional de quien ejerce ese cargo. No requiere la existencia de un delito ni tampoco lo supone a priori. Puede discutirse su conveniencia de diversas maneras, pero no negarla a partir del argumento de que existe una investigación judicial. La responsabilidad legal es muy diferente, independientemente de su gravedad. Ella deriva de acciones ilícitas, y puede correr en paralelo o derivarse de la acción parlamentaria, pero pertenece al mundo jurisdiccional, es competencia de otro poder del Estado.
Que un tribunal absuelva o condene en una causa, no determina la existencia o ausencia de responsabilidad política. Ésta pertenece al mundo de los valores y la ética para el ejercicio del poder. Implica, por cierto, el cumplimiento de la ley. Pero va más allá, al mundo ideal del buen gobierno.
El debate reciente sobre si correspondía o no la comisión investigadora debiera haberse remitido al carácter esencial de la responsabilidad política, que resulta vital para el funcionamiento de una democracia moderna, y no a argumentos secundarios, sean a favor o en contra. Por otra parte, no corresponde la instalación de fiscalías de facto en el funcionamiento de la democracia, menos si ellas están destinadas a dirimir disputas que, de manera lógica, debieran ser resueltas por las instancias partidarias internas. Es verdad que no existe claridad acerca del tipo de responsabilidades involucradas y sus consecuencias, especialmente de los partidos políticos.
Estos aún funcionan con el estatus que les fijó la democracia de los acuerdos a principios de los años noventa. Una especie de burbuja institucional privada sin control externo alguno, destinada a garantizar disciplina política interna y paz social, necesarios para llevar adelante el modelo de transición a la democracia. El único control ostensible, no legal sino político, era el del gobierno en el caso de la Concertación, y el de los poderes fácticos en el caso de la oposición. Ambos, siempre disciplinando en las sombras.
La normalización plena de la democracia significó el derrumbe de ese modelo y la aparición de nuevos poderes políticos y nuevas generaciones de dirigentes. Mucho más reacios a reconocer el valor de los acuerdos, y más proclives a usar hasta sus últimas consecuencias las libertades y el poder que obtenían cuando capturaban las directivas partidarias. A su vez, los poderes fácticos y el gobierno perdieron su facultad de ordenamiento fácil ante actores exhiben una notable capacidad de acción por fuera de los circuitos tradicionales. Parte de lo que ocurre en el PPD se inscribe en esta lógica. Y algo similar ocurre en el resto de los partidos, sean de gobierno u oposición.
Los partidos seguirán siendo una institución fundamental para el funcionamiento de la democracia representativa, pero sus formas institucionales son arcaicas y están fuera de la lógica de la responsabilidad y la transparencia de una democracia moderna. Por lo mismo, no se puede negar que tienen directa responsabilidad en la corrupción denunciada. Pero esta falencia no se arregla con más autonomía y acción privada, como la fiscalía del senador Flores u otras que se quisiera implementar. Se arregla con control público, información, transparencia y responsabilidad. Los partidos políticos son instituciones de lo público, que representan intereses privados en lo público, y no pueden estar fuera de la cadena de responsabilidad que implica la conducción de los asuntos del Estado. Más aún cuando ahora reciben plata de todos los chilenos para sus gastos electorales.
Que un tribunal absuelva o condene en una causa, no determina la existencia o ausencia de responsabilidad política. Ésta pertenece al mundo de los valores y la ética para el ejercicio del poder.
Diversos hechos llevan a pensar que en el país está poco perfilada la idea acerca de lo que es y cómo se exige la responsabilidad política de personas o instituciones. Por ejemplo, frente a la iniciativa de algunos parlamentarios de crear una comisión investigadora de los hechos de corrupción en Chiledeportes, otros argumentaron en contra sosteniendo que ya se estaba investigando el hecho en la justicia. Ante una rendición de gastos electorales aparentemente fraudulenta, un senador del mismo partido del presunto infractor, crea una comisión de abogados para perseguir tal hecho en los tribunales y se declara en rebeldía.
La función de fiscalización y control del Parlamento se ejerce para perseguir la responsabilidad política por los derivados dañosos de acciones desprolijas o derechamente atentatorias a la integridad institucional de quien ejerce ese cargo. No requiere la existencia de un delito ni tampoco lo supone a priori. Puede discutirse su conveniencia de diversas maneras, pero no negarla a partir del argumento de que existe una investigación judicial. La responsabilidad legal es muy diferente, independientemente de su gravedad. Ella deriva de acciones ilícitas, y puede correr en paralelo o derivarse de la acción parlamentaria, pero pertenece al mundo jurisdiccional, es competencia de otro poder del Estado.
Que un tribunal absuelva o condene en una causa, no determina la existencia o ausencia de responsabilidad política. Ésta pertenece al mundo de los valores y la ética para el ejercicio del poder. Implica, por cierto, el cumplimiento de la ley. Pero va más allá, al mundo ideal del buen gobierno.
El debate reciente sobre si correspondía o no la comisión investigadora debiera haberse remitido al carácter esencial de la responsabilidad política, que resulta vital para el funcionamiento de una democracia moderna, y no a argumentos secundarios, sean a favor o en contra. Por otra parte, no corresponde la instalación de fiscalías de facto en el funcionamiento de la democracia, menos si ellas están destinadas a dirimir disputas que, de manera lógica, debieran ser resueltas por las instancias partidarias internas. Es verdad que no existe claridad acerca del tipo de responsabilidades involucradas y sus consecuencias, especialmente de los partidos políticos.
Estos aún funcionan con el estatus que les fijó la democracia de los acuerdos a principios de los años noventa. Una especie de burbuja institucional privada sin control externo alguno, destinada a garantizar disciplina política interna y paz social, necesarios para llevar adelante el modelo de transición a la democracia. El único control ostensible, no legal sino político, era el del gobierno en el caso de la Concertación, y el de los poderes fácticos en el caso de la oposición. Ambos, siempre disciplinando en las sombras.
La normalización plena de la democracia significó el derrumbe de ese modelo y la aparición de nuevos poderes políticos y nuevas generaciones de dirigentes. Mucho más reacios a reconocer el valor de los acuerdos, y más proclives a usar hasta sus últimas consecuencias las libertades y el poder que obtenían cuando capturaban las directivas partidarias. A su vez, los poderes fácticos y el gobierno perdieron su facultad de ordenamiento fácil ante actores exhiben una notable capacidad de acción por fuera de los circuitos tradicionales. Parte de lo que ocurre en el PPD se inscribe en esta lógica. Y algo similar ocurre en el resto de los partidos, sean de gobierno u oposición.
Los partidos seguirán siendo una institución fundamental para el funcionamiento de la democracia representativa, pero sus formas institucionales son arcaicas y están fuera de la lógica de la responsabilidad y la transparencia de una democracia moderna. Por lo mismo, no se puede negar que tienen directa responsabilidad en la corrupción denunciada. Pero esta falencia no se arregla con más autonomía y acción privada, como la fiscalía del senador Flores u otras que se quisiera implementar. Se arregla con control público, información, transparencia y responsabilidad. Los partidos políticos son instituciones de lo público, que representan intereses privados en lo público, y no pueden estar fuera de la cadena de responsabilidad que implica la conducción de los asuntos del Estado. Más aún cuando ahora reciben plata de todos los chilenos para sus gastos electorales.
